El Perú se encuentra atrapado en un ciclo de inestabilidad política que parece no tener fin. Los cambios sucesivos de presidentes, la pérdida de confianza en las instituciones y la polarización social no son hechos aislados, sino síntomas de una enfermedad más profunda: el agotamiento del modelo estatal peruano. No se trata, pues, de un problema coyuntural ni de la incompetencia de un gobierno en particular, sino de un Estado que ha perdido capacidad de representación, gestión y legitimidad.

Desde 2016, el sistema político peruano opera en una lógica de colisión permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. La interpretación arbitraria del artículo 113° de la Constitución —que permite la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”— se ha convertido en una herramienta de desestabilización, erosionando los contrapesos democráticos. Esta dinámica no solo ha degradado la función de ambos poderes, sino que ha normalizado la excepcionalidad institucional como forma de gobierno.

El resultado es un país atrapado en un círculo vicioso: gobiernos débiles, congresos fragmentados y una ciudadanía que, entre la frustración y la resignación, deja de creer en la política como vía de transformación.

Los números

En este contexto, el mandato de José Jerí se inaugura bajo una profunda paradoja politológica. Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Jerí disfruta de una aprobación del 45.5 %, una cifra elevada si se compara con la desaprobación crónica de sus predecesores. Sin embargo, esa popularidad es más bien un reflejo del rechazo masivo a la expresidenta Dina Boluarte, cuya vacancia fue respaldada por el 81 % de los ciudadanos, que una adhesión genuina a su figura o a su gestión.

Detrás de esas cifras se esconde una brecha preocupante. Un 79 % de peruanos se siente “poco o nada representado” por el nuevo mandatario, y un 56% declara sentirse “nada representado”. De hecho, el 53 % está en desacuerdo con su asunción al poder, frente a un 32 % que la respalda. Este déficit de representación no es casual: Jerí llegó al Congreso como accesitario, elegido con apenas 11654 votos, es decir, el 0.07 % del electorado nacional. Esta base refuerza el hecho que la democracia peruana se haya resumido en la “dictadura de lo procesal”, donde todo es susceptible de darse o justificarse a través de la instrumentalización de la norma jurídica, por encima del asidero social.

A ello se suma su pasado reciente: antes de asumir la presidencia, Jerí cargaba con un 83 % de desaprobación como titular del Poder Legislativo. En suma, sus actuales niveles de aprobación expresan más un respiro ciudadano ante la caída de Boluarte que un apoyo sustantivo a su liderazgo, como lo refleja el hecho de que solo el 37 % de encuestados considera que debería mantenerse en el cargo.

La paradoja Jerí revela algo más profundo: la crisis no reside en los líderes, sino en la estructura misma del Estado. El problema de fondo es que el aparato estatal peruano funciona con una legitimidad deteriorada y una burocracia incapaz de responder a las demandas sociales. Los ministerios operan como feudos políticos, la planificación pública es reactiva, y los partidos carecen de anclaje territorial y vocación programática. En este escenario, los presidentes son figuras circunstanciales que heredan un Estado débil, sin capacidad para sostener un proyecto nacional.

Esa fragilidad estructural se manifiesta también en la descomposición de la representación política. Desde el colapso del sistema de partidos en los años noventa, el Congreso se ha convertido en un mosaico de intereses particulares, sin cohesión ideológica ni compromiso institucional. Los gobiernos, por su parte, sobreviven gracias a alianzas efímeras, más basadas en el cálculo que en la visión de país. Y mientras tanto, la ciudadanía observa, desencantada, cómo la democracia se reduce a un intercambio de acusaciones y destituciones.

La inseguridad ciudadana —hoy el principal problema según todas las encuestas— agrava la desconfianza. La ausencia de políticas sostenidas contra la criminalidad y el deterioro de la Policía Nacional son síntomas de un Estado que ha perdido el monopolio efectivo de la autoridad. Las calles, convertidas en escenario de extorsiones, homicidios y abusos, reflejan una sensación de desamparo generalizado. La legitimidad, que en democracia se construye a través de resultados y empatía, se erosiona cuando el ciudadano percibe que el Estado ya no puede protegerlo.

Voz en las calles

Frente a ello, las movilizaciones sociales expresan tanto un acto de protesta como de búsqueda de sentido. Sin embargo, el espacio de la calle también ha sido cooptado por intereses políticos, restando fuerza a las causas ciudadanas genuinas. La violencia, ejercida por las fuerzas del orden, no puede normalizarse como vía de represión. La muerte del joven cantante de hip hop Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, durante las protestas del 15 de octubre en los brazos de su amigo, evidencia el costo humano de un Estado que no logra equilibrar autoridad con respeto a los derechos humanos.

El debate sobre un adelanto de elecciones se reitera con insistencia, pero no aborda la raíz del problema. Convocar a nuevos comicios sin una reforma política previa solo prolongará la inestabilidad. La crisis actual no es electoral, sino institucional. Cambiar presidentes sin transformar las reglas del juego perpetúa un Estado ineficiente, capturado y vulnerable. El Perú necesita, más que un relevo de nombres, una reconstrucción del pacto social y político que lo sostenga. Se requiere repensar el país en democracia.

De cara a las elecciones de 2026, la tarea es doble: exigir reformas estructurales que fortalezcan el Estado y asumir, como ciudadanos, una responsabilidad activa en la construcción democrática. Votar con información, evaluar programas, revisar trayectorias y resistir los discursos populistas son pasos esenciales para evitar repetir el ciclo de crisis.
Porque, en última instancia, el problema del Perú no está solo en sus gobernantes, sino en la debilidad del Estado que los produce y los devora. Hasta que no enfrentemos esa verdad incómoda, seguiremos atrapados en la misma espiral de decepción y parálisis que marca nuestra historia reciente.

(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com

 respuesta de Jorge Briones el 2017-11-24.

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