Los resultados del Control Gubernamental en el Perú, ejecutado el año pasado por la Contraloría General de la República, evidenciaron que a nivel del gobierno central, el gasto superó los 127 mil millones de soles.
De acuerdo al informe presentado, los 154 pliegos del gobierno nacional, con sus 369 unidades ejecutoras, lograron ejecutar hasta el 31 de diciembre del 2022 el 94.7 % de los recursos asignados en su presupuesto total, que es equivalente a 127 mil 543 millones de soles.
A ello se suma que los gobiernos regionales llegaron al 87.8 % del gasto presupuestal, habiendo administrado en conjunto 44 mil 249 millones de soles, monto que fue distribuido en los 26 gobiernos regionales y 558 unidades ejecutoras.
Respecto a los gobiernos locales, el gasto llegó al 72.4 %, es decir 38 mil 150 millones de soles administrados para el ejercicio 2022.
Avances en fiscalización
El año pasado, Contraloría realizó 27 mil 587 acciones de control simultáneo, divididas de la siguiente manera: mil 789 visitas de control; cuatro mil 51 acciones de control concurrente y 21 mil 750 orientaciones de oficio.
Del mismo modo aplicó 15 mil 12 acciones de control posterior, de las cuales 12 mil 13 correspondieron a acciones de oficio posterior; mil 637 a control específico, mil 44 a auditorías financieras, 299 a auditorías de cumplimiento y 29 a auditorías de desempeño.
Hallazgos
Esto permitió detectar 42 mil 553 situaciones adversas a nivel nacional, de las cuales 23 mil 714 fueron advertidas en orientaciones de oficio; 12 mil 124 en control concurrente y seis mil 715 en visitas de control.
Con ello, Contraloría identificó un perjuicio económico nacional ascendente a mil 134 millones de soles y observó la ejecución de otros cinco mil 735 millones de soles, estableciendo responsabilidades civiles, administrativas y penales.
En total, 18 mil 89 funcionarios fueron identificados con responsabilidades, de los cuales ocho mil 366 deben responder por acciones administrativas, cuatro mil 46 civiles y cuatro mil 606 penales. Otros mil 71 deben ser sometidos a Procesos Administrativos Sancionadores – PAS.
Nuevo megaoperativo
Para ese año, la Contraloría General inició el despliegue del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional y sus Unidades Orgánicas desconcentradas con la finalidad de evaluar los procesos, actividades o actos a su cargo a fin de determinar la legalidad de las mismas, emitir recomendaciones de mejora de la gestión e identificar las responsabilidades correspondientes, de ser el caso. En esta intervención se supervisará el uso de 58 mil 816 millones de soles, de los cuales el 73.8 % fue utilizado en inversión pública.
Más de mil 200 auditores intervendrán en los próximos cuatro meses, 283 entidades públicas, de las cuales 265 corresponden al Poder Ejecutivo, una al Poder Legislativo, siete al Poder Judicial y 10 organismos autónomos.
“Vamos a investigar más de 350 casos de posible corrupción e inconducta funcional y se cubrirán las denuncias que abarcan desde el gobierno del ex presidente Martín Vizcarra hasta la del ex mandatario Pedro Castillo”, precisó el contralor Nelson Shack.
Indicó que con esta estrategia de control, la entidad fiscalizadora superior realizará un total de mil 553 intervenciones, que corresponden a 745 servicios de control, 758 servicios relacionados (evaluación de denuncias y verificación) y 50 actividades transversales de integridad y prevención (charlas de sensibilización, asistencias técnicas, jornadas de capacitación, entre otros).
Respecto a los servicios de control, los auditores de la Contraloría ejecutarán 390 servicios de control posterior que permitirán detectar irregularidades en la ejecución de obras o servicios; e identificar presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas de funcionarios y/o servidores públicos. Asimismo, se ejecutarán 355 servicios de control simultáneo que permitirán alertar situaciones de riesgo a los gestores públicos para que puedan tomar las medidas correctivas de manera oportuna.
Principales materias a intervenir
Entre las diversas intervenciones que realizará la Contraloría General destacan las siguientes:
En el sector político administrativo, al Ministerio de Relaciones Exteriores para determinar si la atención de pasaportes diplomáticos especiales y comunes, a través de la Cancillería, se efectuó de conformidad a la norma existente.
Al Poder Judicial, para revisar el proceso de control sobre nepotismo, incompatibilidad y/o conflicto de intereses al personal administrativo y/o jurisdiccional ingresante y durante su permanencia.
Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de determinar si las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el Aeropuerto Internacional “Inca Manco Cápac” de Juliaca se efectuaron de acuerdo al contrato de concesión y otros.
A la Presidencia del Consejo de Ministros, para revisar la ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios en el Marco del Contrato de Estado a Estado, sector Educación.
En el sector económico productivo, a Proinversión, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Gobierno Regional de La Libertad y al Proyecto Especial Chavimochic se ejecutará auditoría al contrato de concesión para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas mayores del mencionado proyecto (Tercera etapa).
A la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a fin de revisar la prescripción de exigibilidad de las multas impuestas por infracciones de tránsito en la etapa de ejecución coactiva durante el periodo 2021 y 2022.
A la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias (SUTRAN), para determinar si la contratación de locales y ejecución de servicios por importes menores o iguales a 8 UIT se realizaron según la norma vigente, disposiciones internas y términos contractuales.
En el sector social y cultural, al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), para supervisar el proceso de entrega de la asistencia económica a favor de los menores cuyos padres hayan fallecido por la COVID-19 durante la emergencia sanitaria.
Al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres (JUNTOS) con el fin de verificar si el proceso de mantenimiento del padrón de hogares para la transferencia monetaria cumplió con las normas internas y la normativa aplicable.
Al Programa Nacional Cuna Más para verificar la gestión de la atención alimentaria en el Servicio de Cuidado Diurno de las unidades territoriales del programa.
Al Poder Legislativo se indagará sobre las denuncias relacionadas a gastos excesivos en comidas para los congresistas, la compra de alfombras y pantallas LED, así como el alquiler de inmuebles para estacionamientos; la compra de pasajes para viajes por Año Nuevo. Además, se revisará la asignación de viáticos y viajes al exterior; y el cumplimiento de funciones de personal parlamentario.
También se fiscalizará a organismos autónomos y otros. Por ejemplo, al Fondo MiVivienda, para determinar si las viviendas de interés social del programa Techo Propio en la modalidad de Construcción en sitio propio con Bono Familiar Habitacional se entregaron conforme a los procedimientos establecidos y al Banco de la Nación, a fin de supervisar si para el otorgamiento del Bono Universal, a través de la cuenta DNI, se identificó el nivel de exposición y control que corresponde a los riesgos asociados a fraudes.
Deja tu Comentario