El Perú acumula tres años seguidos de incumplimiento de sus reglas fiscales y el Gobierno se apresta a cambiarlas otra vez, ahora para financiar un paquete "contracíclico" de S/18 000 millones frente a El Niño. La pregunta que divide a los economistas es si el país está usando espacio fiscal o gastando una credibilidad que ya está mermada.
Tras la suspensión de las reglas por la pandemia en 2020 y 2021, el país volvió a cumplir en 2022 gracias al auge de los metales. Desde entonces, el marco no ha dejado de ceder. En 2023 el déficit fiscal llegó a 2.8 % del PBI frente a un tope de 2.4 %. En 2024 la brecha se amplió, considerando que el Ministerio de Economía y Finanzas reportó un déficit de 3.4 %, muy por encima del límite de 2.8 % fijado para ese año.
El 2025 pareció un respiro; el Banco Central de Reserva informó un déficit de 2.2 % del PBI, justo en la meta, conseguido con un decreto de austeridad en el último trimestre. Pero el Consejo Fiscal advirtió que ese año se vulneraron las reglas de crecimiento del gasto no financiero y del gasto corriente. En su comunicado N° 01-2026 calificó como un hecho sin precedentes encadenar tres años de incumplimiento desde el año 2000.
Detrás del deterioro hay una causa identificada. Según el presidente del Consejo Fiscal, entre 2021 y 2026 se aprobaron 268 normas con impacto fiscal negativo, con compromisos permanentes de S/36 700 millones anuales, cerca de 3 % del PBI.
En el año 2026, a septiembre, el déficit acumulado en doce meses bajó a 0.9 % del PBI, el nivel más bajo en cuatro años y la mitad de la meta legal de 1.8 %. La recaudación tributaria creció 23.2 %, impulsada por el Impuesto a la Renta y por un cobre que se encareció casi 40 %.
Pero el otro motor de la mejora es menos alentador, dado que el gasto de capital cayó 14.9 %; además se atribuye parte de esa caída a la escasa inversión en prevención frente a El Niño que dejaron de ejecutar los gobiernos anteriores. Es decir, una porción del "colchón" fiscal proviene de obras que no se hicieron.
El 22 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Economía, Elmer Cuba, presentaron la política contracíclica contra tres choques: El Niño, el alza del petróleo y las mayores tasas de interés globales. El tope de déficit para 2027 subirá de 1.4 % a 2.4 % del PBI, lo que libera unos S/18 000 millones.
De ese monto, S/13 000 millones irán a infraestructura; S/6000 millones a locales educativos y S/7000 millones a culminar obras paralizadas con alto avance. Otros S/2500 millones financiarán bonos para familias vulnerables durante tres a cinco meses, y S/500 millones subsidiarán combustibles. El paquete es adicional al crédito suplementario de S/8228 millones para 2026. Cuba defendió el giro con una deuda pública cercana a 30 % del PBI, frente a un promedio regional de 73.9 %. Siendo la nueva trayectoria la que plantea un déficit de 2.2 % en 2028, 1.8 % en 2029 y 1.4 % en 2030, para llegar a 1 % recién en 2031.
Formalmente, el punto de llegada se mantiene; pero restablecer la regla significaba volver a cumplir la senda legal, y lo que se anuncia es lo contrario, considerando modificarla una vez más y trasladar el ajuste al último año del mandato. El propio Cuba ya había adelantado en agosto que la meta de 2028 se relajaría a 1.2 %.
Leyes y Congreso
Otro de los aspectos importantes a discutir es que las leyes del Congreso anterior aún no están en el presupuesto de 2027. Sumadas al paquete, llevarían el déficit a alrededor de 3.4 % del PBI, y otras estimaciones lo sitúan en 4.3 %. El techo de 2.4 % podría quedar corto antes de estrenarse.
El segundo es de ejecución, considerando que un estímulo contracíclico solo funciona si llega cuando golpea el choque. Con la inversión pública en caída, destrabar 250 obras a tiempo para el verano de 2027 es un reto mayor.
El tercero es la credibilidad; considerando que sin un ancla fiscal creíble, el país arriesga mayores primas de riesgo y rebajas de calificación. Cada cambio de reglas tras un incumplimiento debilita la promesa de cumplir el siguiente.
Nadie discute que un Niño potencialmente histórico justifica gastar más. El propio Consejo Fiscal ha sostenido que la política fiscal debe ahorrar cuando la economía se frena. La diferencia está en el diseño, considerando un gasto temporal y focalizado, una senda de retorno con respaldo legal y la corrección de las leyes que comprometen gasto permanente. Sin eso, lo contracíclico corre el riesgo de convertirse en un déficit más.
De esta forma nos preguntamos el boom de cuentas externas, boom de precio de las materias primas, el boom de recaudación por términos de intercambio, crecimiento por encima del potencial, es viable una política contracíclica en ese contexto involucra una mayor presión en la demanda y con una inflación fuera de rango, por lo que si bien los choques provienen de a oferta se ocasionaría un sobre estímulo de la demanda.
(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
La remontada del líder del PT frena la seguidilla de triunfos conservadores en Sudamérica, pero lo deja frente al Congreso más hostil de su carrera. Para Lima, que se acerca a Washington en seguridad mientras le vende a China cuatro veces más que a Estados Unidos, el resultado obliga a afinar la puntería.
Hace tres semanas, Luiz Inácio Lula da Silva parecía un presidente de salida. El 4 de octubre, Flávio Bolsonaro le ganó la primera vuelta por 2,2 millones de votos (47,03 % contra 45,16 %), Donald Trump celebró desde la Casa Blanca una "gran victoria" y los primeros sondeos del balotaje ponían al senador cuatro puntos arriba. El domingo 25 el tablero se volteó: Lula obtuvo el 51,79 % de los votos válidos, unos 64,3 millones, frente al 48,21 % de su rival. Ningún candidato en Brasil había perdido la primera vuelta y ganado la segunda.
A los 80 años, Lula suma un histórico cuarto mandato aunque conviene mirar la escena sin apasionamientos: ganó por 4,4 millones de votos en un padrón de unos 158 millones, con un país altamente dividido, casi a la mitad.
Cómo se volteó la elección
Primero, la participación. En un balotaje suele votar menos gente; esta vez la abstención bajó del 21 % a cerca del 19 %. Lula sumó unos 10,4 millones de votos respecto de la primera vuelta; Bolsonaro, 3,7 millones. La movilización de jóvenes y universitarios hizo lo que el Partido de los Trabajadores (PT) no logró el 4 de octubre.
Segundo, el bolsillo. Antes del balotaje, el gobierno anunció medidas de alivio, como el perdón de deudas a microemprendedores, que según analistas brasileños recuperaron a trabajadores que se habían alejado. El temor a perder ayudas estatales pesó más que el desgaste de la gestión.
Tercero, el rechazo. El apellido Bolsonaro sigue atado al intento de golpe por el que Jair cumple una condena de 27 años. Flávio no ayudó: tras la primera vuelta actuó como presidente electo y hasta empezó a repartir ministerios. Y el respaldo de Trump, el mismo que en 2025 castigó a Brasil con aranceles por el juicio a su padre, le permitió a Lula convertir la votación en una cuestión de soberanía.
El mapa lo confirma: Lula ganó los nueve estados del nordeste y volteó Minas Gerais; Flávio se impuso en 14 estados, entre ellos São Paulo, Río de Janeiro y todo el centro-oeste agroexportador.
Un presidente con poco Congreso
El Partido Liberal (PL) de los Bolsonaro tendrá desde febrero de 2027 la mayor bancada en ambas cámaras: 121 diputados, récord desde 1988, y 28 senadores. La derecha ocupará 303 de los 513 escaños de Diputados; el PT tendrá apenas nueve senadores. El PL podrá bloquear solo cualquier reforma constitucional, y Lula dependerá del Centrão, que negocia su apoyo votación por votación. Ganó la presidencia, no el país.
Un freno, no un cambio de marea
En la región, el resultado pesa por lo que impide. La derecha venía encadenando triunfos: Javier Milei en las legislativas argentinas, José Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia, Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori aquí. En marzo, una docena de presidentes se reunió con Trump en Florida para lanzar el Escudo de las Américas, coalición contra el crimen organizado que funciona también como club político. Un Bolsonaro en Brasilia habría cerrado el círculo.
Lula lo impide. Brasil seguirá siendo, junto con el México de Claudia Sheinbaum, el contrapeso progresista del hemisferio. Pero no viene una nueva "marea rosada": hay un continente partido y un Lula que administra una resistencia más de lo que encabeza un proyecto regional.
Lo que significa para el Perú
El gobierno de Fujimori se ha movido rápido hacia Washington. En septiembre, durante la visita de Marco Rubio, el Perú ingresó al Escudo de las Américas, y la Cancillería quedó en manos de Carlos Espá, exfuncionario de la embajada estadounidense y crítico de la flota pesquera china.
Los números cuentan otra historia. Entre enero y julio de 2026, el Perú exportó a China 24.340 millones de dólares; a Estados Unidos, 5.971 millones. Cuatro a uno. China es nuestro principal socio comercial por duodécimo año consecutivo, y Chancay, 60 % en manos de la estatal Cosco Shipping, ya cambió la logística del Pacífico sur. La propia presidenta ha dicho que no se meterá "en la pelea" entre ambas potencias.
Ahí entra Brasil. En julio de 2025, Brasilia y Pekín firmaron un memorando para estudiar un ferrocarril de unos 4.500 kilómetros entre el puerto de Ilhéus, en Bahía, y Chancay, que entraría al Perú por Ucayali. El Perú no estuvo en la mesa: el canciller de entonces admitió que no sabía más que la prensa. El tramo Chancay–Pucallpa, según el MTC, tendría 904 kilómetros y un costo referencial de 14.380 millones de dólares.
La reelección de Lula mantiene vivo ese proyecto. La oportunidad para Perú es convertir Chancay en la salida al Asia de la soya y los minerales del centro de Brasil, e integrar la Amazonía, de Ucayali a Pasco, a un corredor productivo. El riesgo es que el trazado, el financiamiento y las reglas se decidan en Brasilia y Pekín, y que el Perú ponga el territorio, el bosque y los conflictos sociales sin haber negociado nada.
La tentación en palacio será leer a Lula en clave ideológica y mirar hacia otro lado. Sería un error caro. Brasil es nuestro vecino más grande, con unos 2.800 kilómetros de frontera amazónica, y el socio indispensable de cualquier obra que una el Pacífico con el Atlántico.
Seguridad con Washington, comercio con Pekín, integración con Brasilia: no son opciones excluyentes, salvo que el Perú decida tratarlas así. La pregunta no es con quién alinearse, sino si el Estado peruano puede sentarse en las tres mesas a la vez y salir con algo propio. En el caso del tren, hasta ahora, ni siquiera ha pedido la silla.
(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com