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PRESENTAN CAUTELAR: PARA SUSPENDER EFECTOS DE LA ORDENANZA 07-2019

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1126

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Ante el Primer Juzgado Especializado en lo Civil - Constitucional de Chiclayo, el abogado Eder Yanil Medina Zelada interpuso la medida cautelar de no innovar a fin que se restablezca el anillo vial y se mantenga la situación de hecho y derecho de la Ordenanza Municipal N° 2012 MPCH/A, del 22 de marzo del 2012, emitida por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que solo permitía el ingreso de vehículos de transporte de mercancías al centro de la ciudad hasta de 3.5 toneladas de peso, vehículos que por su poco peso no generan mucho peligro para la sociedad. El objetivo es que quede suspendida la Ordenanza Municipal N° 07-2019-MPCH/A, hasta que el proceso de amparo concluya.

 

Entre los fundamentos de hecho el hombre de leyes manifiesta que el 24 de mayo del presente año el Concejo Municipal de Chiclayo aprobó el acceso de transporte público de carga y descarga pesada dentro del centro de la ciudad en vehículos de más de 42 toneladas de peso, siendo publicada la Ordenanza Municipal 07 -2019-MPCH/ A, en el portal municipal, dejando sin efecto la ordenanza municipal anterior, N° 006 -2012 –MPCH/A, que solo autorizaba el ingreso  de vehículos de carga de no más de3 3.5 toneladas de carga.  

Esta ordenanza - conforme el fundamento de la medida cautelar- está afectando la salud física y psicológica de la ciudadanía en general, exponiendo la integridad física y la vida de los niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores a cada momento en que cruzan las calles a ser atropellados por los camiones y trailers de más de 42 toneladas de peso. También refiere, que “vienen aumentado las enfermedades respiratorias, caos vehicular, deterioro de la capa asfáltica y pavimentos, que no están preparados para dicho fin, colapso de la red de alcantarillado y del abastecimiento de agua potable, además de la contaminación visual y acústica”. 

Señala el recurso de medida cautelar que el Concejo Municipal ha emitido un acuerdo con la única finalidad de favorecer a empresas de transportes de carga pesada de la familia del alcalde, regidores y allegados al grupo empresarial de los denunciados, quienes brindan servicios a las grandes empresas de supermercados de la ciudad, tal como lo ha afirmado el ciudadano Luis Vigil Urdiales, quien es cuñado del alcalde Marcos Gasco Arrobas.

El abogado Eder Medina refiere que la Ordenanza Municipal N° 07-2019 es una norma autoaplicativa, que por su sola entrada en vigor causa una afectación directa en la esfera  jurídica, afectando muchos derechos constitucionales los que son vulnerados y amenazados como el derecho a la vida, a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre al descanso, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

 

RAZONES DE PESO

Para el demandante, la Ordenanza Municipal N° 07-2019, de fecha 24 de mayo del presente año, no tiene motivación conforme a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Como se sabe no existe un estudio ni informe técnico del área especializada de la demandada donde se certifique si las pistas están adaptadas para soportar más de 45 toneladas de peso las 24 horas del día.

Señala también que no existe un estudio ni informe técnico del área especializada de los daños que se van a ocasionar al sistema de alcantarillado de la ciudad y del sistema de agua potable, tampoco existen informes o estudios técnicos de cuántos vehículos de transporte de carga pesada van a ingresar y salir de la ciudad y quién lo va a controlar, no se sabe nada respecto al mecanismo de control de daños contra el medioambiente, contaminación sonora.

Además, el municipio tampoco ha mostrado informes técnicos o estudios respecto al desarrollo emocional de los ciudadanos ante los inminentes peligros que se puedan ocasionar por esta ordenanza. No hay tampoco nada respecto a estudios sobre estructura urbana de la ciudad, no tiene informes técnicos de EPSEL en la que se conozca la real situación de las redes de alcantarillado instaladas bajo la pavimentación por donde están transitando los vehículos de carga y descarga y se evite el colapso de las redes de agua y desagüe.

El juez constitucional deberá evaluar que la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Municipal Provincial de Chiclayo dejar sin efecto esta ordenanza, que a todas luces vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos chiclayanos.

 

FRENAR EL DAÑO

La medida cautelar de no Innovar cumple los requisitos de verosimilitud del derecho que están consagrados en la Constitución Política del Perú y ha sido planteada ante el peligro de demora que en la práctica existe por la llamada carga procesal, tiempo que pone en riesgo la integridad física, la vida de los miembros de la sociedad chiclayana, los que se podrían convertir en irreparables.

En virtud de ello, solicita restituir las cosas al estado anterior; es decir lo que estaba plasmado en la Ordenanza Municipal N° 006-2012 MPCH/A, del 22 de marzo del 2012, que solo permitía el ingreso de vehículos de transporte de mercancías al centro de la ciudad hasta de 3.5 toneladas de peso, vehículos que por su poco peso no generan mucho peligro para la sociedad.

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