Representante del Ministerio Público señala directamente a Javier Velásquez Quesquén.

El coordinador de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado – FECOR, de Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, dejó entrever que el actual congresista de la República Javier Velásquez Quesquén, así como la ministra de Justicia del gobierno en turno, María Soledad Pérez Tello, bloquearon la acusación contra el exintegrante del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto Cruz, involucrado en el caso “Limpios de la corrupción”.

Carrasco Millones dijo esto al exponer sobre lucha contra la corrupción, en un foro organizado por los 50 años del Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de Lambayeque.

El fiscal lamentó que la interferencia política haya bloqueado la acusación constitucional contra Eto Cruz, por presuntamente haber favorecido al exalcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales, cuyo caso ha alcanzado connotación internacional.

Resultado de las investigaciones seguidas en el caso “Limpios de la corrupción”, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, encontró elementos suficientes para presentar la acusación contra el extribuno, la misma que al ser revisada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República fue archivada. Dicho grupo de trabajo era integrado por Pérez Tello.

“Como siempre, caen los peces flacos, pero los peces gordos siguen nadando”, exclamó Carrasco Millones, para luego señalar que es urgente la reforma del aparato estatal, “porque eso no puede volverse a dar en nuestro país”.

“Estoy seguro que en cualquier momento va a salir el tema de acusación constitucional, pero como están las cosas en el Congreso de la República habrá que esperar. La acción tiene nombre propio y lo digo: Javier Velásquez Quesquén y la propia ministra de Justicia fueron los que bloquearon la acusación contra el miembro del Tribunal Constitucional, y eso lo tienen que saber, esa es una realidad que se está viviendo”, afirmó el fiscal.

Carrasco Millones aseveró que este tipo de acciones demuestran que en el país existe corrupción organizada.

“Lamentablemente funciona una corrupción organizada. Bloquearon esa acusación, la que se hubiera convertido en un caso referible a nivel internacional, como el caso del ex alcalde de Chiclayo, que ha sido expuesto en Inglaterra como caso emblemático”, señaló.

¿ORGANIZACIÓN EN EL CONGRESO?

Carrasco Millones tomó como referente el caso Odebrecht para poner un ejemplo del significado de la corrupción en la empresa privada, señalando que en la actualidad en una cárcel brasileña se encuentra recluido el dueño de la constructora y sus principales funcionarios, gracias a un trabajo coordinado por los fiscales brasileños.

“Es tan grande la corrupción que el propio dueño de la empresa se encuentra preso en un penal de Brasil. Lo destacable es que en Brasil la sociedad civil sale a las calles a apoyar a los jueces y fiscales, pero acá eso no sucede”, agregó Carrasco Millones.

Esa indiferencia  de la sociedad civil para denunciar los actos de corrupción en el Estado – aseguró - es la que genera agrava el problema.

“Cada día la corrupción se sigue generando y no tiene partido político. Así vengan los señores del Frente Amplio, del APRA, y otros, la corrupción está institucionalizada y organizada en todos los ámbitos”, mencionó.

“Digo que se trata de organización, porque se crean  jerarquías, se crean dispositivos legales para generar inmunidad, doctrina y jurisprudencia, para que el delito de tráfico de influencias ya no sea castigado, como debe ser”, recalcó el fiscal, orientando sus baterías al Congreso de la República, responsable dentro de la estructura del Estado de generar o crear las leyes para mantener el orden y control, así como la protección de los bienes estatales desde el punto de vista penal, civil, laboral y administrativo.

CONTRA JURISTAS DOCTRINARIOS

Resaltó que en el Congreso de la República se hace caso a las famosas doctrinas jurídicas, las que son escritas por diversos autores bajo criterios personalistas o de interés del momento.

Añadió que otro problema en la administración de justicia es cuando los jueces supremos se reúnen para tomar Acuerdos Plenarios, los que sustentan tomando como base la doctrina jurídica que son escritas por los abogados.

“Los abogados doctrinarios son los que escriben y defienden a los corruptos. Los jueces hacen caso a lo que escriben estos abogados, los que son los que formalmente defienden a los corruptos. Los jueces hacen caso a ese tipo de abogados y terminan absolviendo a los corruptos en base a doctrinas”, sostuvo.

De igual manera, dijo que los corruptos hacen uso de estos abogados, “los que no son más que abogados lobistas, y se encargan de activar a los operadores de justicia para los beneficios de las organizaciones no se vean afectadas. Todo eso se coordina y nada se delata”.

“LOS SOPLONES”

Carrasco Millones añadió que en Chiclayo es el único lugar donde se ha podido contar con los famosos “colaboradores eficaces”, quienes han contribuido a desarrollar investigación contra personas, empresarios y autoridades involucras en actos de corrupción y crimen organizado.

El representante del Ministerio Público en Lambayeque calificó a los “colaboradores eficaces” como los “soplones” o “delatores”, tal y como llaman los delincuentes en su ambiente a quien delata a otro o a un grupo.

“El colaborador eficaz no es más que el soplón o el delator que otorga toda la información para traer abajo a la organización”, detalló.

PODER OCULTO

En otro punto de su intervención, detalló que “todo el mundo sabe que en el Estado existe un poder oculto”, cuyo accionar es atacar a los organismos de fiscalización a través de medios de comunicación, pasquines u otros recursos.

“Los que integran el poder oculto ubican a familiares y amigos en puestos claves del Estado, e incluso asumen los problemas legales de lo que pueda generarse en la organización, como una medida de seguridad y garantía”, señaló.

Anotó que en el Estado existen personas que participan de las campañas políticas con el único objetivo de lograr impunidad, como es el caso de quienes ahora están en el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y hasta en el mismo Consejo Nacional de la Magistratura.  

“Hace poco leí un libro llamado ‘Los infiltrados’, y en él se narra cómo algunos de los carteles mexicanos se infiltraron en la misma DEA. Los narcos ponían dinero para que algunos oficiales asciendan rápidamente y terminen trabajando en la DEA y desde allí, una vez instalados, daban información de los operativos y acciones en contra del narcotráfico”, comentó.

“NO ES SU FUNCIÓN”

Carrasco Millones no tuvo reparo en cuestionar la función y labor que desarrolla la comisión de Fiscalización del Congreso de la República, la cual es presidida por el congresista fujimorista por Lambayeque Héctor Becerril Rodríguez, al señalar que pierden tiempo y dinero investigando casos que desde un inicio deben ser tomados por el Ministerio Público, por ser los fiscales los persecutores del delito.

Explicó, por ejemplo, que en el caso de la compra de computadoras en el Ministerio de Educación se habla de la existencia de un proceso irregular por varios millones de soles y donde el Estado es el afectado, pero es el caso que en la actualidad la investigación está siendo desarrollada por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, cuyo resultado no tiene ningún efecto vinculante para el Ministerio Público. 

“Lo único que hace el Congreso es elaborar un informe que no es vinculante para el Ministerio Público, que en pocas palabras no sirve de nada. Todo ese dinero que se gasta en la Comisión de Fiscalización debe ser puesto a disposición del Ministerio Público para desarrollar una buena investigación. El fiscal es el persecutor del delito, y la fiscalización que hace el Congreso de nuestro país es netamente política. Para investigar adquisiciones se debe hacer directamente con una denuncia penal y que la fiscalía sea la única que la dirija”, resaltó.

Carrasco Millones dijo además que los congresistas trabajan en modificatorias al rol del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, lo cual le parece lo peor que se puede hacer en este gobierno.

“Lo que los congresistas quieren hacer es que un representante al CNM sea elegido por ellos, otro por el Poder Ejecutivo y el tercero por el Poder Judicial. Así no se reforma la administración de justicia, yo creo que se da por tener nuevos magistrados, bajar la carga de los magistrados supremos, por cambiar el sistema corrupto en la administración de justicia. Por parte del Ministerio Público y el propio Poder Judicial, cada uno elige a sus magistrados, y no tener un tercer órgano llamado Consejo Nacional de la Magistratura”, detalló.

Refirió que el cambio radical que requiere el Estado pasa porque el Ministerio Público elija a sus propios fiscales y el Poder Judicial a sus propios jueces.

“La lucha recién se inicia. Yo creo que necesitamos una reforma estructural del Estado, no como muerte civil, sino llamando a todos los mejores profesionales y políticos para que participen en la administración pública y de justicia”, puntualizó.

¿VULNERANDO DERECHOS?

Carrasco Millones sostuvo que antaño en las filas de la Policía Nacional no entraba cualquier persona. Indicó que si una persona tenía problemas con la justicia, sus hijos estaban condenados de por vida a no postular e ingresar a la institución tutelar.

“La crisis en el Estado está así, porque se necesita de una selección rigurosa y no permitir que cualquiera pueda ingresar al Estado. La corrupción saca provecho de eso, y cuando las situaciones se ponen densas es difícil sacarlos. En este problema tienen que ver mucho los órganos de control, pero no se siente ni percibe su actuar”, agregó.

Recalcó que el aparato estatal está como está porque ingresa cualquier tipo de persona a la administración pública y que la situación fuera otra si existiera una selección rigurosa en el Estado.

“En el caso del ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, hay muchos funcionarios que no han cometido delito, pero sí faltas administrativas graves, y ahorita deben ser destituidos. Existen muchos funcionarios que sin cometer delitos cometen faltas graves y deben ser separados, pero no se hace”, añadió.

GOBIERNO DE PPK

Señaló que por parte del actual gobierno no existe un control estatal para la selección y nombramiento de funcionarios públicos. 

“Ese problema debería estar pensando en solucionar el gobierno central, en lugar de estar pensando en la muerte civil. Mi posición es que el Estado seleccione y nombre personal entre lo mejor. Necesitamos a las mejores personas, abogados, ingenieros, arquitectos, entre otros, en el aparato estatal”, enfatizó.

Asimismo, dijo que resulta cuestionable que hasta ahora no se haya reformulado la Ley de Municipalidades, donde existe un artículo que faculta a los alcaldes a contratar en puestos de confianza a gente de su entorno.

“Por ese tipo de gente es que en Chiclayo no hay proyectos de acción, obras emblemáticas, parques infantiles, simplemente se instalan en los cargos y a cumplir lo que se le ordene”, manifestó.  

Comentó que un estudio recientemente publicado explica cómo funciona la corrupción en las obras. “Se inicia solventando los gastos de las campañas electorales de alcaldes y presidentes regionales. Por la gran cantidad de dinero que invierten en la publicidad, logran que gane su candidato.  uego o antes crean las famosas empresas constructoras o proveedoras, cuyo modus operandi es a nivel nacional, y a los dos meses de gestión de la autoridad que financiaron, esa empresa constructora ya ganó una licitación de siete u 11 millones de soles”, dijo.

“Los más delicado es que cuando uno investiga se da con la sorpresa que las direcciones de las empresas constructoras no existen o que las casas utilizadas son simples fachadas. Aparte de ello, para obtener la buena pro de las obras se hace necesario contar con una carta fianza la cual es otorgada por las famosas cajas o cooperativas, las que fueron creadas por Rodolfo Orellana, las que son falsas”, explicó.

Dijo además que hasta el momento no hay ningún arquitecto e ingeniero en Chiclayo que haya reclamado por el Colegio Nacional de San José.

“¿Dónde ha quedado lo que se dijo que se iba a hacer? Lo único que han hecho es cambiar algunas cosas e incluso le han puesto fierro que se estaba oxidando, pintura de cinco soles la bolsa. ¿Quién controla eso?, ¿quién finalmente fue el supervisor de la obra?, ¿quién no se proyectó a que se necesitaba un grupo electrógeno grande para tener la suficiente luz en todo el colegio?”, señala.

“Creo que si nosotros nos ponemos a indagar que pasó en el Colegio de San José y el Colegio Juan Manuel Iturregui, y en otros colegios emblemáticos, vamos a encontrar a muchos responsables que ahora se han reelegido para tener la inmunidad parlamentaria y no ser investigados. No se reeligen para ayudar a Lambayeque, sino para tener inmunidad”, puntualizó. 

 respuesta de roger cubas el 2018-04-21.

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