up
Directora : Rosa Chambergo Montejo

24 Años en Circulación !!!

 
 

Edición N° 1028

 
Nuestros videos :
El Clima en estos momentos :
Ve También Nuestra Edición Anterior !
 
Edición N° 1027


Anuncia Aquí!

¿Quieres que tu anuncio se vea en nuestra web?, Contáctanos!


  • Presidente del Consejo por la Paz afirma que los remanentes de Sendero Luminoso operan en las universidades y organizaciones de base.

 

Con severidad el presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco Távara, señala que las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para investigar las consecuencias del conflicto interno, resultan negativas para la democracia porque le dan a Sendero Luminoso el estatus de partido político y lo equiparan con las fuerzas del orden que se encargaron de su desarticulación.

 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada en el 2001 por el gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazao, siendo integrada por diferentes actores de la sociedad civil, equipo que presidió el entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner Febres.

 

El informe final fue entregado a fines de agosto del 2003 al presidente de la República, Alejandro Tolero Manrique, estimando que producto del conflicto interno se originó un saldo de 69 mil 280 peruanos, entre muertos y desaparecidos, de los cuales el 54 % fueron responsabilidad de Sendero Luminoso.

 

Diez Canseco Távara añade que el informe final de la comisión genera “una distorsión completa” de la realidad, respecto a lo vivió el país entre la década del 80 y el 2000 por el accionar de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA, enfrentados con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

 

“Creo que las conclusiones de la Comisión de la Verdad, sobre las que estoy preparando un libro, son una distorsión completa. Ellos (sus integrantes) abrieron el terreno cuando, por ejemplo, señalan que Sendero Luminoso es un partido político y toda la historia que trazan a su manera de los gobiernos que han tenido que enfrentarse a sendero es una crítica descarada a los regímenes democráticos; con errores, deficiencias y corrupción, pero democráticos. Ellos terminan poniendo a la par a las fuerzas del orden y a Sendero Luminoso, lo cual es inaceptable”, manifiesta.

 

LOS DERECHOS HUMANOS

En su opinión, la Comisión de la Verdad y Reconciliación soslaya la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las organizaciones terroristas y sí pone énfasis en las fuerzas armadas y policiales por hechos de este tipo, entre los gobiernos de Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori.

 

“Los principales responsables de esta minimización de los actos criminales de los terroristas son precisamente las ONG caviares, cuyos representantes integraron mayoritariamente la Comisión de la Verdad. Yo le previne sobre esto a Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. Se les advirtió que la Comisión de la Verdad debía constituirse con elementos de todos los sectores para que las conclusiones no estén sesgadas, pero no lo hicieron. Le entregaron a la izquierda caviar el manejo de la comisión y luego el propio Salomón Lerner dijo que no se trabajó en la reconciliación. Era de la verdad, ¿de qué verdad? De su propia verdad. Basta ir al Lugar de la Memoria para darse cuenta de lo que ellos han hecho, una tremenda distorsión que ha generado la liberación de terroristas, las conmutaciones de penas que encabezó (Diego) García Sayán y que ha distorsionado la concepción que el país, sobre todo los jóvenes, tienen de los terroristas”, enfatiza.

 

Francisco Diez Canseco señala además que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sirvió para que se satanizara a las Fuerzas Armadas por los excesos que cometió, reduciéndose al mínimo el rol que jugaron la lucha contra el terrorismo.

 

“¿Qué héroe tenemos de la lucha contra Sendero Luminoso? ¿Uno? Recién este año los del GEIN. ¿Por qué? Porque los caviares se encargaron de satanizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía. El primer homenaje que se hizo a los héroes de Chavín de Huántar lo hizo el Consejo por la Paz y ellos siguen perseguidos judicialmente”, lamenta.

 

TERRENO POLÍTICO

Desde la caída de Abimael Guzmán Reynoso, máximo líder de Sendero Luminoso, en septiembre de 1992, la lucha contra el terrorismo se trasladó al terreno ideológico y es en este donde Francisco Diez Canseco advierte serias desventajas que el Estado, los últimos gobiernos, no ha tenido capacidad de equiparar.

 

“El terrorismo ha ganado un espacio político importante. En el 2004 yo denuncié que se había liberado a 800 profesores senderistas porque habían cumplido sus penas y se reintegraron al SUTEP y salió el viceministro de Educación Idel Vexler a contestar que eso no era cierto, que eran solamente 500. Eran 800 y ahí los tenemos. Trece años después ahora vemos los resultados. El senderismo está en las universidades, aquí en Chiclayo lo he constatado. ¿Qué es lo que ha pasado? Sendero aprovecha, en primer lugar, la frustración de una juventud que ve a una clase política corrupta, que no hace avanzar al país; en segundo lugar la falta de oportunidades, que agrupa a quienes cuestionan al sistema, y en tercer lugar de la ausencia de los partidos políticos”, manifiesta.

 

Sobre esto último, añade que existe una enorme responsabilidad de los partidos políticos por no hacer trabajo formativo y doctrinario que contrapese a la ideología violentista que mantiene sendero desde que apareció.

 

LAS DEUDAS PENDIENTES

Diez Canseco Távara, quien ahora lidera el partido Perú Nación y en las elecciones generales del año pasado se inscribió como candidato a la presidencia de la República, aunque semanas antes de las votaciones se retiró del proceso, señala que la ciudadanía tiene un alto nivel de descontento por los incumplimientos del Estados, sobre todo en cuanto al pago de la deuda social.

 

Comenta, por ejemplo, que en el 2004 como presidente del Consejo por la Paz convocó a un foro al que asistieron el ministro del Interior, el ministro de Educación y la ministra de Salud. El gran ausente fue el ministro de Economía, que en ese momento era Pedro Pablo Kuczynski.

Tras el diálogo, los participantes llegaron a la conclusión que la deuda social era una tarea pendiente y urgente. Por ejemplo, en ese momento a los policías se les debía 11 años de vacaciones, el 50 % de los colegios del Estado no tenían agua ni desagüe, y el Seguro Integral de Salud – SIS estaba desfinanciado.

 

En palabra de Diez Canseco, 13 años después, “la situación sigue siendo igual”.

 

“En ese momento el ministro de Economía había hecho aprobar un crédito suplementario de 700 millones de soles para el programa Juntos, que se estaba recién creando, pero el Estado no cumplía ni con los policías, ni con el SIS, ni con la educación. ¿Qué ha ocurrido 13 años después? El mismo señor llega a la presidencia de la República y no ha cambiado su forma de operar. Lo primero que hace al llegar al gobierno es la emisión de 13 millones de dólares en bonos del tesoro para refinanciar una deuda anterior, con una comisión importante para el banco que lo hizo. ¿Qué acciones ha tomado el gobierno para pagar la deuda social que es lo más importante de todo? Lo que no ha hecho es de tal naturaleza que se ha provocado una situación interminable de huelgas, con una huelga interminable de los profesores a quienes él les había ofrecido aumentarles el suelo. ¿Por qué no cumplió en su primer año? Porque tampoco lo hizo en el 2004”, cuestiona.

 

Acota, que el asunto de la deuda social debió ser uno de los primeros temas a tratar a resolver por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo que hubiera aminorado la convulsión social que hoy atraviesa el país.

 

REFORMA DEL ESTADO

Señala que otra tarea no asumida por el gobierno es la reforma del Estado, con énfasis en la lucha contra la corrupción.

 

Francisco Diez Canseco asevera que un serio problema es que “el país se llena de normas” pero muchas de estas no son efectivas.

 

“La reforma del Estado se va a dar con el cambio de personas, poniendo a gente que conozca al país, que sienta al país y que se interese por el país. Ya están las normas. ¿Qué hacer para luchar contra la corrupción? ¿Más normas? Ya se aprobó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, habría que hacer pequeñas modificaciones de forma de los códigos vigentes. Necesitamos personas decididas como el juez Richard Concepción Carhuancho o el fiscal Germán Juárez para romper con la impunidad de la corrupción. Lo que tenemos que hacer es apoyar a un equipo como ha ocurrido en Brasil con el caso Lava Jato o en Guatemala con la fiscal Saldaña, para que toda esta gente corrupta caiga, para que sepan todos los corruptos que ya no hay intocables, que ya no hay impunidad, y eso va a provocar que haya eficiencia en el Estado”, indica.

 

Finalmente, recuerda que en su gobierno Ollanta Humala Tasso ofreció la creación de una Escuela de Administración Pública que permita despolitizar el aparato estatal y el ingreso de personal calificado en las dependencias públicas, cuyo desempeño trasciendan a los cambios políticos. Lamentablemente la promesa no se cumplió.

 

+ NOTICIAS

  • Perú Nación ha iniciado el diálogo con diferentes organizaciones locales para presentar candidaturas en las elecciones municipales y regionales del próximo año.
  • En Chiclayo se ha propuesto la pre candidatura del docente e historiador Martín Cabrejos Fernández a la alcaldía provincial. 

FRANCISCO DIEZ CANSECO: “EL TERRORISMO HA GANADO UN ESPACIO POLÍTICO IMPORTANTE”

Leer más
 
 

Alcalde, regidores y funcionarios omiten realizar declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas en el inicio de cada año. Ocultan en que condición económica ingresaron a la comuna para presuntamente evitar fiscalización el día que se vayan de casa edil

 

 

A pesar que en su primera sesión, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, se solicitó se conforme un grupo de trabajo para investigar las presuntas irregularidades en la ejecución de obras de inversión pública en el distrito de José Leonardo Ortiz, a los funcionarios de dicha comuna parece no importarles a tal punto que a la fecha el portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública se encuentra inactivo.

 

Para el regidor Isael Bustamante Medina, fue una sorpresa enterarse que desde el inicio de la gestión municipal – 2 de enero del año 2015 - y hasta el momento, el mencionado portal - Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública- el cual está regulado por la Ley N° 27806, se encuentra inoperativo y mucho menos, no cuenta con información actualizada sobre los gastos e inversiones que la autoridad municipal, Epifanio Cubas Coronado, de la mano con sus principales funcionarios, hacen con el dinero del Estado y de los sufridos leonardinos.

 

“El portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública, es muy importante para que todo ciudadano leonardino y de la misma región Lambayeque y del país, pueda acceder a información de dominio público. Más que nada, se conozca la manera y forma en que se utilizan y gastan los dineros que con mucho esfuerzo y sudor se lo ganan y aportan los leonardinos para el desarrollo del distrito, mediante el pago de sus tributos”, sostuvo.

 

De igual manera, agrega que la intervención de la comisión de Fiscalización del Congreso de la República en la comuna leonardina, permitiría develar los actos de presunta corrupción que se pudieran haber dado no solamente en el gobierno municipal de Epifanio Cubas Coronado, sino también del ex alcalde Raúl Cieza Vásquez, quien estuvo al frente de la comuna desde el año 2011 al 2014, la que también se caracterizó por ser desastrosa.

 

¿SE ESCONDE ALGO?

Los regidores Marino Olivera Cruzado e Isael Bustamante Medina,  señalaron que a inicio del presente año ya habían cuestionado en una sesión de concejo la inactividad del portal de transparencia, así como la designación de la persona responsable por parte del alcalde Epifanio Cubas Coronado.

 

Sin embargo, lo que más lamentan es la inacción del personal del Órgano de Control Institucional –OCI- quienes no intervienen y mucho menos toman acciones para que se pueda determinar con responsabilidad los motivos y razones por las cuales en el portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública, no se cuenta con información al día sobre el trabajo y actividades de cada uno de los funcionarios, así como  el destino de los dineros del Estado.

 

“Todos sabemos que más de los días el alcalde Epifanio Cubas Coronado viaja a la ciudad de Lima, supuestamente a realizar gestiones en el Ministerio de Vivienda, Congreso de la República y otras entidades del Estado, pero desde el primer día de su gestión nadie sabe cuánto ha gastado en pasajes y en viáticos”, señaló Isael Bustamante Medina.

 

Agrega que la autoridad municipal sostiene que cada vez que viaja a Lima lo hace con dinero de su propio bolsillo, pero recuerda que siempre lo hace en compañía de uno o dos funcionarios o en todo caso de algunos de sus más cercanos regidores, teniendo duda que a ello también les pueda estar pagando los pasajes y la estadía en las ciudades a donde viajen.

 

“A inicios de año el regidor Aureliano Castañeda Hernández y Marino Olivera Cruzado solicitaron al alcalde de la comuna leonardina, la necesidad de la publicación en el Portal de Transparencia la declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas -de acuerdo a la Ley N° 27482- del burgomaestre, los regidores y los funcionarios.

 

Sin embargo, estamos empezando el mes de setiembre del tercer año de gestión edil y hasta la fecha los leonardinos y la población de Lambayeque y el Perú, no saben en qué condición el burgomaestre, fiscalizadores y funcionarios, asumieron sus funciones teniendo en cuenta su situación económica. Además, en qué situación se encuentran ahora, y más aún ahora que está a punto de culminar la gestión municipal. No sabemos si siguen pobres o están ricos o más ricos”, resaltó Isael Bustamante.

 

GESTIÓN DE RAÚL CIEZA

Durante una revisión actualizada del Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, quedó en claro que dicho instrumento virtual de lucha contra la corrupción se encuentra inactivo en sus principales segmentos.

 

Los informes de gasto e inversión pública que se aprecian corresponden a la gestión del ex alcalde Raúl Cieza Vásquez, dejando en claro que la actual autoridad municipal, por presunto desconocimiento o falta de interés para obrar, no se preocupa o toma acciones para designar al responsable del Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública. 

 

DESDE EL 2015

Al ingresar a la página del portal web institucional, se advierte el link del Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública, la que al ingresar arroja que dicha página se encuentra bajo responsabilidad del señor Roberto Aguilar Núñez, nombrado con resolución de Alcaldía N° 574-2015/MDJLO/A.

 

Sin embargo, al consultar en la subgerencia de Recursos Humanos de la comuna leonardina sobre la situación laboral de ésta persona, se hizo conocer que Roberto Aguilar Núñez no trabaja en el institución municipal desde el mes de junio del año 2015, cumpliendo funciones por un corto periodo, y al cual desistió al renunciar al cargo por razones personales y profesionales.

 

En dicha subgerencia, también se hizo mención que Aguilar Núñez se desempeñó como jefe de la Oficina de Imagen Institucional, Acceso a la Información Pública y Portal de Transparencia, cargo que ahora es ocupado por la persona de Alfonso Soto Sánchez, pero extrañamente su nombre no está registrado y mucho menos existe resolución de designación como responsable del Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública.

 

“Lo que pasa es que el alcalde Epifanio Cubas Coronado trabaja de manera informal, y por desconocimiento y falta de asesoramiento, obvia el desarrollo de ciertas funciones que van de la mano con las acciones de fiscalización y control establecidas por el Estado”, señaló el regidor.

 

Aclara, que para que el Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública tenga vigencia y valor legal, la autoridad edil debe haber emitido una resolución de designación la que es puesta en conocimiento de la Contraloría General de la República a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pero previamente tiene que haber cumplido con publicar la resolución de Alcaldía de designación en el diario oficial "El Peruano", pero nada de eso se ha hecho desde el mes de junio del 2015.

 

GRAVE DELITO

A su turno, el regidor Jorge Olivera detalla que el accionar de la autoridad municipal vulnera el derecho de los leonardinos y de los peruanos al derecho del acceso al Portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública, mediante el principio jurídico de la honestidad y transparencia.

 

Además, la acción del burgomaestre lo podría llevar a una denuncia penal  por el delito de Omisión de Actos Funcionales y hasta el de Abuso de Autoridad, delitos que son castigados con el Código Penal y Procesadas con el Nuevo Código Procesal Penal, al ser castigadas con pena privativa de la libertad.

 

Explica que el delito de omisión no solamente tiene consecuencia administrativa sino también de carácter penal. Además – aclara- se sabe que la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz es un órgano de gobierno local que cuenta con personería jurídica de derecho público, con las atribuciones, competencias y funciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por Ley N° 27972; le son aplicables, las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional.

 

Esta acción está generando a que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda intervenir la municipalidad de José Leonardo Ortiz a través del Órgano de Control Interno, en defensa de los intereses del Estado, y ante la seria omisión y abuso  de autoridad, que el alcalde Epifanio Cubas Coronado vendría cometiendo.

 

Para el fiscalizador, la supuesta omisión o negligencia, tendría que haber sido advertida y corregida con anticipación por el Órgano de Control Interno – OCI- de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, y la Contraloría, pero hasta el momento –aparentemente- nadie se ha dado cuenta de la vulneración a los derechos e intereses de los leonardinos.

 

DECLARACIONES JURADAS

Los regidores de oposición, insisten en que una próxima sesión de concejo, solicitarán la puesta en actividad y actualización del portal de Transparencia Económica y Acceso a la Información Pública.

 

De igual manera, advierten que por intermedio del gerente municipal Juan Carlos Grandez Orbegoso, emplazarán al subgerente de Recursos Humanos, Nino Acri, para que se solicite a cada uno de los funcionarios realicen su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, tal y como lo dispone la Ley.

 

Coinciden en que uno de los que debe dar el ejemplo, es el alcalde Epifanio Cubas Cornado y de sus principales colaboradores, así como del seno de concejo en pleno.

 

“Es por mandato de la Ley que toda autoridad y sus regidores, así como los funcionarios, especialmente los de cargo de confianza, deben realizar su descargo de bienes e ingresos durante el inicio de cada gestión. El objetivo es que el Estado tenga conocimiento de la condición económica asumen sus funciones, y en qué condiciones dejan la administración pública cuando dejan los cargos. Eso es una forma de luchar contra la corrupción”, sostuvo Isael Bustamante.

 

De igual manera, puntualiza que el responsable del área de Recursos Humanos de la comuna leonardina está cometiendo delito de omisión de funciones, al no aplicar o exigir que cada funcionario o nuevo funcionario al inicio de año o gestión, haga su declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas.

 

OCI INCUMPLIRÍA FUNCIONES: MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ NO HABILITA SU PORTAL DE TRANSPARENCIA

Leer más
 
 
 

El decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Jorge Alva Hurtado, señala que la orden profesional, al igual que sus pares de otras especialidades, tienen diversas observaciones al proceso que desarrolla la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, que apunta a la rehabilitación y construcción de infraestructura en los departamentos afectados por El Niño Costero.

 

El gobierno nacional ha anunciado que en los próximos años se invertirán más de 27 mil millones de dólares en la restitución de los servicios interrumpidos o dañados por las lluvias, huaicos e inundaciones que azotaron el país entre enero y marzo pasado, así como en la construcción de infraestructura que modernice a las ciudades afectadas y en obras de prevención para eventos climáticos similares.

Sin embargo, el proceso no cuenta con mecanismos establecidos que faciliten la participación y fiscalización de la sociedad civil.

 

“Hay varios reclamos de la orden, sobre todo de algunos consejos departamentales. El que he escuchado con más frecuencia y énfasis es el de Piura, donde aparentemente se llegó a un entendimiento con el Ministerio de Agricultura y finalmente se desestimó la participación de veeduría del Colegio de Ingenieros del Perú”, comenta el decano.

 

LA CONFORMACIÓN

Señala que en todas las conferencias y presentaciones realizadas por el director de la ARCC, Pablo de la Flor Belaunde, no menciona para nada a los colegios profesionales, lo que – en su opinión – “no es una buena acción”, más porque el CIP y los consejos departamentales se han puesto a disposición del supremo gobierno.

 

“Particularmente la Autoridad para la Reconstrucción no nos ha convocado, pero sí lo están haciendo los diferentes sectores. En primera instancia firmamos un convenio con la exprocuradora Julia Príncipe y eso permitió que participemos en la revisión de diferentes obras, como los trabajos del agua y alcantarillado en el departamento de Loreto; también hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Vivienda y Construcción, con Salud para realizar inspecciones y, del mismo modo, nos hemos entrevistado con el nuevo contralor Nelson Shack para que no se realicen revisiones posteriores a las obras. Él considera que es importante la participación de gente técnica de la sociedad civil, disposición que no hemos encontrado en la Autoridad para la Reconstrucción”, asevera.

 

Alva Hurtado señala que el Colegio de Ingenieros del Perú se ha pronunciado, por acuerdo del congreso del consejos departamentales, en relación al respeto que se debe dar a la posición de la ingeniería.

 

“Exigimos la participación de ingenieros técnicos en los organismos de su competencia, que no vengan abogados o economistas, posiblemente muy eficientes en su rama, pero no en la ingeniería. La ingeniería para los ingenieros, ese es el mensaje que estamos dando y que tiene que ser tomado por la Autoridad para la Reconstrucción”, acota.

 

Lamenta que el directorio de la ARCC esté conformado solo por ministerios y no se haya dado espacio de participación a los colegios profesionales o a otras organizaciones de la sociedad civil como las cámaras de comercio.

 

“Se necesita que este proceso esté liderado por técnicos, por gente que sepa, no que venga a aprender. La Autoridad para la Reconstrucción está confiando mucho en instituciones internacionales como Naciones Unidas, lo que está bien, pero también creo que debe darse más importancia a la ingeniería nacional”, señala.

 

LA CORRUPCIÓN

Jorge Alva precisa que la participación de la sociedad civil a través de sus organizaciones, en procesos como el de la reconstrucción, es fundamental en la medida que ayudaría a la fiscalización de los recursos públicos, para de este modo evitar que el país siga viéndose afectado por la corrupción que al año le representa al Estado la pérdida de 12 mil millones de soles.

 

El decano nacional del CIP indica que si bien en muchos de los actos de corrupción relacionados a obras públicas hay ingenieros involucrados, la lucha contra este flagelo demanda de esfuerzos mayores de todos los actores sociales.

 

“Este es un problema de la sociedad en general. ¿Cómo es posible que un expresidente haya podido tener 20 millones de dólares de la corrupción? Eso es inconcebible. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Vamos a ir por los que están abajo o empezamos por los que están arriba? Todas esas empresas, constructoras o estudios jurídicos que han defendido a la corrupción deben ser sancionados, lo mismo que los ingenieros. Debe haber sanciones incluso sobre el Poder Judicial mismo, porque muchas veces este ha apañado todas estas corruptelas”, afirma.

 

A FAVOR DE LAS CONTRATISTAS

Alva Hurtado dice conocer el problema de cerca y recuerda el rol que jugó como perito para desvirtuar el pedido realizado por Odebrecht, a través de la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, para cobrar más de 70 millones de dólares por supuestos sobrecostos en la construcción del Túnel Trasandino.

 

“Ahí se vio el esfuerzo que hacía el contratista y algunas autoridades, e incluso miembros de distintas ramas del Poder Judicial para decir que mi informe no era el adecuado, se abrió un proceso, se quejó a los jueces y se terminó en el Tribunal Constitucional, que finalmente resolvió el caso y confirmó que no debía pagarse lo que pedía la concesionaria, pero ese es un caso. Como ese hay miles y en la mayor parte ha ganado siempre el contratista y, lo que es peor, muchas veces el contratista ponía al supervisor y este obviamente le decía no al propietario. Es más, muchas instituciones han estado a favor de los contratistas y esas cosas tienen que terminar y ese no es solamente problema de los ingenieros, es un problema generalizado de la sociedad civil”, refiere Alva Hurtado.

Añade que urge iniciar un proceso de restauración del Estado que asegure mecanismos transparentes y eficientes en la ejecución de obras, máxime porque el país necesita cerrar las brechas de infraestructura y no se dispone de la totalidad de recursos para hacerlo.

 

Manifiesta que una medida efectiva es el ingreso de gente honesta y experimentada en las funciones que el Estado requiere.

 

“Debemos tener equipos especializados que realicen seguimientos a las obras y no esperar al final para que intervenga la Contraloría, cuando ya no se puede hacer nada. El seguimiento debe ser antes, durante y después y tiene que participar la sociedad civil, pero es necesario también que se nos escuche, que se nos dé el lugar adecuado”, enfatiza.

 

CALIDAD UNIVERSITARIA

El también rector de la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI, se pronunció en relación al reclamo que diversos sectores han planteado para que el Colegio de Ingenieros del Perú impida la habilidad profesional a los egresados de programas de complementación académica, cuya formación carecería de calidad.

 

Alva Hurtado señala que la llamada a intervenir es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU.

 

“No puede ser que cada universidad buena, bonita y barata dé para todo títulos a nombre de la Nación.  ¿Entonces cómo se distingue que tal ingeniero es de una universidad a, de una universidad b o de una universidad c. Yo eliminaría, en primera instancia, que los títulos sean a nombre de la Nación”, indica.

 

Explica también que la SUNEDU debe dedicarse exclusivamente a fiscalizar la calidad universitaria y no a poner trabas a las casas superiores más antiguas para el licenciamiento.

 

Según refiere, la superintendencia pone obstáculos para que las universidades nacionales alcancen el licenciamiento mientras que el Estado no otorga los recursos suficientes para mejoras y equipamiento, lo que las pone en desventaja con las universidades privadas que sí disponen de presupuestos y califican con mayor facilidad en el proceso.

“La privadas pasan por agua tibia, en cambio de las universidades nacionales solo una, que es la Agraria La Molina, se ha licenciado, mientras que la Universidad de Huanta ha logrado el licenciamiento por orden judicial. ¿Y las otras universidades? Estamos trabajando dos años en el licenciamiento y cada vez cambian a las comisiones de revisión o sacan nuevos parámetros. Entonces, tenemos un desánimo para esto, porque pareciera que hubiese una corriente que dice que a las universidades nacionales no hay que licenciarlas, que solo se haga con las privadas que son más jóvenes y tienen mayor poder económico. Yo soy un convencido que las universidades públicas deben ser las mejores, como sucede en Chile, en Argentina, en Ecuador, en todos los países vecinos, como en cualquier parte del mundo”, precisa.

 

Añade que en la superintendencia debe participar personal especializado y que conozca de universidades públicas. “No puede haber solamente gente que es completamente ignorante de la realidad que tenemos en las universidades públicas del país”, afirma.

 

Finalmente, Alva Hurtado señala que tampoco existe confianza en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE.

 

“Nosotros no creemos en la acreditación nacional y entonces nuestro estatuto nos exige la acreditación no voluntaria, sino obligatoria para cada una de las escuelas y que sea internacional. ¿Por quién? Por miembros del Acuerdo de Washington. De nuestras 28 escuelas profesionales ya tenemos 20 acreditadas y en eso sí creemos”, resalta.  

DECANO NACIONAL DEL CIP: “EXIGIMOS PARTICIPACIÓN DE TÉCNICOS EN LA RECONSTRUCCIÓN”

Leer más
 
 

Desde su implementación, en enero del 2015, hasta el momento, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha acumulado un total de mil 550 carpetas, generadas a partir de las denuncias que por presuntos ilícitos involucran a servidores públicos y contratistas.

 

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque tiene como principal labor la investigación de aquellos delitos en los que incurren los servidores y funcionarios públicos, ya sea en casos de colusión, peculado o malversación de fondos y los delitos de corrupción en sí como los tipos de cohecho (pasivo y activo).

 

A estas se suman las investigaciones que involucran a profesionales particulares que generalmente tienen que ver con la ejecución de obras públicas, en las que se incurre en el delito de colusión. Es en estos casos donde aparece el conocido “diezmo”, que es el soborno exigido o entregado  por un tercero al servidor público para ser favorecido en los procesos de contratación con el Estado.

 

Magaly Quiroz Caballero, coordinadora de la fiscalía especializada, explica que funcionario o servidor público es aquel que tiene un vínculo directo con el Estado, que pertenece a la administración pública, pero cuando se trata de delitos de corrupción en estos también se prevé la participación de quienes no tienen la condición exigida por el tipo penal de servidores públicos, a quienes de igual modo se reprime por su participación en hechos delictivos o dolosos.

 

Así, refiere que un contratista, un supervisor de obra o un proveedor, que puede ser contratado para elaborar perfiles de inversión o expedientes técnicos e incurre en prácticas ilícitas, debe recibir la misma pena que el funcionario involucrado, tal y como lo tiene previsto el Código Procesal Penal.

 

CASOS

“Tenemos en investigación desde enero del 2015, cuando empezó a funcionar la fiscalía, un promedio de mil 550 casos, de los cuales en trámite aún tenemos un cerca de 500”, refiere Quiroz Caballero.

 

La fiscal, precisa que la mayoría de carpetas que maneja el despacho especializado ha pasado a la etapa de investigación preparatoria, por lo que ya son de conocimiento del Poder Judicial y se han requerido lar medidas coercitivas como la aplicación del mandato de prisión preventiva para algunos de los investigados. Otras carpetas se encuentran en case de control de acusación, que es la fase intermedia, previa al juicio oral.

 

“Son casos generalmente complejos y a pesar que ya estamos dos años y medio en funciones recién estamos yendo a los primeros juicios orales, porque no es lo mismo investigar un delito penal común como un homicidio o un robo, que en cuatro meses de investigación preparatoria se pueden concluir, a un caso de corrupción. En estos casos la investigación preliminar nos puede llevar entre ocho y diez meses”, manifiesta la representante del Ministerio Público.

 

LAS PERICIAS

Quiroz Caballero comenta que una de las principales limitaciones de la fiscalía es el tiempo que demora la obtención de pericias técnicas que permitan sustentar la acusación contra los funcionarios y terceros involucrados en los delitos de corrupción.

 

Sin embargo, reconoce que en los últimos meses se han dado algunos pasos importantes para que el Ministerio Público pueda superar con mayor celeridad este obstáculo. Explica, por ejemplo, que la Fiscalía de la Nación ha aprobado la asignación de dos plazas para la contratación de dos ingenieros civiles y dos contadores como peritos. Lo lamentable es que en el caso de los ingenieros, de todos los que se presentaron a la convocatoria solo uno logró aprobar el examen, por lo que una plaza ha quedado desierta.

 

“Tanta es la carga que hay y las pericias por hacer que con dos peritos de planta no es suficiente y para ello también se nos está entregando presupuesto para contratar a peritos externos que intervengan de acuerdo a la complejidad de los casos”, acota.

 

Otro mecanismo de apoyo a la labor fiscal es el que brinda la Contraloría General de la República, cuyas auditorías, de acuerdo a la normativa vigente, tienen calidad de prueba pericial.

 

Magaly Quiroz comenta que esto último ha ayudado en gran medida a darle celeridad a las investigaciones.

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Aun cuando los delitos de corrupción son ahora imprescriptibles y las penas para quienes incurren en ellos se han agravado, son acumulables, el problema sigue siendo latente en el país, lo que debe motivar – afirma la fiscal – a que la ciudadanía haga un profunda reflexión sobre el comportamiento ético de los profesionales en general, porque dentro y fuera de la administración pública existen sujetos proclives a la comisión de ilícitos en perjuicio del Estado.

“Los delitos de corrupción son de encuentro, en ellos no participa solo el funcionario público, sino también el corruptor. Ambos converger. Entonces, la lucha no solamente tiene que ser contra el mal funcionario o servidor público. El funcionario es una persona con estudios superiores, egresado de una universidad, y un contratista también, y lo que estamos viendo es que nuestros profesionales no tienen una formación ética y deontológica que los lleve  a una actuación correcta y adecuada para las contrataciones con el Estado. Por más que se trate de controlar y sancionar, sino no existe la formación sólida de un funcionario o profesional, entonces seguirá habiendo denuncias y casos por investigar”, señala.

 

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios cuenta con un equipo de 13 fiscales titulares, de los cuales cuatro son provinciales y nueve adjuntos.

 

Recientemente, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, se ha comprometido a la contratación de más personal (abogados) para fortalecer el equipo asistencial de la fiscalía en Lambayeque. Otro de los ofrecimientos es la creación de más plazas fiscales para que los procedimientos sean más ágiles.

 

“El Ministerio Público siempre va a actuar y la fiscalía anticorrupción más aún. Cada sentencia que logramos es porque hemos probado a cabalidad el delito”, remarca Magaly Quiroz. 

FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS COMPROMETIDOS: FISCALÍA ESPECIALIZADA INVESTIGA MIL 500 CASOS DE CORRUPCIÓN

Leer más
 
 
 


Las Fotos de la Semana!

Selecciona Para ampliar nuestras imagenes más resaltantes de la Semana