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SUPREMA ANULA SENTENCIA DEL CASO ‘PACORA’: ORDENA NUEVO FALLO EN PROCESO POR COLUSIÓN

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1127

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  • Jueces supremos piden que se determine si hubo o no perjuicio patrimonial contra el municipio del distrito con la compra de un volquete en la gestión de Jaime Urbina.

 

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República emitió su sentencia en la Casación N° 542-2017 Lambayeque, referida al caso ‘Pacora’, que involucra al exalcalde de dicho distrito Jaime Urbina Urbina, prófugo desde el 2015, exfuncionarios y el representante de una empresa automotriz, anulando la sentencia condenatoria emitida por la Corte de Lambayeque y que una nueva Sala de Apelaciones emita un pronunciamiento recogiendo sus consideraciones.

El recurso de casación excepcional fue interpuesto por William Rodríguez Ventura, Omar Llontop Baldera, Gloria Suyón Quiroz y Raúl Távara Monja, quienes fueron sentenciados en primera instancia el 9 de diciembre del 2016 por el Juzgado Unipersonal de Lambayeque, despacho que condenó a los tres primeros como coautores y al cuarto como cómplice primario del delito de colusión agravada en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Pacora, imponiendo seis años de pena privativa de la libertad e inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Asimismo, se estableció una reparación civil de 200 mil soles.

La decisión fue confirmada el 18 de abril del 2017 por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque y tras la presentación del recurso de casación, la Corte Suprema declaró bien concedido el mismo, en enero del año pasado, considerando que el caso ameritaba revisión por cuanto definiría aspectos jurisprudenciales sobre el delito de colusión agravada.

La casación fue admitida en el extremo que cuestionó la aplicación e interpretación de la ley penal por parte de los juzgadores de segunda instancia en relación a lo señalado por el Código Procesal Penal respecto a la colusión agravada.

 

IMPUTACIONES

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, que fue acogida por los jueces de primera y segunda instancia en Lambayeque, Gloria Suyón Quiroz, como jefa de la Unidad Formuladora de Proyectos de la comuna de Pacora, durante la gestión de Jaime Urbina Urbina, elaboró el perfil de SNIP N° 256408, “Mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de mantenimiento de caminos vecinales y ejecución de obras de la Municipalidad Distrital de Pacora”.

Según lo afirmado por los jueces, Suyón Quiroz dolosamente señaló la necesidad de adquirir un volquete marca Mitsubishi, cuyas características descritas direccionaron a comprar dicha marca. Dichas características eran las mismas que la empresa Interamericana Norte SAC presentó en su proforma e incluso el precio, pese a la prohibición regulada en el Artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado. Para los juzgadores, de esta manera se estableció la coordinación entre sus coprocesados para cumplir con la finalidad de direccionar el procedimiento de licitación.

Respecto a William Rodríguez Ventura, entonces jefe de la División de Desarrollo Urbano de la comuna de Pacora, por su condición de integrante del Comité Especial del Proceso de Licitación N° 002-2013-MDP/CE, “a sabiendas que las especificaciones técnicas y los requerimientos técnicos mínimos para la adquisición del camión volquete consignado en el perfil elaborado por Suyón Quiroz estaban direccionados para favorecer a la empresa Interamericana, a un precio sobrevalorado (…) elaboró en un solo día las bases administrativas y se interesó con sus demás coprocesados, miembros del Comité en su aprobación”.

El mismo razonamiento aplicaron para Omar Llontop Baldera, exjefe de Abastecimiento y también integrante del Comité Especial.

En relación a Raúl Távara Monja, vendedor y jefe de línea de la empresa Interamericana, los jueces concluyeron para sentenciarlo que este coordinó directamente con el exalcalde de Pacora, Jaime Urbina Urbina y Rodolfo Sandoval Santamaría. A este se le atribuyó el direccionamiento del proceso a fin de comprar el camión a través del asesoramiento dado, así como haber facilitado proformas de las empresas Interamericana y Olano Motors SAC sobre vehículos pesados a la comuna para que sean tomadas en cuenta en la formulación del perfil técnico, consignando en estas precios sobrevalorados y que no correspondían a las que obran en el sistema informático de las compañías, sobre todo de Olano Motors SAC.

“Esto permitió que las características técnicas del vehículo camión volquete fuso FV de 15 m3 marca Mitsubishi, que solo comercializaba la empresa Interamericana, fueras transcritas en el perfil técnico con la marca y el precio sobrevalorado de 460 mil soles. Asimismo, realizó todo el trámite administrativo para su empresa, en el antes mencionado proceso de licitación, incluyendo el día del otorgamiento de la buena pro. La conducta se tipificó como delito contra la administración pública – colusión desleal”, relata la resolución casatoria.

 

ANÁLISIS DE LA SUPREMA

“El Juzgado Penal Unipersonal declaró probado que los sentenciados Rodríguez Ventura y Llontop Baldera, miembros del Comité Especial, y Gloria Suyón Quiroz, jefa de la Unidad Formuladora, de la Municipalidad Distrital de Pacora, se concertaron con Távara Monja, en el Proceso de Licitación N° 002-2013-MDP/CC para la adquisición de un volquete de carga pesada, llevado a cabo por la citada municipalidad, a efecto que la empresa Interamericana sea la ganadora de la buena pro. Y que con dicha conducta generaron un perjuicio patrimonial a la citada municipalidad, porque si bien no hubo sobrevaloración, se le privó de la mejor posibilidad de contar con otras ofertas que hayan podido cubrir de mejor forma sus necesidades”, señala la Corte Suprema.

Añade, que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque compartió las conclusiones probatorias a las que arribó el juez penal unipersonal y en cuanto al perjuicio ocasionado también sostuvo que si bien no se probó la sobrevaloración, “la conducta colusoria de los sentenciados agravió a los intereses de la entidad municipal, pues a pesar que el volquete adquirido de marca Mitsubishi continúa utilizándose, ello no enerva el perjuicio materializado en la imposibilidad de contratar y elegir mejores precios y calidad, que es lo que la norma pretende”.

El tribunal supremo consideró que los sentenciados sostuvieron que no se configuró el delito de colusión agravada, previsto en el segundo párrafo del Artículo 384 del Código Procedo, pues este exige un perjuicio patrimonial real, a diferencia del primer párrafo del citado artículo, que solo exige un perjuicio potencial.

“En este caso no se determinó la existencia de tal perjuicio patrimonial, porque no se demostró de modo incontrovertible el monto de sobrevaloración del preciso del vehículo adquirido por la citada municipalidad y, por el contrario, el volquete aún es utilizado por la comuna”, recoge la resolución casatoria.

Los magistrados supremos refieren además que tanto el juez penal unipersonal como la Primera Sala Penal de Apelaciones estimaron que no hubo sobrevaloración y restaron valor a las conclusiones del perito Guillermo Castillo Díaz en relación con el Informe Especial N° 001-OCI-PL/2005, pues consideraron que la cotización obtenida de la empresa San Blas por la misma  marca y modelo de volquete a un precio menor no tuvo en cuenta que se trata de un precio de lanzamiento y presupuesto que se otorga a particulares es distinto al de las entidades públicas, porque en este último deben incluirse gastos de licitación y una serie de especificaciones adicionales, precisando que este perito solo cotizó a una empresa.

“Esta línea de razonamiento de las instancias inferiores no tomó en cuenta que la diferencia entre el precio pagado por el volquete adquirido y el cotizado por el perito es una diferencia significativa, ya que para el caso de autos la sobrevaloración fue calculada en treinta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro dólares estadounidenses, y el perito en juicio sostuvo que el precio que se le brinda a una entidad puede variar entre mil o dos mil dólares estadounidenses de diferencia, pero no mucho, tal como se consignó en la sentencia de primera instancia. Empero esta circunstancia no fue explicada en la sentencia de vista”, dice la resolución suprema.

En consecuencia, la sala suprema consideró necesario que se realice un nuevo juicio oral de apelación con la participación de otros jueces, en el cual se deberá determinar si se causó perjuicio patrimonial efectivo a la municipalidad de Pacora (sobrevaloración) en la compra del volquete, conforme a la interpretación que se ha efectuado respecto al segundo párrafo, Artículo 384, del CP, o si se debe reconducir al delito de colusión simple, de ser el caso.

“Con relación a la situación jurídica del sentenciado Távara Monja, se encuentra privado de su libertad desde el 26 de enero de 2016, en mérito al mandato de prisión preventiva, por lo que a la fecha han transcurrido más de tres años de privación de libertad. En consecuencia, de conformidad con el inciso 5, artículo 274, del CPP debe ordenarse su inmediata libertad, sujeto a reglas de conducta”, concluye la sala.

En cuanto a los sentenciados Rodríguez Ventura, Llontop Baldera y Suyón Quiroz, al momento de dictarse la sentencia de primera instancia se encontraban con mandato de comparecencia simple, y en la sentencia el juez unipersonal, por la pena concreta, dispuso la ejecución provisional de la condena (artículo 402 del CPP) y como consecuencia de ello ordenó se oficie para la captura correspondiente; por tanto, subsiste este mandato.

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