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PESE A QUE EL 17 % FUE ASALTADO: MENOS DEL 0.1 % DE LAMBAYECANOS DENUNCIÓ ALGÚN HECHO DELICTIVOPESE A QUE EL 17 % FUE ASALTADO: MENOS DEL 0.1 % DE LAMBAYECANOS DENUNCIÓ ALGÚN HECHO DELICTIVO

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1178

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  • La abogada Alexandra Chirinos señaló que las autoridades locales deben empoderar a las juntas vecinales para combatir la inseguridad ciudadana.
  • La Política Penitenciaria al 2030 busca que los presidiarios tengan mayores oportunidades de reinsertarse a la sociedad.

Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI, elaborado de enero a junio de este año, arrojó que el 17 % de lambayecanos había sido víctima de un hecho delictivo. Sin embargo, solo ocho de cada 10 mil habitantes, es decir, el 0.08 % realizó una denuncia policial.  Para la abogada Alexandra Chirinos Tuesta, quien además es miembro de la plataforma informativa Piensa.pe, esta baja cifra obedece a la falta de confianza en las autoridades del orden y el sistema de justicia en general.

 

“Es muy bajo que ocho de cada 10 mil personas denuncien, cuando en Lambayeque se registran entre 30 a 40 robos de celulares cada día. La población no confía en la Policía y quienes lo hacen terminan agotados después de un proceso que dura dos o tres años y que en algunos casos incluye el gasto de abogados. La justicia tardía tampoco es justicia”, apuntó.

 

IMPACTO

Chirinos Tuesta afirmó que el panorama de Lambayeque no ha cambiado en los últimos 10 años, pues se ha ubicado entre el segundo y tercer departamento con más alto índice de inseguridad ciudadana. En virtud de ello, el 80 % de la población manifiesta no sentirse segura al transitar en las calles.

“Además de la sensación de inseguridad, la delincuencia trae retraso económico, aleja las inversiones. ¿Cuánto ha pasado desde que se instaló el primer centro comercial en Chiclayo para que recién se inaugure otro? Las pistas y veredas en mal estado, la informalidad de nuestros mercados, el desorden, todos esos factores motivan las conductas delictivas”, mencionó.

Añadió que, si bien no es un justificante, el desempleo es uno de los factores externos que contribuyen al aumento de la delincuencia, por lo cual no es de sorprender que la inseguridad se haya acrecentado a causa de la pandemia.

“Este es el momento de empoderar a las juntas vecinales, de dotarlas de tecnología para que puedan brindar alertas a la Policía ante la comisión de hechos delictivos. Hace mucho se prometió implementar una escuela para serenos municipales. Este es el momento de cumplir todas esas promesas que se hicieron en campaña”, demandó.

 

EDUCACIÓN

Para la abogada, el Estado ha centrado el crecimiento en la ejecución de infraestructura, pero ha relegado el tema formativo de las personas. Apuntó que el 60 % de la población penitenciaria pasó en algún momento por las aulas de un colegio, indicador que da cuenta sobre la importancia de las instituciones educativas en la alerta temprana de las conductas que pueden desencadenar luego en actos delictivos.

“Soy una convencida de que la protección de la familia debe ser primordial en cualquier Estado, cuyas políticas públicas deben enfocarse de manera integral, con la articulación de todos los ministerios, pues de nada me sirve fortalecer educación si tengo niños desnutridos o sin acceso a servicios básicos. En el hogar es donde se aprende a convivir, a respetar las primeras normas. Es difícil que haya ciudadanos que afuera sepan respetar a su autoridad si en la familia no lo hicieron”, resaltó.

 

CÁRCELES

Por otro lado, cuestionó que los establecimientos penitenciario se hayan convertido en “escuelas de adoctrinamiento para la profesionalización del delito”, lo cual se acrecentó por las condiciones de hacinamiento que existen en las cárceles, las mismas que no permiten trabajar bajo el enfoque de la reinserción social.

No obstante, afirmó que con la elaboración de los lineamientos sobre la ‘Política Penitenciaria al 2030’ se han sentado las bases para mejorar dicha situación.

“El Tribunal Constitucional se pronunció en cuanto al hacinamiento y las políticas de resocialización. Espero que el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, pueda replantearse las cosas. Prevenir es mucho mejor que reprimir el delito. Para el Estado es incluso más económico evitar la comisión del delito que actuar sobre este cuando ya ocurrió”, aseveró.

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