En una contundente acción de defensa del patrimonio del Estado, EPSEL S.A., con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, la División de Policía Ecológica y Medio Ambiente y demás autoridades competentes, ejecutó el desalojo extrajudicial de personas que ocupaban ilegalmente aproximadamente 22 hectáreas de terreno pertenecientes a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Pimentel, recuperando un espacio estratégico destinado exclusivamente al desarrollo de infraestructura sanitaria para la región Lambayeque.
La intervención permitió restituir a la empresa un importante predio que había sido ocupado irregularmente y cuya disponibilidad resulta fundamental para la ejecución de futuros proyectos de saneamiento.
Durante la diligencia, el personal técnico de EPSEL S.A., en coordinación con las autoridades participantes, verificó que el terreno había sido transformado para fines completamente ajenos a su finalidad pública, constatándose actividades agrícolas, crianza de animales e indicios de un presunto tráfico ilegal de terrenos.
El gerente general de EPSEL S.A., Eduardo Vásquez, señaló que la empresa no permitirá que terrenos destinados a obras de saneamiento continúen siendo invadidos o utilizados para actividades particulares, precisando que se continuará actuando dentro del marco de la ley para recuperar todos aquellos predios que forman parte de la infraestructura sanitaria y que han sido ocupados ilegalmente.
Vásquez Figueroa indicó además que la recuperación de la PTAR Pimentel constituye solo una de las acciones emprendidas por la empresa para restituir bienes del Estado. En ese sentido, informó que EPSEL S.A. viene impulsando los procedimientos legales y administrativos para recuperar otras áreas estratégicas invadidas, entre ellas terrenos pertenecientes a la PTAR Lambayeque y a la laguna Boró, ubicada en el distrito de Pomalca, espacios que también resultan indispensables para el desarrollo de futuros proyectos de inversión en saneamiento.
Es importante precisar que, uno de los hallazgos más preocupantes durante la diligencia de desalojo de los terrenos de EPSEL S.A. fue la utilización de amplias extensiones del predio para el cultivo de maíz, cebolla china y camote, además de la crianza de caballos.
De acuerdo con las verificaciones realizadas durante el operativo, existen indicios de que estos cultivos habrían sido irrigados con aguas residuales provenientes de la planta de tratamiento, situación que representa un potencial riesgo para la salud pública y el medio ambiente, especialmente si dichos productos fueran destinados a la comercialización o al consumo humano. Estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones que correspondan conforme a ley.
Durante la diligencia también estuvo presente personal especializado de la División de Policía Ecológica y Medio Ambiente, cuyos efectivos constataron las condiciones en las que era utilizado el predio y verificaron los hallazgos registrados durante la intervención, dejando constancia de las actividades desarrolladas dentro de un terreno destinado exclusivamente a infraestructura de saneamiento.
Asimismo, durante el recorrido por el predio se evidenció una situación aún más alarmante. Gran parte del terreno había sido dividido en lotes, delimitado con estacas y numerado, observándose características compatibles con una presunta comercialización ilegal de terrenos de propiedad del Estado. La aparente lotización de estas áreas constituye una grave afectación al patrimonio público, pues busca consolidar ocupaciones irregulares que impedirían la ejecución de futuras obras de infraestructura sanitaria indispensables para atender el crecimiento de la población y mejorar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Luego, el gerente general de EPSEL S.A. puntualizó que, otro aspecto constatado durante la intervención fue la existencia de dos viviendas construidas al interior del terreno recuperado. Dichos inmuebles eran ocupados por personas que manifestaron desempeñarse como supuestos cuidadores del predio. En cumplimiento del procedimiento establecido para este tipo de diligencias, los ocupantes fueron retirados de manera pacífica junto con sus pertenencias y enseres, sin registrarse incidentes durante el desarrollo del operativo.
La recuperación de estas 22 hectáreas representa un importante avance en la política de defensa del patrimonio institucional que impulsa la actual gestión de EPSEL S.A. El espacio recuperado forma parte de la PTAR Pimentel, infraestructura fundamental para el tratamiento de las aguas residuales generadas en la provincia de Chiclayo, cuya adecuada operación resulta indispensable para proteger la salud pública, preservar el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento.
El ingeniero Eduardo Vásquez precisó que los terrenos donde funcionan las plantas de tratamiento de aguas residuales constituyen infraestructura crítica para el desarrollo de las ciudades y no pueden ser utilizados para asentamientos humanos, actividades agrícolas, explotación pecuaria o cualquier otro uso particular.
Añadió que, la pérdida de estos espacios significaría limitar la capacidad de expansión del sistema de saneamiento y comprometer inversiones de gran envergadura destinadas a mejorar la calidad de los servicios que reciben miles de familias. Por ello, la recuperación del predio en Pimentel, representa una decisión estratégica que permitirá asegurar la disponibilidad de terrenos para la ejecución de proyectos que fortalecerán la infraestructura sanitaria durante los próximos años.
EPSEL S.A. reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio del Estado y continuará ejerciendo todas las acciones legales, administrativas y operativas necesarias para recuperar y proteger los bienes destinados a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Asimismo, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque, exhorta a los usuarios a no dejarse sorprender por personas que pretendan comercializar ilegalmente terrenos de propiedad estatal y a denunciar cualquier intento de invasión o tráfico de predios destinados a infraestructura sanitaria, contribuyendo así a preservar espacios fundamentales para el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la población lambayecana.
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