El Perú cierra el 2025 sin haber resuelto los nudos estructurales que lo mantienen sumido en una crisis permanente desde hace varios años. Lejos de avanzar, el país parece haber retrocedido a un punto en el que su propio desarrollo vuelve a estar en cuestión. El escenario político es complejo y está marcado por una persistente inestabilidad institucional, una ciudadanía que demanda con urgencia mayor seguridad y, lo más preocupante, un progresivo debilitamiento de instituciones clave. Este deterioro ha intensificado la división del sistema político, lo que complica considerablemente la capacidad de gobernar y debilita la estabilidad futura del país.

Aunque algunos hablan de reacomodos políticos o de la apertura de nuevos escenarios, la realidad muestra que el Perú sigue atrapado en el mismo círculo vicioso: la improvisación, la desconfianza y el cálculo personal continúan imponiéndose sobre el interés público, sin ofrecer salidas claras ni sostenibles.

La última década ha sido una de las más turbulentas desde el retorno a la democracia. Los cambios frecuentes en el Poder Ejecutivo, la confrontación permanente entre los poderes del Estado y una creciente polarización han debilitado la capacidad del sistema político para procesar conflictos y generar soluciones. El 2025 no ha sido la excepción, la incertidumbre sigue siendo el rasgo dominante, alimentada por decisiones controversiales, denuncias cruzadas y una institucionalidad sometida a una presión constante.

La desconfianza ciudadana hacia la política se ha profundizado. Muchos peruanos expresan indignación ante la aparente apatía de las autoridades frente a una situación que consideran insostenible, hecho que ha llevado a que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso alcancen niveles de desaprobación del 95 %. En suma, la ciudadanía está cansada de vivir en la incertidumbre y la inseguridad. El equilibrio entre el Ejecutivo, el Congreso y los organismos autónomos atraviesa uno de sus momentos más delicados. A la incompetencia del Poder Ejecutivo se suma un Parlamento que impulsa leyes que, en la práctica favorecen actividades delictivas, sin considerar que el 81 % de sus integrantes (105 de 130 congresistas) tiene investigaciones abiertas en su contra. Las tensiones políticas generan bloqueos, demoras y pugnas que repercuten directamente en la gestión pública.

Un país sitiado por el miedo

La inseguridad ciudadana continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población peruana en 2025. Pese a los esfuerzos desplegados por el Estado, el incremento de determinados delitos y la persistente percepción de desprotección han marcado la agenda social y política del país a lo largo del año. De acuerdo con el Mapa del Delito del Ministerio del Interior (Mininter), entre enero y octubre de 2025 se registraron 222 mil 730 delitos consumados, entre ellos extorsiones, robos, amenazas y homicidios. Lima Metropolitana concentra la mayor incidencia, con más de 65 mil casos reportados. Las cifras reflejan un alto nivel de criminalidad anual que explica la sensación generalizada de inseguridad: un temor extendido, sin distinción social o territorial, que altera la vida cotidiana, afecta actividades económicas y condiciona decisiones personales y familiares.

La inseguridad ciudadana no solo deteriora la calidad de vida de las personas, sino que también genera un impacto significativo en la economía nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que en 2025 este problema le costará al país cerca de 20 mil millones de soles, lo que equivale aproximadamente al 1.7 % del Producto Bruto Interno (PBI), como consecuencia de pérdidas tanto en el sector público como en el privado.

Aumento de la conflictividad social

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, desde noviembre de 2024 se registra un promedio mensual de 230 huelgas, y solo en octubre de este año se realizaron 257 protestas en diversas ciudades. En un mismo día, múltiples localidades pueden convertirse en escenarios de manifestaciones simultáneas. En un solo día, el reporte de conflictos sociales de octubre registró diversas protestas en varias regiones del país: ocupación de espacios públicos en Puno, bloqueo estudiantil en Huancavelica, movilización de trabajadores de EsSalud en Loreto por retrasos en nombramientos y manifestaciones simultáneas en Lambayeque, San Martín y La Libertad por obras inconclusas, decisiones municipales polémicas y disputas comunitarias.

La Marcha Nacional del 15 de octubre, realizada en un contexto de conflictividad social y a pocos meses de las elecciones generales y regionales, se convirtió en una de las jornadas más tensas del año. Convocada por diversos gremios y por el colectivo Generación Zeta, logró reunir a jóvenes, trabajadores y organizaciones regionales en torno a demandas comunes. La movilización dejó un saldo trágico una persona fallecida y 128 heridos y evidenció que el malestar ciudadano es profundo y persistente, reflejo de una crisis política y social aún sin respuesta.

Escenario económico e incertidumbre

La economía peruana muestra una recuperación moderada, con crecimiento del PBI, inflación estable y un comercio exterior sólido. No obstante, la incertidumbre política sobre todo en contextos preelectorales sigue afectando la confianza y la inversión. Organismos como el FMI advierten que, sin reformas profundas y con tensiones políticas persistentes, el crecimiento potencial podría estancarse. Así, pese a las señales económicas positivas, el desarrollo sostenido del país aún depende de lograr mayor estabilidad institucional y una visión estratégica de largo plazo.

Según el último informe de Proética sobre percepción de la corrupción, esta se ha consolidado junto con la delincuencia como el principal problema para los peruanos. Ha superado incluso a la inestabilidad política, la corrupción en el Perú no solo implica pérdidas económicas, sino que ha generado una peligrosa normalización en la vida pública. La ciudadanía ya no se sorprende ante funcionarios investigados o escándalos constantes, que se reemplazan unos a otros rápidamente. Esta normalización erosiona la moral pública, desmotiva a los funcionarios íntegros, aleja a los profesionales capaces y transforma la política en un terreno donde la impunidad parece la regla. En la actualidad, el Estado peruano presenta profundas debilidades institucionales. Las instituciones anticorrupción enfrentan recortes, presiones políticas y limitaciones técnicas. Pese a algunos avances de la Contraloría, su capacidad sancionadora es insuficiente; el Ministerio Público sufre conflictos internos y el Poder Judicial mantiene procesos lentos que favorecen la dilación y manipulación de la justicia.

Votar en medio de la crisis política

El Perú se encamina hacia las elecciones generales de 2026, un proceso que se perfila como uno de los más complejos y trascendentales de las últimas décadas. Más allá de la tradicional disputa por la Presidencia de la República, estos comicios incorporan un cambio institucional, el retorno de la bicameralidad, que introduce nuevos desafíos tanto para los electores como para los partidos políticos y las autoridades electorales. A este panorama se suma un reto crucial: las instituciones del sistema electoral la ONPE, el JNE y el RENIEC deberán resguardar su autonomía y legitimidad en un contexto marcado por la expansión de la desinformación y una creciente polarización política.

Al mismo tiempo, el país enfrenta un sistema de partidos altamente fragmentado, caracterizado por organizaciones efímeras, con débil arraigo ciudadano, escasa definición ideológica y propuestas programáticas poco consistentes. En este escenario, la actividad política en la coyuntura actual se percibe que solo busca responder a intereses personales o de corto plazo, relegando a un segundo plano problemas estructurales que afectan de manera directa a la ciudadanía, como la inseguridad ciudadana, la informalidad, la fragilidad del Estado y la persistente corrupción.

Frente a este escenario, el desafío es colectivo. El Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que los organismos electorales actúen con plena independencia y cuenten con recursos suficientes. A su vez, los actores políticos tienen la responsabilidad de competir sobre la base de propuestas y no de la desinformación. La sociedad civil organizada y los medios de comunicación, debe asumir un rol activo en la vigilancia democrática y en la defensa de la verdad.

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(*) Politólogo por la UNPRG. Coordinador regional del voluntariado de Transparencia.

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