• Corte de Lambayeque trabaja en la implementación de una radio oficial para emitir notificaciones y edictos.

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA Lambayeque presentó una propuesta para mejorar el retardo en el trámite de los procesos judiciales que ha sido seleccionada en el Primer Concurso Nacional de Creatividad e Innovación en el Poder Judicial. Esta consiste en establecer un estándar de productividad en las secretarías de los juzgados para que se emitan como mínimo 20 escritos diarios. Otra iniciativa, también nacida aquí, es que se cree un registro de procesados y sentenciados a nivel nacional.

El año pasado, la ODECMA Lambayeque impuso 147 sanciones a los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, representando el 12 % de las quejas presentadas por los usuarios por casos de inconducta funcional. Ninguna estuvo referida a actos de corrupción en el ejercicio de la labor jurisdiccional.

Cástulo Rojas Díaz, jefe de la oficina desconcentrada desde enero del 2017, explica que la mayoría de sanciones son por retardo en la administración de justicia, algunas por infracciones a los deberes funcionales cometidas por jueces de Paz no Letrados y otras por afectación al debido proceso, las que han ameritado la formulación de propuestas de suspensión. También se tienen actuaciones irregulares que lindan con la omisión de funciones.

“No se ha denunciado actos de corrupción pese a que se ha hecho la promoción respectiva de que tanto en ODECMA como en la OCMA estamos llanos a recibir las denuncias con reserva de identidad. Cualquier ciudadano o interesado que conozca de algún hecho ilícito o de corrupción, acoso o cualquier otro tema grave, puede acceder a la reserva de la identidad que se puede mantener hasta el final”, detalla.

A las sanciones se suman los procesos disciplinarios iniciados por disposición directa del Órgano de Control de la Magistratura – OCMA, como los existentes contra los jueces Cecilia Grandez Rojas, José Alfaro Sotomayor y Bárbara Castro Escobedo. A los dos primeros se les atribuye, entre otras cosas, haber mantenido una relación extramatrimonial lo cual se configuraría como una falta muy grave contra la Ley de la Carrera Judicial.

“Hay justiciables que formulan su queja acá y otros en Lima y cuando OCMA considera que debe asumir la investigación así lo hace o de lo contrario nos deriva a nosotros el caso. Muchas veces se cuestiona el criterio de los jueces y esa es una causal de improcedencia de la queja, porque nosotros no podemos interferir en lo que resuelve un juez en tanto su decisión se ajuste al marco legal”, menciona Rojas Díaz.

Añade que la mayor incidencia de quejas se da por retardo y también por cuestionamientos al criterio del juez, lo cual es inviable de revisar por la ODECMA.

“También hay denuncias en la Fiscalía de Control Interno que atiende imputaciones penales que no necesariamente tienen que ver con hechos de corrupción, como el abuso de autoridad, prevaricato o el rehusamiento de deberes funcionales. Estos casos se manejan de manera independientes y ahí la ODECMA no tiene ninguna competencia”, señala.

El magistrado refiere que una de las principales preocupaciones de su despacho es garantizar la eficiencia y eficacia del servicio de justicia, que debe ser oportuno y célere, y para ello se requiere de herramientas que permitan medir la productividad de los órganos jurisdiccionales.

ESTÁNDAR PARA ESPECIALISTAS

Es por esta razón que la ODECMA Lambayeque ha presentado dos propuestas que han sido seleccionadas para la etapa final del Primer Concurso Nacional de Creatividad e Innovación en el Poder Judicial, consistentes en contribuir a la mejora de la administración de justicia.

La primera apunta a que se fijen estándares de productividad en las secretarías de juzgado, a fin de superar el retardo existente en los órganos jurisdiccionales.

“No se trata únicamente de sancionar, sino de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la administración de justicia y en ese sentido se ha elevado una propuesta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que se estandarice la producción de los especialistas legales en todas las especialidades. Estamos haciendo una propuesta para que los especialistas provean o den cuenta de 20 escritos diarios, 100 semanales y 450 mensuales. Con eso creo que podríamos solucionar el retardo”, señala Rojas Díaz.

Actualmente, cada especialista judicial emite entre ocho y 12 escritos diarios, pues no existe un estándar como sí sucede con los jueces, quienes están obligados a cumplir metas periódicas.

Por ejemplo, en el Juzgado de Paz Letrado de Faltas de Chiclayo se emiten, por secretario, en promedio 3.9 escritos diarios y en el Juzgado de Familia de José Leonardo Ortiz el promedio diario por secretario es de 7.1 escritos.

Los escritos son importantes porque sirven de insumo para el proyecto de la resolución de la calificación y/o contestación de demandas, autos de citación a juicio, trámite de pedidos, articulaciones, devolución o remisión de expedientes, emisión de decretos de mérito trámite y más, cuya elaboración no representa mayor dificultad.

La falta de productividad diaria por parte de los servidores judiciales ocasionaron, por ejemplo, que en el 2017 el Primer y el Segundo Juzgado de Paz Letrados Laborales de Chiclayo acumulen retrasos del 32.47 y 34.68 %, respectivamente. Es decir, de cada 100 escritos ingresados solo se dio atención oportuna a 68, en promedio.

“Si a los jueces se les pide un estándar de producción, también debemos nosotros emitir una herramienta normativa que establezca un estándar de producción para los especialistas. Esta es una propuesta nacida de la ODECMA Lambayeque. Justamente al hacer las mesas de trabajo y recabar la información sobre la productividad encontramos que no hay una producción estándar en los diferentes órganos jurisdiccionales. Entonces, lo que queremos es estandarizar a fin de optimizar recursos, ejercer un mejor control y de ser el caso capacitar o en su defecto aplicar las sanciones con un mayor rigor, con más propiedad. Si bien es cierto la ley establece plazos cortos como, por ejemplo, dar cuenta o proveer en 48 horas o cinco días, no establece el estándar mínimo de producción y hay que considerar que todo servidor debe tener el soporte y esfuerzo y esto tiene límite dentro del marco normativo”, expone Cástulo Rojas.  

REGISTRO DE PROCESADOS

Otra de las propuestas presentadas por la ODECMA Lambayeque al concurso es la creación de un registro jurisdiccional a través de la implementación de buenas prácticas y un registro informático de procesados y sentenciados con o sin beneficios penitenciarios.

“El 50 % de los internos del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo ha sido o es procesado por delitos contra el patrimonio y ese es el principal factor que influye en la inseguridad ciudadana. Frente a ello hemos propuesto el registro de procesados, porque es necesario saber quiénes son reincidentes, situación que se presenta en la mayoría de casos de delitos contra el patrimonio”, menciona.

También es importante – anota – conocer la situación de los sentenciados a penas suspendidas, quienes gozan de libertad pero deben cumplir reglas de conducta o la de los procesados que tienen medidas de restricción.

“Estamos incidiendo para que los jueces penales hagan cumplir dichas reglas de conducta, porque se trata de personas que están sujetas al control judicial. El año pasado tuvimos una mesa de trabajo con aproximadamente 500 reos libres a quienes se les exhortó el cumplimiento de las normas y con los jueces hemos realizado un piloto para que sean ellos quien realicen el control de las medidas. Se ha dispuesto el control biométrico, que en mi opinión no cumple con lo que señala la norma de que el juez mismo realice la supervisión de los reos libres”, explica.

La creación del registro ayudaría a que se verifique además los antecedentes plenos de quienes aspiran a beneficios premiales como la colaboración eficaz, debido a que se han detectado casos de procesados que habiendo incumplido acuerdos previos con la autoridad judicial son considerados como tal a pedido del Ministerio Público.

AUDIENCIAS FRUSTRADAS

El jefe de la ODECMA comenta también que al inicio de su gestión hizo conocer su preocupación por reducir el índice de audiencias frustradas. Entre el 2015 y el 2016 el 27 % de las audiencias judiciales programadas se frustraron. Es decir, de 30 mil audiencias calendarizadas, aproximadamente siete mil no se realizaron.  

“Al cabo del control que se ha hecho hemos reducido el índice al 18 %. Estamos haciendo las mediciones y este año el objetivo es llegar a un 9 %, que aun así es alto. En este sentido se trata de optimizar y coordinar con la defensa técnica, la defensa pública y el Ministerio Público e internalizar en los jueces la imagen que se presenta como administración de justicia. Si se convoca a una audiencia y esta no se realiza definitivamente hay un perjuicio económico y a la propia institución.

Este tema de la frustración de audiencias incide en que los procesos se prolonguen de manera indefinida en algunos casos. Juicios que deberían terminar en uno o dos años se prolongan hasta tres o cuatro año”, sostiene.

Hasta fines del 2016 cerca de mil audiencias se frustraron por inasistencia de los fiscales, más de cuatro mil por inconcurrencia de la defensa técnica y poco más de dos mil por razones atribuibles al Poder Judicial, como deficiencias de notificación y falta de logística.

“Por ejemplo, en los pueblos como Motupe, Olmos y Lambayeque nos falta logística. Por eso se ha hecho la propuesta para la creación de una radio oficial. El Código Procesal Civil hace 25 años consideró la notificación por radiodifusión como medio eficaz y el Código Procesal Penal también lo permite, pero nos hace falta ese soporte. Se ha conformado una comisión para la implementación de la radio oficial. Yo creo que con eso vamos a reducir el número de audiencias frustradas porque el número de usuarios o justiciables van a ser notificados por radio. Tenemos un diario oficial y la ley nos permite también tener una radio oficial a fin que se canalicen los edictos y notificaciones que dictan todos los órganos jurisdiccionales de la corte”, comenta.

JUZGADOS Y AZUCARERAS

Por otro lado, Cástulo Rojas reconoce que los problemas irresueltos en las empresas agroindustriales de Lambayeque representan una carga para la imagen del Poder Judicial, debido a que todas las decisiones que se adoptan en los juzgados civiles donde ser revisan los casos referidos a estas generen controversia y rechazo de ciertos sectores.

El magistrado menciona que los problemas de las azucareras deben ser resueltos por sus propios actores, que son los accionistas, en el entendido de que siendo estas corporaciones privadas les corresponde a ellos asumir la solución de las discrepancias societarias.

“Particularmente en Lambayeque hay dos azucareras que tienen esa problemática:  Tumán y Pucalá. Respecto a nuestras funciones, en el caso de Pucalá existe una directiva expresa de la OCMA que señala que todo conflicto materia de queja debe ser derivado a Lima, esto por un tema de seguridad debido a las amenazas que recibió en el 2013 el entonces jefe de la ODECMA Lambayeque”, explica.

 respuesta de Rosa Sánchez Chayan el 2019-10-14.

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