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JORGE CHÁVEZ PITA: “LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DEBE CAMBIARSE EN SU TOTALIDAD”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1126

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El consultor Jorge Chávez Pita conversó con Expresión sobre la urgencia de cambiar íntegramente la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que contiene vacíos que permiten su aplicación discrecional por parte de los comités de selección, muchas veces coludidos con empresas que no cumplen los requisitos mínimos para adjudicarse obras o servicios financiados con recursos públicos.

 

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, presentó hace poco la agenda país que le entregó al presidente de la República, donde plantea recomendaciones respecto a las contrataciones del Estado, pues ha advertido algunas deficiencias en el marco normativo. ¿Son estas muy graves?

Definitivamente. Hay que tener en cuenta que el mayor énfasis de la corrupción está en la ejecución de obras. Hay unos caminos muy abiertos, con vacíos legales que permiten que transiten cada vez con mayor facilidad. A pesar que se cambian normas, se dictan directivas y decretos supremos, pero eso no sirve para que haya una lucha frontal, porque hecha la ley hecha la trampa.

En ese sentido, CONFIEP da algunas recomendaciones, por ejemplo, que habría que cambiar toda la Ley de Contrataciones y sus directivas, porque con esta ley lo que hacemos es que la corrupción crezca y está creciendo. Decimos que es el año contra la corrupción y la impunidad y eso no es verdad.

¿Es lo que se ha advertido, por ejemplo, en los recientes procesos realizados por el Gobierno Regional de Lambayeque, con la licitación de dos paquetes de cuatro colegios cada uno, sobre los que incluso Contraloría ya se ha pronunciado?

Documentos falsos que no se advierten y si se advierte se hace caso omiso. Todas las licitaciones que se hacen en el gobierno regional tienen serios problemas y estos se denuncian, salen en  Expresión, pero en la región bien gracias.

La Contraloría interviene, pero esta tiene un sistema que demora, en tanto se consuman los hechos, se firman contratos, se ejecutan las obras y se cobran los adelantos. Esa no es forma de luchar contra la corrupción, por eso es que la corrupción ha crecido. Por la situación misma del país, el control no funciona definitivamente.

Yo vengo diciendo que los entes de control no están cumpliendo su rol oportunamente, porque lo que hay que hacer es estar en la oportunidad el hecho. Entonces si en eso estamos, esto se va a desbordar, hay que poner un freno, por eso CONFIEP dice: cambiemos todo el régimen legal. Ley de Contrataciones del Estado debe cambiarse en su totalidad.

¿Considera que hay intereses creados en los ministerios, que es donde se van gestando las obras, por consorcios y empresas interesadas en manejar este sistema mal hecho para aparecer como ganadoras de contratos millonarios?                                                                                                                                                                                                    

Sí, eso es evidente. Un ejemplo es que en Jayanca una obra ha sido adjudicada a una empresa del Club de la Construcción. ¿Cuánto le debe a la SUNAT? Diez millones de soles.

¿Por qué los comités de licitación en los municipios o el gobierno regional no tienen capacidad para investigar o cruzar la información?

Los controles posteriores deben ser preponderantes, ser contundentes, pero más importante es el control antes que se firmen los contratos.

¿Es posible entonces que haya gente sembrada en los comités de selección y que se encarga de direccionar todo?

Yo creo que sí, contundentemente digo que sí. Todo está direccionado, las autoridades ordenan, dan las pautas: “Esto es así y esto se hace es así”, y a raja tabla se eliminan a todos los postores y se deja a uno ¿Por qué? Porque como lo dice la CONFIEP, dependemos de la discrecionalidad de tres personas que conforman el comité de selección. Los integrantes de un comité son funcionarios de un nivel intermedio, pero son ellos los que deciden quién va a hacer las obras. Imagínese en manos de quiénes estamos…

Y por eso con justa razón empresas que son honestas, que cumplen con todos los documentos, tienen que luego observar las adjudicaciones.

No solamente eso, digamos que tienen que tomar acciones, que hay que poner una serie de garantías y todas esas cosas para presentar los recursos de apelación. Lo más graves es que se ahuyentan, se van. Dicen: “No, no puedo trabajar acá, hay mucha ilegalidad”. Hay municipalidades que ya están identificadas, donde la corrupción cunde, entonces los postores no van. Los postores formales, serios, legales, que tienen capacidad económica no participan en esos procesos. ¿Qué está pasando? ¿Estamos luchando contra la corrupción o estamos dando la facilidad para que la corrupción crezca?

La Agenda País y las recomendaciones hechas en este tema tienen que ser realmente abrazadas y ejecutadas. No pueden quedar como simple letra muerta en el papel y no tomarlas en cuenta, ¿verdad?

Eso es lo que pasa, todo el tiempo se dictan leyes, directivas, hay pronunciamientos de las diferentes entidades, pero no se ejecutan. No se plasman en la realidad, entonces, yo creo que así estamos yendo al descalabro total.

La Ley 30225, que está en vigencia todavía, ha sido modificada por un decreto supremo en algunos aspectos y ha implicado abrir y generar vacíos. Entonces, ahora los comités se amparan en eso y es fácil darse cuenta cómo se direccionan las obras.

Hemos tenido un caso tremendo en Mochumí, flagrante, escandaloso, donde eliminan a nueve postores y dejan a uno. Eliminan a los nueve por un documento y cuando le pedimos que nos muestren el documento del ganador y este no lo tenía tampoco. Había incurrido en lo mismo y lo dejan por creer que era el que iba a ganar. Miren lo que ha pasado en Mochumí donde está el alcalde Rodríguez Alvarado, cuestionado por el caso “Temerarios del crimen”.

Se va a iniciar un proceso de queja, se van a dar las evidencias, está grabado todo. Yo, la verdad, en los años que tengo de experiencia nunca vi un caso de estos. Ya son gente atrevida con la situación de direccionar las obras, no creo por opinión propia, sino porque están digitados.

Es necesario un nuevo marco normativo…

Lo dije y lo voy a repetir: la Ley de Contratación del Estado tiene que cambiar radicalmente. Las directivas tienen que ser derogadas, la jurisprudencia que se ha generado en función a todos los procedimientos que se han realizado tiene que ser desvinculada de la norma legal y luego de eso un equipo de personas que conozca el tema debe proceder a elaborar una nueva ley, con bases estandarizadas, que no diga que necesitan a un profesional que haya viajado a la luna.

La ley como está ahora, ¿frena realmente la lucha contra la corrupción?

No, y por eso tiene que ser cambiada, más aún por la sentencia al Tribunal Constitucional. Esta aberrante decisión, dice que la Contraloría no tiene la capacidad sancionadora y lo peor del caso es que los procesos que están en curso de sanción quedan también sin efecto.

La Contraloría podría haber sancionado a alcaldes y suspenderlos en el ejercicio, porque ya tenía esa atribución, pero ahora sale el Tribunal Constitucional y dice todo lo contrario. Entonces, ¿cómo luchamos contra la corrupción? Estamos entre nosotros poniéndonos trabas y ese es el tema, por eso es que yo soy muy persistente, muy incisivo en eso.

¿Cómo se forman los comités de selección? ¿Quiénes designan a sus integrantes?

Los comités son nombrados por el titular de la entidad. En algunos casos, no en todos, se trae gente. ¿Pero gente para qué? ¿Para que haga un buen trabajo? No, sino para que opere bien el hecho corrupto, que se logre consumar en función a lo que el titular determina.  

Eso es lo que pasa y vemos miembros comités reciclándose de municipalidad en municipalidad. Sabemos nosotros quiénes son ellos, los que conocemos y estamos en este medio, sabemos quiénes son y ahí están, no podemos luchar contra esto.

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