Con una trayectoria de más de doce años como funcionaria de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, la abogada tributarista Yanina Barboza Fernández es una voz autorizada para hablar sobre la relación de los contribuyentes con la entidad encargada de administrar los tributos. En diálogo con Expresión, la especialista habla sobre la lógica de la fiscalización, los procedimientos de cobranza, la aplicación de sanciones y los mecanismos de orientación que el Estado despliega frente a los contribuyentes.
“Tributamos por el beneficio de nuestra sociedad. Hay que tributar porque tenemos que abonar a la satisfacción de las necesidades que tiene esta sociedad. Pero ese tributo debe hacerse en el marco de un debido procedimiento y siempre que se respete el derecho a la defensa del contribuyente”, refiere la abogada que hoy se encuentra desde la otra acera: la de la defensa de los derechos del contribuyente.
La tributación y la informalidad
Barboza Fernández sostiene que la obligación de tributar es parte del pacto social que sostiene al Estado, pero advierte que dicho pacto se debilita cuando el contribuyente siente que sus derechos no son respetados. Para ella, la recaudación no puede sostenerse únicamente en la coerción, sino más bien en la confianza que se genera cuando el ciudadano percibe justicia y razonabilidad en la actuación administrativa.
“Desde el lado de los contribuyentes lo que solicitamos es que la administración tributaria, en el marco de sus facultades, ejerza esa potestad respetando al contribuyente. La esencia del tributo nace de contribuir con la sociedad, pero siempre que se nos respete también como contribuyentes”, apunta.
Precisamente, debido a esa mirada que se tiene de la administración tributaria como un ente complejo y de asedio al contribuyente, es que emana gran parte de la informalidad. Para Yanina Barboza, un error recurrente es reducir el problema de la informalidad a una supuesta falta de voluntad para tributar, sin considerar los múltiples factores que inciden en el incumplimiento.
“Hablar de informalidad es un concepto amplio y generalizado. No es solo una realidad de Lambayeque, sino una realidad a nivel país e incluso de otros Estados que enfrentan la misma problemática”, indica.
Según Barboza Fernández, los procedimientos engorrosos, la complejidad normativa, los constantes cambios en las reglas del sistema y el desconocimiento de las obligaciones tributarias generan un escenario de temor. Ese miedo -explica- termina alejando al contribuyente del sistema formal, incluso cuando existe voluntad de cumplir.
“La complejidad de las obligaciones puede generar miedo y el contribuyente, lejos de cumplir, prefiere no hacerlo. No necesariamente se trata de no querer tributar”, señala la abogada, quien ha podido constatar del asesoramiento que brinda a diferentes emprendedores que la mayoría no busca evadir impuestos, sino evitar contingencias que puedan poner en riesgo su patrimonio o la continuidad de sus actividades económicas.
“Los empresarios no están pensando en evadir impuestos. Por el contrario, están preocupados por cumplir con sus obligaciones, pero uno de sus mayores temores son las fiscalizaciones reiterativas a las que son sometidos”.
Labor orientadora
Pese a su postura crítica frente a determinadas prácticas, Barboza Fernández reconoce que la Sunat ha hecho esfuerzos para avanzar en la simplificación de procedimientos y en la ampliación de canales de orientación al contribuyente, lo que ha permitido mejorar la percepción ciudadana en comparación con otras entidades públicas.
“A la Sunat le guardo un gran cariño porque ha sido mi casa laboral por más de diez años. Es una de las entidades que genera confianza por la simplificación de sus procedimientos y por la preocupación de atender al contribuyente en plazos razonables”, opina.
Agrega que es importante separar a la institución de las personas, pues muchas veces los conflictos no se generan por una política de la institución, sino por la actuación de determinadas personas que, al aplicar la norma, no consideran el contexto del contribuyente ni el impacto de sus decisiones.
“Muchas veces no es la institución, sino el trato de determinadas personas. Allí la administración debe garantizar que el contribuyente reciba un mensaje adecuado y claro. La falta de empatía, se evidencia con mayor fuerza cuando el contribuyente cumple con pagos relevantes o accede a fraccionamientos, pero no percibe una respuesta oportuna de la administración, generándose una sensación de indefensión o abuso”, expone.
Señala que si, por ejemplo, un contribuyente ya efectuó un pago importante o se le aprobó un fraccionamiento, lo correcto sería comunicar oportunamente el levantamiento de medidas como los embargos, sin hacerle sentir que se le está haciendo un favor.
El miedo a la fiscalización
De otro lado, refiere que uno de los efectos más preocupantes del actual modelo de control es el temor generalizado de los contribuyentes a ejercer derechos reconocidos por la ley. Solicitar devoluciones, presentar reclamos o cuestionar actuaciones administrativas se ha convertido, para muchos, en una decisión riesgosa.
“Muchos dicen: no hay que pedir devoluciones, no hay que reclamar nada porque me van a quitar mis bienes. Esa mentalidad existe y la vemos todos los días”, indica.
A ello se suma el temor a la fiscalización reiterativa sobre empresas formales y con historial de cumplimiento. La abogada advierte que esta práctica termina desarticulando la actividad empresarial, obligando a destinar recursos humanos y económicos únicamente para responder a la administración tributaria.
“No podemos tener a una empresa formal, posicionada, sometida permanentemente a fiscalizaciones y verificaciones en paralelo, porque se desarticula de su verdadero objeto empresarial”, alerta.
Desde su perspectiva, la administración tributaria debería focalizar sus recursos en ampliar la base tributaria y llegar a los sectores donde realmente existe incumplimiento, evitando saturar al contribuyente que ya cumple y que sostiene gran parte de la recaudación.
“Tuve la oportunidad de conocer el caso de un contribuyente a quien le notificaron en años anteriores al 2005 en asientos de notificación que no correspondían a los datos de su DNI, eran datos inexistentes. Accionamos, incluso en el Tribunal Fiscal, sin embargo, la respuesta que nos dieron es que en el 2018 se presentó un recurso de apelación en el que se verificó la legalidad de los acuses de notificación. Yo me preguntaba: ¿cómo se pudo haber verificado esto si nosotros, con los mismos acuses que nos entrega la Administración, estamos verificando que no corresponden al DNI de nuestro patrocinado? No puede haber resoluciones que validen este tipo de situaciones”, relata.
Educación tributaria
Para Barboza Fernández, la solución de fondo pasa por fortalecer la educación tributaria desde etapas tempranas. Considera que un ciudadano informado comprende mejor el sentido del tributo y asume sus obligaciones de manera responsable.
“Estoy convencida de que, si las personas desde niños conocen efectivamente cuáles son sus obligaciones, en un futuro vamos a tener a ciudadanos que cumplan con sus compromisos tributarios. No estamos lejos de soñar con ese escenario si empezamos desde ya a fortalecer la parte educativa”, precisa.
Asimismo, subraya que la formalidad no solo beneficia al Estado, sino también al propio empresario, al permitirle acceder al sistema financiero, deducir gastos, mejorar el clima laboral y proyectar crecimiento sostenible.
“Estar en la informalidad es permanecer en un espacio negro donde no se puede crecer. Lo que esperamos del Estado es que facilite los procedimientos y fomente una orientación empática. Si el Estado demuestra que los tributos se traducen en obras y mejoras para la sociedad, el contribuyente cumplirá convencido. El respeto genera cumplimiento”, afirma.
Finalmente, plantea una exigencia clara: que el contribuyente vea reflejado su esfuerzo en obras y servicios públicos. Solo así -afirma- se fortalecerá la confianza en el sistema tributario.
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