El vicepresidente de la Asociación de Exportadores – ADEX, Rafael del Campo Quintana, conversó con Expresión sobre los esfuerzos que se hacen desde el sector exportador para consolidar al Perú en el mercado internacional, en cuyo proceso – afirma – es fundamental la unión del sector público y privado.
“El trabajo del sector público y privado de la mano es importante. Si no trabajan juntos, no hay ningún tipo de resultados. Por otro lado, en el sector exportador debe quedar claro que los grandes dependen de los pequeños y viceversa, por lo que se trata de una integración en el sector privado que siempre debemos tener presente”, señaló.
Del Campo Quintana, quien llegó a Chiclayo para participar del III Congreso Internacional de Pasifloras, organizado por ADEX, destacó que el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, haya aprobado el primer manual de cultivo de la maracuyá, herramienta técnica que es necesaria para estandarizar y mejorar la producción de la fruta.
“Algo que para nosotros resulta histórico es que por primera vez en el Perú se tiene un manual, elaborado por el INIA, para el cultivo de la maracuyá. El INIA viene trabajando hace cinco años en este esfuerzo para conseguir la semilla que nos permita tener el grado Brix que nos exige el mercado internacional”, sostuvo.
Los grados Brix miden el porcentaje de azúcares disueltos en un líquido, como lo son los jugos, frutas, vinos y alimentos procesados. Un grado Brix significa 1 gramo de azúcar (sacarosa) por cada 100 gramos de solución. Esta medida es crucial para evaluar la calidad, el sabor y la madurez de frutas y verduras, así como para determinar la fecha óptima de recolección y para la conservación de alimentos envasados, ya que los azúcares actúan como conservantes naturales.
“Todavía no lo hemos logrado, es difícil, pero estamos trabajando para ello. Nuestro objetivo es poder competir en producción y calidad de la maracuyá con Vietnam, Colombia, Brasil o Ecuador. El Estado hace esfuerzos, pero es muy complejo, las normas que lo rigen son un poco lentas y los cambios que se dan de manera permanente atrasan las mejoras que se deben hacer. Lo positivo, en este caso, es que hay iniciativas en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri, y el INIA que se han mantenido, lo cual nos ha ayudado bastante”, aseveró.
Nueva ley agraria
Destacó también los beneficios que traerá al sector productivo la Ley 31110 — Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial, que reemplaza a la ley derogada en 2020 y se centra en la recuperación de incentivos para el sector, ofreciendo beneficios fiscales progresivos a grandes agroexportadoras y reducciones de impuestos para pequeños agricultores y la agricultura familiar.
“La nueva ley agraria es una norma que se ha mejorado en el tiempo. Se ha dicho de manera equivocada que favorece a los grandes y no es así, ha traído componentes de mejora y favorece grandemente al pequeño empresario, porque lo ha incluido en la canasta agroexportadora. Ese pequeño productor ha sido incorporado al sistema de financiamiento y de la cadena exportadora”, indicó.
Añadió que cuando la primera ley de promoción agraria entró en vigencia, el Perú apenas exportaba 400 millones de dólares y antes de su derogatoria se llegó a 12 mil millones de dólares.
“Con la nueva norma estamos seguros de que llegaremos a 25 mil millones de dólares. Ya la ley anterior nos permitió generar más de cuatro millones de puestos de trabajo directo, además de millones de puestos indirectos. En diez años vamos a ver los resultados exitosos de esta nueva ley”, señaló.
Protocolos sanitarios
Asimismo, resaltó el acompañamiento permanente de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú - Senasa.
“Si comparamos, por ejemplo, lo que pasa con las instituciones de Brasil, nuestra realidad es impresionante y estamos prácticamente en el paraíso. La homologación de normas sanitarias es otro de los esfuerzos que se deben destacar. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego ha mencionado que se está pensando no solo en tener agregados comerciales en los diferentes países del mundo, sino también personas que fomenten los protocolos sanitarios. Esas ideas son muy buenas y hablan de una visión de futuro. Es necesario tener personas que permanentemente se encarguen de los protocolos para ampliar nuestra oferta”, indicó Rafael del Campo.
Dijo que se debe pensar en productos nuevos, otros cultivos que puedan salir al extranjero y que generen beneficios para los pequeños agricultores, que se sumen a la cadena. “No pensemos únicamente en los productos que requieren gran inversión, sino en los que son más accesibles para cultivar y pueden tener éxito en el exterior”, anotó.
Inversiones y proyectos
Respecto a la lucha de Lambayeque por la ejecución del Terminal Portuario Regional, Rafael del Campo indicó que la Asociación de Exportadores – ADEX, se suma a la exigencia, pues la obra debe concretarse con capitales netamente privados.
“Soy el primero en aplaudir que haya un puerto en Lambayeque, pero quiero que entiendan los lambayecanos, como también los arequipeños, que esperan la ejecución del puerto de Corio: el Estado no es el que va a invertir, en el caso de Lambayeque, los 500 millones de dólares para hacer el puerto. El Estado debe promocionar y declarar viable el proyecto y alentar a que vengan inversionistas. Ya dieron la viabilidad, ahora toca alentar que lleguen los inversionistas. En complemento, es necesario pensar en los ejes viales con Brasil para incrementar los volúmenes de exportación por el puerto lambayecano”, manifestó.
Dijo que no hay que temer a la inversión privada, para que no pase lo que sucedió en Cajamarca, que le dio la espalda a la minería y hoy su infraestructura es crítica. “Es una de las regiones más pobres del Perú. Esos son los resultados de ideas radicales y extremistas que solo postergan a los pueblos”, afirmó.
Finalmente, expresó preocupación por lo que pueda pasar con el Proyecto Olmos si es que no se dan las condiciones para que el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, asuma como operador del trasvase, sobre todo porque ahí se tienen 350 millones de dólares invertidos, 70 mil personas trabajando y una región que antes era un arenal y hoy es un milagro productivo.
“Nos preocupa que la improvisación en las decisiones pueda generar perjuicios y cargar penalidades al país. Sin embargo, creo que quienes están a la cabeza del gobierno están pensando en esta situación y confío en que tienen una solución. Confío en su buen juicio”, enfatizó.
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