Patricia Sánchez Villafuerte, gerente general de la Concesionaria de la Autopista del Sol (Covisol), explicó en detalle por qué la obra —que debía culminarse en 2015— continúa inconclusa. En diálogo con Expresión, reveló que el principal problema es la falta de entrega de terrenos y el retiro tardío de interferencias, obligaciones que corresponden al Estado peruano. “Nosotros debimos haber terminado la Autopista del Sol en el 2015. Han pasado diez años”, afirmó.
A pesar del prolongado retraso, la concesionaria asegura que ha avanzado en todos los sectores donde el Estado sí ha cumplido con liberar áreas. “Si usted avanza desde Huanchaco podrá ver que hay segunda calzada, tramos interrumpidos y nuevamente sectores concluidos. Entramos donde nos entregan terrenos”, precisó Sánchez Villafuerte. Sin embargo, la adjudicataria enfrenta aún obstáculos que impiden culminar los intercambios viales previstos.
Falta de entrega de terrenos
La gerente general de Covisol fue contundente al señalar que “la falta de entrega de los terrenos necesarios para la construcción” es la causa estructural del retraso. Recordó que la liberación predial y el justiprecio son responsabilidades exclusivas del Estado, ejercidas a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC. “Es una obligación netamente del Estado peruano. Nosotros no podemos avanzar donde no se nos entrega”, subrayó.
El incumplimiento no es nuevo. Según Sánchez, la autopista debió inaugurarse hace una década. Sin embargo, la liberación predial ha sido lenta, fragmentada y, en algunos casos, inexistente. Los procedimientos —que incluyen identificar propietarios, pagar compensaciones, reubicar posesionarios y emitir resoluciones de desalojo— no se han ejecutado con oportunidad.
Sánchez advirtió que incluso cuando ya se pagó a los propietarios, las autoridades evitan recurrir a medidas de fuerza para facilitar el ingreso a los predios. “El gobierno difícilmente acepta o promueve desalojos, a pesar de que la ley lo permite en obras de interés nacional”, añadió. Solo en casos excepcionales —como en Guadalupe, La Legua o el acceso al óvalo de San José— se han producido lanzamientos autorizados.
Interferencias sin retirar
El segundo gran cuello de botella es el retiro de interferencias. Patricia Sánchez detalló que el avance actual está frenado por la demora de las empresas que deben reubicar su infraestructura instalada en el derecho de vía. Esto ocurre, por ejemplo, en la conexión del tramo de 12 kilómetros que actualmente construye la concesionaria entre Mocce (Lambayeque) y el óvalo San José, en el que se une la vía Chiclayo – San José y la Vía de Evitamiento.
“No vamos a poder hacer el intercambio porque falta retirar una red de gas de Coavi, además de fibras ópticas de Claro, Telefónica, Entel y otras empresas”, informó.
Según explicó, las compañías han otorgado plazos “demasiado largos”, lo que compromete el cronograma. Covisol proyectaba culminar la obra en abril del próximo año; sin embargo, el retiro de interferencias está programado para junio, lo que vuelve imposible cumplir el plan original. También existen pendientes con la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel. “Necesitamos la reubicación de un colector para continuar”, agregó.
Actualmente la obra registra un avance del 60 %. En el tramo de 12 kilómetros en ejecución —en el acceso hacia Chiclayo— se inició ya la colocación de asfalto y se concluyó la superestructura del Puente Lambayeque. Pero sin retiro de interferencias, no pueden ejecutarse los intercambios finales.
Rol del Estado y del gobierno regional
La concesionaria reconoció la intervención del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, quien ha articulado con actores locales para destrabar algunos sectores. “Nos ha colaborado mucho en este proceso”, comentó Sánchez. Sin embargo, afirmó que se necesita mayor liderazgo nacional para resolver los pendientes.
“Sería conveniente que el ministro o el viceministro de Comunicaciones convoquen a las empresas para acelerar los retiros”, planteó. Añadió que se podrían coordinar acciones más firmes. “Han pasado diez años. Ya no caben más tolerancias ni ampliaciones”, dijo.
Patricia Sánchez enfatizó que gobiernos locales, empresas de telecomunicaciones y prestadoras de servicios deben asumir su responsabilidad como “facilitadores”. A su juicio, la ciudadanía suele atribuir el retraso a Covisol, pero la concesionaria solo puede construir donde el Estado cumple con liberar y entregar las áreas. “No es que Covisol no quiera avanzar. Es que no podemos ingresar sin terrenos ni sin la reubicación de interferencias”, puntualizó.
Lecciones de gestión
Covisol recordó que en situaciones de emergencia ha demostrado capacidad operativa. Durante el Fenómeno del Niño 2017, la concesionaria elaboró expedientes y ejecutó obras de reconstrucción con apoyo del Estado. “Nos demoramos un año y tres meses desde que iniciamos hasta que terminamos. Lo hicimos dentro de los plazos previstos”, remarcó. Esto, aseguró, prueba que cuando existen condiciones habilitadas, la empresa cumple.
Actualmente, la inversión en el tramo norte de la autopista en Lambayeque asciende a 40 millones de dólares. A pesar del avance del 60 %, aún falta intervenir el tramo sur, cuyos estudios han sido aprobados, pero requieren instrumento ambiental y liberación adicional de terrenos. El Estado solicitó una modificación en la ingeniería debido a predios que no pudo liberar.
Patricia Sánchez insistió en que uno de los problemas históricos es que el país no cuenta con una franja reservada para interferencias públicas. “Siempre en los cruces hay fibra óptica, postes, gas, colectores… El Estado no tiene un corredor específico para estas infraestructuras”, explicó. En varias ocasiones, incluso, después de que la concesionaria despeja un tramo, las empresas vuelven a instalarse en el mismo derecho de vía, generando nuevos obstáculos.
Expectativas y llamado final
Sobre las dificultades sociales, Sánchez Villafuerte admitió que algunas familias se oponen cuando sienten que serán afectadas. Pero aclaró que la unidad de predios del MTC debe manejar estos procesos y acompañar con asesoría legal y social.
Consultada sobre si la ley permite facilitar el ingreso aun sin acuerdos, respondió que, aunque existen mecanismos para avanzar en obras de interés nacional, “hasta la fecha el gobierno prefiere agotar el diálogo y evitar acciones coercitivas”, lo que prolonga indefinidamente los plazos. Sin embargo, hay excepciones: “En el evitamiento de Guadalupe tuvimos cuatro lanzamientos, en La Legua también, y ahora está programado un lanzamiento en el óvalo de San José”.
Reiteró que Covisol continúa trabajando en todos los frentes posibles. “Estamos dispuestos a ingresar donde nos entreguen los terrenos. Por eso avanzamos por tramos, donde encontramos la posibilidad”, explicó. La concesionaria ha desplegado toda su capacidad operativa para cumplir los plazos que depende únicamente de ella.
Al cierre de la entrevista, la gerente envió un mensaje directo a las autoridades: “Diez años ya es demasiado. Es momento de que las entidades avancen con sus expedientes y retiren sus interferencias. Esta es una obra de interés nacional que beneficiará a todos”.
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