Semanario Expresión up

POR PRESUNTA AGRESIÓN: FISCALÍA ARCHIVA DENUNCIA CONTRA DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1152

  comentarios   

  • La directora de Economía de la orden en Lambayeque señala que el decano, José María Balcázar, y el director de Ética, Elmer Fustamante Gálvez, la agredieron físicamente.
  • La fiscal a cargo de la investigación habría considerado el testimonio de una persona que no estuvo presente el día en que ocurrieron las presuntas agresiones.

 

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lesiones y Agresiones contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo de Katherine Fernández Paz, dispuso no formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra José María Balcázar Zelada, decano del Ilustre Colegio de Abogados - ICAL Lambayeque, y Elmer Fustamante Gálvez, director de Ética de la orden profesional, por las presuntas agresiones ocurridas en agravio de Rosa Pizarro Piscoya, directora de Economía.

 

Según Pizarro Piscoya, el 5 de agosto del 2019 fue víctima de un empujón por parte de Balcázar Zelada y una torcedura de su brazo por parte de Fustamante Gálvez, en momentos en que se desarrollaba la sesión de consejo extraordinaria convocada para tratar como único punto de agenda la vacancia del decano de la orden.

 

SUCESIÓN DE HECHOS

Tal como informó Expresión en ediciones pasadas, este hecho ocurrió tras la denuncia de los miembros del consejo directivo del ICAL de una serie de presuntas irregularidades en cuanto a los manejos económicos de Balcázar Zelada al mando del gremio profesional.

Pizarro Piscoya relata que desde el inicio de la gestión existieron roces entre ella y Balcázar Zelada, pues aparentemente este último ponía obstáculos para que pudiese realizar su labor de supervisión y fiscalización de los ingresos y egresos de la orden que alberga a casi nueve mil abogados.

“El estatuto establece que la dirección económica se realiza de forma conjunta entre el decano con el director de Economía, pero él lo hacía de forma individual, simplemente me decía que le firme los recibos, muchos de los cuales no los visaba porque no eran conformes como la contratación de personal o de auditorías sin la aprobación del consejo directivo”, afirma.

Refiere que en una de las visitas que realizó al área de caja (interdiariamente se apersonaba para verificar que se estuviesen haciendo los depósitos a las cuentas bancarias del ICAL), detectó que los montos ingresados por concepto del ‘Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal’ no estaban siendo depositados.

“Cuando pregunté qué estaba pasando me dijeron que el decano había ordenado que ese dinero no entre a caja, pues iba a ser administrado directamente por él. Al tomar conocimiento de esto lo informé ante el consejo y en una de las sesiones en la que le exhortamos que regularice dicha situación él nos agredió verbalmente a todos”, asevera.

La ruptura definitiva de la relación de Pizarro Piscoya como directora de Economía y Balcázar Zelada ocurriría el 3 de junio del año pasado, fecha en la que Sinthia Renquifo Villegas, encargada de caja, le manifestó que por órdenes del decano ya no se le iba a brindar ningún tipo de información económica. Desde ese momento – señala – perdió el control total de las cuentas de la orden que hasta entonces recaudaba siete mil soles diarios, aproximadamente.  

“Ante la suspicacia de por qué se me negaba el acceso me constituí a las oficinas del Banco de Crédito del Perú como cotitular de las cuentas del ICAL y allí me informaron que desde el 28 de mayo no se venían haciendo los depósitos”, revela.

 

PRESUNTAS AGRESIONES

La agresión denunciada por Pizarro Piscoya habría ocurrido el 5 de agosto pasado, día en el que se desarrollaría la sesión extraordinaria para vacar a José María Balcázar por la supuesta inasistencia reiterada e injustificada a las sesiones de consejo directivo.

La letrada cuenta que aquel día al llegar a la sede del ICAL encontraron que esta se encontraba custodiada por ronderos, a quienes Balcázar Zelada habría tenido la intención de hacer ingresar. Ante este pedido señala que solicitó la filmación de la sesión, a fin de que quedase constancia si se cometía algún tipo de exceso, lo cual hizo retroceder al decano del gremio, quien accedió a que esta se desarrollara a puertas cerradas, solo con la presencia de los directivos.

“Desde que empezó la sesión Elmer Fustamante entró a agredir físicamente, se le fue encima a Yuri Díaz Jaime, por ello un colega y yo nos paramos para intervenir con el afán de calmar los ánimos, pues estábamos en una reunión de consejo, no en un rincón de box. Es en ese contexto que Balcázar me empuja y Fustamante voltea y me tuerce el brazo. Una vez salidas las cosas de control, el decano abrió la puerta y dejó ingresar a los ronderos, a quienes arengó para que nos agredan con sus látigos y nos desnuden”, sostiene.

 

DISPOSICIÓN FISCAL

La disposición de archivo, que obra en la Carpeta Fiscal Nº 2406078901-2019-135-0, recoge los testimonios de Segundo Lázaro Timaná Domínguez, Odar Jimmy Cornejo Custodio, Edson Carrasco Rufasto, Luz Aurora Saavedra Silva, Romina Katherine Guzmán Verona y Erlita Fonseca Quiroz. Esta última manifiesta en su declaración que “en un momento determinado la señora Rosa Elena Pizarro Piscoya intentó cachetear al doctor Elmer Fustamante, pero Elmer se cubrió el rostro con los brazos; después de un rato vi a la doctora Elena Pizarro llorando y haciendo un drama”.

No obstante, Pizarro Piscoya advierte que los testimonios recabados por la fiscal Katherine Fernández serían de personas allegadas a Balcázar Zelada, quien los habría contratado. Incluso, refiere que Fonseca Quiroz ni siquiera estuvo presente en dicha sesión, por lo cual no podría dar fe de lo ocurrido.

Asimismo, la fiscal sostiene que, pese a las lesiones descritas en los partes médicos que dan cuenta de un esguince de hombro, codo y muñeca, estas “no se condicen con un empujón; por lo tanto, aun cuando se hubiera corroborado la versión brindada por la denunciante en este extremo, la conducta de agresión física atribuida a José María Balcázar no acarrearía responsabilidad penal alguna, al no haber producido ningún resultado lesivo (lesión física) que exige el tipo penal bajo análisis”.

En cuanto a la violencia psicológica, la pericia realizada por el especialista Juan Antonio Seclén Flores arroja que Pizarro Piscoya padece de síndrome ansioso, asociado a una relación conflictiva dentro del ámbito laboral y funciones administrativas, por lo cual se muestra vulnerable. En virtud de ello, recomienda medidas de protección, aunque refiere también que “la examinada no reúne los criterios clínico forenses para la valoración de un daño psicológico”.

“El certificado médico psicológico señala que deben otorgárseme garantías, pero lejos de ello la fiscal archiva el caso. Me dice que de repente puede seguir la investigación, pero contra Elmer Fustamente, porque José María Balcázar solamente me empujó y eso no me causo lesión. O sea, si viene alguien y te empuja, te manotea, pero no te deja una lesión, no puede ser sancionado”, cuestiona.

Añade que Balcázar Zelada ejerció su derecho de no declarar, por lo cual considera que la decisión de la fiscal es subjetiva, pues no ha tenido la versión del presunto agresor.

“A mí me llama bastante la atención que se haya dado el lujo de no declarar, no ha explicado cuáles han sido sus fundamentos. Si lo hubiese hecho quizá podría entender que la decisión de la fiscal obedece a que le dio crédito a su versión antes que a la mía, pero no, las conclusiones a las que llega son muy subjetivas”, afirma.

 

MALTRATO

En esa línea, Pizarro Piscoya denuncia haber recibido en varias oportunidades comentarios con un sesgo machista por parte de Balcázar Zelada.

“Ha llegado al extremo de decirme que qué hago prendida de la caja, que soy una viva, que vaya a mi casa a cocinar, que si no tengo marido que atender, y eso es un tipo de violencia contra la mujer”, asegura.

Finalmente, señala que si para la fiscal lo sucedido con ella no se enmarca dentro del contexto de violencia contra la mujer, debió derivar la carpeta a una fiscalía penal, puesto que si hay lesiones acreditadas, mas no archivarla.

Deja tu Comentario