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Si de algo adolece Chiclayo es de planificación, no existe una herramienta técnica que señale con claridad qué se quiere y hacia dónde debe orientarse la ciudad. El documento vigente es el Plan de Desarrollo Urbano 2010-2015, aprobado recién en el 2016, pero que no recoge una visión integral de la zona metropolitana. El Plan Metropolitano sigue siendo un anhelo, pues en los últimos años la comuna provincial ha tenido más retrocesos que avances en lograr ese propósito.
Rodolfo Arbulú Chereque es uno de los profesionales que ha trabajado de cerca, en distintos momentos, en la planificación que se hizo sobre Chiclayo. Junto a un grupo de entusiastas profesionales convocados por el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Urbano – INADUR, colaboró con la formulación del Plan Director de 1992, cuyos objetivos se cumplieron en gran medida y luego, durante el primer tramo de la gestión de David Cornejo Chinguel, lideró al equipo convocado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano.
Sin embargo, la permanencia de los proyectistas fue corta, pues la gestión de Cornejo Chinguel se empeñó en poner una serie de trabas al proceso de formulación, al punto de dejarlos sin equipos, oficina e incluso sin papel para imprimir los planos.
Esa no fue la primera vez que Chiclayo dejó pasar la oportunidad de contar y poner en ejecución una valiosa herramienta para la solución de sus principales problemas. Como se ha dicho, no todos los objetivos del Plan Director del 92 se realizaron, luego llegó el Programa de Ciudades Sostenibles abandonado por el municipio; el estudio para el Transporte Masivo con apoyo del gobierno danés, también dejado de lado; el estudio completo de Mapas de Riesgo y Vulnerabilidad para la mitigación de desastres nunca tomado en cuenta; el GEO Chiclayo para el manejo de los residuos sólidos y, finalmente, el Plan de Desarrollo Urbano 2010-2015, aprobado un año después de su período de vigencia técnica.
“Ahora se explica el porqué. Existen grupos mafiosos que lo único que buscan es su propio interés y gobiernan la ciudad para beneficio propio en lugar de buscar los beneficios y desarrollo para nuestro pueblo. Los financiamientos que se consiguieron para Chiclayo Limpio, el transporte masivo o la construcción del Terminal Terrestre en el gobierno de Fernando Noblecilla son ejemplos de esa historia frustrada. ¿Por qué los gobiernos municipales siguientes no concretan estos avances o proyectos? Porque buscan su propio interés. Chiclayo es una ciudad de oportunidades truncas por no saber elegir a nuestros gobernantes, gente que tenga continuidad de políticas para el desarrollo”, manifiesta.
ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
A diario, en promedio ingresan al centro de la ciudad 350 buses interprovinciales que transitan por las principales avenidas y calles dando como la consecuencia de obstrucción del tránsito urbano. Dicha información se recogió tras el diagnóstico hecho por el Comité Especial de Promoción de Inversiones – CEPRI, que presidió Jorge Nakazaki Servigón en el gobierno de Roberto Torres Gonzales y que gestionaba la construcción – vía concesión privada – del Terminal Terrestre para Chiclayo.
Desde inicios de la década del 2000 el municipio cuenta con un terreno de poco más de nueve hectáreas para construir el terrapuerto. La administración de David Cornejo conformó otro CEPRI y rechazó la propuesta de inversión de aproximadamente 20 millones de dólares en la construcción del terminal y, entonces, la ciudad sufre a diario por el caos del transporte interprovincial debido a la existencia de terminales privados en el casco central de Chiclayo.
Rodolfo Arbulú sostiene que Chiclayo necesita más de un terrapuerto, pero en tanto estos se concesionen el municipio debe actuar en aras del ordenamiento.
“Las empresas de transportes tienen terrenos para salir del centro de la ciudad. Si el municipio emitiera una simple prohibición de ingreso de buses interprovinciales al casco central se fuerza a las empresas, en un plazo perentorio, a que se reubiquen fuera del centro. Esa medida debe ser concertada con las empresas porque es lógico que estas han invertido. La mayoría ya recuperó la inversión hecha en sus terminales actuales, pero de todos modos es necesario concertar y arribar a soluciones viables”, señala.
Una de esas soluciones, que permitiría beneficios compartidos a las empresas y a la ciudad, es la reconversión del uso de los actuales terminales y agencias que se ubican en el centro de Chiclayo. “Se pueden construir edificaciones con fines comerciales, culturales o edificios de estacionamiento, que son tan necesarios para absorber la gran cantidad de parque automotor que ingresa al área central, lo que permitiría organizar la ciudad para que los carros no caminen, sino el ciudadano”, explica.
PARQUE AUTOMOTOR Y CIUDAD
Precisamente, una de las grandes deficiencias que tiene Chiclayo es la disponibilidad de espacios para el estacionamiento de vehículos, lo que ha hecho infructuoso cualquier esfuerzo por establecer zonas rígidas de manera permanente en el área central.
Arbulú Chereque indica que es necesario que se establezcan dos tipos de tratamientos: uno para los vehículos privados y otro para los de transporte público; es decir, taxis y colectivos, cuya presencia masiva agrava el desorden en la ciudad e incrementa los niveles de contaminación sonora y ambiental.
“El perjudicado directo es el ciudadano, que resulta completamente contaminado, estresado, con un servicio deficiente porque la ciudad sigue desorganizada. Una alternativa viable es la conversión del transporte público del área metropolitana de Chiclayo en un sistema masivo; es decir, que las empresas de combis o cúster que existen formen corporaciones, como se ha hecho en Lima, para que adquieran vehículos no contaminantes, eléctricos o a gas natural, y se concesione a una sola empresa. Actualmente la cooperación alemana y la Universidad Nacional de Ingeniería están capacitando a los funcionarios del municipio de Chiclayo en la Universidad Pedro Ruiz Gallo en cómo organizar el transporte, en un proceso que involucre a todos, hasta a los mototaxistas, para que ningún actor quede sin beneficio”, manifiesta.
COMERCIO Y MERCADOS
Solo en los alrededores del Mercado Modelo existen cerca de cuatro mil ambulantes que necesitan ser reubicados en centros de abastos que reúnan las condiciones mínimas de servicios básicos, accesibilidad y seguridad.
Rodolfo Arbulú menciona que Chiclayo actualmente necesita de no menos de cuatro mercados modelo, cada uno ubicado en zonas estratégicas. Por ejemplo, plantea la construcción de un mercado en la fábrica de tubos de la municipalidad, que se encuentra en el Parque Industrial, para atender a la zona oeste; otro en parte del terreno asignado al Terminal Terrestre, para la zona sur; otro en donde se ubica el campo ferial, carretera a Pomalca, para la zona este y uno al norte, más allá de la Avenida Chiclayo.
“El mercado que debería construirse en el norte, en jurisdicción de José Leonardo Ortiz, debe ser un corredor mayorista. Me explico. Así como existe en Lima un mercado para abarrotes, un mercado para pescados y otro de verduras y frutas, y no están juntos, sino que son independientes, pero ubicados en un mismo sector. Todo ese corredor debe estar dotado de vías de acceso anchas, con grandes zonas de parqueo y seguridad, que es lo más importante”, precisa.
RECUPERACIÓN DEL CENTRO
Respecto al centro de Chiclayo, Rodolfo Arbulú sostiene que existen posibilidades reales para su recuperación y dinamismo, de tal manera que no sea un espacio “muerto” e inseguro por las noches.
Como ejemplo cita la reconversión del espacio que ocupaba hasta hace poco la Empresa de Transportes Tepsa, en la Avenida Bolognesi, donde se ha construido un centro comercial y se espera la instalación de salas de cine.
“Inversiones de ese tipo permiten dinamizar el centro de Chiclayo, el problema es que hay condiciones en contra como la tugurización que a futuro se generará porque al lado están empresas de transportes como Línea o las que viajan al nororiente, cuya presencia debería retirarse de la zona central con mecanismos como los que ya se han explicado. La reconversión de los terrenos es la alternativa más efectiva para dinamizar el centro de la ciudad, cuyas calles como Colón, Lapoint y Elías Aguirre, que son menor capacidad para el tránsito de vehículos, deben peatonalizarse, dotándolas de mobiliario urbano, iluminación y tratamiento”, señala.
El 94.9 % de la población vive en la zona urbana.
El Censo Nacional de Población del 2017 arrojó como resultado que Chiclayo es la quinta provincia con mayor número de habitantes a nivel nacional al acoger en su territorio a 799 mil 675 personas, ubicándose debajo de Lima, Arequipa, Callao y Trujillo. En 1993, la población de la provincia era 617 mil 881, por lo que en 24 años el crecimiento fue de 1.4 %. ¿Cómo viven los habitantes de la “Capital de la Amistad”?
La población provincial está distribuida en 20 distritos y 417 centros poblados, de la cual el 94.9 % reside en la zona urbana. De acuerdo al Censo de Población del 2007, (los censos de este tipo se realizan cada diez años), en ese año se tuvo como resultado que 706 mil 546 personas habitaban en la zona urbana, cifra que para el 2017 aumentó a 758 mil 872 mil, siendo Chiclayo la provincia con mayor crecimiento de población urbana en el departamento en la última década.
La población rural de Chiclayo provincia asciende a 40 mil 803 habitantes.
De la población de 12 años a más, que suman 640 mil 789 personas, de acuerdo al censo del 2017, el 2.47 % se definió como quechua, el 0.10 como aimara, el 0.08 como nativo o indígena de la amazonia, el 0.10 como perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario, el 7.58 como negro, moreno, zambo, mulato o perteneciente a un pueblo afroperuano o afrodescendiente.
Asimismo, el 10.28 % se define como blanco y el 74.24 % como mestizo.
SEXO Y EDAD
El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, refiere que en la provincia hay, aproximadamente, 385 mil 163 varones y 414 mil 512 mujeres. La proporción de población urbana es en su mayoría femenina (394 mil 245), mientras que en la zona rural habitan más hombres (20 mil 536).
Del total de habitantes en la provincia, al 2017, 11 mil 739 eran menores de 1 año; 52 mil 711 tenían entre 1 y 4 años de edad; 67 mil 936 entre 5 y 9 años; 66 mil 711 entre 10 y 14 años; 67 mil 364 entre 15 y 19 años y 70 mil 203 entre 20 y 24 años de edad.
Se estableció también que 70 mil 203 personas tenían entre 20 y 24 años, 61 mil 49 entre 25 y 29; 56 mil 582 entre 30 y 34, 55 mil 533 entre 35 y 39; 53 mil 282 entre 40 y 44; 49 mil 37 entre 45 y 49; 43 mil 752 entre 50 y 54; 38 mil 423 entre 55 y 59; 31 mil 618 entre 60 y 64, y 73 mil 735 entre 65 a más años de edad.
DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS
Chiclayo distrito acoge a una población aproximada de 270 mil 496 habitantes, de los cuales 143 mil 262 son mujeres; seguido en número de personas residente de José Leonardo Ortiz, con 185 mil 498 habitantes.
El tercer distrito más poblado es La Victoria (90 mil 912 habitantes). A este le siguen Pimentel, con 44 mil 602 personas, y Monsefú, con 32 mil 225.
Por número de habitantes se ubican los distritos azucareros como Tumán (27 mil 782), Pomalca (25 mil 267) y Pátapo (22 mil 624). También Chongoyape, con 18 mil 364 habitantes.
Reque con 15 mil 744 personas está por encima de Cayaltí (14 mil 809), Picsi (12 mil 704), Santa Rosa (12 mil 350), Ciudad Eten (11 mil 993), Saña (11 mil 617), Lagunas (nueve mil 966), Pucalá (ocho mil 701), Oyotún (ocho mil 201), Nueva Arica (dos mil 458) y Puerto Eten (dos mil 342).
El distrito con mayor población rural es Monsefú, con ocho mil 256 personas, en tanto Puerto Eten y José Leonardo Ortiz no tienen población rural.
EDUCACIÓN
Según el censo 2017, en el departamento de Lambayeque, la provincia que tiene un mayor porcentaje de población de 15 y más años de edad, con educación superior fue Chiclayo (34.4 %). Asimismo, la provincia de Chiclayo (42.4 %) registró el mayor porcentaje de la población que alcanzó algún año de educación secundaria y el menor porcentaje de población que solo alcanzó algún año de educación primaria (18.1 %).
Al 2017, 24 mil 112 habitantes de 15 años a más eran analfabetos, representando el 4.0 de la población cesada. La cifra se redujo en 0.7 en diez años, debido a que en el 2007 eran 25 mil 578.
El 0.46 % de los pobladores de Chiclayo de 5 años a más edad (735 mil 225 habitantes) aprendió a hablar con el quechua como lengua materna, el 0.03 % con el aimara, el 0.04 % con otra lengua originaria nativa; el 0.09 con otra lengua extranjera, el 0.05 % con lenguaje de señas y el 0.11 % no escribe ni habla.
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR
En el censo del 2017 se estableció que la Población en Edad de Trabajar; es decir de 14 años a más, en Chiclayo era de 613 mil 310 habitantes, el 76.7 % del total de personas residentes en la provincia.
Tal resultado mostró un crecimiento en relación a lo que arrojó el censo del 2007, año en que la población apta para desarrollar actividades productivas la componían 557 mil 251 personas.
Del total de habitantes en edad de trabajar, el 43.3 % tenía estudios superiores y el 21.2 % educación universitaria.
Se conoció también que 88 mil 830 personas, el 10.9 % de la población de la provincial, tienen alguna dificultad o limitación permanente.
ACCESO A SEGUROS DE SALUD
Del total de habitantes de la provincia, de acuerdo con los resultados del INEI, 317 mil 595 tienen cobertura del Seguro Integral de Salud – SIS, y 249 mil 399 afiliación a EsSalud.
Asimismo, 15 mil 530 personas contaban con seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, 17 mil 975 con algún seguro privado de salud y ocho mil 303 otro tipo de seguros.
Dato preocupante es que al 2017 un total de 197 mil 69 habitantes de Chiclayo no tenían ningún tipo de cobertura de salud, siendo en su mayoría hombres (105 mil 235), de 15 a 29 años (29 mil 638), y residentes en la zona urbana (98 mil 553).
LA VIVIENDA
En la provincia, hasta el 2017, existían 236 mil 318 viviendas, de las cuales 216 mil 57 estaban ocupadas cuando se realizó el censo y 20 mil 261 desocupadas. De las últimas, dos mil 710 estaban en alquiler y 13 mil 210 abandonadas o cerradas.
Del total de viviendas identificadas en la provincia, 216 mil 639 eran independientes, 16 mil 29 departamentos en edificios, mil 139 viviendas en quinta, mil 605 viviendas en casa de vecindad, 255 chozas o cabañas, 408 viviendas improvisadas y 188 locales no destinados para la habitabilidad humana.
Asimismo, 221 mil 394 se ubicaban en el área urbana y 14 mil 924 en la zona rural.
+ NOTICIAS
Foto: Luis Rodríguez.
La industria azucarera de Lambayeque, atraviesa su más crítico momento. Se ha convertido en un paciente de alto riesgo por su abultada deuda laboral y los impuestos con EsSalud, SUNAT, ONP, sembradores y proveedores.
Desde la promulgación del Decreto Legislativo 802 de 1996, que tenía por objetivo reflotar las cooperativas azucareras dada por la reforma agraria de 1969, las empresas azucareras en Lambayeque como Tumán, Pucalá, Cayaltí y Pomalca no son las mismas en cuanto a productividad industrial, paz laboral, desarrollo social y bienestar de sus actores directos e indirectos.
El Decreto 802 convirtió las acreencias laborales acumuladas durante la época cooperativa en acciones, pasando sus trabajadores a ser propietarios de las mismas bajo el esquema de sociedades anónimas. Al tener accionistas, las nacientes empresas debían regirse por un gobierno societario teniendo a la Junta General de Accionistas como máximo órgano y al Directorio como ente ejecutor.
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA
A la fecha, solo la Empresa Agroindustrial Pomalca tiene constituido su Directorio, somete sus Estados Financieros a la aprobación de la Junta de Accionistas, cotiza en la Bolsa de Valores y no está sujeta a ninguna administración judicial. Además de ello, conforme es su obligación, paga a sus trabajadores y sus campos y fábrica producen para enfrentar los compromisos operativos asumidos.
Pomalca tiene dos mil 300 trabajadores, dos mil de ellos estables y los restantes contratados. La remuneración mínima es de mil 130 soles mensuales y – a la fecha – no hay atraso en el pago. La planilla mensual de la empresa asciende a tres millones 500 mil soles aproximadamente.
En el 2004 la conducción de la azucarera fue asumida por el Grupo Oviedo, principal accionista (compró las acciones de varios trabajadores), cuya gestión ha procurado – en la medida de lo posible – de mantener el equilibro económico y productivo, aunque también ha tenido que enfrentar la oposición de grupos sindicalizados.
Actualmente, la producción es de 85 mil 249 toneladas de caña de azúcar al año, posee ocho mil 500 hectáreas de campos de sembríos y desde el 2011 es la única agroindustrial en Lambayeque que mantiene su cotización en la Bolsa de Valores.
Es la única empresa que tiene activo su departamento de Responsabilidad Social en el campo de la educación, asumiendo la contratación de profesores para capacitar a alumnos que eligen postular a diferentes carreras profesionales concluyendo su nivel secundario, siendo este trabajo sostenido desde hace diez años.
Pomalca tiene alrededor de mil procesos laborales en el Poder Judicial, pretensiones que en varios casos ya han sido atendidas y resueltas en la vía administrativa. La empresa tiene cinco mil jubilados, viudas y herederos.
Su deuda coactiva con la ONP, EsSalud y el Tesoro Público asciende a 337 millones 429 mil 920 soles, monto que la administración ha pedido refinanciar de acuerdo a su flujo de caja.
EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMÁN
Esta cuenta en la actualidad con mil 400 trabajadores estables. El sueldo promedio de un trabajador tumaneño asciende a mil 200 soles, monto que fue respetado hasta el año 2014.
En Tumán, a partir del 2015, con los cambios de administración judicial, los sueldos entraron en una espiral incierta de fluctuaciones e inestabilidad, lo cual ha generado una reducción de los mismos debido al complejo y convulso ambiente social – laboral que se vive y que debe superarse. En Tumán no es posible cuantificar los adeudos.
Tumán es una de las azucareras que ha sufrido los efectos de varias administraciones judiciales. La primera se gestó en el 2006 y tuvo vigencia hasta abril del 2007. La segunda se inició de inmediato y se mantuvo durante nueve años sin mayor control, terminando con una asonada laboral que duró cinco meses.
La siguiente - tercera - se gestó como resultado de la convulsión laboral y paralización de trabajadores reclamando el cese de la administración del Grupo Oviedo. Sus demandas fueron atendidas por el Poder Judicial que puso fin a la era Oviedo en Tumán a partir de setiembre 2015, empezando el ciclo de administraciones judiciales de trabajadores.
La cuarta administración judicial se instaló en agosto del 2016 durando solo dos meses. La quinta se gestó por acción del otro grupo de poder, quienes asumen el control de la empresa hasta marzo del 2017. En esa fecha aparece la sexta, que solo duró un mes.
El 24 de abril del 2017 el Grupo Oviedo ingresó con la instalación del IV Directorio, constituido en el 2008, reinstalado por el Poder Judicial. Los trabajadores se alzaron en protesta e ingresaron a una desobediencia civil de seis meses. Esta administración llegó hasta octubre de ese año, fecha en que se hizo una controvertida “renovación” de directorio (el quinto), presidido por Felipe Cantuarias.
En octubre del 2017 volvió la cadena de administraciones judiciales. Esta administración (la séptima) se instaló con una resolución judicial que defenestró al V Directorio manteniéndose hasta enero del 2018.
Finalmente, se instaló la administración de la empresa D’Libano por una acreencia de 11 millones de soles que después fue vendida a la empresa Coali. Dicha administración se mantuvo hasta octubre del mismo año, fecha en que el Primer Juzgado Civil de Chiclayo restituyó el régimen de Sociedad Anónima, con un solo referente encarnado en un gerente que interpuso una demanda de reposición.
Tumán ha sembrado hasta ocho mil 700 hectáreas, en la actualidad hay una disminución de campos sembrados del 15 %. Desde el 2015 no se puede establecer información fidedigna, dado que cada administración judicial ha desaparecido todo tipo de información. Tumán producía entre 40 a 50 mil toneladas de azúcar al día.
El mejor año de producción en Tumán fue 1975. Se cosechó caña propia, un volumen de 830 mil toneladas y se produjo 95 mil 902 toneladas de azúcar, o sea dos millones 500 mil bolsas.
En el 2014, cuando se retiró la gestión Oviedo, solo se molió 432 mil toneladas de caña y produjeron 41 mil 330 mil toneladas de azúcar propia, o sea 826 mil bolsas aproximadamente.
Tumán tiene mil 200 jubilados, quienes no reciben el pago de sus CTS y a quienes se les abonan pensiones de 400 soles.
La deuda coactiva de Tumán es de 546 millones 989 mil 190 de soles.
AGROPUCALÁ Y CAYALTÍ
En el ranking de empresas agroindustriales con mayores administraciones judiciales figura AgroPucalá con seis y Cayaltí, con tres.
Pucalá cuenta con dos mil 600 trabajadores aproximadamente, quienes ganan entre mil 200 y mil 800 soles mensuales.
En la empresa hay adeudos acumulados a los trabajadores desde la segunda quincena de junio del 2018.
Pucalá tiene cinco mil 500 hectáreas con una producción de 285 mil toneladas de caña propia y 400 mil con agricultores externos. Fue empresa privada con Jaime Mur Campoverde, quien la abandonó por controversias con el Scotiabank, ingresando las administraciones judiciales de César Alonso Casini y las que estuvieron en paralelo con la participación del CLAN.
Actualmente la administración judicial la conforman Paulina Consuelo Ventura y Yolanda del Carmen Pérez. La empresa tiene cinco mil 500 de cultivo y una planilla de tres millones 600 mil soles mensuales. Su deuda coactiva es de 323 millones 186 mil 622 soles.
En tanto, Cayaltí tiene 801 trabajadores aproximadamente, con sueldos de mil 100 y mil 500 soles mensuales. Cayaltí posee tres mil 400 hectáreas de cultivo.
En el 2004 se instaló la fiducia promovida por el Gobierno Regional de Lambayeque con COFIDE, que se mantuvo al frente de la empresa hasta el 2014. Producto de esta situación se generó un conflicto laboral hasta el ingreso de Intipuquio como accionista mayoritario de la empresa.
Cayaltí figura con una deuda coactiva ascendente a un millón 889 mil 527 soles.
En la primera audiencia de prueba anticipada, la acusación fiscal contra Edwin Oviedo Picchotito por presunta relación con dos asesinatos cometidos por la organización criminal ‘Los Wachiturros de Tumán’ se sometió a investigación después de que un colaborador eficaz causara controversia con declaraciones contradictorias.
Cabe recordar que la fiscalía atribuye a Edwin Oviedo la presunta participación en el asesinato de Manuel Rimarachín Cascos, quien era opositor a la administración de la Empresa Azucarera Tumán.
LOS HECHOS
Mercedes Vera Cajusol, esposa de Manuel Rimarachín Cascos, asesinado el 11 de octubre del 2012, manifestó el 19 de noviembre a la policía en aquella fecha que él no le mencionó quién había sido el presunto autor del crimen.
El día del asesinato Vera Cajusol se encontraba en su vivienda cuando su cónyuge recibió el impacto de una bala, de modo que en aquel momento lo condujo hacia al hospital. Luego, cuando la policía le preguntó si su esposo identificó al autor de los disparos, esta dijo que no.
Mercedes Vera puntualizó que al momento de auxiliar a su esposo sostuvo una conversación con él, sin embargo Rimarachín Cascos no hizo ningún comentario sobre el autor del delito.
“Yo le preguntaba quién había sido, pero no me dijo nada. Solo me decía que no lo deje morir y pedía aire”, precisó la mujer en el 2012.
Después, cuando se le cuestionó si su esposo tenía problemas en el área donde trabaja, ella manifestó que no y que llevaba una relación cordial con sus compañeros.
CONTRADICCIONES
Sin embargo, el 17 de diciembre de 2015 ante el fiscal Juan Carrasco Millones, Mercedes Vera relató hechos que anteriormente, en el 2012, había negado ante la policía.
Ella precisó que en el trayecto al hospital de Tumán su esposo le suplicaba que no lo deje morir y que, cuando le preguntó quién le había disparado, este dijo que tenía miedo de que le pase algo a ella o a su hijo.
Pese a ello, Mercedes Vera insistió y él respondió que le había disparado ‘El Charún’, pero que también estaba Leguía y Valencia, aclarando que el nombre de ‘Charún’ es Edward Montenegro Sales.
“Valencia solo sé que se llama Jonathan Valencia Delgado y el nombre de Leguía es Gregorio Leguía Cerna. Algunos trabajadores sabían que fueron criminales, pero no hablaban por miedo”, dijo.
FUTURO INCIERTO
En las audiencias de prueba anticipada, la fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo tendrá la misión de explicar por qué la viuda de Manuel Rimarachín, Mercedes Vera, rindió dos versiones contradictorias sobre el homicidio de su cónyuge.
Además, la fiscalía deberá demostrar que lo que dice el colaborador eficaz 012-2015 encaja con lo expresado por Mercedes Vera, considerando que no es la única testigo cuyos relatos de los hechos difieren.
LA PRIMERA AUDIENCIA
En la primera audiencia de prueba anticipada la defensa de los investigados denunció la manipulación del colaborador eficaz 012-2015. Afirmó que otra persona en otro ambiente le indicaba cómo responder, por lo que el juez tuvo que enviar a una especialista legal para verificar que el testigo no fuera instrumentado.
Puesto que la fiscalía contra la criminalidad organizada de Chiclayo no adjuntó todas las declaraciones que rindió el colaborador para ser de conocimiento de la defensa se tuvo que reprogramar la audiencia para el jueves próximo y así evitar eventuales nulidades en perjuicio de los investigados.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMAN
El diario Perú 21 con fecha 12 de octubre del 2012 informó en aquella oportunidad de acuerdo a las versiones policiales: “Lambayeque: Asesinan a secretario de sindicato de la agroindustrial Tumán”
Manuel Rimarachín Castro (38) recibió un disparo en el pecho, tras ser emboscado por dos sujetos. “Sería un ajuste de cuentas”. “De un disparo en el pecho fue asesinado ayer el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán, identificado como Manuel Rimarachín Castro (38). El dirigente gremial fue emboscado por dos sujetos encapuchados cuando se dirigía a su centro laboral”.
“Los delincuentes huyeron en una motocicleta y, aunque Rimarachín fue trasladado de inmediato al hospital de Tumán, los médicos no pudieron salvarle la vida. La Policía no descarta un ajuste de cuentas por las disputas en el gremio de trabajadores”.
En Tanto con fecha 24 Mayo del 2015, el Diario La República dio cuenta en su edición impresa “Farro Witte habría sido asesinado para evitar que denuncie a mafia de Construcción Civil”
“Pruebas. Un día antes del crimen, víctima acudió al Ministerio Público a denunciar mafia, pero no pudo hacerlo. A once días del asesinato de Percy Farro Witte (a) "Molle", siguen apareciendo evidencias que indicarían que su muerte fue por el control de cupos entre los sindicatos de Construcción Civil (CC).
Esta vez fuentes de la División de Inteligencia Criminal (Divincri), indicaron que Farro Witte, quien era uno de los principales dirigentes de construcción civil en el distrito azucarero de Tumán, habría querido denunciar y poner al descubierto toda una lista de los principales jefes, lugartenientes y sicarios que vienen operando en los sindicatos rivales.
La víctima un día antes de ser asesinado se habría apersonado ante el Ministerio Público con la intención de entregar un paquete de documentos y pruebas a un fiscal con quien tendría una amistad, debido a que ambos habrían estudiado en el mismo colegio, pero Percy Farro no pudo hacer la denuncia respectiva debido a que el fiscal estaba realizando diligencias fuera de la institución, sin imaginar lo que le esperaría.
ASESINATO
Cabe mencionar que el pasado 14 de mayo, Farro Witte fue acribillado de tres disparos por la espalda por dos sujetos desconocidos, quienes lo atacaron cuando se encontraba perifoneando las actividades que iban a realizar los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán, los cuales actualmente se encuentran en huelga indefinida.
Inicialmente se pensó que su muerte se debió a la represión que vienen ocasionando los agentes de seguridad de la empresa Tumán; sin embargo, fuentes de inteligencia policial habrían descartado esta opción considerando que la persona que asesinó a Farro Witte pertenece al sindicato rival, con el cual se discutían cupos en obras de construcción.
Ante este hecho va tomando firmeza que para los rivales de "Molle" su vida significaba un peligro, por lo que se la quitaron.
Por otra parte, agentes de la Policía vienen buscando intensamente a Roberto Ismael Campos Effio (a) “May Campos”, quien sería el principal autor del crimen.
Otra hipótesis es que su muerte se debió a que en los próximos meses la municipalidad de Tumán realizaría una obra de infraestructura que superaría los 20 millones de soles. Es por ello que “May Campos” y sus compinches decidieron eliminarlo”.
INTERROGATORIO
Esta es la transcripción de la manifestación que la viuda de Manuel Rimarachín dio ante la Policía Nacional y luego cambió ante la Fiscalía del Crímen Organizado.
“-Si usted refiere que su esposo Manuel Rimarachín al momento que lo auxiliaron hablaba, conversaba de manera normal, precise ¿qué comentarios le hizo sobre los hechos que se investigan?
“-Que, no me dijo nada sobre su muerte cómo pasó (sic). Yo le preguntaba quién había sido, pero no me dijo nada.
“-Si dice usted que no le dijo nada, entonces diga ¿qué otros comentarios le hizo en ese momento crítico que pasaba su esposo?
“-Que, solo me decía no me dejes morir y decía: aire, aire, no me dejes morir. (...)
“-Si, ¿su esposo fallecido ha tenido problemas en el área donde trabaja?
“-Que, no ha tenido problemas, todos lo llevaban muy bien.
Sin embargo el 17 de diciembre del 2015, ante el fiscal Juan Carrasco Millones, Mercedes Vera mencionó hechos que había negado ante la policía en 2012. La viuda relató:
En el trayecto al hospital de Tumán, mi esposo me dijo: ‘No me dejes morir, Rosalía’. Entonces, yo le pregunté que quién le había disparado’, pero me dijo: ‘No, porque tengo miedo que te pase algo a ti o a mi hijo’. Pero yo le insistí diciéndole: ‘Pero, dime, dime, quién ha sido’. Y él me dijo: ‘El que me ha disparado ha sido El Charún. Pero ahí ha estado Leguía y Valencia. Aclarando que el nombre de ‘Charún’ es Edward Montenegro Sales, y de Valencia sólo se que se llama (Jonathan) Valencia Delgado. El nombre de Leguía es (Gregorio) Leguía Cerna. (...) Algunos trabajadores sabían (quiénes fueron criminales), pero no hablaban por miedo, pero yo sí sabía quiénes lo habían asesinado”.
En las audiencias de prueba anticipada, la fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo tendrá la dura tarea de explicar por qué la viuda de Manuel Rimarachín, Mercedes Vera, concedió dos versiones diferentes y contradictorias sobre el homicidio de su cónyuge. La defensa de Oviedo ya advirtió sobre estas diferencias en las manifestaciones.
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Los pisos superiores de una de las torres que ocupa el Hospital Naylamp empezaron a ser desocupados hace algunos días. ¿La razón? EsSalud perdió la demanda presentada en el 2014 por la Oficina de Normalización Previsional – ONP para que el seguro social retire las dependencias médicas y administrativas del inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Bolognesi y Luis González, ante el vencimiento del contrato de alquiler y la falta de pago. Más de 120 mil asegurados adscritos al nosocomio son los perjudicados directos.
El 15 de diciembre del 2014 el Primer Juzgado de Paz Letrado Civil de Chiclayo, en ese entonces a cargo del juez Miguel Peralta Lui, admitió la demanda presentada por el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales – FCR, creado en 1996 y cuya función es respaldar el pago de las pensiones a cargo de la Oficina de Normalización Previsional – ONP.
La demanda sobre desalojo por vencimiento o conclusión de contrato arrendatario se presentó contra EsSalud, la Red Asistencial “Juan Aita Valle” de Lambayeque y la Procuraduría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de recuperar el inmueble con fachada a la Avenida Bolognesi, ubicado en el Block A, Manzana “C”, Lote 11, de la Urbanización Diego Ferré de Chiclayo, ocupado por el Hospital Naylamp.
La pretensión de la ONP fue admitida en la vía sumarísima considerando lo establecido por el Código Civil.
ANTECEDENTES
En marzo de 1999 el seguro social transfirió a favor del FCR un total de 51 inmuebles a nivel nacional, entre ellos el edificio en cuestión ubicado en Chiclayo, por lo que en adelante la entidad representada por la ONP pasó a tener los poderes inherentes a la propiedad del bien, siendo uno de estos – de acuerdo al Código Civil – el disponer libremente de él.
Por tal facultad, el 30 de junio del 2008 se firmó el Contrato de Arrendamiento N° 105-GRALA-ESSALUD-08 como consecuencia del otorgamiento de la buena pro, derivada del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 0710S00252, con el objeto de alquilar el inmueble, de un área total construida de mil 940.97 metros cuadrados para el funcionamiento del Hospital I Naylamp, pactándose el pago de 16 mil 16.45 soles por doce meses.
En diciembre del 2009 se suscribió una adenda por la cual el arrendamiento se extendió hasta el 28 de febrero del 2010 y el 2 de junio de ese año se arribó a un nuevo contrato que se prolongaría hasta el 30 de junio del 2011, con el pago mensual de 17 mil 992.99 soles a favor del FCR. EsSalud asumió la responsabilidad de pagar los servicios y los arbitrios municipales, siendo esto último incumplido.
La ONP remitió en noviembre del 2013 la Carta Notarial N° 86-2016, comunicando la finalización del contrato, requiriendo, por lo tanto, la devolución del edificio, máxime porque – según el documento – en reiteradas veces se solicitó a EsSalud la renovación del contrato de arrendamiento, hecho que no fue atendido por la entidad.
SENTENCIA
El 7 de abril del 2017, el Primer Juzgado de Paz Letrado Civil de Chiclayo, a cargo del juez Juan García Mayorga, emitió la Resolución N° 9, de Sentencia, declarando infundada la demanda de la ONP.
El magistrado señaló en su resolución de sentencia que “la institución a la que se pretende desalojar presta servicios a los asegurados y derechohabientes, ello implica la atención e internamiento de pacientes así como la instalación de maquinaria quirúrgica que se utilizan pues para la recuperación y rehabilitación de las personas que allí acuden, constituyendo así un caso social que por su naturaleza compleja no solo por el hecho descrito sino también por los argumentos que expone el demandante”, y, por lo tanto, no correspondía el desalojo.
Tras su análisis, arribó a la conclusión que EsSalud tenía la condición de ocupante precario, pero además que en la carta notarial dirigida por la ONP esta no comunicó que hacía uso de la cláusula referida a la resolución de un contrato de manera expeditiva sin necesidad de recurrir a la vía judicial, y, por lo tanto, resolvió declarar infundada la demanda.
DECISIÓN FIRME
El Fondo Consolidado de Reservas Previsionales apeló la decisión del juez llegando el caso al superior, en este caso el Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, a cargo del juez Héctor Conteña Vizcarra, quien el 29 de enero de este año emitió la Resolución N° 18, en el Expediente 04139-2014-0-1706-JP-CI-01, revocando la sentencia que declaró infundada la demanda de desalojo por vencimiento de contrato y, reformándola, declaró fundada la pretensión del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales contra EsSalud y la Red Asistencial de Salud “Juan Aita Valle”.
Asimismo, ordenó que el seguro social haga entrega del inmueble en cuestión.
Conteña Vizcarra señala en su sentencia que “ninguna norma autoriza a las entidades de beneficencia, de salud, educativas, etc., a tomar o arrendar un inmueble y quedarse en él, contra la voluntad del propietario, hasta que opte voluntariamente por retirarse”.
“Ello, Contraviene el artículo 70° de la Constitución que garantiza el derecho de propiedad y del cual solo podría ser privado el propietario por mandato legal (por causa de seguridad nacional o necesidad pública). Viola lo establecido por el artículo 923° del Código Civil, que otorga al propietario el poder de reivindicar el bien del cual es titular. Inobserva la Sétima Disposición Complementaria Final del Código Procesal Civil, que suprime todos los privilegios en materia procesal civil a favor del Estado. Desincentiva la inversión y oferta de predios en alquiler, pues el mensaje que se envía es que el arrendador podría verse privado de su inversión y utilidades por hechos ajenos a lo que se pactó en el contrato e, incluso, además, que no tienen de sustento jurídico”, indica.
Añade, que “la arrendadora optó por la conciliación, la cual no prosperó porque la arrendataria no presentó ninguna propuesta”.
Como EsSalud no apeló, la decisión del juez del Cuarto Juzgado Civil quedó firme, por lo que el FCR solicitó su ejecución.
OFICIO A LA RED ASISTENCIAL
El 26 de marzo último la Subdirectora de Inversiones Inmobiliarias de la Oficina de Normalización Previsional – Secretaría Técnica del FCR, Rosa Nairn Sayán, cursó el Oficio N° 53-2019, al gerente de la Red Asistencial Lambayeque, Mario Cosmópolis Samamé, respondiendo en una carta previa que este había elevado solicitando que se le otorgue al seguro social el plazo de seis meses para proceder a la entrega del inmueble donde funciona el Hospital I Naylamp.
“Al respecto, le informamos que con fecha 21 de marzo del 2019 se ha presentado escrito ante el Poder Judicial solicitando que se cumpla con lo ejecutoriado y que se ordene la entrega del bien inmueble”, respondió Nairn Sayán.
En el documento da cuenta al gerente de EsSalud en Lambayeque que debe tenerse en cuenta lo establecido en el Artículo 592 del Código Civil, respecto a que el lanzamiento se ordenará a pedido de parte luego de seis días de notificada la declaratoria de consentida la sentencia, por lo que cualquier pedido de prórroga debe tramitarse ante el juzgado.
“Como es de su conocimiento el contrato de arrendamiento estuvo vigente hasta el 30 de junio del 2011 y a pesar de diversas comunicaciones su representada no mostró interés para renovar el mismo, lo que originó que se tenga que recurrir ante el Poder Judicial para recuperar la posesión del inmueble y para el cobro de la deuda derivada de dicha ocupación, por lo que es de estricta responsabilidad de EsSalud cualquier perjuicio que se pueda generar a los pacientes o usuarios del Hospital I Naylamp – Chiclayo”, señala el documento.
ASEGURADOS PERJUDICADOS
“El Hospital Naylamp se creó hace 20 años para atender a 30 mil adscritos del cercado de Chiclayo y ahora tiene a 120 mil asegurados, por eso las tremendas cosas y las tremendas esperas. Se supone que los responsables de EsSalud debieron prever esto y construir un hospital definitivo. Se pensó que el Hospital Luis Heysen sería la solución, pero este no tiene población adscrita, solo referidos”, comenta Elmo Patricio Córdova, presidente del Cuerpo Médico del nosocomio.
Refiere que el Naylamp, aún con sus limitaciones, principalmente de espacio, ha resuelvo las necesidades de los asegurados, teniendo en funcionamiento sus dos salas de operaciones. Con el desalojo del edificio contiguo, que le pertenece al FCR – ONP, el centro quirúrgico será desactivado.
“Se consiguió un terreno para que se construya el nuevo hospital y ahí está, son cinco hectáreas en Pomalca en las que se pudo haber edificado el proyecto. En el Plan de Gestión de EsSalud se incluyó la inversión, pero lamentablemente no se ha conseguido nada. Nadie se ha preocupado por la situación del hospital”, manifiesta.
Patricio Córdova señala que varias de las oficinas y áreas que funcionaban en el edificio propiedad del FRC – ONP ya están siendo reubicadas en la torre contigua que sí le pertenece al seguro social. Incluso, la dirección del hospital se ha tenido que instalar en los ambientes asignados al Cuerpo Médico, porque no había espacio para su funcionamiento.
“Ya no habrá sala de operaciones, bajaremos de categoría y nos convertiremos en un policlínico. Eso significa que los pacientes serán derivados a los hospitales Almanzor Aguinaga y Luis Heysen. Si en ambos hospitales las operaciones, por ejemplo, se están programando hasta julio, con la llegada de los nuevos pacientes se hará una situación mucho más compleja. Los más afectados serán los pacientes”, manifiesta.
Los 50 médicos del Hospital Naylamp y demás gremios del nosocomio han pedido a la gerencia de la Red Asistencial de Lambayeque una solución inmediata que permita el menor impacto negativo en la población asegurada. Asimismo, esperan el respaldo del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú ante la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, a fin de que se agilicen los trámites que correspondan para viabilizar la construcción de un nuevo hospital en los terrenos ubicados en Pomalca. Hace una década EsSalud no construye hospitales en el país.
Una de las expresiones propias de Lambayeque es el fervor religioso de sus habitantes, el cual se manifiesta cada año durante la celebración de la Semana Santa. Además de ser un tiempo de reflexión para los cristianos sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, también constituye en una importante oportunidad para posicionar al departamento como destino turístico religioso gracias a las procesiones y escenificaciones que se realizan en estas fechas.
Esta semana litúrgica se inicia el Domingo de Ramos, día en que se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Le sigue el Lunes Santo, día en que la Iglesia Católica recuerda el pasaje de la Unción en Betania, cuando María Magdalena con una fibra de perfume de nardo ungió los pies de Cristo.
El Martes Santo se recuerda la traición de Judas y la negación de Pedro (tres veces), mientras que el Miércoles Santo la Iglesia Católica celebra la Misa Crismal, donde los obispos de cada diócesis bendicen el Santo Crisma, el cual es utilizado todo el año durante las ceremonias de los sacramentos del bautismo, confirmación, orden sacerdotal y unción de los enfermos.
El Triduo Pascual inicia el Jueves Santo con la conmemoración de la última cena, momento en el que Cristo instituye el sacramento de la eucaristía, y el tradicional lavado de pies. El Viernes Santo se recuerda el sacrificio y muerte de Jesús en la cruz, por lo que la Iglesia no celebra ese día la eucaristía y en su lugar realiza la Liturgia de la Pasión del Señor. Además, manda guardar ayuno y abstinencia de carne.
El Sábado Santo es un día de luto para los cristianos, donde se recuerda a Jesús en el sepulcro y su descenso al lugar de los muertos. Por la noche se realiza la tradicional vigilia pascual que da paso al Domingo de Resurrección, día de júbilo y fecha más importante dentro del calendario litúrgico.
ACTIVIDADES EN LAMBAYEQUE
En la “Ciudad Evocadora” de Lambayeque las actividades inician el Domingo de Ramos con la procesión de palmas que se realizará en la capilla Santa Rosa para luego dar lugar a la celebración de la misa solemne en la Iglesia San Pedro.
Las actividades continúan el Martes Santo con la inauguración de la Feria Artesanal y Turística en el pasaje P. Javier Aniz Barasoain y continúan el Miércoles Santo con la proyección de la película “La Pasión de Cristo”, la misma que se visualizará en pantalla gigante en el Parque 27 de Diciembre.
El Jueves Santo las actividades inician a las 02:00 p.m. con la escenificación del vía crucis, luego a las 07:00 p.m. se realiza la procesión al monumento y a las 09:00 p.m inicia la adoración del Santísimo.
En tanto, el Viernes Santo desde las 07:00 a.m. se realizará el arreglo de los 12 pasos en el perímetro del Parque 27 de Diciembre, andas que saldrán en procesión desde las 05:00 p.m. en el Vía Crucis. Las imágenes que salen en recorrido son: El Señor del Borriquito, La Última Cena, El Señor del Prendimiento, El Señor de la Columna, El Cristo Pobre, Jesús Nazareno, La Verónica, El Cristo de la Agonía, El Cristo Yacente y La Virgen de los Dolores, conocida como ‘La Dolorosa’.
El Sábado de Gloria la Vigilia Pascual iniciará desde las 08:00 p.m. para dar paso a la Misa de Resurrección. El domingo la Misa Pascual será a las 06:00 a.m., cuya procesión del encuentro será desde el Parque 27 de Diciembre.
ACTIVIDADES EN REQUE
En el distrito de Reque, donde es tradicional la escenificación de la pasión y muerte de Jesús, la celebración de la Semana Santa se iniciará el 14 de abril con la representación del ingreso a Jerusalén, actividad que iniciará a las 9:00 a.m. en el parque La Esperanza.
El Jueves Santo se escenificará, desde las 7:00 p.m. el Éxodo de Egipto y la Alianza con el Pueblo de Israel, asimismo la Última Cena, la Oración y Captura en el Huerto de Getsemani y la Negación de Pedro, además de la presentación de Jesús ante Anás. Todo ello al lado del templo del distrito.
El Viernes Santo a las 9:00 de la mañana se iniciará el recorrido y la presentación de Jesús ante el Sanedrín, luego la entrevista de Judas con los sumos sacerdotes y la presentación de Jesús ante Pilato.
Posteriormente se representará la presentación de Jesús ante Herodes, la Flagelación y la Coronación de Espinas, el recorrido de las estaciones y la Crucifixión. A las 6:00 p.m. será la celebración de la cruz y luego la procesión.
En paralelo, desde las 11:00 a.m. se realizará la exposición y venta de artesanías y el festival gastronómico.
MUSEOS ABIERTOS
Además de las actividades a realizarse en cada una de las provincias y distritos, se realizarán actividades en los museos y sitios turísticos, donde se atenderá con normalidad durante el feriado largo, desde las 9:00 a.m. hasta la 5:00 p.m.
En Lambayeque los museos arqueológico Brüning, Tumbas Reales de Sipán y el sitio turístico Chotuna-Chornancap, iniciarán sus actividades festivas desde las 10:00 a.m. y los visitantes podrán observar los cerámicas y piezas de orfebrería de las diferentes culturas que se asentaron en este territorio, además de disfrutar de danzas locales y de exquisita gastronómica.
Jorge Incháustegui Samamé, exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, solicitó ante la Segunda Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque, que despacha la fiscal Lili Díaz Gonzáles, la “exclusión” de los fiscales provinciales Sergio Zapata Orozco y Pamela Elías Bravo por supuestamente incurrir en una serie de irregularidades en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, que investiga el caso “Los limpios de la corrupción”.
Incháustegui Samamé, inmerso en el caso, denunció que, en forma coordinada y reiterativa, ambos magistrados atentan contra medios de prueba en el proceso, vendrían ocultando documentos y estarían omitiendo y/o rehusando realizar actos propios de su cargo, tipificados como delito en los artículos 372°, 430° y 377° del Código Penal.
El pedido fue formulado el 11 de abril, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62° del Código Procesal Penal.
INFORME DIVILA-PNP
La primera causal que esgrime Incháustegui Samamé en su solicitud de exclusión de los fiscales Zapata Orozco y Elías Bravo es por el Informe N° 94-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA-DIVILA-D3.c, de fecha 21 de abril del 2015, el cual recién fue incorporado (en copia) a la Carpeta Fiscal 2447-2014 más de 13 meses después de su recepción por parte de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, “lo que constituye un acto grave de ocultamiento de información y/o documentales que deberían servir como medios de prueba en el proceso afectando el derecho a la defensa de los investigados”.
El 4 de octubre del 2014, días después del operativo que permitió desarticular la supuesta organización criminal “Los limpios de la corrupción”, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo solicitó a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos - DIVILA, de la Policía Nacional del Perú, investigue a Roberto Torres Gonzáles y otros; así como de su entorno familiar, respecto de información de bienes muebles, inmuebles y otros, debido a que los mencionados, venían siendo investigados por el delito de lavado de activos en agravio del Estado Peruano.
Siete meses después, el 15 de mayo de 2015, el coronel Francisco Naquira Cornejo; jefe de la DIVILA, emitió el Oficio N° 5456-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA/DIVILA-DC-D3.c, dirigido al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, en atención al Oficio N° 2447-2014-154 3ra. FPP Chiclayo, del 23 de marzo del 2015 (recepcionado por la DIVILA el 1 de abril del 2015), remitiendo el Informe N° 94-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA-DIVILA-D3.c, de fecha 21 de abril del 2015, “…respecto a la investigación seguida a Roberto Torres Gonzales y otros miembros de la organización ‘Los limpios de la corrupción’, por el presunto Delito de Lavado de Activos en agravio del Estado Peruano…”.
El referido informe no fue ingresado a la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, ni menos se emitió Disposición Fiscal alguna comunicando a las partes su existencia; es decir habría sido ocultado, la razón quizá se encuentre en que el referido informe no aportaba mayores luces sobre la comisión del delito de lavado de activos por parte de los investigados. La investigación de la DIVILA concluyó con la emisión de dicho documento.
Enterados informalmente de la existencia de un informe elaborado por la DIVILA-PNP, de manera reiterativa, el 23 de septiembre de 2015 y el 23 de marzo de 2016, la defensa técnica de uno de los investigados solicitó a Zapata Orozco copia del documento sin obtener una respuesta positiva.
El 27 de junio del 2016 el mismo coronel Francisco Naquira Cornejo emitió el Oficio N° 6038-06-2016- DIRILA-PNP/DIVILA-DC-SEC, dirigido al fiscal adjunto provincial Elí Pérez Díaz, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, en atención al Oficio N° 2447-2014-154 3ra. FPCP-CHICLAYO-EPD, del 8 de junio del 2016, remitiendo “…copias certificadas del Informe Policial N° 94-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA-DIVILA-D3.c, del 21ABR15, y el Oficio N° 5456-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA/DIVILA-DC-D3.c del 15MAY15; sobre la investigación realizada a Roberto Torres Gonzáles y otros, por el presunto delito de lavado de activos, el mismo que fue remitido a su despacho mediante correspondencia OLVA COURIER…”, adjuntando la Boleta 132-0031304, de fecha 15 de mayo del 2015.
Es decir, la DIVILA acreditó haber entregado, en su oportunidad (mayo de 2015) el Informe Policial N° 94-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA-DIVILA-D3.c, del 21 de abril de 2015 a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo. Entonces, ¿Porqué solicitar nuevamente el mismo? ¿Acaso para simular que recién llegaba y ocultar que fue recibido más de un año antes y no fue ingresado en la carpeta fiscal correspondiente?
INFORMES DE CONTRALORÍA
El 22 de diciembre del 2015, el fiscal provincial Sergio Zapata Orozco solicitó a la Contraloría General de la República, en “vías de regularización”, el apoyo técnico con auditores de la CGR “con el propósito de recabar, revisar y analizar la documentación que obra en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 que servirá de sustento para que posteriormente, se pueda realizar el peritaje financiero y económico (…) como resultado de la revisión y análisis de la documentación, también solicitamos se emita el documento que corresponda de acuerdo a su normativa interna”.
Cinco meses después, el 3 de junio del 2016, mediante Disposición N° 170, el fiscal provincial Zapata Orozco dispuso requerir al jefe de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República, “se emita el Informe Técnico Oficial Especializado, referente a determinar los ingresos y egresos económicos, así como el balance o desbalance patrimonial de los imputados que se encuentran inmersos en el delito de lavado de activos, encomendado por este despacho fiscal”. Lo extraño es que lo que solicitó originalmente el fiscal Zapata Orozco fue recabar, revisar y analizar documentación para la realización posterior de un peritaje; sin embargo, luego pidió la emisión del “Informe Técnico Oficial Especializado” que determine el balance o desbalance de los imputados.
¿Es la Contraloría un ente especializado en la determinación de balance o desbalance patrimonial que sustente el delito de lavado de activos?
El 28 de junio del 2016, Nelson Guevara Altamirano, gerente de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República, emitió el Oficio N° 00875-2016-CG/CRN, dirigido al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, “…con la finalidad de remitir los informes números 002-2016 al 014-2016, resultantes de la evaluación patrimonial, correspondiente a la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, para su conocimiento y fines…”.
Los referidos informes de Contraloría nunca fueron ingresados a la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, ni menos se emitió Disposición Fiscal comunicando a las partes su existencia, a pesar que fueron presentados y recepcionados por la tercera fiscalía a cargo del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, conforme se acredita con el cargo correspondiente, lo que constituye, nuevamente, un acto grave de ocultamiento de información y/o documentales.
INFORME PERICIAL OFICIAL
El 18 de octubre del 2017, mediante Disposición N° 292, emitida por el fiscal provincial Zapata Orozco, se dispuso “designar” a los peritos contables: Rómulo Burga Díaz, César Casanova Quesquén y Alicia Reyna Montoya, a fin que realicen la Pericia Económica, Financiera y Contable requerida en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, y poder acreditar la comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado Peruano.
El 11 de diciembre, mediante Disposición N° 298, Zapata Orozco dispuso “designar” al CPC Rubén Leonardo Carrillo, a fin que realice la Pericia Económica, Financiera y Contable, requerida en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, y poder acreditar la comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado Peruano, al haberse subrogado al perito Rómulo Francisco Burga Díaz.
Al respecto, es necesario precisar que los contratos (llámese órdenes de servicios) de los peritos vencieron el 30 de septiembre de 2018 en su “segunda etapa”, fecha en que debieron presentar su Informe Pericial Final, lo cual hicieron setenta días después.
El 13 de diciembre de 2018, los peritos contratados por el Ministerio Público, designados y juramentados en la investigación seguida en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, presentaron al despacho del fiscal Zapata Orozco los resultados de la pericia de lavado de activos. Sin embargo, este no ingresó el referido informe pericial a la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 y tampoco emitió Disposición Fiscal comunicando a las partes su existencia. Por el contrario, se ha negado a otorgar la “conformidad de servicio” y ha “observado” la misma, señalando ciertos incumplimientos por parte de los peritos contratados.
Según Incháustegui Samamé con este se viola el derecho de defensa, “pretendiendo que el peritaje se adecúe a sus convicciones y no a la objetividad del perito”.
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