El año 2025 ha sido, sin duda, uno de los más activos en materia laboral en el Perú. A lo largo del año se han aprobado diversas leyes y normas que han impactado directamente en los derechos de los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público. No se trata solo de cambios técnicos, sino de decisiones que influyen en el sueldo, la estabilidad, la protección social y la forma en que se desarrollan las relaciones laborales en el país, tanto sector público como privado, no prevaleciendo lo esencial, el avance a la formalidad, salvo la norma agraria, que se enfoca en este fin como veremos.

Desde la experiencia profesional, como abogado laboralista puedo afirmar que este año ha estado marcado por una fuerte intervención del Estado en temas laborales, con especial énfasis en mejoras remunerativas, formalización del empleo y ampliación de derechos que durante años estuvieron postergados.

Para la región Lambayeque, un punto de partida obligatorio es el sector agrario, por su importancia económica y social; en ese sentido, empezamos con una ley determinante para este ámbito.

El sector agrario y la Ley n.º 32434

La Ley N.º 32434, que promueve la transformación productiva del sector agrario con protección social, es una de las normas más importantes del 2025 para nuestra región. Esta ley busca mejorar las condiciones laborales en el agro y reducir la informalidad, que por años ha afectado a miles de trabajadores.

Uno de sus principales aportes es que dispone que la Sunafil concentre al menos el 75 % de sus acciones de fiscalización en empresas agrarias informales, priorizando las zonas donde más se incumplen los derechos laborales. Con ello, el Estado apunta directamente a los espacios donde existe mayor vulneración de derechos.

Además, la norma permite que muchos documentos laborales —como contratos, boletas de pago y comunicaciones— puedan enviarse y firmarse por medios digitales, como correos electrónicos o aplicaciones móviles. Esto facilita la formalización, reduce trámites y se adapta mejor a la realidad del trabajo agrario.

Aumento de la Remuneración Mínima Vital

Otro cambio que impactó a millones de trabajadores fue el aumento de la Remuneración Mínima Vital a S/1130, vigente desde enero de 2025. Este incremento no solo significa un mayor sueldo mensual, sino que también eleva otros beneficios como la asignación familiar, la CTS y las gratificaciones, ya que estos se calculan en función del salario.

Autorización del retiro de la CTS

Mediante la Ley n.º 32322, el Congreso autorizó el retiro total de la CTS hasta diciembre de 2026. Esta medida ha permitido que muchos trabajadores accedan a sus ahorros para enfrentar gastos urgentes. Si bien existe debate sobre el uso de la CTS, lo cierto es que en el corto plazo ha funcionado como un apoyo económico importante para miles de familias.

Exoneración de Multas a MYPES

Con la Ley n.º 32353 se estableció la exoneración de multas laborales en ciertos casos para las micro y pequeñas empresas, buscando que estas regularicen su situación sin verse ahogadas por sanciones excesivas.

Pago de remuneraciones por billeteras digitales

Una novedad relevante ha sido la aprobación de la Ley n.º 32413, que permite pagar sueldos y otros beneficios laborales mediante billeteras digitales como Yape o Plin. Esta norma reconoce una práctica que ya se venía utilizando y le da respaldo legal, facilitando el pago oportuno y promoviendo la inclusión financiera.

Sobre Pensiones y Seguro Vida Ley

En el ámbito previsional, en setiembre, mediante Ley n.º 32445 se autorizó un nuevo retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP, lo que ha generado alivio económico inmediato, aunque también preocupación sobre el futuro de las pensiones.

Por otro lado, una mejora poco comentada pero muy importante fue el Decreto Supremo n.º 003-2025-TR, publicado en mayo, que permite que el trabajador mantenga el Seguro Vida Ley incluso después de haber cesado, garantizando protección frente a fallecimiento o accidentes, sin trámites complicados.

Normas laborales para el sector público

Como ya se ha señalado, uno de los aspectos más relevantes del año 2025 ha sido el conjunto de cambios introducidos en el sector público en materia laboral. En ese marco, el Congreso de la República aprobó diversas normas orientadas a mejorar las condiciones remunerativas de los trabajadores estatales. Entre ellas, destaca la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, que incorporó incrementos salariales para distintos regímenes laborales, como los regulados por los Decretos Legislativos n.º 276 y n.º 728, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Convenio Colectivo Centralizado, marcando un avance significativo en el reconocimiento de derechos laborales en el empleo público.

Asimismo, se corrigió una situación que durante años fue considerada injusta: el cese automático del trabajador público al cumplir 70 años. Ahora, el servidor puede optar por cesar a esa edad o continuar trabajando hasta el 31 de diciembre del año en que cumple los 70, respetando su dignidad y experiencia laboral.

Es importante también resaltar que, a mediados de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de sus informes técnicos sobre impacto fiscal, advirtió que diversas leyes aprobadas por el Congreso —tanto mediante el procedimiento regular como por insistencia— generarán efectos económicos relevantes en las finanzas públicas en los próximos años. Dentro de dicho reporte, y en lo que respecta a materia laboral, se identifican principalmente la Ley n.º 32263, que autoriza la actualización de la escala remunerativa de los servidores del Ministerio Público sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo n.º 728, y la Ley n.º 32432, que dispone la homologación de la bonificación adicional mensual de los jueces titulares del Poder Judicial así como a favor de los fiscales titulares del Ministerio Público. Estas normas evidencian la tensión permanente entre la legítima ampliación de derechos laborales y la necesidad de preservar el equilibrio fiscal del Estado.

Sobre trabajadores CAS

Finalmente, queda pendiente para segunda votación, un proyecto de ley que busca otorgar CTS y gratificaciones a los trabajadores CAS, lo que eliminaría una de las mayores desigualdades del empleo público. De aprobarse, este cambio podría empezar a aplicarse en 2026.

En resumen, puedo indicar que el 2025 ha sido un año clave para el derecho laboral peruano. Las normas aprobadas muestran una clara intención de mejorar las condiciones de los trabajadores, promover la formalización y reforzar la protección social. El reto hacia adelante será consolidar estos avances sin perder estabilidad económica, pero siempre teniendo como prioridad el respeto a la dignidad del trabajador.

-------

(*) Abogado laboralista y docente universitario.

Deja tu Comentario