A pocas semanas de concluir el 2025, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Gilmer Jara Vergara, hace un balance de su gestión, marcada por logros en materia de infraestructura, modernización institucional y fortalecimiento del servicio fiscal. En diálogo con Expresión, el magistrado detalló los proyectos en marcha, las principales problemáticas que enfrenta el Ministerio Público y las estrategias para combatir delitos como la corrupción, la minería ilegal y el tráfico de terrenos.
Uno de los pilares de la gestión del doctor Gilmer Jara es la mejora de la infraestructura fiscal en Lambayeque. “Estamos haciendo un trabajo importante por el Ministerio Público en relación al tema de obras. Hemos conseguido un terreno donado por la Municipalidad Distrital de La Victoria, con una extensión de mil metros cuadrados, donde se construirá el nuevo edificio institucional”, explicó el magistrado.
El proyecto, que contempla cinco pisos y un sótano, permitirá concentrar todas las fiscalías que actualmente funcionan en locales alquilados. “Eso nos permitirá ahorrar alrededor de un millón y medio de soles anuales en alquileres, además de ofrecer mejores condiciones de atención a la ciudadanía”, precisó.
Comenta que el Gobierno Regional de Lambayeque asumió el compromiso de financiar la obra con un presupuesto de 24 millones de soles. “Ya tenemos el perfil técnico y el convenio específico suscrito. Esperamos que en marzo o abril del 2026 se inicie la construcción. Esta obra será una realidad gracias al trabajo conjunto con el gobierno regional”, añadió el presidente de la Junta de Fiscales.
Asimismo, la gestión ha logrado otro avance significativo: la donación de cinco hectáreas de terreno cerca de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde se proyecta la construcción de la Ciudadela del Ministerio Público de Lambayeque. Este complejo albergará unidades de flagrancia, almacenes, archivos, fiscalías especiales y depósitos para vehículos incautados. “Hoy pagamos alquileres por cocheras y locales de archivo. Con esta obra nos ahorraremos esos costos y tendremos un espacio propio y seguro”, destacó.
El presidente de la Junta de Fiscales también adelantó que se gestiona la construcción de un local propio para la Fiscalía Provincial de Cutervo, en Cajamarca, jurisdicción que pertenece al Distrito Fiscal de Lambayeque. “Tenemos un terreno donado cuando fui fiscal coordinador. Ya se está elaborando el perfil técnico con el apoyo del alcalde de Cutervo, Moisés González. Será un edificio adecuado y moderno para los fiscales de esa provincia”, puntualizó.
Gestión administrativa y equipamiento
Jara Vergara resaltó que su gestión no solo se enfoca en obras, sino también en la modernización administrativa y la dotación de recursos. “Hemos solicitado autorización a Lima para la compra de seis motocicletas destinadas al área de notificaciones, con el fin de agilizar los trámites. También gestionamos la renovación de computadoras, mobiliario y equipos para las fiscalías”, indicó.
Uno de los problemas que se logró solucionar este año fue la falta de insumos y mantenimiento de equipos en Medicina Legal. “Durante la visita del fiscal de la Nación, doctor Tomás Gálvez Villegas, se asignó un millón y medio de soles para el mantenimiento de maquinaria, compra de repuestos y contratación de personal especializado. Hoy, las pericias se están realizando con normalidad”, subrayó.
En materia de personal, se identificó la necesidad de reforzar la carga laboral de los despachos fiscales. “Con el área de planificación y presupuesto hemos creado 35 plazas temporales CAS, distribuidas en las fiscalías con mayor demanda, como las de corrupción de funcionarios, crimen, violencia contra la mujer y Jaén. Los fiscales ahora cuentan con el personal de apoyo necesario para avanzar en sus investigaciones”, aseguró.
A septiembre de este año, el Ministerio Público en Lambayeque ha recibido 6587 denuncias y ha concluido 7068 carpetas fiscales.
En lo que va del año, se han logrado 1597 sentencias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, de las cuales 64 han sido por casos de homicidio. Asimismo, 940 sentencias por delitos contra el patrimonio, 28 de las cuales fueron por extorsión y 43 por usurpación; 219 sentencias por delitos contra la libertad, 180 de ellas por violación sexual; 203 por delitos contra la administración pública y 138 por delitos ambientales.
El total de sentencias logradas por las fiscalías de Lambayeque es de 5339.
Contra el crimen organizado
Entre los desafíos más urgentes que enfrenta el Distrito Fiscal de Lambayeque, Jara Vergara señaló dos problemas críticos: la minería ilegal y el tráfico de terrenos, especialmente en las provincias de Jaén y San Ignacio.
“He informado al fiscal de la nación y al comando de la Policía Nacional sobre la grave situación que se vive en la frontera. Existen enfrentamientos entre ciudadanos peruanos y extranjeros —colombianos, ecuatorianos y venezolanos— por el control de zonas donde se extrae oro de manera ilegal. En un solo fin de semana se registraron varios asesinatos en Tincungue y Fila Alta”, relató.
El presidente de la Junta de Fiscales solicitó formalmente que San Ignacio sea declarada en emergencia, a fin de permitir la intervención conjunta de la Policía y el Ejército. “No podemos permitir que se convierta en un foco de violencia como Pataz. Estas bandas armadas operan con total impunidad y ponen en riesgo la seguridad de toda la región”, advirtió.
Asimismo, alertó sobre el auge del tráfico de terrenos en el distrito de Bellavista (Jaén), donde la informalidad y la superposición de documentos han generado disputas violentas. “Hay personas que se autoproclaman propietarios con simples certificados de posesión expedidos por jueces de paz o ronderos. Luego lotizan y venden los terrenos varias veces, originando conflictos y muertes. Por eso hemos pedido que estos delitos pasen a ser competencia de la Fiscalía de Crimen Organizado”, sostuvo.
El magistrado también explicó cómo la minería ilegal ha reemplazado al narcotráfico en rentabilidad para las mafias. “Los traficantes de droga se han volcado a la minería ilegal porque las penas son menores. Por narcotráfico pueden recibir 15 a 30 años, mientras que por minería ilegal apenas de dos a cinco. Es un negocio rentable y con menos riesgo penal. Por eso la violencia está creciendo”, afirmó.
Casos emblemáticos y avances procesales
Consultado sobre casos emblemáticos de Lambayeque, se refirió al proceso de la Empresa Agroindustrial Tumán, que involucra denuncias por lavado de activos, crimen organizado y perjuicio a miles de trabajadores. “El caso está en la Fiscalía de Crimen Organizado. Hubo demoras iniciales por la inacción de fiscales anteriores, pues el caso lo tuvo el exfiscal Juan Carrasco Millones y no avanzó. Hoy está avanzado. Se realizó una pericia contable y el expediente está en la etapa de decisión: acusación o sobreseimiento”, informó.
También se pronunció sobre el histórico caso ‘Los Limpios de la Corrupción’, iniciado hace más de una década. “El proceso se fraccionó en varias carpetas. La mayoría ya tiene sentencia y la principal, por lavado de activos, se encuentra lista para juicio. La fiscal a cargo, doctora Sara Alvarado Cabrera, deberá presentar la acusación en los próximos días y esperamos que el control de acusación sea célere”, señaló.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, mencionó una reciente intervención en la que un efectivo policial fue detenido por solicitar dinero a cambio de ingreso a la Escuela de Suboficiales. “Casos así se investigan con rigor. La Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, dirigida por la doctora Ana Segarra Azula, está cumpliendo una labor ejemplar”, reconoció.
Reformas legales y fortalecimiento institucional
Respecto al paquete de 12 leyes consideradas pro crimen y que podrían ser derogadas, el presidente de la Junta de Fiscales consideró que “la creación de una Fiscalía de Bandas Organizadas dedicada exclusivamente a delitos de extorsión y sicariato es una necesidad urgente”.
“Los fiscales necesitamos herramientas legales que nos permitan actuar con rapidez y eficacia. Hoy, muchos delincuentes recuperan su libertad por vacíos en la ley. Se nos critica por liberar detenidos, pero el Código Penal impide solicitar prisión preventiva en delitos cuya pena mínima no supera los cinco años. No es negligencia fiscal, es un límite legal”, explicó.
En ese sentido, insistió en que las leyes deben fortalecer el rol del Ministerio Público y mejorar la articulación con la Policía. “El delito evoluciona más rápido que las normas. Necesitamos más fiscales, tecnología, y capacitación. Por ejemplo, estamos gestionando la creación de una Fiscalía de Delitos Informáticos en Lambayeque, porque la ciberdelincuencia crece cada año”, adelantó.
El magistrado también hizo un llamado a la ética y transparencia dentro de la institución. “Mientras los fiscales trabajen conforme a ley, tendrán mi respaldo absoluto. Pero si detecto irregularidades, seré el primero en informar al fiscal de la nación y al jefe de Control Interno. No estamos aquí para proteger a nadie que falte a la verdad o a la justicia”, enfatizó.
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