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A pocas semanas de concluir el 2025, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Gilmer Jara Vergara, hace un balance de su gestión, marcada por logros en materia de infraestructura, modernización institucional y fortalecimiento del servicio fiscal. En diálogo con Expresión, el magistrado detalló los proyectos en marcha, las principales problemáticas que enfrenta el Ministerio Público y las estrategias para combatir delitos como la corrupción, la minería ilegal y el tráfico de terrenos.
Uno de los pilares de la gestión del doctor Gilmer Jara es la mejora de la infraestructura fiscal en Lambayeque. “Estamos haciendo un trabajo importante por el Ministerio Público en relación al tema de obras. Hemos conseguido un terreno donado por la Municipalidad Distrital de La Victoria, con una extensión de mil metros cuadrados, donde se construirá el nuevo edificio institucional”, explicó el magistrado.
El proyecto, que contempla cinco pisos y un sótano, permitirá concentrar todas las fiscalías que actualmente funcionan en locales alquilados. “Eso nos permitirá ahorrar alrededor de un millón y medio de soles anuales en alquileres, además de ofrecer mejores condiciones de atención a la ciudadanía”, precisó.
Comenta que el Gobierno Regional de Lambayeque asumió el compromiso de financiar la obra con un presupuesto de 24 millones de soles. “Ya tenemos el perfil técnico y el convenio específico suscrito. Esperamos que en marzo o abril del 2026 se inicie la construcción. Esta obra será una realidad gracias al trabajo conjunto con el gobierno regional”, añadió el presidente de la Junta de Fiscales.
Asimismo, la gestión ha logrado otro avance significativo: la donación de cinco hectáreas de terreno cerca de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde se proyecta la construcción de la Ciudadela del Ministerio Público de Lambayeque. Este complejo albergará unidades de flagrancia, almacenes, archivos, fiscalías especiales y depósitos para vehículos incautados. “Hoy pagamos alquileres por cocheras y locales de archivo. Con esta obra nos ahorraremos esos costos y tendremos un espacio propio y seguro”, destacó.
El presidente de la Junta de Fiscales también adelantó que se gestiona la construcción de un local propio para la Fiscalía Provincial de Cutervo, en Cajamarca, jurisdicción que pertenece al Distrito Fiscal de Lambayeque. “Tenemos un terreno donado cuando fui fiscal coordinador. Ya se está elaborando el perfil técnico con el apoyo del alcalde de Cutervo, Moisés González. Será un edificio adecuado y moderno para los fiscales de esa provincia”, puntualizó.
Gestión administrativa y equipamiento
Jara Vergara resaltó que su gestión no solo se enfoca en obras, sino también en la modernización administrativa y la dotación de recursos. “Hemos solicitado autorización a Lima para la compra de seis motocicletas destinadas al área de notificaciones, con el fin de agilizar los trámites. También gestionamos la renovación de computadoras, mobiliario y equipos para las fiscalías”, indicó.
Uno de los problemas que se logró solucionar este año fue la falta de insumos y mantenimiento de equipos en Medicina Legal. “Durante la visita del fiscal de la Nación, doctor Tomás Gálvez Villegas, se asignó un millón y medio de soles para el mantenimiento de maquinaria, compra de repuestos y contratación de personal especializado. Hoy, las pericias se están realizando con normalidad”, subrayó.
En materia de personal, se identificó la necesidad de reforzar la carga laboral de los despachos fiscales. “Con el área de planificación y presupuesto hemos creado 35 plazas temporales CAS, distribuidas en las fiscalías con mayor demanda, como las de corrupción de funcionarios, crimen, violencia contra la mujer y Jaén. Los fiscales ahora cuentan con el personal de apoyo necesario para avanzar en sus investigaciones”, aseguró.
A septiembre de este año, el Ministerio Público en Lambayeque ha recibido 6587 denuncias y ha concluido 7068 carpetas fiscales.
En lo que va del año, se han logrado 1597 sentencias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, de las cuales 64 han sido por casos de homicidio. Asimismo, 940 sentencias por delitos contra el patrimonio, 28 de las cuales fueron por extorsión y 43 por usurpación; 219 sentencias por delitos contra la libertad, 180 de ellas por violación sexual; 203 por delitos contra la administración pública y 138 por delitos ambientales.
El total de sentencias logradas por las fiscalías de Lambayeque es de 5339.
Contra el crimen organizado
Entre los desafíos más urgentes que enfrenta el Distrito Fiscal de Lambayeque, Jara Vergara señaló dos problemas críticos: la minería ilegal y el tráfico de terrenos, especialmente en las provincias de Jaén y San Ignacio.
“He informado al fiscal de la nación y al comando de la Policía Nacional sobre la grave situación que se vive en la frontera. Existen enfrentamientos entre ciudadanos peruanos y extranjeros —colombianos, ecuatorianos y venezolanos— por el control de zonas donde se extrae oro de manera ilegal. En un solo fin de semana se registraron varios asesinatos en Tincungue y Fila Alta”, relató.
El presidente de la Junta de Fiscales solicitó formalmente que San Ignacio sea declarada en emergencia, a fin de permitir la intervención conjunta de la Policía y el Ejército. “No podemos permitir que se convierta en un foco de violencia como Pataz. Estas bandas armadas operan con total impunidad y ponen en riesgo la seguridad de toda la región”, advirtió.
Asimismo, alertó sobre el auge del tráfico de terrenos en el distrito de Bellavista (Jaén), donde la informalidad y la superposición de documentos han generado disputas violentas. “Hay personas que se autoproclaman propietarios con simples certificados de posesión expedidos por jueces de paz o ronderos. Luego lotizan y venden los terrenos varias veces, originando conflictos y muertes. Por eso hemos pedido que estos delitos pasen a ser competencia de la Fiscalía de Crimen Organizado”, sostuvo.
El magistrado también explicó cómo la minería ilegal ha reemplazado al narcotráfico en rentabilidad para las mafias. “Los traficantes de droga se han volcado a la minería ilegal porque las penas son menores. Por narcotráfico pueden recibir 15 a 30 años, mientras que por minería ilegal apenas de dos a cinco. Es un negocio rentable y con menos riesgo penal. Por eso la violencia está creciendo”, afirmó.
Casos emblemáticos y avances procesales
Consultado sobre casos emblemáticos de Lambayeque, se refirió al proceso de la Empresa Agroindustrial Tumán, que involucra denuncias por lavado de activos, crimen organizado y perjuicio a miles de trabajadores. “El caso está en la Fiscalía de Crimen Organizado. Hubo demoras iniciales por la inacción de fiscales anteriores, pues el caso lo tuvo el exfiscal Juan Carrasco Millones y no avanzó. Hoy está avanzado. Se realizó una pericia contable y el expediente está en la etapa de decisión: acusación o sobreseimiento”, informó.
También se pronunció sobre el histórico caso ‘Los Limpios de la Corrupción’, iniciado hace más de una década. “El proceso se fraccionó en varias carpetas. La mayoría ya tiene sentencia y la principal, por lavado de activos, se encuentra lista para juicio. La fiscal a cargo, doctora Sara Alvarado Cabrera, deberá presentar la acusación en los próximos días y esperamos que el control de acusación sea célere”, señaló.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, mencionó una reciente intervención en la que un efectivo policial fue detenido por solicitar dinero a cambio de ingreso a la Escuela de Suboficiales. “Casos así se investigan con rigor. La Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, dirigida por la doctora Ana Segarra Azula, está cumpliendo una labor ejemplar”, reconoció.
Reformas legales y fortalecimiento institucional
Respecto al paquete de 12 leyes consideradas pro crimen y que podrían ser derogadas, el presidente de la Junta de Fiscales consideró que “la creación de una Fiscalía de Bandas Organizadas dedicada exclusivamente a delitos de extorsión y sicariato es una necesidad urgente”.
“Los fiscales necesitamos herramientas legales que nos permitan actuar con rapidez y eficacia. Hoy, muchos delincuentes recuperan su libertad por vacíos en la ley. Se nos critica por liberar detenidos, pero el Código Penal impide solicitar prisión preventiva en delitos cuya pena mínima no supera los cinco años. No es negligencia fiscal, es un límite legal”, explicó.
En ese sentido, insistió en que las leyes deben fortalecer el rol del Ministerio Público y mejorar la articulación con la Policía. “El delito evoluciona más rápido que las normas. Necesitamos más fiscales, tecnología, y capacitación. Por ejemplo, estamos gestionando la creación de una Fiscalía de Delitos Informáticos en Lambayeque, porque la ciberdelincuencia crece cada año”, adelantó.
El magistrado también hizo un llamado a la ética y transparencia dentro de la institución. “Mientras los fiscales trabajen conforme a ley, tendrán mi respaldo absoluto. Pero si detecto irregularidades, seré el primero en informar al fiscal de la nación y al jefe de Control Interno. No estamos aquí para proteger a nadie que falte a la verdad o a la justicia”, enfatizó.
Tras más de cuatro años de investigación, el pasado 3 de noviembre, mediante la Disposición Fiscal N° 17, el fiscal José Luis Jaramillo Cubas, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, dio por concluida la investigación preparatoria seguida contra César Sandoval Lozada, Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Egúsquiza Sánchez y otros implicados en los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.
Con ello, el fiscal cuenta con treinta días para emitir su pronunciamiento final, que deberá ser acusar o sobreseer. Para el asesor legal de los trabajadores de Tumán, Gilberto Carrasco Lucero, Jaramillo Cubas debería optar por lo primero, puesto que los elementos de juicio han sido fehacientemente acreditados, entre estos las pericias contables que se realizaron a las ex administraciones judiciales.
Desfalco
Carrasco Lucero estima que el desfalco de la azucarera durante la gestión de Alejandro Zevallos y Leoncio Egúsquiza fue de 200 millones de soles. Sin embargo, el total entre todas las administraciones judiciales sería de más de 1200 millones de soles, incluidas las deudas que se tienen con los trabajadores, con la Sunat y otras entidades del Estado.
“A través de una auditoría que hemos aportado se ha determinado que, efectivamente, existe un forado económico que han acarreado las administraciones judiciales. Esto ha sido en beneficio de estas personas que se han convertido en los nuevos ricos de Chiclayo. La ruta del dinero está señalada, incluso por algunos de ellos, que han reconocido en sus declaraciones que, siendo administradores judiciales, recibieron depósitos en sus cuentas personales y no han podido justificar el destino de ese dinero”, manifiesta.
A ello se suma que hay otra carpeta fiscal, que es la 216-2021, en la que solamente se investiga la administración de Marcelino Llontop. En esta carpeta, a cargo del fiscal Javier Idrogo Rodríguez, están pendientes unas declaraciones, tras las cuales se espera que se proceda a formalizar la investigación.
“La empresa se encuentra en una grave situación, debido a que se han despilfarrado sus recursos. Sabemos casi a diario cómo pretenden apoderarse de las tierras de Tumán y cómo desmantelan lo poco que queda de la maquinaria para venderla como chatarra. Vemos los campos desgastados, sin siembra que sirva para la molienda. La empresa está totalmente paralizada”, señala el letrado.
Prescripción
Carrasco Lucero señala que la demora de la fiscalía para concluir la investigación y emitir pronunciamiento solamente favoreció a los denunciados, quienes buscarían acogerse a la prescripción de sus delitos.
“Ellos estuvieron jugando con la posibilidad de una prescripción de los delitos que hemos denunciado, tal como ha sucedido con otros delitos de estas mismas personas como hurto agravado y fraude en la administración de personas jurídicas, que por el tiempo que ha transcurrido han prescrito”, advierte el abogado.
Trabajadores
Por su parte, Vicente Castillo Nicolás, presidente del Frente de Defensa de Tumán, hace una comparación para entender la debacle que ha tenido la azucarera. Sostiene que, en el 2015, con Segundo Ordinola Zapata al frente de la empresa como administrador judicial, había más de 7200 hectáreas de caña sembrada, riqueza que luego administró Marcelino Llontop y otros que llevaron a que hoy no haya una sola hectárea de caña de azúcar sembrada.
“Exigimos justicia hace más de cinco años para Tumán, que era una de las empresas más grandes en el 2015 y que hoy es una de las peores de los tiempos. Estamos de vuelta en las calles de Chiclayo para exigirle a la fiscalía que de una vez acuse a los que destruyeron Tumán. El tiempo se terminó, el plazo se acabó”, señaló Vicente Castillo Nicolás, presidente del Frente de Defensa de Tumán.
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Lo que hace un cuarto de siglo era una vasta extensión árida entre el sur de Lambayeque y el norte de La Libertad, hoy es un emporio agrícola que simboliza el potencial del trabajo sostenido, la innovación tecnológica y la inversión privada nacional. El fundo Cerro Prieto, que celebra 25 años de creación, se ha convertido en una de las empresas agroexportadoras más importantes del país, generando empleo formal, desarrollo comunitario y oportunidades de crecimiento para miles de familias.
“Fue un sueño que comenzó cuando decidimos participar en un concurso convocado por el Estado peruano para adjudicarnos cerca de cinco mil hectáreas. Desde entonces, asumimos el reto de convertir el desierto en una alfombra verde”, recuerda Víctor Cumpa Sandoval, representante de la empresa. Hoy, esa apuesta se traduce en 4600 hectáreas productivas, un sistema de riego de última generación y una fuerza laboral que en temporada alta llega a 12 000 trabajadores.
La empresa ha destinado 1300 hectáreas al cultivo de arándanos, en variades como Sekoya Pop, Sekoya Beauty, Atlas, Madeira, Manila, Malibu, Imperial y Rocío, la más exportada, legando a producir en la campaña 2025-2026, 21 millones de kilos.
Infraestructura y tecnología
Cerro Prieto se levanta sobre una infraestructura hídrica construida íntegramente con capitales peruanos. A través de un canal de 26 kilómetros, el agua de la represa Gallito Ciego —ubicada en Cajamarca— llega hasta los campos productivos, donde se cultivan arándanos, paltas y espárragos, tres productos que han llevado el nombre del norte peruano a los mercados más exigentes del mundo.
El fundo cuenta además con 12 reservorios que garantizan el abastecimiento constante y permiten enfrentar las temporadas de sequía sin recurrir al uso de pozos tubulares. La empresa impulsa, asimismo, un proyecto de drenaje y reutilización de aguas que permite reinyectar el recurso a los campos y evitar la salinización de los suelos. Este sistema de economía circular del agua ha sido reconocido recientemente por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú – AGAP.
“Somos una empresa sostenible. Nos preocupamos por los impactos sociales, ambientales y de gobernanza. El proyecto de drenaje ha sido fundamental para recuperar suelos y hacer un uso responsable del recurso hídrico, especialmente después de fenómenos como El Niño o Yaku”, explicó Cumpa.
Empleo y transformación social
El impacto de Cerro Prieto trasciende los indicadores económicos. La empresa ha generado empleo directo para más de 8 000 personas y ha dado impulso a un ecosistema de proveedores y servicios en los distritos aledaños. Restaurantes, hospedajes, transportistas y comercios locales se benefician del dinamismo económico que genera la actividad agroexportadora.
Sin embargo, uno de los aspectos más destacados es el protagonismo de la mujer. “Más del 40 % de nuestra fuerza laboral está conformada por mujeres. Han demostrado su talento, responsabilidad y capacidad de liderazgo. La mejor cosechadora de arándanos del año pasado fue una mujer”, señaló, subrayando el carácter inclusivo de la empresa.
El avance femenino en Cerro Prieto no se limita a los campos de cultivo. “Tenemos mujeres en posiciones clave: la jefa de cultivo, la gerente de gestión humana y la superintendente de sostenimiento son mujeres, al igual que muchas supervisoras y encargadas de cosecha. Han sabido crecer, formarse y liderar con compromiso”, precisó.
Compromiso con la educación, el agua y la salud
Más allá de la producción agrícola, Cerro Prieto ha asumido un rol activo en el desarrollo de las comunidades vecinas. Su política de sostenibilidad se sustenta en tres pilares: educación, salud y gestión del recurso hídrico.
En el ámbito educativo, la empresa ha construido dos colegios públicos modernos a través del mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión superior a cinco millones de soles. Además, ha implementado huertos escolares en más de ocho instituciones rurales, brindando capacitación a docentes y asegurando conectividad digital en escuelas que antes carecían de acceso a internet.
En salud, Cerro Prieto desarrolla campañas médicas, apoya a los centros de atención primaria y fomenta la prevención. En materia ambiental, su contribución se orienta al uso racional del agua, la mejora de la infraestructura hidráulica y la capacitación técnica de agricultores.
“Trabajamos con los pequeños y medianos productores para que aprendan a tecnificar el riego y racionalizar el uso del agua. Junto a ellos impulsamos proyectos que mejoran la productividad y preservan los recursos naturales”, destacó Cumpa.
Un ejemplo de esta colaboración es el revestimiento de un canal de 10 kilómetros en Guadalupe, ejecutado mediante obras por impuestos en alianza con el Gobierno Regional de La Libertad, la Junta de Usuarios y la Comisión de Regantes. “Es un proyecto que beneficia a todos, porque mejora la eficiencia del riego y reduce pérdidas”, añadió.
Sostenibilidad y responsabilidad empresarial
Cerro Prieto también destaca por su gobernanza corporativa y su compromiso con la transparencia. La empresa cumple rigurosamente con el pago por el uso del recurso hídrico al Proyecto Especial Jequetepeque Zaña - Pejeza, demostrando que el desarrollo sostenible implica también responsabilidad institucional.
“Nuestro aporte es importante porque creemos en una gestión del agua responsable, en el cumplimiento de las normas y en la colaboración con las entidades públicas. Solo así podemos garantizar sostenibilidad a largo plazo”, expresó el representante de la empresa.
Además, Cerro Prieto ha adoptado estándares internacionales en seguridad laboral, gestión ambiental y derechos humanos. Estas prácticas han fortalecido su reputación y le han permitido convertirse en un referente de agricultura moderna y sostenible.
Modelo que inspira al norte y al país
La historia de Cerro Prieto es también la historia de cómo la agroindustria puede convertirse en un motor de desarrollo regional. Su impacto no solo se mide en exportaciones o divisas, sino también en bienestar social, empleo formal y oportunidades para la población rural.
El efecto multiplicador de la empresa es evidente. Cada puesto directo genera al menos dos empleos indirectos. “La agroexportación no solo dinamiza la economía, sino que transforma comunidades enteras. Detrás de cada caja de arándanos o paltas exportadas hay historias de superación, educación y progreso”, subrayó Cumpas.
Durante 25 años, la empresa ha demostrado que es posible crecer con equilibrio entre la eficiencia económica, la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental. Su experiencia se ha convertido en un caso emblemático del desarrollo agroindustrial peruano, replicado como modelo en distintos foros empresariales y académicos.
Visión de futuro
Con una mirada puesta en los próximos años, Cerro Prieto proyecta seguir expandiendo su producción e incorporando innovación tecnológica en todas sus áreas. La meta es mantener la competitividad internacional sin perder su esencia: el compromiso con las personas y el entorno.
“El éxito de hoy nos compromete a mirar hacia el futuro con más responsabilidad. Queremos seguir creciendo, pero también seguir transformando vidas. La sostenibilidad no es un discurso; es el camino que elegimos para construir un legado”, afirmó Cumpa Sandoval.
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A mes y medio para culminar el año, el reporte de casos de violencia registrado en el portal SíSeve ya supera los 500 en las escuelas de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo. Al cierre de esta edición, son 501 los casos, ocho menos que los reportados el año pasado y veinte menos que en el 2023. De continuar la tendencia, este año se podría superar fácilmente la cifra de los dos últimos.
Según el reporte, el número de casos por distrito en orden decreciente es el siguiente: Chiclayo (224), José Leonardo Ortiz (64), Pimentel (57), La Victoria (52), Pomalca (17), Pucalá (17), Reque (13), Cayaltí (11), Zaña (10), Chongoyape (9), Pátapo (6), Nueva Arica (4), Picsi (4), Tumán (4), Oyotún (2), Puerto Eten (2), Ciudad Eten (2), Monsefú (2) y Lagunas (1).
Tipos de violencia
El reporte detalla que, de los 501 casos de violencia reportados, 373 ocurrieron entre escolares y 128 se dieron de personal de las instituciones educativas hacia los alumnos. Asimismo, hay 226 casos de violencia física, 207 de violencia psicológica y 68 de violencia sexual.
El desagregado también es más específico aún respecto al subtipo de violencia. Así, por ejemplo, se tiene que 120 de los casos de violencia no provocaron lesiones, mientras que 89 sí. Además, en 83 de los casos la violencia fue verbal; en 49 fue por trato humillante; 45 por tocamientos, actos de connotación sexual o libidinosos; 32 por acoso; 17 por castigo físico; 15 por intimidación; 12 fueron ciberacoso; 10 por discriminación; seis por aislamiento; seis por acoso sexual; cinco por violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos; y doce por otras formas de violencia.
Asimismo, de los 501 casos reportados, en 198 la atención aún está en proceso, en 148 la atención ya fue finalizada, en 67 la atención finalizada se encuentra aún por validar, 65 están pendientes de atención la institución educativa y 23 han sido observados por la UGEL.
Público y privado
El reporte también muestra una diferencia entre colegios públicos y privados. En el caso de las instituciones estatales el número de casos reportados es de 267, mientras que en las privadas es de 234.
En los colegios públicos se han reportado 189 casos de violencia entre escolares y 78 de personal de la institución hacia los escolares. Los casos de violencia física ascienden a 134, los de violencia psicológica a 108 y los de sexual a 25.
En tanto, los colegios privados reportan 184 casos de violencia entre escolares y 50 de personal de la institución hacia los escolares. A diferencia de los colegios públicos, aquí la cifra de violencia psicológica es más alta (99), seguido de la física (92) y la sexual (43). Esta última también es más alta que en los colegios públicos.
Primaria y secundaria
Asimismo, la mayor cantidad de casos de violencia se han reportado en los colegios de nivel secundaria, con 302, a diferencia de primaria, donde hay 184 casos, inicial con 12 casos y la básica alternativa con tres.
En los colegios de secundaria se han reportado 132 casos de violencia física, 123 de violencia psicológica y 47 de violencia sexual. Del total de estos casos, 65 derivaron en lesiones, 64 no tuvieron lesiones y 44 fueron verbales.
En los colegios de primaria hubo 87 casos de violencia física, 76 de violencia psicológica y 21 de violencia sexual. A diferencia de la secundaria, en la mayoría de los casos no hubo lesiones (53), solo en 21. Y el segundo subtipo de violencia más frecuente fue la verbal, con 39.
Acciones
Alí Sánchez Moreno, director de la UGEL Chiclayo, señala que antes se hablaba de un caso de violencia por día, pero hoy esta cifra se ha incrementado exponencialmente, lo que debe llevar a una reflexión no solo a las autoridades, sino a todos los agentes involucrados en la educación de los escolares, partiendo de la familia y la sociedad.
“Cada una de las autoridades, dentro del ámbito de nuestra competencia, tenemos muchísimo qué hacer. La mayoría de los casos de violencia se da entre alumnos, lo que denota que se debe fortalecer el trabajo con los tutores. El apelar a la violencia como medio para arreglar las cosas no ayuda en el proceso formativo ni mucho menos nos ayudará cuando los escolares salgan a la sociedad”, indica.
Respecto a los casos de violencia de personal de las instituciones hacia los escolares, señala que desde la UGEL Chiclayo evalúan cada caso con suma atención para determinar las medidas correctivas.
“Hay momentos en los que uno no puede ni moverse de acá porque se tienen que ver diferentes casos. Hay que ver si amerita una destitución, ponerlo a disposición de la institución, imponerle que no vuelva al local escolar. Si el Ministerio Público no encuentra razones para formalizar una investigación, igual debemos ver si por el lado del Poder Judicial, en los Juzgados de Familia, se ha tomado alguna medida restrictiva. Son varios aspectos que vemos porque eso le hace daño a la sociedad”, afirma.
Sobre los casos de violencia física y psicológica refiere: “Esto nos habla de que no podemos controlar nuestras emociones. ¿Qué está pasando con los alumnos? Tenemos que darle una mirada holística al tema y ver los diferentes actores para profundizar en las acciones que nos permitan disminuir estas cifras y combatir la violencia desde la prevención, con la familia”.
Acoso callejero
Finalmente, el titular de la UGEL Chiclayo también hace mención de la labor que se debe hacer con otras instituciones frente a la violencia que se ejerce desde las calles a los escolares. El pasado 3 de noviembre, una escolar del Santa Magdalena Sofía fue víctima de acoso por parte de un mototaxista, quien la persiguió desde la avenida José Leonardo Ortiz hasta la avenida Federico Villarreal, lanzándole comentarios inapropiados y de contenido sexual.
Afortunadamente, la menor fue auxiliada por una madre de familia del colegio Nicolás La Torre García, quien la acompañó hasta el colegio Santa Magdalena Sofía, donde se llamó a la Policía y se puso la denuncia correspondiente.
“Hemos constatado que las Brigadas de Autoprotección Escolar – BAPE, del colegio Santa Magdalena Sofía sí funcionan y están operativas, sin embargo, el límite de acción de las BAPE es en el frontis de la institución. Vamos a fortalecer el trabajo con la Policía y el servicio de serenazgo de la Municipalidad de Chiclayo, porque este no es el primer caso que ocurre en este colegio de acoso a las menores”, señala la autoridad educativa.
Añade que se trabaja de forma conjunta también con la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. – ENSA, dado que la iluminación es un factor que influye también en los hechos de agresión.
“El agresor siempre está buscando escenario que le facilite su accionar. Creo que, de cara al 2026, todas las autoridades del sector y las que colaboran con este, tales como la municipalidad, la Policía, Ensa y otros debemos fortalecer la acción para proteger a nuestras estudiantes. El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es una instancia donde nos reunimos constantemente”, manifiesta.
