El Perú ha sido foco de atención de la comunidad internacional, a raíz de las protestas sucedidas desde la vacancia de Martín Vizcarra. La represión policial, los heridos y la muerte de dos jóvenes han hecho que organismos internacionales se pronuncien con preocupación frente a lo que ocurre en el país. Por ello, para el abogado especialista en derecho internacional público Gabriel Ravelo Franco, el Estado podría recibir sanciones por parte de los organismos de protección de los derechos humanos a los que está adscrito.
Explicó que el Perú, por voluntad soberana, ha suscrito instrumentos de protección de los derechos humanos, tanto en el sistema universal, representado por la Organización de las Naciones Unidas, como en el sistema interamericano, por lo cual está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier hecho que atente contra estos convenios.
“El Estado Peruano es responsable de prevenir los actos de agresión en el marco del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, haya ordenado directamente reprimir a los manifestantes o por haber sido incapaz de neutralizar a los agentes que ejercieron violencia. En ambos casos amerita una investigación para determinar qué actos de prevención llevó adelante el Estado para evitar estos actos de violencia. Eso es fundamental”, precisó.
Añadió que el Estado está obligado a adoptar acciones concretar para hacer efectivos los derechos, por lo que también será responsable si omitió su deber de garantizar las condiciones de seguridad apropiadas durante las marchas, así no hayan sido los policías o militares los agresores, pues es su deber brindar seguridad a los manifestantes.
Sanciones
Ravelo Franco señaló que el Estado Peruano, de ser hallado responsable de no haber cumplido con alguna de las obligaciones descritas, podría ser sancionado con la adopción de medidas concretas para asegurar que hechos así no se vuelvan a repetir o con reparaciones monetarias para las víctimas.
Del mismo modo, deberá garantizar el derecho a la verdad, por lo cual está obligado a investigar y darle a conocer a los familiares de las víctimas lo que realmente pasó. Sin embargo, resaltó que en ningún caso estas sanciones podrían llegar a la expulsión del país de los organismos de protección de derechos humanos, porque el propósito de la comunidad internacional es lograr el compromiso de los estados con sus obligaciones.
“Más que verlo desde una perspectiva de castigo, estos juicios internacionales buscan reevaluar los estándares de protección de los derechos humanos para fortalecerlos. Retirar a un país quiebra estos principios”, explicó.
Asimismo, refirió que la comunidad internacional no había reconocido plenamente a Manuel Merino de Lama como presidente de la república, toda vez que mandatarios como Nayib Bukele, de El Salvador, había publicado un tuit donde lo calificaba como dictador, mientras que Iván Duque, de Colombia, había señalado que iba a esperar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para saludarlo oficialmente.
Derecho a la información
Respecto a la denuncia del gerente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, Renzo Mazzei, por presuntas presiones para no transmitir en el canal del Estado las manifestaciones, apuntó que eso supondría un delito y una grave violación a los derechos humanos en las dos dimensiones que tiene el derecho a la libertad en expresión en el sistema interamericano.
“En lo individual, el periodista tiene derecho a manifestar su opinión e informar a la ciudadanía sobre aspectos relevantes para el país, pero la sociedad en su conjunto también tiene el derecho a recibir información. Aquí no se habría violado solo el derecho a la libertad de expresión del periodista, sino el de información de la sociedad peruana en su conjunto. Se deben determinar responsabilidades civiles, sociales y administrativas vinculadas a este acto”, comentó.
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