El gobierno nacional emitió nuevas disposiciones relacionadas al aspecto laboral, con el propósito de garantizar la continuidad de los trabajadores en la formalidad. Una de las medidas más saltantes es la aprobación de subsidio de planillas para las pequeñas empresas.
El abogado laboralista Carlos Palomino Guerra señala que sin duda el gobierno está haciendo esfuerzos para mantener la empleabilidad, afectada de manera directa por la emergencia sanitaria por el Covid-19.
“Se ha perdido más de un millón de empleos en el sector formal y en el sector informal el impacto es peor. A nivel mundial la problemática del trabajo está trayendo muchas consecuencias, existe cierre de empresas, incluso de áreas en financieras aun cuando estas no se han visto afectadas por falta de liquidez”, menciona.
Palomino Guerra acota que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha denegado varias solicitudes de suspensión perfecta aplicadas por las empresas, debido a que no se han seguido los procedimientos previos que considera la normatividad vigente, a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores.
“Mientras desde el Estado se hace un esfuerzo grande por asegurar la continuidad del trabajo, hay empleadores que han tomado decisiones contrarias a la ley de suspensión perfecta, sea en instituciones pequeñas o grandes. Se está aplicando una masiva desvinculación laboral en el sector formal, lo que reduce las fuentes de ingreso e impuestos para el país”, señala.
SUBSIDIOS
El especialista comenta que en estos momentos se presentan tres situaciones meta para el sector laboral: formalizar, mantener a los trabajadores en planilla y realizar nuevas contrataciones dentro de la formalidad.
En ese entendido, el gobierno ha anunciado el subsidio de planillas hasta en un 50 % en el caso de trabajadores cuya remuneración sea menor o igual a dos mil 400 soles mensuales.
“Si un empleador paga a su trabajador dos mil soles el Estado correrá con la mitad, lo cual ayudará a aliviar la situación económica en los próximos seis meses. En otros países, como Chile, el apoyo es más agresivo, porque no solo se está subsidiando el 60 % de la remuneración, sino también el aporte a la seguridad social y previsional. Este no es el caso del Perú, pero sí es de destacar lo que se está haciendo”, refiere.
Explica que la cobertura de subsidios es para tres grupos de trabajadores: nuevos, que ingresen a planilla; actuales, a fin que no pierdan la estabilidad laboral, y actuales sometidos a la suspensión perfecta, de tal manera que retornen a las actividades con percepción de sus remuneraciones.
CONDICIONES
De acuerdo al Ministerio de Trabajo, para acceder al subsidio de la planilla las empresas deberán demostrar que en los primeros meses de la emergencia sanitaria dejaron de percibir ganancias, razón por la que se justifica el apoyo estatal.
La aplicación de candados – señala Carlos Palomino – evitará que se repitan experiencias negativas como la del programa Reactiva Perú, que benefició a empresas que no requerían de inyección económica o no se habían perjudicado por la pandemia.
“Para los subsidios se está exigiendo que las empresas no tengan ingresos entre abril y mayo de este año mayores a los que tuvieron en el mismo período del 2019. Será la SUNAT la que identificará los ingresos netos del empleador y será esta la que diga qué empresas califican y cuáles no. Inclusive, si se identifica que entre enero y febrero la empresa no tuvo ingresos, no será sujeta al subsidio, porque sería un aprovechamiento indebido del beneficio”, menciona.
DESCONFIANZA
Palomino Guerra precisa que si bien es de destacar la propuesta del gobierno de apoyar a las empresas con el pago de las planillas, existe una enorme desconfianza respecto a la capacidad y eficacia del Estado para cumplir con sus objetivos.
Cita como ejemplo que hay empresas que sí calificaron a la aplicación de la suspensión perfecta de labores y hasta el momento sus trabajadores no reciben la asignación económica que se había ofrecido a pocas semanas de iniciada la situación de emergencia, lo cual los ha dejado en completo estado de indefensión.
“Es natural que exista mucha desconfianza en muchos empleados y muchos empleadores, quienes esperarán a ver cómo actúa el Estado en este caso, pues se tiene el mal precedente de las asignaciones por suspensión perfecta. Lo que se está planteando en un gran paso para la formalización y ojalá el subsidio sea no solo por seis meses, sino uno o dos años a fin de lograr que más trabajadores puedan formalizarse”, enfatiza.
“Las empresas peruanas tienen dos grandes retos: recuperarse, retomar el ritmo de producción que tenían al 2019, y aportar a un mayor crecimiento de la economía”, señaló en diálogo con Expresión Juan Díaz Huaco, gerente responsable de CADE Ejecutivos 2020.
Díaz Huaco, abogado y magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, explicó que la economía nacional empezó a presentar ralentización de su crecimiento hace cinco años, toda vez que empezó a crecer a tasas de 2 o 3 % anual, después de haber evolucionado favorablemente a tasas superiores al 5 %.
“Eso ha significado menos ingresos para las personas y menor generación de empleo. Con la pandemia, todos esos indicadores han caído considerablemente y se estima que el Producto Bruto Interno – PBI, podría caer entre 12 y 15 %. El PBI no solo es importante por las ganancias de las empresas, sino porque de él salen todos los pedazos de torta: los ingresos de la población, los presupuestos del gobierno, etc.”, explicó.
En consecuencia – dijo – uno de los principales retos de la economía nacional es cómo retomar indicadores de crecimiento.
“Las medidas que ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, son para mitigar el impacto de la pandemia y aún así somos uno de los países que tiene una de las mayores caídas del PBI, primero porque la cuarentena fue muy rigurosa. No soy experto en el tema para decir si era necesario o no, pero lo real es que no teníamos un sistema de salud preparado. El segundo problema es el de la informalidad, con una economía prácticamente de subsistencia, donde no existe respaldo financiero suficiente para resistir una situación como la que se ha presentado”, detalló.
APORTES ECONÓMICOS
Juan Díaz precisó que si bien en el país el 70 % de las empresas son informales, el 30 % restante es el que genera el 80 % de la riqueza económica, sector en el que se encuentran empresas del rubro minero, agroexportador, inmobiliario, comercial e industrial.
“Solo el 30 % de la Población Económicamente Activa – PEA, del país tiene un empleo formal. Pero si se analiza el aporte, veremos que el 30 % de empresas que opera en la formalidad aporta el 80 % del PBI; es decir, de la riqueza. El 20 % lo representan las actividades informales. La industria, contrario a lo que creamos, ha crecido y ahora hasta compite hasta a nivel internacional”, explica el especialista.
PRODUCTIVIDAD
Anota que el principal problema de la economía informal en cuanto al aporte al PBI es su baja productividad, que obedece a la falta de economía de escala y tecnologías.
“Dentro de la informalidad tenemos una diversa gama. Están, por ejemplo, los trabajadores independientes como el gasfitero o el que tiene un quiosco, también los que realizan trabajo no remunerado en emprendimientos familiares. Sin embargo, su cadena productiva es mínima, incluso su cadena logística es mínima. Lo importante es encontrar el mecanismo para incrementar el volumen de productividad de estas pequeñas empresas que están en la informalidad, a fin de facilitarles el acceso a la formalidad para que tengan nuevas y mejores oportunidades de negocio”, indicó.
Dijo que las trabas burocráticas y la dilación de los procesos en el Estado son una seria barrera para la formalización empresarial, aspecto en el que se debe mejorar.
“Uno de los problemas que debemos afrontar como país es el trabajar juntos: Estado, sociedad civil y empresas. No hemos logrado generar una trama institucional que facilite una coordinación efectiva, que facilite ponernos de acuerdo, que facilite trabajar juntos. Ese es uno de los temas en los que tenemos que insistir mucho”, manifestó.
Finalmente, Díaz Huaco señaló que el país vive un escenario de varias incertidumbres: la económica, en el contexto internacional, y de las inversiones, debido a la inestabilidad política.
“Todo ello desalienta no solo las decisiones de las empresas, también de las familias en sus decisiones de mediano y largo plazo, por eso es necesario trabajar en el aspecto institucional”, indicó.
Tras casi seis años de investigación, que incluyó una prisión preventiva de 32 meses, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque confirmó la sentencia absolutoria a favor del arquitecto Jorge Incháustegui Samamé, exgerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, del delito de asociación ilícita para delinquir.
Esta sentencia confirma la decisión del Octavo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, que el 19 de diciembre del año pasado lo absolvió de las imputaciones hechas por el Ministerio Público. Aquella ocasión fue parte de un nuevo juzgamiento, porque ya en octubre del 2017 había sido absuelto por primera vez, pero la sala penal declaró nula esa sentencia, tras apelación de la fiscalía.
Rolando Manayalle Sánchez, abogado de Incháustegui Samamé, señaló que la Segunda Sala Penal de Apelaciones resolvió con un criterio técnico y objetivo ante una investigación que contó con una “actividad probatoria diabólica”, pues en ningún momento se presumió la inocencia de su defendido.
Señaló que la fiscalía podría plantear un recurso de casación contra la sentencia, pero no le ve ninguna probabilidad de éxito, porque la actividad probatoria ya se cerró a nivel de sala de apelaciones, con lo cual solo puede apelar a alguna vulneración de garantías constitucionales dentro del proceso, lo cual no habría ocurrido.
“La sala no puede cambiar el sentido de la valoración dada por el juez de primera instancia, respecto a cada uno de los medios probatorio, sobre todo de los testimoniales que declararon contra Jorge Incháustegui. La casación solo se limita a errores de derecho, a aspectos procesales, a vulneración de garantías”, refirió.
PRISIÓN PREVENTIVA
Manayalle Sánchez destacó que la prisión preventiva es una de las medidas que mayores consecuencias traen, tanto para el investigado como para su familia, por lo cual debe aplicarse solo en casos excepcionales de peligro de fuga u obstaculización, supuestos que no ocurrieron en este caso.
Sin embargo, Jorge Incháustegui precisó que la investigación en su contra – lejos de debilitarlo – lo ha fortalecido a él y ahora se encuentra enfocado en su trabajo dentro de la actividad privada, pues a la municipalidad de Chiclayo ya no podrá volver, dado que – estando en prisión preventiva – le abrieron un proceso para expulsarlo, argumentando que había faltado más de tres veces de forma injustificada.
“En mi familia no cabe el odio, no hay revanchas. No miramos para atrás, estamos trabajando unidos, fortalecidos. A la municipalidad ya no puedo volver porque sucedió un absurdo: estando en prisión preventiva me abrieron un proceso para expulsarme por no ir a trabajar. Buscaron un pretexto porque todos sabían que estaba detenido. Ahora aportaré desde mi sitio en la actividad privada”, resaltó.
Indicó que a lo largo de sus 25 años como servidor edil puso el mayor esfuerzo para apoyar a las autoridades de turno para que desarrollasen una buena gestión, en virtud de lo cual exhortó al Poder Judicial a no dejarse llevar por la presión mediática, pues “peor que la corrupción es condenar a un inocente”, indicó.
“Lo que debe quedar muy claro es que hemos sido investigados en las peores condiciones para poder defenderse. La fiscalía ha tenido todo a la mano para demostrar lo que suponían que había, pero no lo pudo lograr. Esta resolución acredita fehacientemente lo que siempre he dicho: en la familia Incháustegui nunca se nos ocurriría estar inmersos en un hecho delictivo”, enfatizó.
En tanto, la hermana de Jorge Incháustegui, Milagros, calificó de “gran injusticia” lo vivido durante estos seis años, pero rescató que su familia se mantuvo unida e incluso se fortaleció entre tanta adversidad.
“Cada resolución en contra para nosotros era devastadora. Teníamos todas las pruebas para demostrar la inocencia de Jorge desde la investigación preparatoria, pero nunca se hizo justicia. Sin embargo, fuimos un gran equipo y con mucha fuerza familiar salimos adelante. Es una dura prueba la que nos tocó pasar, pero sirvió para medir la fuerza que tenemos”, aseguró.
Lambayecano. Presidente del Perú en dos períodos. Los anales de la historia lo consideran como un presidente reformista, pero también como alguien autoritario. Para conocer mejor la dimensión de este personaje, el abogado especialista en derecho constitucional e historiador Freddy Centurión González ha escrito ‘Leguía, antes de la vida política 1863-1903’, una publicación que explora la vida previa del exmandatario antes de ser nombrado como ministro de Hacienda durante el gobierno de Manuel Candamo.
La investigación, hecha bajo el sello de Expresión y que será publicada en los próximos días, se gestó en el 2006, según refirió su autor Freddy Centurión, quien por aquel entonces acudió al Archivo Regional de Lambayeque en virtud de un trabajo universitario. Allí encontró legajos sobre personajes históricos del departamento, de los cuales realizó las primeras anotaciones.
Posteriormente, el ímpetu investigador de Freddy Centurión fue acrecentándose y a medida que aumentaba su colección bibliográfica halló algunas inexactitudes entre lo que decían los libros y la documentación que revisaba sobre la vida de Augusto B. Leguía. Fue así que empezó a escribir este libro que culminó el año pasado.
“Leguía es un personaje que al que no podemos ver desde un solo punto de vista. Es un ser humano y como todos tuvo méritos y enormes fallos también. Para hacer un juicio equilibrado se tiene que indagar y conocer su trayectoria. Su gobierno impulsó la modernización del país, las reformas, aunque también se vio fuertemente afectado por el corte autoritario que impuso. Fue una dictadura, de todas maneras, no una sangrienta, pero sí basada en un caudillismo constructor. Para bien o para mal, marca el rostro del Perú del siglo XX”, afirmó.
PERSONALIDAD
Freddy Centurión apuntó que Augusto B. Leguía fue un hombre con un gran talento para hacer dinero, habiendo enfocado sus negocios a la exportación de azúcar y algodón antes de ingresar a la vida política, tanto así que su sueldo anual llegó a ser el equivalente al doble del valor de la Plaza Bolognesi, en Lima.
Asimismo, durante su juventud fue testigo del Fenómeno El Niño de 1871, el cual devastó a Lambayeque, tal es así que, tres años después, cuando se crea el departamento, la capital se le otorga a Chiclayo. Aquellos hechos, según Freddy Centurión, habrían marcado en Leguía el sentido pragmático que le distinguió para cambiar las cosas en el Perú.
Resaltó que Leguía era un hombre bastante enérgico, con una voz ronca e imperiosa, que contrastaba con su estatura que bordeaba el metro sesenta. Su cigarro favorito eran los de marca ‘Abdulla’ y tenía una especial obsesión por el cuidado de sus trajes, de los cuales se jactaba que podía seguirlos usando, pese a tener más de 30 años de antigüedad. .
POLÍTICA
Por otro lado, señaló que Leguía no pasó por las aulas universitarias, pero sí realizó estudios contables en un seminario de Valparaíso (Chile), a donde fue llevado por la conexión que tenía su padre, quien era administrador de la hacienda de Pátapo, con el propietario de esta, que era chileno.
Refirió que Leguía se involucró desde 1896 en política de la mano del expresidente Manuel Candamo, por quien sentía una especial admiración. Sería justamente este personaje quien lo nombraría ministro de Hacienda en 1903. Previamente, su primo, Germán Leguía y Martínez le había invitado a formar parte del grupo de Manuel González Prada, lo cual rechazó.
“Este libro está redactado en un lenguaje entendible y todo lo que afirmo cuenta con un sustento documental. Ahora en redes sociales se divulga bastante historia, lo cual es positivo, pero también se han generado mitos y leyendas, dado que solo se toma una parte de la verdad. Si queremos conocer y juzgar la historia debemos empaparnos de esta. No necesariamente tenemos que convertirnos en historiadores, pero sí tener conocimientos sólidos para emitir un juicio equilibrado, sin caer en leyendas negras, que endemonian al personaje, ni en leyendas rosas, que lo mitifican. De lo bueno y lo malo de los seres humanos es que se ha formado el Perú que ahora tenemos con sus problemas y potencialidades”, concluyó.
El período presidencial 2016-2021 ya rompió todos los récords. Cuatro pedidos de vacancia presidencial se han materializado hasta el momento y el 9 de noviembre se sabrá si el actual mandatario, Martín Vizcarra Cornejo, logra o no convencer al Congreso de la República para mantenerse en el cargo.
Con 60 votos a favor, 18 abstenciones y 40 votos en contra, el lunes 2 d.c. el Congreso aprobó debatir la moción de la vacancia contra el presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo.
Los congresistas de Unión Por el Perú - UPP, Fuerza Popular, Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú y Frente Amplio votaron a favor de la medida.
El pedido se centra en la supuesta incapacidad moral permanente de Martín Vizcarra al conocerse el testimonio de aspirantes a colaboración eficaz, quienes aseguran que este recibió sobornos ascendente a dos millones 300 mil soles por la licitación de dos obras cuando fue gobernador regional de Moquegua: el proyecto Lomas de Ilo y el Hospital Regional.
Con ello, Vizcarra o su abogado deberá acudir al Congreso el 9 de noviembre para sustentar su defensa, tras lo cual la representación debatirá si aprueba o no la vacancia.
Este es el segundo pedido de vacancia en menos de dos meses que enfrenta el mandatario nacional.
ADELANTAR EL DEBATE
El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que el Perú no puede estar en zozobra permanente a causa de solicitudes de vacancia presidencial impulsadas por algunas bancadas del Congreso y dijo que está en juego la estabilidad del país.
Durante un pronunciamiento realizado en Palacio de Gobierno, el jefe del Estado indicó que desde las 10:30 horas del miércoles fue recibido por la mesa de partes del Congreso, un oficio dirigido al presidente del Poder Legislativo, Manuel Merino de Lama, para que pueda adelantarse su presentación para el próximo viernes 6 de noviembre.
"Creemos que el Perú no se merece estar en zozobra permanente, como demócrata que soy, soy respetuoso de las decisiones del Congreso a pesar que no las comparto, y he dicho que asistiré para responder y demostrar la carencia de argumentos de la vacancia, pero aquí no está en juego la continuidad del presidente, sino está en juego la estabilidad del país", aseguró.
En ese sentido, el mandatario precisó que ante este tipo de solicitudes de vacancia se debe actuar con la máxima responsabilidad, porque no está en juego el futuro de una persona, sino del país y la salud de los peruanos.
“Los poderes e instituciones del Estado tenemos el deber de obrar con sentido de responsabilidad, seriedad y ponderación, cada decisión que tomemos debemos pensarla, debemos ponderarla”, refirió.
Respecto al oficio enviado al Congreso, solicitando el adelanto de su presentación para ejercer su defensa frente a la segunda moción de vacancia presidencial, expresó su confianza que los partidos verdaderamente democráticos, acojan este pedido.
“Estoy seguro que acogerán este pedido y podremos, lo más pronto posible, superar esta difícil situación”.
RESPALDO DE ALCALDES
El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, dijo que una eventual vacancia presidencial sería “nefasta” para el país y en especial para los gobiernos locales, pues cortaría una serie de coordinaciones con el gobierno central en favor de las comunidades
Lamentó que, esta intención de vacancia, sea consecuencia de una venganza política contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.
Según señaló, no cabe una vacancia presidencial en medio de una pandemia de la cual el país se está recuperando, y ante los esfuerzos por la generación de empleo y la reactivación económica, y además, ya estando en un proceso electoral, y cuando el Ministerio Público mantiene una investigación abierta contra Vizcarra.
“Para los gobiernos locales [una vacancia] sería nefasta porque los alcaldes coordinamos directamente con el Ejecutivo y los distintos ministerios para atender una serie de temas, como el cierre de brechas sociales, la reactivación de nuestras ciudades y la seguridad ciudadana. El Congreso debe abocarse a sacar leyes que tengan que ver con este tipo de temas (…) en vez de estar perdiendo tiempo con sus venganzas políticas. Ya hay un camino legal que son las investigaciones fiscales”, señaló el también alcalde del distrito limeño de La Molina.
Ya en el plano jurídico, Paz de la Barra también advirtió que una vacancia presidencial, tal como ha sido planteada en el Congreso por incapacidad moral, sería un mal precedente para futuros gobiernos, que podrían ver amenazada su estabilidad constitucional y democrática.
Cuando el 16 de marzo se decretó la cuarentena general en todo el país, las empresas textiles estaban en plena campaña escolar. La gran mayoría había adquirido deudas con las cajas y financieras para la confección de uniformes. Sin embargo, toda esta producción se encuentra detenida por la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19. Al respecto, la presidente de la Asociación de Empresarios Confeccionistas de Lambayeque, Esperanza Tafur Huamán, señaló que la reactivación del sector es sumamente lenta, alcanzando un ritmo de entre el 10 % y 20 %.
La dirigente explica que los talleres, cuyo personal bordeaba los 15 o 20 trabajadores, actualmente solo trabajan con tres, dado que la población ahora prioriza la compra de alimentos y medicamentos, antes que prendas de vestir. Añadió que la prohibición de reuniones masivas también afecta indirectamente al sector textil, pues son esas ocasiones las que motivaban a la gente a adquirir ropa.
Apuntó que son alrededor de mil 500 las Micro y Pequeñas Empresas – MYPE, que han emprendido el proceso de reactivación económica, aunque un gran porcentaje de estas han virado hacia la informalidad.
“Nosotros trabajamos en función de las campañas. La primera afectada fue la escolar y luego han seguido la del Día del Madre, Día del Padre, 28 de julio. Todo el año no ha habido ventas porque la economía estuvo detenida… Cuando empezó la cuarentena era verano y se detuvo la producción. Esta ha quedado almacenada porque las restricciones para el sector se levantaron en invierno. Lo mismo pasa con los uniformes (escolares), aquellos que lograron colocarlos no pueden cobrar hasta ahora porque simplemente no fueron vendidos”, graficó.
PROGRAMAS ESTATALES
Esperanza Tafur manifestó que el programa Reactiva Perú estuvo mal enfocado, pues fue dirigido para medianas empresas y empresas con personería jurídica con una cierta cantidad de personal en planilla. No obstante, el 70 % de las MYPE en el sector textil son persona natural con negocio, las cuales no pudieron acceder a los créditos estatales.
Refirió que en la segunda etapa de este programa se flexibilizaron las condiciones para el acceso a los préstamos, pero se chocaron con otro problema, pues las entidades bancarias dieron créditos solo a sus clientes y la mayoría de empresarios textiles trabajan con financieras, las cuales no postularon a la subasta de los créditos de Reactiva Perú.
Por el contrario, destacó que uno de los programas que sí les está ayudando en el proceso de reactivación es ‘’Compras MYPErú’, a través del cual se destinaron 131 millones de soles para los departamentos (sin incluir a Lima), con lo cual el Estado adquirió de las MYPE los uniformes para la Policía.
Sumó a las buenas iniciativas el Decreto de Urgencia N° 075-2020, mediante el cual el gobierno destinó 700 millones de soles para la adquisición de bienes manufacturados por las MYPE de los sectores metalmecánica, muebles (para bienes de madera, no maderables y plástico), textil-confecciones, cuero y calzado.
ENERGÍA
Por otro lado, advirtió que una preocupación del sector es la presión que estarían ejerciendo las empresas generadoras de energía para que el gobierno defina tasas estándar, pues consideran que esto agravaría la crisis del sector industrial, dentro del cual están los empresarios textiles.
“En este momento la energía es barata porque hay una sobreproducción. Ahora las empresas generadoras están condicionando al Estado para que regule el precio y no lo fije a la oferta y la demanda. Le pedimos al gobierno que piense en la población. Ahora existe competencia entre las compañías generadoras, eso asegura que el precio no se dispare”, manifestó.
Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui Zevallos, manifestó hace unos días que desde el año pasado se creó una comisión para trabajar mejoras del sector eléctrico, la cual ha venido trabajando un proyecto para el cambio de regulación. Esta ha recibido 17 sugerencias de personas naturales y empresas y, lo más probable, es que al finalizar esta semana se emita el decreto supremo correspondiente.
Luego de que el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo dejase sin efecto la resolución que consentía la sentencia con la cual se declaró nula la elección de Olinda Vigo Vargas como directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - UNPRG, de Lambayeque, la citada autoridad defendió su cargo, al señalar que fue elegida en el marco de la democracia interna, en la cual incluso participó la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE.
El caso se inició con la demanda presentada por Saúl Espinoza Zapata contra la universidad y el Comité Electoral que desarrolló el proceso eleccionario en el que resultó ganadora Vigo Vargas, con el objetivo de impugnar la designación de la directora de la Escuela de Postgrado.
La decisión fue emitida el 22 de octubre, luego que Olinda Vigo interpusiera el recurso de impugnación, debido a que el fallo judicial afectaba sus derechos, aun cuando no fue incluida como parte del proceso, pues los demandados fueron la UNPRG, representada por el rector Jorge Oliva Núñez, y el Comité Electoral, ninguno de los cuales presentó recurso en contra de la sentencia.
PROCESO
Al respecto, Vigo Vargas explicó que fue elegida por la comunidad universitaria en el 2018 como directora de posgrado, tras un proceso democrático en el que participaron tres candidatos y tuvo la participación del comité electoral, la ONPE y la Policía.
“En la primera vuelta alcancé el más alto porcentaje, pero la norma decía que debía tener la mitad más uno, así que pasé a una segunda vuelta junto a Saúl Espinoza. Ambos competimos y obtuve el apoyo de una amplia mayoría”, manifestó.
Asimismo, desmintió lo que se habría dicho en Consejo Universitario de la UNPRG, respecto a que ella habría cometido una “negligencia” al no defenderse de las imputaciones. Según refirió, nunca tuvo conocimiento del proceso que se seguía en su contra, pues ni el rector Jorge Oliva Núñez ni el departamento de Asesoría Jurídica le informó.
A raíz de la decisión judicial que le da la razón, ha presentado un documento pidiendo que se le repongan todas sus atribuciones como directora de la Escuela de Posgrado. Incluso – afirmó – el 28 de octubre se dirigió a las instalaciones de la UNPRG para conversar con Oliva Núñez, pero este no la recibió.
“Pido que se me restituyan mis derecho. Espero que el rector lo tenga en cuenta. Han habido Consejos Universitarios a los cuales no he sido invitada y debí estar, porque como miembro tengo obligaciones allí que debo cumplir. A las asambleas tampoco se me ha convocado”, denunció.
ELECCIONES
Por otro lado, Olinda Vigo señaló que el 23 de noviembre culmina el período de la gestión liderada por Oliva Núñez, la cual recién ha convocado al Comité Electoral, pese a que esté debió operar desde hace medio año.
Sobre la posibilidad de que sea ella quien asuma el rectorado por ser la profesional con mayor antigüedad - dado que la UNPRG no fue licenciada – señaló que, si bien esa es una posibilidad, ahora se encuentra enfocada en sacar adelante a la Escuela de Posgrado, pues esta puede erigirse como un pilar clave para obtener el licenciamiento institucional.
“Quien asuma el rectorado deberá tener la legitimidad que corresponda. A mí me preocupa la Escuela de Posgrado, que es para la cual fui elegida. Tengo un compromiso con mis colegas y los estudiantes que me dieron su voto”, resaltó.
En tanto, aseguró que ella no tiene ninguna aspiración personal de poder al frente de la UNPRG, salvo la de culminar con su labor como directora de la Escuela de Posgrado y continuar su labor como docente de la Escuela de Matemática, de donde hay egresados que actualmente desarrollan su profesión en Chile y Brasil.
“En este mundo no espero ganar más nada porque Dios ya me bendijo con los hijos que tengo, mi familia y con eso me ha dado mucho. No aspiro a poder ni cargos, sino a ganarme el cielo algún día. Creo que vivimos para eso, para ser felices y hacer felices a los otros, pero sobre todo aportar a que el mundo sea mejor”, resaltó.
Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI, elaborado de enero a junio de este año, arrojó que el 17 % de lambayecanos había sido víctima de un hecho delictivo. Sin embargo, solo ocho de cada 10 mil habitantes, es decir, el 0.08 % realizó una denuncia policial. Para la abogada Alexandra Chirinos Tuesta, quien además es miembro de la plataforma informativa Piensa.pe, esta baja cifra obedece a la falta de confianza en las autoridades del orden y el sistema de justicia en general.
“Es muy bajo que ocho de cada 10 mil personas denuncien, cuando en Lambayeque se registran entre 30 a 40 robos de celulares cada día. La población no confía en la Policía y quienes lo hacen terminan agotados después de un proceso que dura dos o tres años y que en algunos casos incluye el gasto de abogados. La justicia tardía tampoco es justicia”, apuntó.
IMPACTO
Chirinos Tuesta afirmó que el panorama de Lambayeque no ha cambiado en los últimos 10 años, pues se ha ubicado entre el segundo y tercer departamento con más alto índice de inseguridad ciudadana. En virtud de ello, el 80 % de la población manifiesta no sentirse segura al transitar en las calles.
“Además de la sensación de inseguridad, la delincuencia trae retraso económico, aleja las inversiones. ¿Cuánto ha pasado desde que se instaló el primer centro comercial en Chiclayo para que recién se inaugure otro? Las pistas y veredas en mal estado, la informalidad de nuestros mercados, el desorden, todos esos factores motivan las conductas delictivas”, mencionó.
Añadió que, si bien no es un justificante, el desempleo es uno de los factores externos que contribuyen al aumento de la delincuencia, por lo cual no es de sorprender que la inseguridad se haya acrecentado a causa de la pandemia.
“Este es el momento de empoderar a las juntas vecinales, de dotarlas de tecnología para que puedan brindar alertas a la Policía ante la comisión de hechos delictivos. Hace mucho se prometió implementar una escuela para serenos municipales. Este es el momento de cumplir todas esas promesas que se hicieron en campaña”, demandó.
EDUCACIÓN
Para la abogada, el Estado ha centrado el crecimiento en la ejecución de infraestructura, pero ha relegado el tema formativo de las personas. Apuntó que el 60 % de la población penitenciaria pasó en algún momento por las aulas de un colegio, indicador que da cuenta sobre la importancia de las instituciones educativas en la alerta temprana de las conductas que pueden desencadenar luego en actos delictivos.
“Soy una convencida de que la protección de la familia debe ser primordial en cualquier Estado, cuyas políticas públicas deben enfocarse de manera integral, con la articulación de todos los ministerios, pues de nada me sirve fortalecer educación si tengo niños desnutridos o sin acceso a servicios básicos. En el hogar es donde se aprende a convivir, a respetar las primeras normas. Es difícil que haya ciudadanos que afuera sepan respetar a su autoridad si en la familia no lo hicieron”, resaltó.
CÁRCELES
Por otro lado, cuestionó que los establecimientos penitenciario se hayan convertido en “escuelas de adoctrinamiento para la profesionalización del delito”, lo cual se acrecentó por las condiciones de hacinamiento que existen en las cárceles, las mismas que no permiten trabajar bajo el enfoque de la reinserción social.
No obstante, afirmó que con la elaboración de los lineamientos sobre la ‘Política Penitenciaria al 2030’ se han sentado las bases para mejorar dicha situación.
“El Tribunal Constitucional se pronunció en cuanto al hacinamiento y las políticas de resocialización. Espero que el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, pueda replantearse las cosas. Prevenir es mucho mejor que reprimir el delito. Para el Estado es incluso más económico evitar la comisión del delito que actuar sobre este cuando ya ocurrió”, aseveró.
