A casi 12 años de su mediática captura en octubre de 2014, la figura de Roberto Torres Gonzales, exalcalde provincial de Chiclayo, ha transitado de ser el eje del poder político local a convertirse en un símbolo de la fragilidad humana dentro del sistema penitenciario. Señalado en su momento por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de la red criminal "Los Limpios de la Corrupción", Torres Gonzales hoy ocupa nuevamente la atención, pero no por sus procesos judiciales, sino por un estado de salud que su defensa califica como agónico.
El abogado Javier Cieza Vásquez, quien asumió la defensa técnica de la exautoridad hace poco más de un año, ha encendido las alarmas sobre lo que considera un desenlace fatal inminente. La situación en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi, ha pasado de la reclusión administrativa a una crisis humanitaria. Según Cieza, el deterioro de Torres Gonzales es de tal magnitud que la familia ha depositado sus esperanzas en un indulto humanitario que parece haberse extraviado en los pasillos de la burocracia estatal.
Estado de salud
El estado físico del otrora poderoso alcalde de Chiclayo es, según los relatos de quienes lo visitan, irreconocible. La información vertida por su defensa técnica y confirmada por allegados a la familia dibuja un cuadro clínico devastador. Roberto Torres ha perdido una cantidad alarmante de peso, situándose actualmente en un rango que oscila entre los 56 y 57 kilogramos.
Sin embargo, el dato que más preocupa a la defensa es la reactivación de un cuadro oncológico que se creía bajo control médico. "Hasta hace aproximadamente año y medio, cuando tomé contacto con él por primera vez, tuve conocimiento de que su cáncer estaba un tanto controlado. Pero desde finales del año pasado los médicos confirmaron que la enfermedad se había reactivado nuevamente", explicó Cieza Vásquez en entrevista con Expresión. Afirma que esta reactivación, sumada a las precarias condiciones de atención médica dentro de un centro penitenciario, agrava exponencialmente el pronóstico del interno.
A este cuadro oncológico se suma una discapacidad sensorial progresiva: la pérdida de la visión. El abogado relató con preocupación cómo la ceguera ha comenzado a mermar la autonomía básica de su patrocinado. "La última vez que fui a verlo en persona, hace unas dos o tres semanas, pude notar que ya no ve bien. Se cansa excesivamente; cuando tiene que trasladarse de un ambiente a otro dentro del penal, debe detenerse, sentarse y esperar a que su visión se aclare un poco", detalló el letrado.
Torres Gonzales, de 66 años, tiene diagnóstico certificado por médicos del INPE de hipertensión arterial severa, diabetes mellitus tipo II y taquicardia sinusal. Asimismo, especialistas del Hospital Regional de Lambayeque diagnosticaron cáncer de próstata en etapa IVB, habiéndose expandido a ganglios y huesos.
El laberinto de los tres años
Para comprender por qué Roberto Torres sigue recluido a pesar de haber pasado más de once años tras las rejas, es necesario adentrarse en la compleja selva de los procedimientos judiciales peruanos. Torres fue capturado en octubre de 2014 bajo una medida de prisión preventiva dictada en el marco de un expediente primigenio y voluminoso referido al caso “Limpios de la Corrupción”, presunta organización desarticulada el 30 de septiembre de ese año, teniendo dos delitos madre: asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
No obstante, un formalismo legal tiene trabado el cómputo de la carcelería. De los más de once años y medio que Torres Gonzales lleva en el penal, solo ocho años y medio se le computan formalmente como cumplimiento de condena efectiva. La razón radica en que los tres primeros años de su reclusión fueron bajo la figura de prisión preventiva (36 meses), esto dentro del expediente que, hasta la fecha, no ha recibido sentencia definitiva.
Es decir, si bien Roberto Torres ha recibido condenas, aún no ha sido llevado a juicio y condenado por los delitos que dieron pie a la investigación fiscal: asociación ilícita y lavado de activos, pese a que por más de 10 años el caso tuvo al fiscal Sergio Zapata Orozco a dedicación exclusiva.
"La sala de Lambayeque utiliza un criterio impuesto por la Corte Suprema de la República que establece que el tiempo cumplido por prisión preventiva solo puede ser descontado si ese expediente específico termina en una sentencia condenatoria", precisó Cieza Vásquez.
El problema es que el expediente original de "Los Limpios de la Corrupción" ha sido fragmentado en numerosos procesos menores o "desacumulados". Torres Gonzales ya ha sido condenado en seis de estos procesos paralelos, recibiendo penas que, tras un proceso de acumulación jurídica, se fijaron en un total de 14 años de cárcel. Sin embargo, como el expediente "madre" aún no tiene acusación fiscal ni sentencia, esos tres años iniciales de preventiva permanecen en una especie de limbo legal, sin poder ser utilizados para reducir el tiempo restante de su condena acumulada. Es, en palabras de su abogado, una espera incierta que podría prolongarse por cinco o diez años más.
Una alternativa
La defensa de Roberto Torres ha decidido implementar una estrategia legal que roza la paradoja: buscar una condena rápida para obtener la libertad. Esta táctica consiste en acogerse a la figura de la terminación anticipada en uno de los delitos pendientes dentro del expediente principal, específicamente el de asociación ilícita.
"Lo que estamos haciendo actualmente es tramitar un acuerdo con la fiscal del caso. Queremos que él sea condenado al menos por un delito dentro de ese expediente inicial, aceptando su responsabilidad. El objetivo es que, al tener una sentencia condenatoria en ese proceso, podamos finalmente acumularla a los 14 años ya existentes y, por ley, ahora sí utilizar esos tres años de preventiva que hoy están en el aire", detalló Cieza Vásquez.
Si este plan procesal tiene éxito, el tiempo de reclusión efectiva de Torres saltaría automáticamente de 8 años y medio a 11 años y medio. Con este nuevo cálculo, la defensa planea solicitar beneficios penitenciarios por redención de pena a través del trabajo y la educación dentro del recinto. Bajo el sistema de redención de 5x1 (cinco días de labor por uno de libertad), Roberto Torres podría alcanzar el umbral de los 14 años de condena este mismo año.
"Nuestra meta es que pueda salir por beneficio de excarcelación en octubre, cuando cumpla 12 años reales de internamiento, que redimidos equivaldrían a su pena total", puntualizó el abogado.
El indulto humanitario
La familia de Roberto Torres insiste en la vía del indulto humanitario. Este recurso es una potestad exclusiva de la Presidencia de la República y se otorga por razones estrictamente de salud y humanidad, independientemente del avance de los procesos judiciales. A pesar de los mitos que rodean esta figura, Cieza Vásquez aclaró que el hecho de que el exalcalde tenga procesos abiertos no impide legalmente la concesión del indulto.
"No estamos solicitando un indulto para alguien que solo tiene prisión preventiva. Roberto Torres ya cuenta con seis sentencias condenatorias firmes. El indulto procede sobre las penas ya impuestas; los casos que siguen en curso y que podrían durar años son cuerdas aparte que no bloquean la posibilidad de la gracia presidencial", enfatizó el letrado. La defensa ha expresado su desconcierto ante la demora de la Comisión de Gracias Presidenciales, que lleva más de un año solicitando informes complementarios sin emitir un pronunciamiento definitivo.
"Pedimos que las autoridades del Ejecutivo revisen el expediente y den una respuesta lo más pronto posible, sea a favor o no, pero que la den", remarca.
El abogado es consciente de que, de no prosperar la terminación anticipada o el indulto, a su patrocinado le restarían al menos cinco años y medio de prisión efectiva, un tiempo que, dado su estado actual, parece una sentencia de muerte encubierta. "Esperamos que no haya un desenlace fatal, pero la situación es esa. Por eso estamos agotando todas las vías, incluso la de aceptar culpas en procesos que aún no terminan, solo para forzar una sentencia que nos permita usar el tiempo que ya cumplió", concluyó.
La historia de Roberto Torres Gonzales en el penal de Chiclayo es, en última instancia, un reflejo de las profundas contradicciones de un sistema judicial que, en su afán de rigurosidad, a veces se enreda en sus propios formalismos, y de un sistema penitenciario que no siempre está preparado para gestionar el final de la vida de quienes purgan condena.
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