Las elecciones presidenciales han dejado una fotografía política que el próximo gobierno no puede ignorar. Mientras en varias regiones del país los resultados fueron ajustados, en departamentos como Puno, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Cusco volvió a imponerse con claridad un voto contrario al fujimorismo. No se trata de un fenómeno nuevo ni de una simple coyuntura electoral. Es la expresión de una realidad histórica, social y económica que durante décadas ha sido insuficientemente atendida por el Estado.
Reducir este comportamiento electoral a una cuestión ideológica sería un error. En estas regiones existe una profunda sensación de abandono. Millones de peruanos sienten que el crecimiento económico del país nunca llegó plenamente a sus comunidades. A pesar de aportar riqueza cultural, recursos naturales y una enorme fuerza productiva, continúan enfrentando altos índices de pobreza, desnutrición, deficiente infraestructura vial, servicios de salud insuficientes y una educación que no siempre responde a sus necesidades.
A ello se suma una memoria histórica marcada por años de violencia, exclusión y centralismo. Muchas comunidades del sur andino consideran que Lima sigue tomando decisiones sin comprender sus realidades. Por eso, cuando votan, no solo eligen a un candidato; también expresan una demanda de reconocimiento, respeto y participación.
El mensaje de las urnas es claro: estos pueblos no están pidiendo privilegios. Están exigiendo igualdad de oportunidades. Quieren carreteras que integren sus mercados, hospitales equipados, escuelas de calidad, acceso al agua, conectividad digital, apoyo a la agricultura familiar y una verdadera presencia del Estado más allá de las campañas electorales.
Pero también hay un clamor de justicia. En Ayacucho y otros pueblos del sur andino aún se busca a los desaparecidos que dejó el conflicto armado interno, el fuego cruzado entre el terrorismo y las Fuerzas Armadas, cuyos crímenes aún no han sido castigados por la ley. Y, desde luego, está la exigencia justa de los deudos y víctimas de la represión a las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023. 49 peruanos murieron por balas militares y policiales y el Estado no ha sabido hasta ahora responder por ello.
Hay otras heridas abiertas en tiempos recientes que han acentuado ese distanciamiento del Perú andino, del Perú rural, con el centralismo limeño. Que una presidente del país haya dicho, por ejemplo, que “Puno no es el Perú”, afianzó el discurso selectivo, discriminador y clasista que tantas brechas a abierto en este país. En el Perú, el desprecio de unos por otros, es trasversal en todos los ámbitos de la vida cotidiana y eso también se ha visto en las urnas.
La tarea del próximo gobierno será enorme. Necesitará construir puentes donde hoy existen desconfianzas. Tendrá que gobernar para todos los peruanos, incluidos aquellos que no votaron por la opción ganadora. Será indispensable abrir espacios de diálogo permanente con las regiones, fortalecer la descentralización y garantizar que la inversión pública llegue con eficiencia y transparencia a las zonas históricamente relegadas.
El desarrollo del Perú no será sostenible mientras existan ciudadanos que se sientan espectadores del progreso. La estabilidad política tampoco será posible si persisten brechas tan profundas entre la capital y las regiones.
Las elecciones han terminado, pero el verdadero desafío recién comienza. El próximo presidente debe comprender que en el sur andino no se escuchó únicamente un voto de rechazo. Se escuchó, sobre todo, un clamor de inclusión. Ignorarlo sería repetir los errores del pasado. Atenderlo, en cambio, podría abrir una nueva etapa de reconciliación nacional y desarrollo compartido.
Porque cuando una parte importante del país siente que no es escuchada, la democracia se debilita. Pero cuando el Estado llega con obras, oportunidades y respeto, el Perú se fortalece como una sola nación.
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Editora / Directora fundadora.
