La mañana del martes 6 de junio, un aproximado de 500 trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán llegaron hasta la sede de la Fiscalía Anticorrupción, ubicada en la cuadra nueve de la avenida Luis González, en Chiclayo. Esa no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo hacían. Era la vez número cincuenta que marchaban en protesta. La consigna fue la misma de siempre: lograr justicia para la empresa azucarera que -según refieren- fue desfalcada en más de 200 millones de soles por las ex administraciones judiciales. Sin embargo, 41 meses y 50 marchas después, el fiscal a cargo del caso, Luis Jaramillo Cubas, aún no formaliza la denuncia contra los presuntos responsables.
“El plazo de los cinco meses ya se cumplió, por eso es que nosotros hemos venido en marcha para exigirle al fiscal Luis Jaramillo Cubas que ya denuncie a estos señores que le hicieron daño a Tumán, llevándose más de 200 millones de soles. Le exigimos que pida una prisión preventiva para todos los que son culpables de esta desgracia en Tumán”, señaló el martes Vicente Castillo Nicolás, presidente del Frente de Defensa de Tumán, en alusión a los cinco meses adicionales que solicitó el fiscal Jaramillo, luego de que se venciesen los 36 meses que se dieron originalmente como parte de la investigación compleja.
Los investigados
El fiscal Luis Jaramillo, titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, tiene en sus manos el caso desde el 2022 (antes estuvo en manos del fiscal Juan Carrasco Millones), tiempo durante el cual solo se ha formalizado la investigación preparatoria, mas no se han realizado actos para preservar el patrimonio depredado a la empresa, que asciende a alrededor de 200 millones de soles.
El período investigado va del 2015 al 2019, siendo los aludidos Marcelino Llontop Suyón, Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Eguzquiza Sánchez, César Augusto Sandoval Lozada, Daniel Rioja Sánchez, Eric Benavides Timaná, entre otros.
“Son cuatro las administraciones cuestionadas, la denuncia se hizo en diferentes carpetas, pero luego la fiscalía consideró que se deberían agrupar en una sola y se acumularon en la Carpeta n.°18-2018, a cargo del fiscal Jaramillo. Él ha hecho algunas acciones a impulso nuestro y ha establecido que hay indicios razonables de la comisión del delito, ha formalizado la investigación y a pesar de que ha tomado declaraciones de los implicados del caso y ha podido establecer que -efectivamente- lo que nosotros decimos es cierto, hasta la fecha no ha tomado ninguna acción para preservar el dinero que se llevaron”, señala Gilberto Carrasco Lucero, abogado de los trabajadores.
Períodos
Entre las acciones de presunta irregularidad que se investigan durante el período comprendido del 12 de septiembre del 2015 al 15 de septiembre del 2016, donde estuvo al frente Marcelino Llontop Suyón, está la apertura de cuentas personales para depósitos de dinero por 4 millones 916 mil 287 soles, la cancelación de servicios no realizados, la cancelación de préstamos simulados, la emisión de recibos sin valor y la entrega de bolsas de azúcar a favor de terceros.
Asimismo, está el pago de un millón 481 mil 24 soles a las empresas: ‘Servicio Universal Click SAC’ y ‘Aseo y Servicios Diversos SA’; el pago a la empresa ‘Kapaucar’ por 2 millones 536 mil 787.30 soles, al Servicios de Estudio Jurídico GB&V SAC por 778 mil 166 soles y servicios legales por un millón 178 mil 683.06 soles.
Del 16 de septiembre del 2016 al 31 de octubre de ese mismo año las riendas de Tumán estuvieron administradas por Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Eguzquiza Sánchez y César Augusto Sandoval Lozada.
De este breve período se investiga la apertura de cuentas en dos entidades bancarias por parte de Alejandro Zevallos, la adquisición de suministros por un millón 970 mil 302.16 soles, gastos legales por 156 mil 738.60 soles, el pago al abogado Carlos Martín Castillo Olazo por 84 mil 653.20 soles y la emisión de recibos provisionales por un millón 89 mil 62.25 soles.
Posteriormente estuvo Alejandro Zevallos en solitario hasta el 20 de marzo del 2017. De este tiempo se investiga el contrato en Bagua con Alimenta Perú para la venta de azúcar por seis millones 315 mil soles, un depósito en su cuenta personal del Banco Continental por la suma de tres millones 15 mil soles y un depósito en una cuenta personal de Interbank a nombre del tesorero de apellido Cajusol por tres millones 300 mil soles
De acuerdo al Informe de auditoría, durante este período ingresaron 51 millones 804 mil 53 soles y hubo un egreso de 26 millones 319 mil 562 soles.
La fiscalía también investiga la administración judicial de Daniel Rioja Sánchez y Martín Guillermo Martínez Valdiviezo. Ellos estuvieron al frente de Tumán en dos períodos: del 21 de marzo del 2017 al 24 de abril de ese año y del 13 de octubre del 2017 al 30 de enero del 2018.
De esta administración la fiscalía investiga la aceptación de un pagaré en Sechura por tres millones 300 mil soles con la empresa Multinegocios del Pacífico SAC que no ingreso a la caja de Tumán y el otorgamiento de un poder a Salatiel Marrufo para aceptar un pagaré en Bagua a Multinegocios del Pacífico SAC por un millón 800 mil soles que tampoco ingreso a caja.
Además, la fiscalía investiga un hecho inusual: el mismo día en que se deja sin efecto la designación de los administradores judiciales (24 abril 2017) se aceptó una letra de cambio por dos millones 509 mil 40 soles que tampoco ingresó a caja. Al día siguiente también se vendieron 259 mil litros de alcohol por un valor 608 mil 650 soles con cheque a nombre del excajero.
De igual forma, se investiga el retiro de dos mil bolsas de azúcar que supuestamente iban a ser donadas a la Policía y el depósito en cuentas personales por 26 millones 192 mil 627.37 soles.
Finalmente, el Ministerio Público investiga la administración de Eric Benavides Timaná, del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2021. De aquí se recogen dos acciones de presunta irregularidad: las ventas de azúcar en bolsa, caña de azúcar en planta y melaza por la suma de 25 millones 180 mil 724.17 soles, monto del cual no se conoce el destino, y la anulación de facturas por 4 millones 64 mil 351.74 soles bajo el pretexto de un supuesto error.
“Hasta ahora no sabemos lo que ha arrojado el perito contable de la fiscalía, pero sí hay documentación, pruebas contundentes de que ellos sí han extraído el dinero de Tumán y por eso hoy se dan la buena vida. El señor Sandoval vive como un ricachón en Chiclayo, cuando antes no tenía ni para viajar de Tumán a Chiclayo; el señor Marcelino Llontop camina con un guardaespaldas, cuando ha sido un simple cortador; Leoncio Egúsquiza, un hombre que quebró Tumán en 1988 llevándose más de 450 mil intis, lo que era una planilla de los trabajadores. Hoy hacen lo que se les da la gana en Tumán, ellos están inmersos en esta desgracia que ocurre en Tumán”, sostiene Vicente Castillo.
Realidad de Tumán
Según refiere Castillo Nicolás, hasta los primeros meses del 2015, la empresa Tumán producía 7200 hectáreas de caña. Ese año, la administración judicial que lideraba Segundo Ordinola Zapata dejó 1500 hectáreas de caña planta y 6320 de caña soca. Sin embargo, la administración que le precedió, la de Marcelino Llontop, no lo aprovechó.
“Marcelino Llontop tuvo un imperio para darse el lujo de que solo moliera la caña de Tumán, ni siquiera de terceros. Hoy por hoy Tumán no produce nada. Los terrenos están totalmente abandonados. Tumán tiene 13 mil hectáreas, pero si hoy ven, los campos que antes eran de caña, ahora están llenos de maíz para llevar. Hoy los terrenos se alquilan para sus bolsillos. Incluso sabemos extraoficialmente que se han vendido terrenos. En los campos de cultivo hay casas de material noble de dos y tres pisos”, refiere.
El dirigente refiere que en el 2015 un promedio de 2000 trabajadores quedó fuera de sus labores. Hoy quedan entre 550 a 600 trabajadores, pero ellos ya no trabajan en el mismo Tumán, sino que lo hacen fuera.
“El trabajador de Tumán tiene que salir del distrito para traer comida y educación a sus hijos. Hoy ningún trabajador recibe un sol. Somos más de 5000 trabajadores en Tumán que no hemos recibido ni un sol por nuestro tiempo de servicio. Muchos se han obligado a jubilarse a los 60 años, a los 58, para siquiera llevarse algo del seguro que les dan. La mayoría de los trabajadores que no cumplieron los 65 años se vieron obligados a jubilarse con una irrisoria mensualidad de 450 soles”, apunta.
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