El año 2025 en el Perú quedará marcado por un conjunto de hechos que pusieron a prueba la estabilidad democrática, la seguridad ciudadana y la cohesión social. Desde la vacancia de una presidenta hasta tragedias que conmocionaron a la opinión pública, el año dejó lecciones y desafíos que repercutirán en el futuro inmediato del país. A continuación, presentamos las noticias nacionales más relevantes del año, explicadas con contexto, cifras y los hechos que las convirtieron en hitos informativos.
Vacancia de Dina Boluarte y nuevo ciclo político con José Jerí
El acontecimiento político del año fue sin duda la vacancia presidencial de Dina Boluarte, quien fue removida por el Congreso de la República tras una crisis de legitimidad y un aumento de la violencia criminal. El 10 de octubre, el parlamento aprobó la vacancia por “incapacidad moral permanente” con 122 votos a favor, y el congresista José Jerí, presidente del legislativo, fue juramentado como nuevo presidente del país. La destitución se produjo en medio de una ola de críticas por la incapacidad del gobierno para enfrentar una creciente inseguridad, con miles de denuncias de extorsión y violencia en diversas regiones del país, y descontento ciudadano generalizado.
La salida de Boluarte también estuvo precedida de protestas en varias regiones, particularmente en zonas como Cajamarca y Huancavelica, donde las rondas campesinas y otras organizaciones sociales bloquearon carreteras y paralizaron actividades exigiendo no solo la salida de la mandataria, sino acciones concretas contra la minería ilegal, la inseguridad y la ausencia de políticas públicas que atiendan las necesidades básicas. Tras la vacancia, algunos sectores levantaron temporalmente las medidas, mientras que otros continuaron evaluando acciones de protesta.
Protestas y muerte el 15 de octubre
El 15 de octubre de 2025 se registraron protestas simultáneas en Lima y diversas regiones del país, convocadas por organizaciones sociales, gremios sindicales y colectivos ciudadanos en rechazo a la crisis política, el alza del costo de vida y la inseguridad ciudadana. Las movilizaciones incluyeron marchas, bloqueos de vías y concentraciones frente a sedes del Estado.
En la capital, las protestas derivaron en enfrentamientos con la Policía Nacional, uso de gases lacrimógenos y restricciones al tránsito en el centro histórico. Resultado de la represión fue asesinado Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años. El Ejecutivo defendió la intervención policial argumentando la necesidad de preservar el orden público, mientras organismos de derechos humanos pidieron investigar posibles excesos en el uso de la fuerza.
Tragedia en el Real Plaza Trujillo
El 21 de febrero de 2025, la ciudad de Trujillo vivió un momento trágico cuando el techo del centro comercial Real Plaza se desplomó, dejando como saldo al menos ocho muertos y más de 80 heridos. La caída ocurrió de forma inesperada ante centenares de visitantes, y rápidamente se convirtió en símbolo de las deficiencias en supervisión de obras civiles y en la criticada laxitud en el control de infraestructura.
Investigaciones preliminares apuntaron a fallas estructurales y a una supervisión estatal insuficiente, lo que provocó que esta tragedia sea interpretada como resultado de décadas de abandono de políticas de control y fiscalización en construcciones privadas y comerciales. El caso reabrió el debate sobre la responsabilidad social de las grandes empresas y las presiones políticas que a menudo frenan sanciones reguladoras, especialmente cuando se trata de poderosos grupos empresariales con intereses territoriales y políticos.
Asesinato de mineros en Pataz
El asesinato de 13 de mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, estremeció al país y volvió a poner en evidencia la grave crisis de seguridad que afecta a las zonas de actividad minera, especialmente aquellas vinculadas a la minería informal e ilegal. Las víctimas fueron atacadas de manera violenta en un contexto marcado por disputas territoriales, presencia de organizaciones criminales y débil control del Estado en áreas de difícil acceso.
El crimen generó una inmediata reacción de las autoridades, que anunciaron operativos policiales y el despliegue de fuerzas del orden para identificar y capturar a los responsables. Sin embargo, el hecho reavivó el debate nacional sobre la expansión del crimen organizado en corredores mineros, la falta de protección a los trabajadores y la urgencia de una estrategia integral que combine seguridad, formalización minera y desarrollo social para evitar que tragedias como la de Pataz se repitan.
Restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, al dejar sin efecto la medida que la separó del cargo. La decisión se sustentó en la revisión del procedimiento disciplinario seguido en su contra, al considerar vulneraciones al debido proceso y a las garantías mínimas en la tramitación del caso. Con ello, Benavides retomó formalmente la conducción del Ministerio Público, en un contexto de alta tensión institucional.
La restitución generó reacciones inmediatas en el ámbito político y judicial. Mientras sectores afines a la exfiscal saludaron la resolución como una corrección jurídica necesaria, críticos advirtieron que el retorno de Benavides podría profundizar la polarización y afectar la credibilidad del sistema de justicia. Organizaciones civiles y especialistas en derecho constitucional señalaron que el fallo reabría el debate sobre los límites de las competencias de la JNJ y la estabilidad de las máximas autoridades del Ministerio Público.
Anulación del juicio contra Keiko Fujimori
El Tribunal Constitucional declaró la nulidad del proceso penal seguido contra Keiko Fujimori en el denominado “Caso Cócteles”, al advertir vulneraciones al debido proceso y cuestionar la tipificación penal utilizada por la fiscalía.
La decisión dejó sin efecto una de las investigaciones más emblemáticas de los últimos años y reavivó el debate sobre los límites del derecho penal en el financiamiento político, así como el rol del TC en casos de alto impacto nacional.
Ollanta Humala condenado a 15 años de cárcel
El Poder Judicial sentenció al expresidente Ollanta Humala a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos, tras considerar probada la recepción de aportes ilícitos para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. El fallo también alcanzó a la ex primera dama Nadine Heredia, quien recibió la misma pena.
La sentencia marcó un hito en la lucha contra la corrupción de alto nivel en el país. No obstante, el cumplimiento de la condena quedó parcialmente frustrado tras conocerse que Nadine Heredia solicitó y obtuvo asilo político en Brasil, situación que abrió un nuevo debate sobre cooperación judicial internacional.
Martín Vizcarra condenado a 14 años por corrupción
El expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio, en relación con la adjudicación de obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
El fallo estableció que Vizcarra solicitó y recibió sobornos para favorecer a empresas constructoras en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Además, se le impuso una reparación civil y una inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Poder Judicial sentenció a Pedro Castillo
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.
El tribunal consideró probado que Castillo vulneró el orden constitucional, aunque descartó otros delitos más graves. La sentencia cerró uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la reciente crisis política peruana.
En la misma sentencia se condenó a la ex primera ministra Betsy Chávez, quien obtuvo asilo político en México.
Chiclayo: “Cuna Espiritual del Papa León XIV”
Chiclayo fue declarada oficialmente Cuna Espiritual del papa León XIV, en reconocimiento al profundo vínculo pastoral, humano y misionero que el entonces obispo Robert Francis Prevost mantuvo con esta ciudad del norte del Perú durante los años de su ministerio episcopal. La declaratoria, impulsada por el Congreso.
El reconocimiento ha sido recibido con orgullo por la comunidad chiclayana, que considera al papa León XIV como un pastor formado en la realidad social, cultural y espiritual de Lambayeque. Para la iglesia local, esta distinción no solo tiene un valor simbólico, sino también histórico y pastoral, al situar a Chiclayo en el mapa espiritual del catolicismo mundial. Diversas actividades litúrgicas, culturales y académicas han sido anunciadas para poner en valor este legado y fortalecer la identidad religiosa de la región.
‘Pol Deportes’ y su impacto nacional
En 2025, la historia de Cliver Huamán Sánchez, conocido como Pol Deportes, se convirtió en uno de los fenómenos mediáticos más inspiradores para la juventud peruana. Originario de Andahuaylas y con solo 15 años, Pol Deportes se hizo viral tras narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Lima, utilizando su smartphone y su pasión como herramientas para transmitir el partido en vivo.
Su proyección no se limitó a una anécdota viral: luego de narrar encuentros de alto nivel en Europa, el joven anunció que estudiará periodismo deportivo en España tras terminar el colegio y planea crear una fundación para apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, denominada Pol Deportes Sueños. Su relato y proyectos consiguieron amplio respaldo nacional e internacional, marcando un hito de superación y esperanza en medio de un año cargado de noticias dramáticas.
Acción Popular queda fuera del proceso 2026
Otro tema trascendental del año fue la exclusión del partido Acción Popular del proceso electoral 2026 tras la anulación de sus primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a “vicios sustanciales” en el proceso interno. La decisión dejó a la agrupación sin la posibilidad de inscribir candidatos en la plancha presidencial, al Congreso y al Parlamento Andino.
La medida generó una fuerte controversia política y acusaciones cruzadas entre dirigentes, entre ellos el excandidato Alfredo Barnechea, quien calificó la decisión como “ilegal” y anunció que se apelaría ante las instancias correspondientes. La exclusión de uno de los partidos tradicionales del espectro político peruano reflejó las tensiones institucionales existentes en el contexto de las próximas elecciones generales.
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