Nos encontramos en un escenario sociopolítico bastante convulsionado y más allá de replantear políticas de seguridad y lucha contra la delincuencia, se requiere de una urgente recomposición institucional en donde el equilibrio de poderes se comporte como verdadero sistema de pesos y contrapesos, y que los mismo gocen de autonomía, independencia y cumplan las funciones que constitucionalmente están descritas en la ley fundamental como una garantía a la seguridad jurídica y democrática de una nación libre y soberana.
Los retos y desafíos que nos plantea tal escenario de cara al proceso de Elecciones Generales 2026 es complejo, y trataré de esbozar como necesarios planteamientos que aseguren por lo menos el desarrollo normal del proceso electoral del 12 de abril próximo.
En primer término, el Congreso tendrá que atender la solicitud del sistema electoral referente al marco presupuestario, toda vez que a la fecha no se han entregado los recursos necesarios para garantizar una correcta ejecución y fiscalización del proceso, es por ello que el presidente del máximo organismo electoral, Roberto Burneo Bermejo, solicitó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República una demanda adicional de 372.51 millones de soles para la institución, con el fin de atender el déficit presupuestal para los procesos electorales de 2026. Y en efecto hablamos en “plural” porque la polarización política vigente y la dispersión electoral en el Perú con una variada “oferta electoral” nos conduciría inexorablemente a una segunda vuelta o ballotage en lo que se refiere a las Elecciones Generales, en donde además elegiremos senadores, diputados y parlamentarios andinos.
Asimismo, tendremos elecciones de centros poblados y además las elecciones regionales y municipales en octubre del 2026, y eventualmente una segunda elección regional en aquellas circunscripciones departamentales donde los candidatos no superen el 30 % de los votos válidamente emitidos en primera vuelta, tal como lo exige la Ley de Elecciones Regionales n.º 27683.
Limitaciones presupuestales
De no atenderse esta brecha presupuestaria se comprometería la transparencia de los procesos electorales antes descritos y con ello la confianza y credibilidad ciudadana en un sistema electoral que pretende mostrar su mejor rostro ante una población bastante cansada, insatisfecha y divorciada de las autoridades políticas y gobernantes, no por iniciativa ni culpa del ciudadano, sino por la misma exclusión que el gobernante toma desde el día 1 de su gestión. Esas malas prácticas, deben desaparecer para integrar a la ciudadanía en los asuntos públicos de su comuna o circunscripción territorial.
Por otro lado, deberá tenerse en cuenta que el número de organizaciones políticas se ha incrementado a más del doble, se ha quintuplicado el número de candidatos, hay más cargos de elección popular en juego (de 148 subió a 208) y el padrón electoral creció de 22 millones de electores a 27 millones, lo que supone una mayor demanda de servicios y procesamiento de información al organismo electoral.
En este escenario, se ha planteado poner en marcha tres ejes obligatorios: innovación y transformación digital; fortalecimiento de la justicia electoral; voto informado; transparencia y participación ciudadana, que podrían limitar su aplicación si no se cuenta con los recursos solicitados. Contar con los mismos, permitirá el fortalecimiento institucional del sistema electoral, consolidándolo como un organismo constitucional autónomo renovado, imparcial y fortalecido mediante el uso de tecnologías de vanguardia, orientado a recuperar la confianza ciudadana y garantizar procesos electorales transparentes, inclusivos y seguros, en beneficio de la democracia y la gobernabilidad del país.
Elecciones seguras
En segundo lugar, la inseguridad ciudadana y el alto índice de criminalidad desatado en el país y que eventualmente podría extenderse contra los candidatos (ya ocurrieron atentados en la ciudad de Lima y un asesinato en Piura) haría compararnos con otros Estados de la región como México, Colombia y Ecuador en los últimos procesos electorales desarrollados en dichas naciones. Se necesita una actuación comprometida y decisiva por parte del Ejecutivo de promover y fortalecer políticas de seguridad frente a la delincuencia común, el sicariato, el terrorismo urbano, la corrupción y todo tipo de delitos que genera miedo y zozobra en la población. Un escenario social como el que estamos atravesando, refleja una incapacidad e inoperatividad de un Estado fallido que se ocupó de ignorar y desatender a los ciudadanos más agobiados, carentes de oportunidades y posibilidades, de salir de la miseria, el desempleo, el hambre y la desnutrición.
En tercer lugar, ¿cómo generar credibilidad y confianza en la población nacional harta de “políticos mentirosos” que muchas veces terminan encarcelados por comisión de delitos de corrupción. En realidad, la administración pública en el Perú y, sobre todo, los cargos de elección popular se han convertido en los últimos años un trampolín o una “visa segura” para el ingreso a un centro penitenciario.
Ejemplos cercanos
Chiclayo, es de las ciudades del interior del país un pésimo ejemplo, de ostentar una característica peculiar con autoridades elegidas por voto popular en situación de carcelería, exalcaldes, gobernadores regionales, consejeros, regidores y funcionarios municipales en similar condición o acusados por el Ministerio Público por la comisión de delitos. Un panorama desolador en el rol que juegan los funcionarios y servidores públicos en la administración de los gobiernos subnacionales, que se traduce en el rechazo y repudio de los ciudadanos por promesas incumplidas.
Demás está señalar lo que ocurre en el gobierno nacional, donde los porcentajes de descrédito y desaprobación del Poder Legislativo y Ejecutivo superan históricamente en toda la etapa de vida republicana, simplemente una catástrofe institucional, mucho desaliento y casi nula las esperanzas de una población que solo quiere y exige una vida sin miedo, sin violencia y con alguna fuente de trabajo digna.
Es necesario generar y fortalecer los vínculos entre la ciudadanía y las instituciones de toda índole. Acercar puentes en donde la participación ciudadana sea más efectiva e inclusiva. Por ejemplo, una mayor concurrencia de los ciudadanos a los presupuestos participativos, una dinámica distinta en la integración y conformación de las juntas vecinales, una intervención y conocimiento de la población respecto a los planes de desarrollo concertado y los comités de vigilancia.
Ciudadanía informada
Todo ello podría mejorar desde la función educativa electoral a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, ya sea en las universidades, institutos superiores de educación, comités de vaso de leche, juntas vecinales, asociaciones, y todo tipo de organización social donde el ciudadano de a pie se pueda informar y conocer cuáles son sus derechos y deberes ciudadanos.
Por ejemplo, en estas próximas elecciones, es menester señalar que el Jurado Nacional de Elecciones ofrece plataformas electorales virtuales de información como la del Voto Informado, Infogob, Ventanilla Única del Candidato y otras a las que la ciudadanía debería acceder, y en aquellas circunscripciones donde es difícil el acceso a internet, tendrían que organizar charlas educativas y “in situ” orientar e informar a la población.
Se trata pues de una tarea bastante compleja, atendiendo la diversidad cultural, geográfica y sociológica, pero si no existe la voluntad política de realizarlo, difícilmente se podría encontrar resultados inclusivos.
Ahora más que nunca que el Registro de Organizaciones Políticas de la nación ha confirmado la participación de casi 40 organizaciones políticas, en donde el diseño de la cédula electoral ha sufrido cambios significativos (ahora llamado “cedulón electoral por sus medidas peculiares), así como el retorno a la bicameralidad, la elección de representantes ante el Parlamento Andino, ameritan un trabajo disciplinado y un compromiso efectivo no solo involucre al Jurado Nacional de Elecciones, sino a todo el sistema electoral a fin de que la población esté debidamente informada, que los miembros de mesa sepan lo importante y transcendente que es cumplir su función, que no solo se entienda que si no cumple su deber se le impondrá una multa, sino que su ausencia el día de la jornada electoral, tiene un impacto negativo para el fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad y la institucionalidad en el país.
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(*) Abogado, experto en Derecho Electoral y docente universitario.
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