Las recientes proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú evidencian una estimación de crecimiento de 3,2 % para el año 2026 y de 3,0 % para 2027, dado los riesgos climáticos que afectan sectores primarios. Ante dicha incertidumbre, es necesario considerar el acceso efectivo a servicios públicos de calidad, inserción laboral y continuidad en el ingreso de las mujeres; así como la disminución de la brecha de género.

Salir de la pobreza todavía no significa alcanzar seguridad económica en el Perú; de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática la pobreza monetaria en el 2025 alcanzó el 25,7 % de la población y otro 32,8 % fue considerado no pobre vulnerable. Sumadas ambas categorías, el 58,5 % vivía en pobreza o expuesto a caer en ella. Esta fragilidad obliga a evaluar el progreso social más allá del crecimiento; sino lo que importa es cuánto pueden resistir los hogares una enfermedad, la pérdida del empleo o una crisis productiva.

La desigualdad de género atraviesa esa inseguridad, considerando que el Banco Mundial señaló que las mujeres peruanas tienen mayor probabilidad de ocupar empleos de baja calidad, dedican más tiempo al trabajo doméstico y participan menos en el mercado laboral. Durante la pandemia, abandonaron la fuerza laboral en mayor proporción que los hombres, principalmente para cuidar niños y adultos mayores. Así, las responsabilidades familiares condicionan las oportunidades de generar ingresos y revelan por qué la recuperación económica requiere políticas específicas de autonomía femenina.

Impacto de la pobreza

La pobreza puede intensificar esas restricciones cuando el hogar carece de recursos para contratar cuidados o acceder a servicios adecuados. A su vez, las dificultades para trabajar y sostener ingresos reducen las opciones para enfrentar nuevos gastos. Por lo que tasas de pobreza similares entre hombres y mujeres conviven con desigualdades laborales persistentes.

Por eso, conviene mirar con atención qué entendemos por progreso; dado que conseguir un ingreso hoy es importante, pero también lo es poder sostenerlo mañana. Para evaluar el bienestar de una mujer, proponemos considerar si puede trabajar sin desatender a quienes dependen de ella, acceder a servicios de salud y mantener sus proyectos personales. Esta mirada recoge el diagnóstico del Banco Mundial sobre las barreras laborales y domésticas, y permite valorar el desarrollo desde las condiciones concretas de la vida cotidiana.

Una mujer necesita oportunidades que pueda aprovechar sin que cada dificultad familiar la obligue a abandonar sus proyectos; por lo que reducir la fragilidad económica y atender las barreras que limitan su autonomía son tareas que proponemos abordar juntas. La igualdad requiere decisiones presentes y resultados verificables y también exige escuchar las necesidades de las mujeres. Esperar que el paso del tiempo resuelva estas diferencias significa dejar pendiente una parte esencial del bienestar del país.

¿Qué hacer?

Ante la problemática antes descrita una primera propuesta es ampliar servicios de cuidado infantil accesibles, seguros y compatibles con los horarios laborales, priorizando hogares con mayores carencias. El Banco Mundial recomienda mejorar su cobertura y calidad para facilitar la participación laboral femenina. A partir de esa recomendación, planteamos que los gobiernos identifiquen la demanda local, aseguren personal capacitado y financien el funcionamiento continuo. También proponemos promover una distribución más equilibrada del cuidado entre hombres y mujeres, de modo que la posibilidad de trabajar no dependa exclusivamente del sacrificio materno.

Una segunda propuesta consiste en vincular capacitación con oportunidades laborales concretas, por lo que sugerimos coordinar formación técnica y digital con empresas, acompañar la búsqueda de empleo y evaluar la permanencia e ingresos posteriores. Para las trabajadoras independientes, proponemos asistencia comercial, acceso financiero responsable y apoyo para mejorar productividad. Estas intervenciones deberían adaptarse a cada territorio y evitar que el emprendimiento sea presentado como solución universal. El criterio de éxito tendría que ser una mejora sostenible del bienestar, acompañada de condiciones laborales dignas y protección social.

Finalmente, proponemos articular estas medidas con servicios básicos confiables, atención frente a la violencia y ayudas oportunas ante emergencias. Cada intervención debería contar con presupuesto, responsables e indicadores públicos, además de recoger la experiencia de sus beneficiarias. Reducir la pobreza con perspectiva de género requiere que las mujeres puedan sostener sus proyectos sin quedar desprotegidas cuando el hogar enfrenta dificultades. La prioridad es convertir las propuestas en servicios que funcionen y evaluar si amplían realmente sus posibilidades de elegir, trabajar y vivir con seguridad. Para ello, sugerimos publicar avances anuales por territorio y corregir intervenciones que no mejoren los ingresos ni reduzcan las restricciones identificadas por las propias mujeres y familias.

(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.

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