¿Quieres que tu anuncio se vea en nuestra web?, Contáctanos!
Es tan alucinante la historia política de Arturo Castillo Chirinos que el Tribunal Constitucional decidió publicar un libro sobre su caso en el contexto de la jurisdicción supranacional, tras el largo proceso que lo enfrentó al Jurado Nacional de Elecciones – JNE, cuando Enrique Mendoza Ramírez era su presidente y contra todo razonamiento jurídico no solo lo vacó de la alcaldía de Chiclayo por una sentencia que no estaba firme, sino que además promovió la anulación de su Documento Nacional de Identidad – DNI, dejándolo en condición de “NN”. Por estos hechos, que la exautoridad considera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá pronunciarse en relación a la denuncia que involucra al ahora ministro de Justicia.
A sus 70 años, Arturo Castillo nos recibe en la sala de su casa, en la Urbanización Remigio Silva, y de inmediato se ubica en uno de los sillones, el mismo en el que hace un año espera con singular tranquilidad el pronunciamiento de la Corte de San José.
Dice tener la seguridad de que el fallo le será favorable, porque razones de peso existen para que el organismo de justicia supranacional condene al Estado Peruano, representado por los exintegrantes del Jurado Nacional de Elecciones, con Enrique Mendoza a la cabeza, por los excesos que se cometieron en su contra, hechos que se remontan al 2005.
Lo que sí agita sus ánimos es que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, haya designado el domingo último a quien considera su verdugo como ministro de Estado.
“Es una ignominia. Un violador de Derechos Humanos no puede ser ministro de Justicia y Derechos Humanos, esa es una contradicción. Supongo que el presidente de la República desconoce la existencia de este proceso, pero además que no existen los filtros para calificar a quienes ocupan cargos tan importantes”, afirma.
HACE 12 AÑOS
A mediados de diciembre del 2004, el Tribunal Unipersonal de la Tercera Sala Penal de Lambayeque, que despachaba el juez Pedro Lara Benavides, confirmó una sentencia contra Arturo Castillo Chirinos, quien había sido elegido como alcalde de Chiclayo para el período 2003-2006, por el delito de abuso de autoridad. El edil se opuso a la reincorporación de un grupo de trabajadores (cuatro para ser precisos), que habían sido cesados en sus puestos, los que – según su argumento – no calificaban para ser reingresados al municipio.
La sentencia dispuso dos años de prisión suspendida contra el alcalde y el mismo período de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Sin embargo, cuando el juez emitió su fallo estaba pendiente de resolución la recusación que un mes antes había presentado Castillo Chirinos, en virtud de las desavenencias que mantenía con el magistrado.
Recién en febrero del 2005 la recusación contra Lara Benavides fue admitida originándose un proceso que llegó hasta la Corte Suprema. En tanto, la Primera Sala Penal Nacional Transitoria ordenó abrir el cuaderno de queja contra la sentencia que había emitido el juez.
Mientras la controversia estaba pendiente de solución en la Corte Suprema, el 11 de mayo el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, presidido por Enrique Mendoza Ramírez, ofició a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para que informe cuál era la situación legal Arturo Castillo. La respuesta, que se elevó ocho días después, fue que en ese momento aún se encontraba en trámite el recurso de nulidad presentado contra la sentencia y la recusación formulada contra Lara Benavides.
Empero, haciendo caso omiso a lo informado por la Corte de Lambayeque y sin que la sentencia haya adquirido condición de cosa juzgada, el 6 de junio el JNE dispuso su vacancia como alcalde de Chiclayo.
“El organismo electoral fue contra la Ley Orgánica de Municipalidades y su propio ordenamiento, donde se establece que es causal de vacancia una condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad, condición que el fallo del juez Lara Benavides no había adquirido aún debido al recurso de nulidad que había presentado ante la Suprema”, señala Castillo Chirinos.
El vacado alcalde presentó una demanda de amparo para dejar sin efectos la decisión del JNE, la misma que fue declarada fundada por el Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, pero no acatada por el órgano electoral. El JNE devolvió la sentencia al juzgado y calificó la decisión de “impertinente”, ante lo cual el juez multó a sus integrantes e incluso ofició al Ministerio Público para que a través de la Fiscalía de la Nación los denuncie por resistencia a la autoridad judicial, acción que nunca se dio.
Lo contundente sucedería solo cuatro días después de la vacancia. El 10 de junio, la Suprema no solo acogió la recusación contra el juez Lara Benavides, sino que además ordenó al Tribunal Unipersonal de la Tercera Sala Penal de Lambayeque que anule la sentencia dada a Castillo Chirinos. La nulidad quedó firme el 4 de octubre del 2005.
TERQUEDAD DEL JNE
Pese al severo error cometido, el JNE no dio marcha atrás en su decisión bajo el argumento de que sus resoluciones no podían ser cuestionadas ni sometidas a revisión judicial. Sin embargo, nuevamente se incurría en error, porque esta prerrogativa solo le asiste en decisiones de índole electoral y el caso de Castillo Chirinos no lo era.
Aun cuando en octubre del 2005 la sentencia en su contra había sido anulada por la Corte Suprema de la República, el 17 de enero del 2006 el Jurado Nacional de Elecciones ordenó al RENIEC que Castillo Chirinos sea depurado del Padrón Electoral, argumentando que se encontraba inhabilitado por el Poder Judicial.
Al mes siguiente, la Sala Mixta Vacacional de Lambayeque anuló el amparo que el Cuarto Juzgado Civil había admitido a favor de Castillo Chirinos, basándose en que el Congreso de la República, a fines del 2005, modificó el Código Procesal Constitucional prohibiendo los amparos contra las decisiones del JNE. Dicha modificatoria fue declarada inconstitucional. Este hecho, le dio a Castillo Chirinos la oportunidad de recurrir al Tribunal Constitucional.
El 2 de marzo, el RENIEC notificó al exburgomaestre que su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales había sido cancelada. En pocas palabras, el DNI de Arturo Castillo dejó de tener validez y este se convirtió en un “NN”, al punto que no pudo sufragar en las elecciones presidenciales y congresales de ese año.
“Ese fue un delito de lesa humanidad, porque sabiendo que ya no había sentencia vigente en mi contra oficiaron al RENIEC para que me anulen del padrón de ciudadanos. Yo me quedé en la humillante y denigrante condición de ‘NN’. Fue un acto insano, no encuentro explicación para que un magistrado de la República haya procedido de este modo”, enfatiza.
MANDATO CONSTITUCIONAL
Dos meses más tarde, el Tribunal Unipersonal de la Tercera Sala Penal de Chiclayo, que había sentenciado inicialmente al exalcalde, declaró prescita la acción penal.
El 21 de julio del 2006 el Tribunal Constitucional – TC, emitió la sentencia que declaró nula la Resolución N° 156-2005-JNE, con la cual este lo había apartado de la alcaldía y ordenó que sea repuesto como burgomaestre de Chiclayo. Para el TC, el JNE violó el derecho a la presunción de inocencia y afectó el derecho de elegir y ser elegido, al impedir que Castillo Chirinos vote o postule en las elecciones generales de ese año.
Días después, el TC también anuló la credencial que el JNE le había dado como burgomaestre al teniente alcalde José Barrueto Sánchez, quien se negó a acatar el fallo señalando que solo abandonaría el sillón edil tras el pronunciamiento del órgano electoral.
En agosto de ese año, el JNE emitió un comunicado indicando que el TC no era competente para anular una decisión de vacancia, iniciándose una punga entre ambas instituciones.
“La ley dice que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones no pueden revisarse cuando se trata de asuntos electorales, pero en este caso se trataba de mis derechos fundamentales, por ello es que el Tribunal Constitucional marcó un precedente histórico con su sentencia a mi favor”, afirma.
Lo que sucedió meses después es historia: en septiembre del 2006 el Poder Judicial ejecutó la diligencia de reinstalación de Arturo Castillo en el sillón edil y resultado del enfrentamiento con los seguidores de quien había quedado en su reemplazo se produjo el incendio del Palacio Municipal.
La sentencia 2730-2006 del Tribunal Constitucional en el caso Castillo Chirinos, bajo la presidencia de Víctor García Toma, motivó resquemores de todo tipo en la clase política, al punto que el Congreso de la República inició un proceso de investigación contra los magistrados que conformaban el organismo que se erige como máximo intérprete de la Constitución Política.
El pronunciamiento del TC rompió el viejo mito de que las decisiones del JNE eran incuestionables y se convirtió en un precedente del Derecho Constitucional peruano recogiendo la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los magistrados que defendieron su decisión como intérpretes de la constitución fueron, además de García Toma, Magdiel Gonzales Ojeda, Javier Alva Orlandini, Juan Bautista Bardelli, Juan Vergara Gotelli, César Landa Arroyo y Carlos Medía Ramírez.
Además del libro que en el 2006 publicó el Tribunal Constitucional sobre su informe presentado al Congreso de la República en relación al caso Castillo Chirinos, en el 2011 Javier Alva Orlandini incluyó el caso en el libro: “Procesos Constitucionales: Los diez fundamentos”.
Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, con Enrique Mendoza como presidente, nunca restituyó la credencial de alcalde a Arturo Castillo por lo que no dio cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional.
“Los integrantes del jurado habrían recibido una bolsa de dinero dada por quien me sucedió en el cargo. Esa es una tesis. La otra es que cuando el jurado debió acatar el mandato del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, sus integrantes habrían sido amenazados con ser puestos en evidencia”, comenta Castillo Chirinos.
LA INDEMNIZACIÓN
Por los agravios de los que fue víctima, Arturo Castillo inició un proceso de indemnización contra el Jurado Nacional de Elecciones y sus exintegrantes: Enrique Mendoza Ramírez, Víctor Soto Vallenas, Carlos Vela Marquillo y José Velarde Urdanivia, quienes lo destituyeron arbitrariamente, demanda en la que el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima le dio la razón en octubre del 2013. El JNE apeló hasta que el proceso llegó por casación a la Sala Suprema Civil Transitoria de Corte Suprema, la que declaró nula la sentencia de primera instancia que reconocía la validez de la reparación civil, rechazando lo que el Tribunal Constitucional ya había dicho: que se cometieron actos antijurídicos contra Castillo Chirinos.
Paradójicamente, la presidencia de dicha sala era ejercida por Enrique Mendoza Ramírez, quien después se convirtió en presidente del Poder Judicial.
Esta decisión es la que abrió el camino para que el 28 de septiembre del año pasado Castillo Chirinos recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El jurado se sintió un ente todopoderoso porque se permitió vulnerar todas las leyes desde que empezó el proceso, o sea desde mi vacancia que fue arbitraria e inconstitucional hasta incumplir el mandato del Tribunal Constitucional y ejecutorias de la Corte Suprema, desconociendo que esta había declarado procedente mi recusación contra el juez y nula la sentencia”, indica.
El exalcalde de Chiclayo ha interpuesto la demanda contra el Estado Peruano por haber afectado sus derechos fundamentales en abierta contravención a las normas de la Convención Americana de los Derechos Humanos y por incumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al impedir que este cuente con un recurso sencillo, rápido y eficaz dentro del derecho interno para reparar la afectación de sus legítimos derechos fundamentales.
+ NOTICIAS
Desde irregularidades en el manejo de los bienes hasta hostigamiento contra los voluntarios es lo que denuncia el excomandante departamental del Cuerpo General de Bomberos de Lambayeque, Carlos Ortecho Rojas, quien señala como responsable de este clima negativo para la institución al brigadier mayor Alejandro Ortiz Sotelo, actual presidente del Consejo Nacional de Disciplina, el mismo que habría dispuesto la designación de personal que no cumpliría con las exigencias del reglamento en puestos de mayor jerarquía.
La situación ha motivado a un grupo de oficiales de la Comandancia de Lambayeque, entre profesionales, profesores universitarios y trabajadores, a elevar un memorial al congresista Javier Velásquez Quesquén, quien tiene el grado de teniente del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, para hacerle conocer lo que ellos consideran como anomalías en la conducción institucional departamental y pedir su intervención en el nivel central.
Según detallan en el documento suscrito el 9 de septiembre pasado, las denuncias contra Ortiz Sotelo fueron elevadas previamente a los órganos de control del comando nacional, versando por diferentes causales como “malos manejos, nepotismo y abuso de poder”.
“Documentos probatorios obran en poder del brigadier Eduardo Esteves Albújar, quien auditó al final de su segunda gestión al frente de la jefatura de la II Comandancia Departamental el año 2006 y de otras acciones posteriores. Sin embargo, ese señor nunca fue objeto de investigación por parte del Comando Nacional”, señalan.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES
El memorial lleva la firma del brigadier Eduardo Esteves, los tenientes Miguel Cabezas Quispe, Carlos Ortecho Rojas, César Larrea Cano y Jorge Stuchi Meoño, el capitán Segundo Sánchez Rubio y de los seccionarios José Yovera Mendo y William Uchofen Sánchez.
“Estamos denunciando una serie de abusos que están pasando con los hermanos bomberos, así como la incapacidad que tiene actualmente la institución para atender las emergencias que se presentan debido a que muchos de los voluntarios se han retirado por el clima hostil que existe o porque han sido sancionados injustamente”, señala Ortecho Rojas.
Denuncia, por ejemplo, que la compañía Salvadora N° 27 de Chiclayo ha perdido capacidad operativa al quedarse sin máquinas para la respuesta inmediata, que incluso en el cuartel ubicado en la calle Héroes Civiles se ha cortado el servicio de agua potable y que se ha desmantelado el Museo “Glicerio García Campos”, que creó cuando estuvo al frente de la comandancia, así como un equipo multimedia que fue adquirido con recursos de una rifa que organizó el Comité de Damas.
Señala además que se ha infringido el reglamento de la institución al nombrar como comandante departamental al teniente brigadier Anselmo Ayasta Agapito, sin que este cumpla con el perfil exigido, y que se han otorgado ascensos a personal que no tiene cursos, asistencias y emergencias, requisitos básicos para escalar en el cuadro de méritos del cuerpo bomberil.
Además, que en Lambayeque solo existen seis choferes para atender las emergencias de las nueve compañías que existen a nivel departamental, como son: Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Monsefú, Lambayeque, Picsi, Íllimo, Olmos, Pimentel, Ferreñafe y la brigada de Mocupe.
HOSTILIZACIÓN
“Hemos denunciado todo esto ante el Cuerpo General de Bomberos, pero no hemos tenido ninguna respuesta y es por eso que estamos recurriendo a algunas autoridades para que conozcan todos los abusos que se están cometiendo. No hay bomberos y están sancionando a quienes son un obstáculo para ellos. Hay intereses particulares, el nuevo jefe departamental tiene un taller de mecánica y en los últimos años todas las máquinas han ido a parar allá. Como nosotros fiscalizamos y denunciamos todas estas cosas nos han sacado del cuerpo”, afirma Carlos Ortecho, a quien se le ha impuesto una sanción por dos años por haber realizado prácticas en el distrito de Monsefú.
Ortecho Rojas, con casi 30 años de servicios, fue nombrado comandante departamental en diciembre del 2015 y fue cesado en el cargo en noviembre del 2016. Al igual que él, el resto de su cuadro directivo también ha sido sancionado, según presume, “para que no puedan ascender”.
En el memorial, los bomberos denuncian también que “El actual presidente del Consejo Departamental de Disciplina, Elmer Gonzales Ojeda, está pasando a disciplina, sin fundamento alguno, a oficiales de reconocida trayectoria bomberil” y que “el actual fiscal de la Brigada I, capitán Melchor Iparraguirre, tiene en su legajo personal más de 15 suspensiones por faltas graves y una expulsión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”.
Por otro lado, señalan que una de las ambulancias asignadas a la compañía de Chiclayo fue enviada a Lima y de ahí a otra región, en tanto la otra unidad de salvataje que se tenía a disposición se encuentra inoperativa, por lo que ha sido necesario traer la ambulancia de la compañía de Monsefú.
PIDEN INTERVENCIÓN
Por estas consideraciones, los oficiales solicitan que se declare en reorganización total la II Comandancia Departamental de Lambayeque, que se gestione ante el Ministerio del Interior la aprobación del nuevo Reglamento Interno de Organización y Funciones del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y que se convoque a elecciones democráticas para la elección del comandante general conforme lo señala el Decreto Legislativo N° 1260.
“Solicitamos la intervención de la Contraloría General de la República para que audite las gestiones económicas al frente de la II Comandancia Departamental de Lambayeque del brigadier Ortiz Sotelo y del brigadier Elmer Gonzales Ojeda, y que se deje sin efecto los procesos disciplinarios y sanciones seguidas a honorables oficiales bomberos”, indican en el memorial.
“Nosotros somos una institución adscrita al Ministerio del Interior y dependemos a nivel local del prefecto Rafael Aita. Él conoce de fuente oral la problemática que estamos atravesando y podría intervenir, al igual que el resto de autoridades que representan al departamento, porque hay un gran malestar entre nosotros”, manifiesta Ortecho Rojas.
El Ministerio de Educación, en alianza estratégica con los gobiernos regionales, dio nacimiento hace dos años a los Colegios de Alto Rendimiento – COAR, estrategia que persigue la excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje con estándares internacionales y que se orienta al desarrollo de las habilidades y capacidades cognitivas, creativas y humanas de los mejores estudiantes del país. En Lambayeque, 200 alumnos de tercer y cuarto año de secundaria, beneficiados con este modelo educativo, se perfilan como verdaderos líderes y agentes de cambio.
Mery Mocarro Aguilar, directora del COAR Lambayeque, afirma que el colegio ofrece amplias oportunidades para que los alumnos desarrollen sus capacidades y se formen como personas, que es el fin superior que persiguen los Colegios de Alto Rendimiento.
“Lo más importante del modelo es que busca desarrollar al estudiante como persona, así como sus competencias cognitivas, artísticas, culturales y deportivas. Creemos que este modelo educativo va a formar a los líderes del cambio social que sus familias, sus comunidades y el país necesita, sólidos en valores y principios éticos”, destaca.
INFRAESTRUCTURA
El COAR realiza sus actividades de manera provisoria en el local que ocupó el ex Promae, toda vez que la construcción de su infraestructura se iniciará el próximo año en el terreno cedido por el gobierno regional al Ministerio de Educación en jurisdicción del distrito de Ciudad Eten, inversión que se concretará a través del mecanismo Obras por Impuestos y será cubierta por el Banco de Crédito del Perú.
El nuevo local educativo debe ser entregado en mayo del 2019.
Sin embargo, actualmente los estudiantes cuentan con todas las necesidades de espacio físico cubiertas, incluso en el área de residencia, toda vez que la institución ofrece dentro de su sistema la atención integral de vivienda, alimentación y servicios complementarios para quienes la integran, lo que permite la aplicación de jornadas educativas de mañana y tarde para los alumnos, quienes provienen de diversos distritos del departamento, pero también de jurisdicciones como Piura y La Libertad.
INTERCULTURALIDAD
De este modo el COAR afianza otra de sus líneas de formación que es la promoción de la identidad local y la interculturalidad entre sus estudiantes.
“Nuestro modelo educativo está conformado por cuatro componentes: gestión, bienestar, pedagogía e infraestructura. Los alumnos ingresan al COAR postulando, este año tuvimos mil 21 aspirantes para 70 vacantes habilitadas para Lambayeque, porque las 30 restantes fueron asignadas a Piura y La Libertad, debido a que uno de nuestros ejes es la interculturalidad, lo que significa que nuestros estudiantes deben valorar lo nuestro, darlo a conocer y respetar la identidad de los demás. Esto es importante, porque hoy en día que los chicos están tan alienados es difícil que valoren sus tradiciones y costumbres e incluso se avergüenzan de ellas. Acá no, aquí se sienten orgullosos del distrito, provincia o región de donde vienen y comparten esto con sus compañeros”, explica Mocarro Aguilar.
Pueden postular al COAR los diez primeros puestos de segundo año de secundaria de los colegios públicos. Estos rinden un examen de conocimientos, pasan por un proceso de adaptación de convivencia y una entrevista personal. A ellos también se les aplica una evaluación psicológica.
SISTEMA DE ENSEÑANZA
Los ingresantes al tercer año de secundaria, al proceder de diferentes colegios públicos y tener estándares formativos heterogéneos son incorporados a un proceso de nivelación de sus habilidades, para en adelante adaptarse al sistema de enseñanza-aprendizaje que ofrece el COAR.
El Plan de Estudios es bastante exigente, comprendiendo 60 horas lectivas a la semana, de las cuales 10 son dedicadas al estudio del idioma extranjero (inglés), lo que les permite acceder a una certificación internacional.
En cuarto y quinto año, los estudiantes llevan el Programa del Bachillerato Internacional, cuya aplicación se da únicamente en escuelas privadas y en los COAR que promueve el Ministerio de Educación.
“El ministerio escogió a la Organización del Bachillerato Internacional porque se alinea a los valores y al modelo COAR, ambos buscan el desarrollo del estudiante como persona, porque necesitamos que los jóvenes sean solidarios, capaces de crear un mundo mejor, más humano, más pacífico, dentro del entendimiento mutuo y cultural. El programa es una gran oportunidad para que los estudiantes puedan desarrollarse en función de lo que el país necesita”, destaca.
Por el Bachillerato Internacional los estudiantes del COAR llevan seis cursos en dos años, sometiéndose a una evaluación final que se rinde a nivel internacional, calificada por expertos de la organización y en función de la cual se les extiende el diploma de acreditación.
Los cursos son elegidos por los propios alumnos, debido a que este clasifica a quienes buscan afianzar sus capacidades y habilidades en ciencias o humanidades. Por ejemplo, si el estudiante opta por ciencias llevará lecciones de matemáticas en un nivel superior al de letras.
El componente docente es otra fortaleza del modelo educativo. Los profesores del COAR tienen estudios de especialización y, al igual que el trío directivo conformado por los responsables de la Dirección General, la Dirección Académica y la Dirección de Bienestar, deben responder a las exigencias del Bachillerato Internacional.
ALUMNOS QUE DESTACAN
“Pese a nuestro corto tiempo hemos logrado importantes logros y ya somos reconocidos en la región”, afirma Mery Mocarro.
El año pasado, talentos del COAR Lambayeque participaron en los Juegos Florales Nacionales alcanzado una admirable representación, ganando el primer puesto en Arte Tradicional, el segundo puesto en Arte Mural y el tercer puesto en Robótica.
También han destacado en el concurso “Si la haces, la hacemos todos”, en el que los escolares propusieron estrategias estudiantiles y se coronaron ganadores del concurso de Buenas Prácticas en el uso del agua convocado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, compartiendo su propia experiencia en la utilización racional del recurso durante sus actividades diarias de aseo y mantenimiento del local educativo, aprendizaje que han trasladado a sus hogares y están replicando en el pueblo joven 19 de Septiembre.
“Si los chicos serán los actores del cambio social necesitan realizar estos trabajos de liderazgo. El año pasado teníamos 100 estudiantes, ahora 200 y todos viven aquí. Todos los jueves tenemos una asamblea general y desde el principio empezaron a exponer sus problemas y a buscar soluciones entre todos. Cada estudiante tiene voz y voto y de manera democrática hemos encontrado las soluciones a los problemas internos, como la implementación de un proyecto para el ahorro del agua a nivel institucional, estableciéndose horarios para el baño y medidas para el uso del agua en las horas del aseo”, comenta la directora.
JORNADA Y ORGANIZACIÓN
Los estudiantes ingresan a las aulas a las 7:30 de la mañana para el inicio de la jornada lectiva que se prolonga hasta la 1:30 de la tarde. Después del almuerzo retornan a las aulas hasta las 6:20 de la tarde.
“Todo es organización, primero almuerza un grupo y luego otro, igual que en la cena, y van rotando, porque otro valor que buscamos inculcar en ellos es la democracia. Lo interesante es que ellos mismos han establecido la alternancia para que se tengan horarios equitativos. Los alumnos tienen talleres de arte, talleres selectivos y espacios de bienestar. Después de la cena, para asegurar el soporte emocional que necesitan, puedan acudir a sesiones de karate, gimnasia, baile moderno y danzas folclóricas, lo que les ayuda a despejarse un poco. También hay preparación espiritual, los domingos, por ejemplo, los alumnos de cuarto año se preparan para su confirmación. Este es un proyecto integral”, señala.
El modelo COAR brinda asistencia total al estudiante hasta la culminación del nivel secundario. Sin embargo, el colegio cuenta con un especialista en Redes y Oportunidades que se encarga de buscar espacios para la formación superior de los alumnos.
Mocarro Aguilar comenta que el año pasado se recibió a los representantes de la Universidad de Lima, quienes llegaron para ofrecer posibilidades de estudios para los alumnos COAR. Este año ya se hizo presente la Universidad del Pacífico e inclusive el colegio fue objeto de visita de especialistas de la Universidad de Wisconsin, quienes llegaron para conocer el modelo aplicado con los jóvenes.
En el COAR Lambayeque trabajan 23 docentes y otros 24 profesionales se ocupan de las labores administrativas, de bienestar y asistencia a los alumnos. Las residencias cuentan con supervisión permanente a cargo de nueve monitores, asistidos por personal de salud cuyas jornadas son nocturnas a fin de garantizar el cuidado de los estudiantes.
LOANA INCIO ENCARNACIÓN
ESTUDIANTE DEL TERCER AÑO DE SECUNDARIA
ALCALDESA DEL COAR LAMBAYEQUE
“Soy de Jauja, Junín, pero hace diez años radico en el distrito de Reque. Para mí tener la oportunidad de ingresar al Colegio de Alto Rendimiento de Lambayeque ha sido una gran oportunidad que en el futuro me abrirá muchas puertas, debido a la excelencia en la educación y la formación personal que me brindan. Día a día vamos evolucionando, tenemos cuatro componentes como el académico, el de bienestar, de infraestructura y de gestión y cada uno de ellos contribuye a nuestro desarrollo y fomenta el cambio social”.
La Cruz Roja Peruana ejecuta desde mayo pasado el Proyecto “Medios de Vida”, orientado a reactivar la economía entre las poblaciones más afectadas por El Niño Costero, ofreciendo a las familias asistencia técnica para la reducción de vulnerabilidades, el reinicio de sus actividades productivas y el desarrollo de capacidades de organización comunal frente a nuevos desastres naturales.
El proyecto se financia con el apoyo de la Cruz Roja Española y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID.
Para la aplicación del proyecto la Cruz Roja constrastó la información proveída por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, y los diferentes ministerios, así como constataciones en las zonas afectadas con sus autoridades y líderes comunales.
De este modo, la organización internacional ha focalizado la aplicación de “Medios de Vida” en nueve sectores del distrito de Pítipo, en Ferreñafe, cuyas familias resultaron perjudicadas por el desborde del río La Leche.
“Nuestra población meta directa es de 400 familias, además de la población indirecta conformada por estudiantes, profesores, voluntarios y demás personas que hayan sido capacitadas por la intervención”, menciona Briam Vásquez Koo, coordinador del proyecto.
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El proyecto concluirá el 15 de octubre próximo y durante su ejecución se han realizado diferentes actividades de apoyo a las familias damnificadas, una de las más importantes es la entrega de dinero en efectivo.
Vásquez Koo explica que cada familia ha recibido en total 600 soles en dos entregas, la primera de 250 y la segunda de 350.
“Esta división del dinero hace que el gasto sea más responsable y planificado por parte de las familias, al ser un recurso limitado. El apoyo no solo es económico, también se les ha brindado capacitaciones en temas agrarios y pecuarios, para que puedan diversificar sus medios de vida y tengan mejores métodos para la crianza de animales, mejorar la calidad de sus productos y el rendimiento de las tierras, para que de esta manera dejen de depender de un solo ingreso y así vean diversificados sus medios de vida. Así, si el Fenómeno El Niño vuelve a golpear la agricultura ellos estarán en capacidad de optar por otros mecanismos de supervivencia como vender el ganado o beneficiarlo para alimentarse”, destaca.
DESARROLLO DE CAPACIDADES
El coordinador refiere que el traslado de víveres o ropa a las zonas de emergencia son paliativos temporales de las necesidades que se presentan después de un desastre natural, por lo que se requiere de más iniciativas como la que ha puesto en marcha la Cruz Roja en el Valle La Leche.
“Los alimentos y la ropa son insumos que se agotan muy rápido, entonces tenemos que pensar que los diferentes tipos de ayuda deben complementarse. Lo mismo pasa con el alojamiento. No basta con proporcionarles únicamente el alojamiento, porque las familias necesitan subsistir y recuperarse en sus actividades cotidianas”, señala.
Las comunidades beneficiada son Manchuria A, Manchuria B, Tres Puentes A, Tres Puentes B, San Lucas, Pativilca y otros más alejados como Juan Pablo II, que se ubica a 40 minutos de Batán Grande y La U, a 20 minutos de Laquipampa.
En Pítipo trabajan actualmente 30 voluntarios de la Cruz Roja Chiclayo, quienes se encargan de poner en práctica diferentes actividades con la población beneficiaria, como sensibilización comunitaria, instrucción en primeros auxilios, control de vectores, cuidado y conservación del agua segura.
“Las personas con las que nosotros trabajamos se sienten fortalecidas porque el apoyo que les estamos brindando sirve para mejorar sus capacidades y responder de una mejor manera frente a nuevos desastres. También les llevamos capacitaciones en gestión de riesgo, les indicamos las zonas seguras en función de lo dispuesto por las autoridades locales y nos enfocamos en lograr que haya un cambio de mentalidad”, refiere Briam Vásquez, acotando que el proyecto interviene tanto con personas adultas como con los escolares de la zona.
La Cruz Roja acciona para disminuir la brecha humanitaria complementando la labor que cumple el Estado en atender a las personas damnificadas por los desastres naturales, por esta razón la coordinación con las instituciones y organizaciones cooperantes es permanente.
“Cruz Roja tiene varios proyectos a lo largo de la zona afectada por El Niño Costero, desde Tumbes hasta Lima, y en Huarmey tenemos un proyecto similar al que se está aplicando en Pítipo con una población meta de mil familias. La organización seguirá trabajando tal y como lo hemos hecho siempre. El año pasado, por ejemplo, ejecutamos un proyecto entre Piura y Lambayeque para el fortalecimiento de 300 viviendas y con satisfacción podemos decir que las 300 familias beneficiadas dejaron de ser vulnerables y no se encuentran entre los damnificados por el fenómeno de este verano”, manifiesta.
+NOTICIAS
Selecciona Para ampliar nuestras imagenes más resaltantes de la Semana
