Tras más de cuatro años de investigación, el pasado 3 de noviembre, mediante la Disposición Fiscal N° 17, el fiscal José Luis Jaramillo Cubas, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, dio por concluida la investigación preparatoria seguida contra César Sandoval Lozada, Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Egúsquiza Sánchez y otros implicados en los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.
Con ello, el fiscal cuenta con treinta días para emitir su pronunciamiento final, que deberá ser acusar o sobreseer. Para el asesor legal de los trabajadores de Tumán, Gilberto Carrasco Lucero, Jaramillo Cubas debería optar por lo primero, puesto que los elementos de juicio han sido fehacientemente acreditados, entre estos las pericias contables que se realizaron a las ex administraciones judiciales.
Desfalco
Carrasco Lucero estima que el desfalco de la azucarera durante la gestión de Alejandro Zevallos y Leoncio Egúsquiza fue de 200 millones de soles. Sin embargo, el total entre todas las administraciones judiciales sería de más de 1200 millones de soles, incluidas las deudas que se tienen con los trabajadores, con la Sunat y otras entidades del Estado.
“A través de una auditoría que hemos aportado se ha determinado que, efectivamente, existe un forado económico que han acarreado las administraciones judiciales. Esto ha sido en beneficio de estas personas que se han convertido en los nuevos ricos de Chiclayo. La ruta del dinero está señalada, incluso por algunos de ellos, que han reconocido en sus declaraciones que, siendo administradores judiciales, recibieron depósitos en sus cuentas personales y no han podido justificar el destino de ese dinero”, manifiesta.
A ello se suma que hay otra carpeta fiscal, que es la 216-2021, en la que solamente se investiga la administración de Marcelino Llontop. En esta carpeta, a cargo del fiscal Javier Idrogo Rodríguez, están pendientes unas declaraciones, tras las cuales se espera que se proceda a formalizar la investigación.
“La empresa se encuentra en una grave situación, debido a que se han despilfarrado sus recursos. Sabemos casi a diario cómo pretenden apoderarse de las tierras de Tumán y cómo desmantelan lo poco que queda de la maquinaria para venderla como chatarra. Vemos los campos desgastados, sin siembra que sirva para la molienda. La empresa está totalmente paralizada”, señala el letrado.
Prescripción
Carrasco Lucero señala que la demora de la fiscalía para concluir la investigación y emitir pronunciamiento solamente favoreció a los denunciados, quienes buscarían acogerse a la prescripción de sus delitos.
“Ellos estuvieron jugando con la posibilidad de una prescripción de los delitos que hemos denunciado, tal como ha sucedido con otros delitos de estas mismas personas como hurto agravado y fraude en la administración de personas jurídicas, que por el tiempo que ha transcurrido han prescrito”, advierte el abogado.
Trabajadores
Por su parte, Vicente Castillo Nicolás, presidente del Frente de Defensa de Tumán, hace una comparación para entender la debacle que ha tenido la azucarera. Sostiene que, en el 2015, con Segundo Ordinola Zapata al frente de la empresa como administrador judicial, había más de 7200 hectáreas de caña sembrada, riqueza que luego administró Marcelino Llontop y otros que llevaron a que hoy no haya una sola hectárea de caña de azúcar sembrada.
“Exigimos justicia hace más de cinco años para Tumán, que era una de las empresas más grandes en el 2015 y que hoy es una de las peores de los tiempos. Estamos de vuelta en las calles de Chiclayo para exigirle a la fiscalía que de una vez acuse a los que destruyeron Tumán. El tiempo se terminó, el plazo se acabó”, señaló Vicente Castillo Nicolás, presidente del Frente de Defensa de Tumán.
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