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Alcalde David Cornejo Chinguel, junto a los regidores Edwin Huancas Ojeda, Alfredo Montenegro, César Torres Gálvez y Ricardo Lara Doig, han hecho caso omiso y serían pasibles de sanción por parte de la Contraloría General de la República
A pesar que a inicios de año la Contraloría General de la República emitió un comunicado, en el que demanda a los funcionarios y servidores públicos presentar sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, en el marco de cumplimiento de la Ley N° 27482, ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, en la Municipalidad Provincial de Chiclayo es letra muestra.
De los 15 regidores con que cuenta la comuna chiclayana, solamente 11 han presentado de manera voluntaria y en el plazo de Ley su declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas. De los 11 fiscalizadores, solamente cinco declararon de manera anual tal y puntual tal y como lo dispone la Ley, el resto hace caso omiso a la norma y solamente cumplieron a inicios de gestión; es decir, en el año 2015.
Sin embargo según la Ley antes descrita, refiere que las autoridades que incumplan la obligación legal de presentar su Declaración Jurada, serán pasibles de sanciones administrativas, según su régimen laboral, que puede ser amonestado verbalmente o por escrito, suspensión sin goce de remuneración hasta por 30 días, cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses e incluso hasta podría ser destituidos.
Conforme a la alerta de Control emitida por la Contraloría General de la República, la fiscalización desarrollada se ejecuta con la finalidad de evitar que algunas autoridades y funcionarios públicos se enriquezcan ilícitamente o de manera extraña se note el incremento de su patrimonio económico en cuanto al confort de su estilo de vida personal y familiar.
Otro de los factores de la fiscalización de control anticorrupción, es tener saber si el gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.
DECLARACIONES JURADAS
De las principales autoridades con que cuenta la municipalidad de Chiclayo, solamente los regidores Octavio Romero Romero, Laura Yrene Hernández Gonzales, José Barrueto Sánchez, Víctor Rojas Díaz, Boris Bartra Grosso, César Sisniegas Vergara, Guillermo Segura Díaz, Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Elvis Bustamante Tarrillo y Liliana Barrantes Piscoya, han cumplido con su Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado.
Sin embargo, de esa totalidad, solamente los regidores Liliana Barrantes Piscoya, José Barrueto Sánchez, Laura Hernández Gonzales, César Sisniegas y Guillermo Segura, han cumplido de acuerdo a Ley con presentar periódicamente sus Bienes y Rentas, hasta el presente año.
Otros seis, entre los que se encuentran José Luis Cabrejos Ucañay, Juan Carlos Pérez Bautista, Octavio Romero Romero, Elvis Bustamante Tarrillo, Boris Gustavo Bartra Grosso y Víctor Raúl Rojas Díaz, solamente hicieron declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, a inicios del año 2015.
Los regidores Edwin Antero Huancas Ojeda, Alfredo Adam Montenengro Bermeo, César Edgardo Augusto Torres Gálvez y Ricardo Guillermo Lara Doig, hasta el momento no han cumplido con realizar su declaración, la que debieron haber hecho desde inicios del 2015 hasta la fecha.
De acuerdo a la Ley, para sus efectos – se señala- que se entiende por ingresos las remuneraciones y toda percepción económica sin excepción que, por razón de trabajo u otra actividad económica, reciba el funcionario y el servidor público.
Además, la Declaración Jurada se registra y archiva con carácter de instrumento público, en la Contraloría General de la República; y una copia autenticada por funcionario competente se archiva en la entidad correspondiente.
Asimismo, el titular de cada pliego presupuestal es el responsable de publicar en el Diario Oficial El Peruano la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas presentada por los funcionarios y servidores públicos del Estado, declaración que debe contener la valorización de los bienes y rentas. Además, queda sujeta a las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Ley 27806 y su modificatoria N° 27927.
ÚNICO INGRESO
En la Declaración Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas presentada por el regidor de la Luis Carlos Cabrejos Ucañay, este señala que como único ingreso económico tiene la dieta que le otorga la comuna de Chiclayo, ascendente a dos mil 700 soles. Aparte de ello, percibe un ingreso de 300 soles bajo el concepto de otro tipo de ingreso.
Otro regidor que vive únicamente de la dieta que recibe por asistir a las sesiones de concejo, es Octavio Romero Romero, también por la suma de dos mil 700 soles.
De igual manera, Boris Gustavo Bartra Grosso, en su declaración jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, señala que como único ingreso tiene su dieta que le ofrece la comuna chiclayana por un total de dos mil 700 soles. Además, señala tener un bien valorizado en 200 mil soles.
Asimismo, otro fiscalizador que vive su día día con la dieta de regidor es Elvis Tarrillo Bustamante, quien el 17 de abril del año 2015 declaró que su único ingreso es de dos mil 700 soles, pero como bien tiene una inversión de cuatro mil 190 soles.
El resto de regidores que prestaron declaración jurada de ingresos, bienes y rentas: Liliana Barrantes Piscoya, José Barrueto Sánchez, Laura Hernández Gonzales, César Sisniegas, Guillermo Segura, Víctor Raúl Rojas Díaz y Juan Carlos Pérez Bautista, dejaron sentado su subsistencia no depende del dinero que perciben como dieta de la municipalidad de Chiclayo, sino que tiene otros ingresos como profesionales.
DESAPERCIBIDO
En cuanto a los regidores que no han cumplido con realizar su declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, ni bien iniciaron actividad con la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel en el año 2015, Edwin Antero Huancas Ojeda, Alfredo Adam Montenengro Bermeo, César Edgardo Augusto Torres Gálvez y Ricardo Guillermo Lara Doig, su sanción está en manos de la Contraloría.
La norma – según el comunicado de la Contraloría General de República - sustenta que las autoridades que incumplan la obligación legal de presentar su Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, serán pasibles de sanciones, suspensión, cese en sus funciones y hasta destitución.
La acción – relata la alerta de Control- se desarrolla con la finalidad de evitar que algunas autoridades y funcionarios públicos se enriquezcan ilícitamente o de manera extraña se note el incremento de su patrimonio económico.
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Las acciones de respuesta frente a la emergencia que se vive en el departamento luego de las lluvias y desbordes registrados la semana del 12 de marzo, han permitido que cientos de familias damnificadas sean reubicadas en los albergues temporales implementados por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, en tanto la ayuda humanitaria se canaliza a través de diferentes instituciones, siendo hasta el momento destacable el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y policiales.
Hasta el momento se han instalado 15 albergues en los que se da asistencia a 336 familias damnificadas por el desborde de los ríos La Leche y Motupe. Estos refugios temporales, consistentes en carpas, han sido instalado de la siguiente forma: cuatro en el distrito de Pacora, cinco en Íllimo, cuatro de Jayanca y dos en Pítipo.
En el Estadio de José Leonardo Ortiz también se ha levantado un albergue temporal para acoger a 20 familias damnificadas del pueblo joven Ramiro Prialé.
Los albergues están dotados de carpas con accesorios completos, capas de ¾ de plaza, colchones, colchas, ollas, espumaderas, utensilios de cocina, bidones de agua, baldes, mosquiteros, menaje, útiles de aseo y prendas de vestir.
De acuerdo a los reportes oficiales del COER, en el departamento se ha confirmado que son nueve mil 339 familias damnificadas, 17 mil 183 afectadas y seis los fallecidos. De este total, cuatro mil 453 damnificados pertenecen a Lambayeque, cuatro mil 585 en Chiclayo y 291 en Ferreñafe, que es la provincia que menos impacto ha recibido en las últimas lluvias.
Respecto a viviendas, la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, que realizan los municipios, ha informado de un total de cinco mil 353 casas colapsadas, mientas tres mil 977 son inhabitables y 17 mil 173 han resultado afectadas.
APOYO A LOS DISTRITOS
El Gobierno Regional de Lambayeque ha desplegado en total 74 motobombas para apoyar a los 31 distritos que enfrentan los efectos de las lluvias, además se ha dotado de estos equipos a seis instituciones para que ejecuten trabajos de eliminación de aniegos de manera itinerante.
Asimismo, otras 42 motobombas propiedad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento han sido distribuidas entre el gobierno regional y las municipalidades de Chiclayo y José Leonardo Ortiz.
Hasta el momento, el Ministerio de Vivienda ha gestionado la llegada a Chiclayo de un camión hidrojet, y el Ministerio de Defensa de un equipo multipropósito para la eliminación de las aguas negras que han aflorado debido al colapso de la red de alcantarillado, principalmente en el distrito capital y José Leonardo Ortiz.
Otra forma de apoyo a los distritos es la distribución de agua, principalmente para las poblaciones de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria. Según ha informado el COER, se han entregado 47 mil 640 litros del líquido elemento apto para el consumo.
Del mismo modo, se han entregado 24 mil litros de agua a los municipios de Jayanca, Pacora, Íllimo, Mochumí, Túcume y Mórrope. La entrega de esta ayuda ha sido posible gracias a las donaciones dadas por diversas empresas privadas.
El Gobierno Regional de Lambayeque ha informado también que hasta el momento se han entregado casi tres mil galones de combustible para el funcionamiento de las unidades de las Fuerzas Armadas y las motobombas distribuidas en el los distritos afectados.
AYUDA DEL INDECI
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, ha transferido al COER Lambayeque 720 bidones de plástico de 131 litros cada uno; 45 mil 22 planchas de calamina; 550 bobinas de plástico; 600 carpas; 37 mil 706 planchas de triplay y cinco mil 440 colchones de espuma.
Se ha informado también que 18 toneladas de alimentos no perecibles llegaron al COER para su distribución entre las familias damnificadas de Jayanca, Pacora, Íllimo, Túcume, Mórrope y Pítipo, los distritos más afectados por las inundaciones.
Los alimentos consistentes en arroz superior, fideos, frejol, alverja partida, azúcar, aceite y atún vegetal, fueron derivados por el INDECI.
Hasta el momento, el COER ha distribuido mil toneladas de ayuda humanitaria entre los municipios distritales, de las cuales 674.20 corresponden al INDECI, y 420.94 al Gobierno Regional de Lambayeque.
EMERGENCIA SE REDUCE
Luego que el presidente de la República asignara a las regiones en emergencia la presencia permanente de un ministro de Estado, en el caso de Lambayeque el titular de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, inició las acciones de inspección de las zonas afectadas, así como de la distribución de la ayuda dada por el gobierno como por las empresas privadas.
“Debido a La buena respuesta de los ministerios de Transportes, Vivienda, Construcción y Saneamiento, a la del Instituto Nacional de Defensa Civil, al Centro de Operaciones de Emergencia y la articulación que existe con los alcaldes, se ha podido atender de manera oportuna a la mayor cantidad de localidades y seguimos trabajando”, señaló Ferreyros.
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El alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, ordenó a la procuradora pública de la municipalidad provincial denunciar al regidor Guillermo Segura Díaz, al gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, y a otras personas más, por presuntamente orquestar un complot en contra de su gestión. ¿Qué fantasmas persiguen al edil?
Nuevos episodios empiezan a escribirse en la ya conocida pelea que mantienen el alcalde de la ciudad, el primer regidor del concejo y el gobernador regional. Cornejo Chinguel ha decidido llevar el enfrentamiento a los fueros judiciales al denunciar a Segura Díaz y a Acuña Peralta por supuestamente haber cometido tráfico de influencias, delito ambiental y asociación ilícita, luego que se difundiera la descabellada hipótesis de que el líder de Alianza Para el Progreso, el partido que lo llevó al sillón municipal, financió parte de la Marcha del 15 de marzo, convocada por el Comité Cívico de Lambayeque.
“Eso es falso”, afirma con énfasis Guillermo Segura, quien señala que quienes están detrás de “estos psicosociales tendrían objetivos subalternos”.
“Hay que preguntarnos qué personas nos ven como obstáculo para sus negocios o para sus actividades ilícitas. El hombre cuando se ve en peligro y se siente investigado y en medio de situaciones que podrían quitarle su libertad, es capaz de todo, y yo creo que aquí habría que recordar quiénes son los investigados y denunciados”, sostiene.
Segura Díaz enfatiza que no tiene nada que ver en las presuntas conversaciones realizadas a través de una red social con un periodista local, donde supuestamente coordina la intervención económica del gobernador regional para movilizar a personas el 15 de marzo.
En su defensa señala que solo tiene una cuenta de Facebook y que no se opone a que se realice un peritaje informático para que se determine si es cierto que él sostuvo los diálogos con el comunicador.
LAS MISMAS PRÁCTICAS
La relación entre el alcalde provincial y los dirigentes de Alianza Para el Progreso se quebró hace un año, cuando este renunció al partido político y denunció no solo falta de apoyo del Gobierno Regional de Lambayeque, sino que desde el interior de la agrupación le ponían obstáculos y cortapisas a su gobierno municipal.
Desde entonces el trato ha sido tirante y lejos de alcanzar un clima de concordia, las acciones de fiscalización y denuncia emprendidas por Guillermo Segura han caldeado más el ánimo de David Cornejo.
“Podemos hacer una comparación. En la anterior gestión municipal (la de Roberto Torres Gonzales), las denuncias que se hacían por actos de corrupción recibían como respuesta una guerra sucia en contra de quienes las promovíamos. Para mí no es nada nuevo (lo que está pasando), yo recuerdo haber visto titulares de algunos medios de comunicación con calificativos en mi contra. Las conductas son las mismas, aun cuando las caras y los apellidos cambian. Hay autoridades que atacan cuando son investigadas”, señala.
En su opinión, lo que se busca con la denuncia y lo que él llama “psicosociales” es amedrentar a la oposición al interior del concejo municipal, esto con el propósito de distraer la atención sobre los problemas que afectan a la ciudad.
“Lo que están buscando es amedrentarnos, hacernos renunciar a nuestro compromiso de combatir la corrupción, la mediocridad, la incapacidad que exhiben algunos personajes que llegan a los cargos públicos no con el ánimo de servir, o de ponerse al servicio del Estado, sino que llegan con otros fines, con la finalidad de hacerse de dinero fácil y seguramente saciar sus vicios o sus malas costumbres”, denuncia el concejal.
LLAMADO A LA CIUDADANÍA
Guillermo Segura sostiene que no es nueva su postura de apoyo a las movilizaciones ciudadanas contra la gestión del alcalde David Cornejo, y que fue esta la razón por la que acudió a la marcha del 15 de marzo de manera independiente.
Según indica, que desde el año pasado, cuando se denunció los primeros hechos irregulares en la gestión municipal, referidos a la contratación de personal allegado al alcalde para que participe en procesos de selección y a la compra de bienes presuntamente sobrevalorados, señaló que había la necesidad de que la ciudadanía reaccione.
“Señalé con claridad que nuevamente los regidores de oposición, como sucedió en el gobierno de Roberto Torres, arriesgábamos hasta nuestra integridad física al denunciar los actos irregulares que se estaban cometiendo en la municipalidad. Dije que el esfuerzo de los regidores iba a resultar vano si la sociedad civil no se movilizaba y debe movilizarse aún”, manifiesta el concejal.
Segura Díaz fue agredido verbal y físicamente en el patio del Palacio Municipal de Chiclayo el día que denunció presuntos actos de corrupción en la gestión de David Cornejo. Entre sus agresoras estuvo, además de mujeres vinculadas a los programas sociales que maneja la comuna, la coordinadora del de despacho de alcaldía Susana Culqui Pacaya.
“La ciudadanía debe exigir dos cosas. Primero, la renuncia del alcalde por no haber tenido la capacidad de cumplir siquiera el 0.1 % de sus promesas electorales. Segundo, que si los órganos de control y las instituciones como el Ministerio Público y la Contraloría no hacen su trabajo, entonces que el Ejecutivo intervenga el municipio, mande a su casa a todo el cuerpo edil, que me incluye, y tome el control de la provincia, tal como sucedió después del incendio del palacio en el 2006”, menciona.
El concejal asegura que la ciudad está en peligro, no solo por el impacto de los fenómenos naturales, sino también por la incapacidad evidenciada por el alcalde y el equipo de funcionarios que ha convocado.
EL ERROR
En la campaña electoral del 2014, Guillermo Segura fue uno de los voceros de Alianza Para el Progreso que más defendió a Cornejo Chinguel de las diferentes denuncias y destapes que se hicieron sobre la vida pública del ahora alcalde, desde sus antecedentes políticos en Trujillo hasta el modo en el que hizo empresa en Chiclayo.
¿Por qué desde ese entonces no reparó en lo que el triunfo de Cornejo Chinguel en la alcaldía podía significar? Este responde que fue una postura de confianza adoptada a nivel partidario la que lo llevó a darle su apoyo y defensa.
“Soy un persona que he sido criada en la confianza y yo prefiero que me engañen a yo ser el mentiroso, y en ese sentido cuando nosotros tuvimos que decidir a quién lanzábamos para cerrarle el paso al APRA y al fujimorismo, que coordinaban con el anterior alcalde (Roberto Torres), se diseñó una estrategia política electoral consistente en abrir alianzas con otros líderes, uno de ellos fue Cornejo. Suponíamos que una persona vinculada a colegios, institutos y una universidad, y que usa un discurso basado en los Salmos y los versículos de la Biblia, podía ser idónea. Nos equivocamos”, reconoce.
CONDUCTA EDIL
A la luz de las denuncias e investigaciones hechas a la administración Cornejo, el primer regidor de Chiclayo dice tener confianza en que habrá fiscales y jueces que desarrollen procedimientos serios y sancionarán a los que resulten responsables.
“Espero que las acciones que se realizan a través del Órgano de Control Interno, de la Contraloría General de la República, de la Policía Anticorrupción, en algún momento den los elementos suficientes para acabar con este flagelo que azota a Chiclayo. Por lo que he conocido de Roberto Torres y David Cornejo puedo decir que la práctica es la misma. Todo tirano muestra una sintomatología que permite identificarlo. Normalmente no tienen una vida institucional, cuando es electo o desactiva la organización que lo llevó al cargo o se aleja de esta, se rodea de personas no técnicas ni éticas, se reúne con incondicionales, corrompe y luego persigue, daña o amedranta a sus opositores o investigadores”, afirma.
“Quien impone utilizando su mayoría o abusando de su poder, ya no escucha, ya no dialoga, se pelea con la sociedad civil, gobierna solo con la organización que ha ido creando, es un tirano. Tenemos a un tirano por alcalde”, añade.
Finalmente, el concejal dice sentir vergüenza ajena por dos de los regidores formados en las filas de Alianza Para el Progreso y que se alejaron de la agrupación al convertirse en parte del entorno más cercano del alcalde provincial.
“Siento vergüenza ajena, porque no solamente han manchado la imagen de una institución política que en algún momento creyó en ellos, sino porque le han terminado haciendo un daño grave a Chiclayo”, enfatiza.
Hasta el 17 de julio se ha postergado el inicio del juicio oral al exalcalde de Pítipo Manuel Valverde Ancajima, quien para el Ministerio Público es responsable, junto a exfuncionarios y el representante de un consorcio ejecutor, de los delitos de peculado, colusión y omisión de funciones, luego que se hallaran una serie de irregularidades en el proyecto de saneamiento básico que debió beneficiar a diferentes sectores del distrito, para lo cual el gobierno nacional destinó más de 10 millones de soles del Programa Agua Para Todos.
La obra debió concluir en el 2010, cuando Valverde Ancajima estaba en el último tramo de su gestión como burgomaestre. Ese mismo año el Partido Aprista Peruano, entonces en el gobierno nacional, lo convirtió en su candidato a la presidencia regional de Lambayeque y el edil se alejó de su municipio dejando la obra inconclusa, pese a que la totalidad del presupuesto se había gastado.
Como resultado de la paralización del proyecto que debió dotar de agua y alcantarillado a la capital del distrito, y a caseríos y centros poblados como La Libertad, La U, Cachinche y El Algarrobito, más de ocho mil vecinos se quedaron sin servicio, pese a los permanentes ofrecimientos de que la obra se culminaría.
De lo investigado, se determinó que los trabajados físicos avanzaron solo hasta el 75 %, en tanto el presupuesto de 10 millones de soles se agotó en su totalidad. Lo grave, es que la municipalidad de Pítipo pagó hasta 17 valorizaciones a favor del Consorcio Perú II, encargado de la ejecución del proyecto, por trabajos que no fueron realizados. Además, la obra fue aplazada hasta cuatro veces y a la empresa se le aceptó cartas fianzas vencidas.
Iniciada la gestión municipal de Galo de la Cruz, para el período 2011 – 2014, la comuna pitipeña destinó más recursos para la conclusión del proyecto, llegando a invertirse en total 11 millones 656 mil 934 soles, pero que en lo real no resolvieron la falta de agua potable en el distrito. Actualmente, los moradores que debieron ser beneficiados reciben el suministro del líquido elemento de manera parcial, e incluso se ven obligados a abastecerse del antiguo sistema de agua o a traerla de otros lugares.
CONSORCIO EJECUTOR
Los trabajos de saneamiento básico en Pítipo fueron encargados al Consorcio Perú II, que tuvo como representante legal a Manuel Cajilima Velásquez, a quien durante este tiempo se ha vinculado al congresista Javier Velásquez Quesquén, muy cercano también al exalcalde Manuel Valverde. Para la supervisión fue contratada la empresa Consorcio Pítipo Ingenieros & Asociados.
Ambas empresas recibieron el pago total del presupuesto asignado para el proyecto, aun cuando las cartas fianzas que debían servir de garantía para el municipio se encontraban vencidas.
El Consorcio Perú II estuvo conformado por las empresas Power Producción SAC, Constructora Minka SRL, Pérez y Castro Ingenieros y Constructora Aro Contratistas Generales SRL. Las dos últimas empresas con domicilio fiscal en Piura y Ucayali, respectivamente.
DENUNCIA FISCAL
Las primeras denuncias por las irregularidades en la obra de Pítipo las presentó el ciudadano Riquelme Verona, quien en el 2010 se desempeñó como presidente del Frente de Defensa del distrito. Sin embargo, no fue sino hasta el 2013 que el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ferreñafe, a cargo del fiscal David Caballero Velezmoro, decidió abrir la investigación preliminar para determinar responsabilidades en la negligente ejecución de los trabajos.
Caballero Velezmoro ha pedido al Poder Judicial 18 años de prisión contra Valverde Ancajima, acusado por los delitos contra la administración pública en su modalidad de incumplimiento de deberes funcionales, colusión, peculado doloso y apropiación agravada en perjuicio del Estado.
La denuncia fiscal comprende también a Rodolfo Sandoval Santamaría, exgerente de la comuna; Óscar Barreda Bulnes, exjefe de Infraestructura; Dirma Huamán Campos, exjefa de Tesorería, y Víctor Hugo Chevez Villegas, exjefe del SIAF.
También han sido comprendidos Óscar Torres Labrín, ingeniero residente; Ana Cisneros Ibana, supervisora de la obra; Vanessa Borja Izquierdo, gerente general del Consorcio Perú II y Manuel Cajilima Velásquez, representante legal de la empresa ejecutora.
EL ENCUBIERTO
Para el fiscal Caballero Velezmoro, la actuación de Cajilima Velásquez en la obra de Pítipo responde a un procedimiento de encubrimiento, que le habría permitido beneficiarse directamente de los cobros efectuados por el consorcio ejecutor sin aparecer en los documentos suscritos entre la municipalidad y la empresa.
Cajilima Velásquez es acusado de colusión y peculado doloso, pues de acuerdo al Ministerio Público, este y Vanesa Borja Izquierdo, quien fungía como gerente de la empresa, “procedieron a elaborar valorizaciones de la obra conteniendo partidas y frentes de trabajo que en realidad no se habían ejecutado, contando para ello con la participación del residente de obra, Segundo Torres Alabrín, para de esta manera agotar todo el presupuesto de la obra, perjudicando los intereses del municipio de Pítipo”.
Caballero Velezmoro sostiene la tesis de que Cajilima Velásquez actuaba como representante encubierto del Consorcio Perú II y “en todo momento utilizó a terceras personas para que ostenten documentariamente la gerencia”. “Está demostrado que en realidad era él quien tenía el control y tomaba las decisiones dentro del consorcio”, se señala en la acusación.
Asimismo, el Ministerio Público halló un acta suscrita el 15 de enero del 2010, antes el juez de Paz de Pítipo, en la que el empresario se compromete a cancelar las remuneraciones adeudadas a los trabajadores de la obra. También, existe una carta del 5 de febrero del 2011, dirigida a la Cooperativa Financorp, en la que Cajilima Velásquez devuelve una carta fianza por adelanto de materiales para la obra de saneamiento.
A esto se suma que en el 2010 el entonces gerente administrativo del municipio distrital, Luis Osiris Tarrillo, declaró haber visto al empresario en las reuniones de coordinación de la obra; lo mismo que Torres Alabrín, residente del proyecto, quien declaró que fue este quien lo contrató para trabajar.
Otro hecho probatorio recabado por el Ministerio Público es que Manuel Cajilima compró un inmueble en la Urbanización Santa Victoria, inscrito con Partida Registral N° 02226071, con dinero de una cuenta bancaria a nombre del Consorcio Perú II. El empresario y su esposa, Gina Pozo Condezo, admitieron la adquisición ante la fiscalía.
AUDIENCIAS FRUSTRADAS
Formulada la acusación contra Valverde Ancajima y los demás coimputados por la obra de saneamiento de Pítipo, hasta en cinco oportunidades se frustró la audiencia de control de acusación a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.
La ausencia de los abogados impedía que la magistrada Yolanda Gil Ludeña, titular de dicho órgano jurisdiccional, desarrolle la audiencia en la que debía determinarse si el exalcalde de Pítipo, los exfuncionarios y los técnicos y representantes del Consorcio Perú II, debía ir o no a juicio oral.
La incertidumbre acabó, luego de un año de idas y vueltas, en septiembre del 2016, cuando Gil Ludeña ordenó que Manuel Valverde y compañía comparezcan ante los tribunales.
JUICIO NO EMPIEZA
El 5 de enero debió realizarse la audiencia de instalación del juicio oral contra los presuntos responsables de la obra trunca en Pítipo, en el despacho de la juez María Vásquez Vásquez, del Primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo. Sin embargo, la diligencia no se realizó por la huelga judicial.
Se reprogramó entonces para el miércoles 22 de marzo, a las 8:30 de la mañana, pero nuevamente fue imposible el inicio del juicio oral debido a que parte de los abogados y procesados estuvieron ausentes.
Los abogados de Rodolfo Sandoval, Oscar Barreda y Ana Cisneros alcanzaron con antelación escritos al juzgado justificando su ausencia con el argumento que tenían otras audiencias a las que acudir, en tanto algunos imputados, como el mismo Manuel Valverde, señalaron a través de sus abogados la imposibilidad de asistir a la audiencia por encontrarse fuera de Chiclayo, teniendo problemas para desplazarse debido a la interrupción de las carreteras por los huaycos recientes.
La magistrada ordenó, a pedido del Ministerio Público, que el inicio de juicio oral se reprograme para el 17 de julio próximo, disponiendo que si los acusados no se presentaban se les daría condición de reo contumaz. Se dispuso también que la Defensoría Pública asigne abogados para los procesados cuyos patrocinadores no asistieron a la citación del miércoles último, a fin que no existan más razones para la dilación del proceso.
En tanto, los más de ocho mil pobladores que hoy deberían gozar de un moderno sistema de agua y alcantarillado en Pítipo, siguen a la espera de una sanción ejemplar para quienes burlaron la confianza del Estado.
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