La Universidad Particular de Chiclayo – UDCH, atraviesa uno de los momentos más críticos y determinantes de su historia institucional. Tras el cese oficial de sus actividades académicas, ocurrido el pasado 19 de agosto de 2024, la casa de estudios se encuentra en una fase de transición caracterizada por una deuda laboral millonaria, procesos judiciales de ejecución de garantías y la búsqueda de un nuevo licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu.
Roque Calonge Rojas, asesor legal externo y apoderado de la UDCH, expuso a Expresión detalladamente la compleja arquitectura jurídica que sostiene a la universidad en la actualidad.
"La situación legal es que la universidad es una universidad con licencia denegada. El 23 de julio de 2019, la Sunedu emitió la resolución 109 denegando el licenciamiento institucional y, a partir de ahí, la universidad entró en la fase de cese de actividades", precisó el abogado. Esta situación ha condicionado no solo el presente administrativo de la institución, sino también su capacidad de maniobra económica.
A pesar de la paralización de las clases presenciales y virtuales, la gestión actual sostiene que la institución ha mantenido un estándar de cumplimiento bajo la lupa del ente rector. Calonge Rojas destaca que la institución ha cumplido con el plan operativo supervisado por Sunedu durante los últimos cinco años.
"La Sunedu ya nos ha supervisado en los últimos cinco años hasta el 19 de agosto del 2024. Actualmente, la universidad se encuentra sin dictar clases porque se acabaron las actividades académicas, solamente está para entregar grados y títulos", explicó el letrado.
El caso Samuel Dyer
Uno de los puntos de mayor controversia y que ha generado incertidumbre en la opinión pública lambayecana es la aparición del empresario Samuel Dyer Ampudia en el escenario financiero de la universidad. Roque Calonge fue enfático al aclarar que Dyer no ha adquirido la propiedad de la ciudad universitaria, sino que ha asumido la posición de acreedor en un proceso judicial específico de ejecución de garantías.
El expediente 317-2021 corresponde a una deuda que la UDCH mantenía con el banco BBVA por la construcción de un edificio, ascendente originalmente a un monto cercano a los 7 millones de soles. Tras un pago parcial ejecutado por la universidad que cubrió aproximadamente 3.5 millones, el banco inició un proceso judicial por el saldo restante, poniendo como garantía la ciudad universitaria. "El BBVA nos ha comunicado que ha vendido la deuda de los 3 millones al señor Samuel Dyer Ampudia. Él es un sucesor del expediente; el sucesor significa que, como el BBVA ha vendido su deuda a través de la cesión de derechos, él sería el nuevo acreedor", detalló Calonge Rokas.
Ante esta situación, la defensa legal de la universidad ha procedido a observar la resolución judicial que reconoce esta sucesión de derechos. El abogado indicó que han tomado contacto con el nuevo acreedor para explorar posibilidades de financiamiento o pago, dado que la prioridad de la gestión es limpiar el patrimonio para el nuevo proyecto de licenciamiento.
"Hemos procedido a observar esa resolución a través de una apelación, porque hemos encontrado unas observaciones respecto a la escritura pública de cesión de derechos", afirmó el abogado, enfatizando que la titularidad del inmueble (ciudad universitaria) sigue perteneciendo íntegramente a la universidad.
El patrimonio de la UDCH
Un aspecto fundamental para comprender la imposibilidad de una "venta" o "toma de control" convencional de la universidad es su naturaleza jurídica. A diferencia de otras instituciones educativas constituidas bajo el régimen de sociedades anónimas (S.A.C.), la Universidad de Chiclayo es una asociación civil sin fines de lucro creada por ley específica.
"La universidad no tiene propietarios. Es una asociación creada por ley, por lo tanto, se maneja conforme a las normas del Código Civil. No puede ser sometida a Indecopi porque solo las empresas (SAC o EIRL) se someten a procesos concursales", explicó Calonge Rojas.
Esta característica ha sido un arma de doble filo: por un lado, protege a la institución de una liquidación mercantil directa; por otro, ha dificultado la llegada de inversores estratégicos, ya que no existe la figura de compra de acciones o transferencia de propiedad mayoritaria que garantice el control a un tercero.
El patrimonio de la institución no se limita únicamente a la infraestructura de la ciudad universitaria ubicada en la carretera a Pimentel. La defensa legal sostiene que la UDCH posee otras propiedades inmobiliarias que forman parte de sus activos. La estrategia actual de los directivos es utilizar estos otros bienes para negociar con los acreedores y liberar la sede principal de cualquier carga judicial.
Respecto al valor actual de la ciudad universitaria, Roque Calonge reveló que se espera una nueva tasación judicial, dado que el último remate fallido de 2023 se basó en una valoración del año 2014 de 13.5 millones de dólares. "Tenemos una tasación [reciente] de cerca de 21 millones de dólares", indicó, sugiriendo que el valor real del mercado actual es muy superior a las deudas civiles vigentes.
La deuda laboral y el "pacto de buena vecindad"
Más allá de los acreedores financieros, el mayor pasivo que arrastra la Universidad de Chiclayo es de carácter social y laboral. Se estima la existencia de aproximadamente 2000 expedientes judiciales en curso, la gran mayoría provenientes de gestiones administrativas anteriores a la actual dirección de Danilo Escobar Gutiérrez. La deuda acumulada en este sector es considerable, con estimaciones que oscilan entre los 20 y 25 millones de soles.
Calonge Rojas explicó que estos trabajadores tienen un derecho preferencial sobre cualquier otro acreedor en caso de una liquidación o remate de activos. "Existe en ese expediente un promedio de 20 trabajadores que se han apersonado al juzgado. En la eventualidad de que se remate la ciudad universitaria, el juez tiene que primero pagar a estos trabajadores las acreencias laborales y después al acreedor hipotecario", señaló, recordando que el orden de prelación legal protege los beneficios sociales por encima de las deudas bancarias o comerciales.
Un factor determinante que ha evitado el colapso total de la institución ha sido el comportamiento del sindicato de trabajadores no docentes. El asesor legal destacó que los administrativos han mantenido una actitud de espera estratégica para permitir la operatividad mínima necesaria para el licenciamiento.
"Ellos, con un pacto de no agresión o una política de buena vecindad, decidieron no activar sus procesos laborales a la espera de que la universidad pueda licenciarse. Ese pacto de caballeros ha permitido que la universidad camine estos años sin muchos embargos", reconoció Calonge Rojas, valorando este gesto como una pieza clave en la supervivencia de la UDCH en el último lustro
El factor económico crítico
El objetivo central de la actual administración es el "renacimiento" de la casa de estudios a través de un nuevo proceso de licenciamiento institucional. Roque Calonge informó que el expediente técnico necesario para este fin presenta un avance significativo, habiendo seguido las recomendaciones de la SUNEDU para ajustar la oferta académica a la realidad financiera de la institución.
"Nos han orientado, por ejemplo, habilitar cuatro o cinco carreras, siguiendo sus lineamientos. El expediente de licenciamiento está a un 60 % o 7 0% listo", manifestó el abogado. No obstante, admitió que el punto más crítico de la evaluación será el financiero. La Sunedu exige que la presentación del expediente se realice con la "contabilidad histórica", lo que obliga a la universidad a declarar transparentemente la totalidad de sus deudas acumuladas. "Somos conscientes de que va a haber una observación de Sunedu respecto al sostenimiento económico", admitió.
La falta de un flujo de caja constante es el principal obstáculo. Sin el ingreso por pensiones de enseñanza, la universidad depende exclusivamente de los recursos generados por los trámites de grados y títulos de sus egresados.
La tesis de la defensa legal y de la alta dirección es que la aprobación del licenciamiento es la única vía real para honrar las deudas. "Una vez que se obtenga ese nuevo licenciamiento, vuelve a haber pensiones y ya se podrá establecer alguna fórmula o cronograma de pagos", concluyó Calonge Rojas.
El abogado finalizó reafirmando que la UDCH, con más de 30 mil profesionales egresados desde 1985, es un "patrimonio cultural de la ciudad de Chiclayo" y que su recuperación es un imperativo para la región.
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