El general en retiro y actual congresista Roberto Chiabra León no elude el diagnóstico incómodo: el Perú atraviesa una crisis política que no es coyuntural ni reciente, sino reiterativa y autoinfligida. Desde esa premisa, el candidato presidencial de la alianza Unidad Nacional construye su discurso y su propuesta en una campaña marcada por el desgaste institucional, el descrédito del poder y la sensación de que la transición democrática se ha convertido en una antesala permanente del colapso. En diálogo con Expresión, Chiabra no solo apunta contra el gobierno de turno, sino también contra una clase política que —a su juicio— no aprendió nada del pasado inmediato.

Para el también exministro de Defensa, los escándalos que hoy rodean al Ejecutivo no son una anomalía, sino la repetición de un patrón. “Se ha cambiado de personaje, se ha cambiado de sopa, pero son las mismas reuniones no oficiales”, sostiene, en referencia directa a los encuentros extraprotocolarios que hoy remecen al poder, y que inevitablemente evocan los episodios que precipitaron la caída de Pedro Castillo. Chiabra es tajante: “El país no ha aprendido nada. Y ese aprendizaje fallido tiene consecuencias políticas, institucionales y éticas”.

La política del escándalo permanente

El congresista considera que el actual mandatario —a quien define como un presidente de transición— perdió de vista los límites del cargo. “Ser dinámico no es ponerse una capucha”, afirma, cuestionando la banalización del poder y el uso de la imagen como sustituto de la transparencia. Para Chiabra, la exposición en redes sociales y los altos índices de aprobación no justifican conductas que bordean o vulneran la legalidad. “El TikTok no es signo de eficiencia ni de transparencia”, advierte, en una crítica que apunta a la política convertida en espectáculo.

Desde su lectura, la gravedad del momento no radica solo en los hechos investigados, sino en el contexto. A pocos meses de un proceso electoral, el país enfrenta un nuevo escándalo que erosiona aún más la confianza ciudadana. Chiabra admite que, en un escenario ideal, la respuesta institucional debería ser la vacancia, pero reconoce que la proximidad de las elecciones obliga a decisiones “prudentes”, aunque no necesariamente justas. Esa tensión entre legalidad, oportunidad política y estabilidad es, para él, uno de los síntomas más claros de la crisis.

El poder del dinero

Cuando se le pregunta quién o qué rodea al poder, Chiabra responde sin rodeos: la economía y el dinero. No solo la economía ilegal, como la minería informal, sino también intereses empresariales que, en la sombra, buscan influir en decisiones públicas. “Mucha gente por dinero pierde dignidad”, sostiene, y plantea una visión dura —y polémica— sobre la corrupción: para él, no se aprende, se trae desde casa. “Los corruptos nacen”, afirma, atribuyendo el problema a la formación ética temprana.

Más allá de la controversia de esa afirmación, Chiabra pone el acento en la responsabilidad individual y familiar como base del ejercicio público. En su discurso, la corrupción no es solo un fallo del sistema, sino una expresión de debilidades morales que el poder termina amplificando. Esa mirada explica también su crítica al entorno del mandatario y a quienes, desde el Congreso o el Ejecutivo, optaron por no exigir renuncias ni deslindes oportunos.

Una candidatura en un escenario fragmentado

En medio de este contexto, Chiabra defiende la decisión de competir en alianza. Unidad Nacional reúne a tres partidos —Partido Popular Cristiano, Peruanos Unidos y Unidad y Paz— en un intento de enfrentar la fragmentación política que caracteriza al actual proceso electoral. “Somos los únicos que hemos hecho una alianza de tres partidos”, subraya, y presenta ese acuerdo como una renuncia a intereses personales en favor de una suma de fortalezas.

El candidato reconoce que el escenario de 2026 es más complejo que el de 2021. Si entonces la prioridad era reactivar una economía golpeada por la pandemia, hoy el desafío central es devolver la paz y la tranquilidad. Para Chiabra, la inseguridad ciudadana es el principal flagelo del país y no admite soluciones simplistas. “No es lo mismo la inseguridad en la selva que en Trujillo o Lima”, señala, cuestionando las estrategias uniformes aplicadas desde Lima a realidades profundamente distintas.

Seguridad y reformas

Desde su experiencia de 35 años en el Ejército, Chiabra plantea que el Estado no puede enfrentar al crimen organizado desde la debilidad. Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE, dice, arrastran problemas estructurales que impiden una respuesta eficaz. “Así no le ganamos a nadie”, advierte. Su propuesta no pasa por intervenciones externas inmediatas, sino por procesos de reestructuración interna, liderados por las propias instituciones.

En esa línea, saluda los intentos de reforma en el Ministerio Público, pero insiste en que el Poder Judicial debe seguir el mismo camino. Para él, la justicia es el último dique de contención del sistema democrático, y su descrédito explica buena parte del malestar social. “Si la justicia funcionara, no estaríamos como estamos”, afirma, en una de las sentencias más duras de la entrevista.

Sunat, salud y el Estado constructor

El diagnóstico crítico se extiende al ámbito económico. Chiabra considera que la Sunat ha desviado sus objetivos y se ha convertido en un factor de asfixia para emprendedores y empresas. “Cree que mientras más cobra, es más eficiente”, sostiene, cuestionando un modelo basado en multas y sanciones que, lejos de ampliar la base tributaria, incentiva la informalidad y la evasión.

En salud y educación, su crítica apunta a la incapacidad del Estado para ejecutar infraestructura. Hospitales inconclusos, colegios en riesgo y obras paralizadas son, para él, evidencia de un modelo fallido. Su propuesta más ambiciosa es la creación de un Ministerio de Infraestructura, mediante la fusión de Transportes, Vivienda y Construcción, con el objetivo de centralizar la planificación, ejecución y mantenimiento de obras públicas. La idea busca atacar de raíz el problema de las adendas, la corrupción y la ineficiencia que han marcado la inversión pública en las últimas décadas.

Chiabra descarta frontalmente la pena de muerte como solución a la inseguridad. La califica de “mentira” y de oferta populista irrealizable, tanto por los plazos legales como por los riesgos de errores irreversibles en un sistema judicial lento y poco confiable. “La solución es hoy, no en diez años”, enfatiza, y propone concentrar esfuerzos en fortalecer la justicia y reformar el sistema penitenciario.

En ese punto, su discurso se vuelve particularmente severo. Critica la permisividad en las cárceles, el ingreso de celulares, alimentos y privilegios, y denuncia la corrupción interna del INPE. Para Chiabra, los penales se han convertido en centros de operación del crimen organizado. Su propuesta incluye medidas drásticas de control y aislamiento, bajo la premisa de que el Estado no puede seguir siendo burlado desde dentro.

¿Cuándo se jodió el Perú?

La pregunta inevitable encuentra en Chiabra una respuesta histórica: el año 2000. Para él, la transición democrática desaprovechó la oportunidad de reformar el Estado y cerrar las heridas del conflicto interno. No hubo reforma profunda ni un proceso de reconciliación serio. Las consecuencias, dice, se evidenciaron años después con los “Cuellos Blancos”, la pandemia y el colapso de servicios básicos. El crecimiento económico, sostiene, fue artificial, sostenido sobre desigualdades no resueltas.

Desde esa lectura, la crisis actual no es un accidente, sino el resultado de decisiones —y omisiones— acumuladas. “Estamos pagando las consecuencias del 2000”, sentencia, y acusa a la clase política de falta de memoria y de recurrir a verdades a medias para justificar errores presentes.

Política exterior y el llamado final

En política exterior, Chiabra plantea una “soberanía estratégica”, basada en intereses nacionales antes que alineamientos ideológicos. Reconoce la relación histórica con Estados Unidos, pero también el peso de China como principal socio comercial y actor clave en proyectos como el puerto de Chancay. La crítica, nuevamente, apunta al Estado peruano, que no supo prepararse para aprovechar esa inversión.

Finalmente, desde Lambayeque, el candidato apela a la unidad y a la experiencia. Pide no apostar por improvisados ni “NN”, y presenta su trayectoria —como militar, ministro y congresista— como garantía de conocimiento del Estado. En un cierre marcado por referencias familiares y valores tradicionales, Chiabra busca conectar su propuesta de orden y autoridad con una promesa de estabilidad y respeto institucional.

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