Estos 30 años que pasaron hirieron a lambayecanos y habitantes del norte del país por dos graves acontecimientos: El 14 de enero del 2003 una matanza en Cayaltí acabó con la vida de 11 personas. Cuatro años después, en Bagua, un enfrentamiento entre policías y nativos, dejó un saldo de 33 personas fallecidas (23 policías y 10 nativos) y un desaparecido.
La matanza en Cayaltí ocurrió el 14 de enero del 2003, pero meses antes la empresa agroindustrial Cayaltí venía efectuando con sus trabajadores incursiones en terrenos cuya propiedad alegaba para desalojar a personas ajenas a la empresa que se habían posesionado en diferentes sectores.
Incluso en julio del 2002, se llevó a cabo una intervención en el predio “El Examen” en que, por la presencia de numeroso grupo de trabajadores, consiguieron que quienes habían tomado posesión de ese terreno huyeran del sector. En ese lugar la policía decomisó dos escopetas.
Sin embargo, poco después, de 14 a 20 personas volvieron a tomar posesión, permaneciendo desde diciembre del 2002, en que construyeron dos chozas. Argumentaban que ese terreno no tenía propietario, pues obraba en su poder una certificación de Registros Públicos en ese sentido. Debido a las acciones de hecho adoptadas por la empresa Cayaltí para desalojarlos, optaron por recurrir a la Prefectura del departamento, que les otorgó garantías individuales. Asimismo presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente del directorio de Cayaltí, Julio Walter Vásquez y otros, por el delito de abuso de autoridad debido al desalojo del que habían sido objeto.
La empresa Cayaltí acordó proceder al desalojo de los que consideraban invasores y ordenaron el desplazamiento del personal de campo y administrativo, hecho que se frustró por la negativa de los trabajadores, que requerían el apoyo policial. No obstante, los directivos de la empresa, sin conocimiento de la policía, ni ninguna autoridad competente, acordaron que el desalojo se llevaría a cabo el 14 de enero, bajo la coerción que, de no asistir sus trabajadores, se les descontaría el jornal y no recibirían además los 50 nuevos soles que les correspondía por la última venta de caña de azúcar.
A las 5:30 de la mañana de ese día, 400 trabajadores abordaron tres vehículos de la empresa. Llegaron a las 7:00 de la mañana y, al percatarse de la presencia, los supuestos invasores empezaron a disparar contra uno de los camiones de la empresa, originándose el enfrentamiento. Los trabajadores de la empresa destruyeron y quemaron las viviendas rústicas, así como los pocos enseres que encontraron, produciéndose disparos con armas de fuego.
Producto del enfrentamiento, fallecieron 11 personas, 9 pertenecientes a la Asociación de Agricultores o presuntos invasores. También hubo numerosos heridos. Las pericias policiales, descartaron que los nombrados hubieran hecho uso de armas de fuego. Asimismo, se observó que al igual que los trabajadores de la empresa que fallecieron por impacto de armas de fuego, también algunos del grupo contrario que fallecieron a consecuencia de heridas cortantes y por arma de fuego.
La acusación fiscal señaló que los miembros del directorio, tratando de eludir su responsabilidad, sostuvieron que desconocían la existencia de los invasores y que el envío de los trabajadores al lugar de los hechos se debió a que iban a realizar el chaleo y limpieza de ese sector. No obstante, esta versión resultó absurda por los antecedentes ya mencionados y porque toda esa zona se encontraba abandonada, sin cultivar, existiendo incluso áreas más cercanas en la misma situación y que no eran atendidas ni recuperadas para el cultivo por la precaria situación económica de la empresa.
A los autores del delito de homicidio calificado, se les acusó de actuar contra la administración de justicia al omitir dolosamente recurrir a la autoridad, bajo la pretensión de ejercer un derecho que incluso se encontraba en litigio judicial, por hallarse en trámite una acción sobre interdicto de retener.
Además, se estableció que el área de terreno supuestamente invadida no se encontraba en posesión inmediata de la empresa, por lo que no existieron actos de violencia, amenaza o despojo y por el contrario los presuntos invasores habían iniciado acciones penales y civiles que debían solucionar el conflicto sobre la propiedad y posesión de la misma; solución que no fue esperada por la empresa Cayaltí, que por el contrario arbitrariamente decidió hacerse justicia por sí misma, incurriendo en el delito contra la función jurisdiccional.
La de Bagua
Cuatro años después, el 5 de junio de 2009 sucedió la masacre de Bagua, también llamada “El Baguazo”, cerca de El Reposo, en Bagua, departamento de Amazonas, como consecuencia de una medida drástica a causa del bloqueo de carreteras que conllevó a un toque de queda. El enfrentamiento dejó 33 muertos (23 policías y 10 nativos) y un desaparecido.
Ocurrió como parte del desalojo por parte de 369 agentes policiales, de aproximadamente 5,000 nativos aguarunas, huambisas y otros grupos étnicos amazónicos que, con pobladores de Jaén, Bagua y Bagua Grande, bloqueaban desde hace 55 días la carretera Fernando Belaúnde Terry; lo que provocó el desabastecimiento de combustible, gas y alimentos.
La orden fue dada por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el primer ministro Yehude Simon, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez. La falta de una comunicación efectiva por parte del gobierno habría detonado la revuelta y violencia que se expandió desde una zona despoblada hasta ciudades cercanas. En su exposición ante el Congreso, Yehude Simon señaló que el gobierno se mantuvo permanentemente abierto al diálogo para encontrar una solución frente a los reclamos de las comunidades nativas.
Se acusó finalmente a los nativos, pero en 2016 la justicia peruana absolvió a 52 indígenas amazónicas acusados por la muerte de 12 policías. En 2021, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió ratificar la sentencia absolutoria.
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