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YOLANDA GIL LUDEÑA: “SE DEBE JUZGAR RESPETANDO EL DERECHO A LA VERDAD”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1149

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Tras el cese de sus funciones en el Poder Judicial, la exmagistrada Yolanda Gil Ludeña comparte con Expresión algunos de sus pasajes más memorables en su carrera como administradora de justica, así como las reflexiones que tiene sobre el rol que cumplen los jueces en la sociedad.

 

¿Cómo nació su vocación para desempeñarse como juez?

Siempre, desde niña, sin saber el significado de lo que era impartir la justicia, me gustaba servir de intermediara en discusiones, polémicas, trataba de pensar y pedirle a Dios cuál sería mi respuesta para que todos quedáramos en armonía; luego de ello postulé a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, donde me gradué de bachiller con la tesis titulada "Las causales del divorcio en el Código Civil Peruano", es decir agregaba como una nueva causal la separación de hecho, titulándome como abogada en 1979.

Me gradué maestra en Derecho con mención en Ciencias Penales el 30 de noviembre del 2010; y como doctora en Derecho y Ciencias Políticas el 31 de octubre 2019.

 

¿Cómo fue su ingreso a la Corte de Justicia de Lambayeque?

Concursé a la corte como relatora de un nuevo tribunal e ingresé mediante RAN° 267-80- DIGA/PJ, desde el 1 de julio de 1980. Luego fui nombrada juez titular de Paz Letrado de Chiclayo del 30 noviembre de 1984 al 28 agosto 1992, en que el gobierno Alberto Fujimori, arbitraria e inconstitucionalmente, nos destituyó argumentando que algunos magistrados éramos no idóneos y corruptos.

 

¿Siempre supo que su vocación era la magistratura?

Ingresé a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque porque yo nací para ser juez, no me hice juez; tuve y tengo la vocación del servicio de impartir la justicia, vocación que no es adquirida, sino que vine con ella al mundo. En una palabra, siento que forma parte de mi ADN, y por ello es que a pesar de haber sido separada injustamente del Poder Judicial por el espacio de 10 años, regresé dando previamente un examen. Me reincorporaron el 21 de setiembre 2001. Modestia aparte, fui reincorporada por el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, y no por el Tribunal Constitucional.

 

¿Qué cargos ha ejercido como magistrada y qué casos emblemáticos le ha tocado resolver?

Como relatora del Primer Tribunal Correccional, el primer caso emblemático y único a nivel nacional, fue el proceso de tráfico de drogas contra Segundo Millián Gonzáles, en el que si bien es cierto desempeñaba un cargo auxiliar jurisdiccional, los señores vocales me encomendaban los resúmenes de tan voluminosos expedientes, Lo más grave era que tenía la custodia de dichos expedientes y por ello sufrí atentados y promesas de recibir mucho dinero que nunca acepté.

En 1983 uno de los delitos que más se cometía era el de la invasión en terrenos o casas privadas, pero eso lo hacían las personas de escasos recursos económicos, entonces se convirtió en un problema social, que por supuesto derivó en múltiples juicios de desalojos, y de tantos dos marcaron mi memoria judicial: El desalojo de El Bosque, en La Victoria, con diligencia transmitida en directo a nivel nacional y narrada por el periodista José Vásquez Valderrama. Allí los policías que me escoltaron fueron heridos por la gran cantidad de piedras que arrojaban, pero pese a ello fue exitosa la diligencia y el resultado la entrega de posesión a sus titulares propietarios.

El otro fue en El Porvenir, el desalojo de una vivienda, donde se preocuparon estos invasores de reunir a casi la mayoría de personas con actividades al margen de la ley y lo más dramático fue al inicio de la diligencia, porque amarraron a niños y ancianos a unos balones de gas, y además tenían ácido muriático. Gracias a Dios que no hubo heridos, y al final, al verme decidida a ejecutar dicho fallo, se rindieron.

En el año 2007, como Juez Penal Liquidador, en el expediente 3699-2007, se juzgó al exministro de Industrias del gobierno de Fujimori, Guido Pennano Allison por el delito de falsedad documental en agravio del Poder Judicial.

Asimismo, el caso del exalcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales, sentenciado por el delito de peculado en agravio del Estado (Exp. N°1488-2011) y como juez de Ejecución, cumplí con la pena de su inhabilitación remitiendo el oficio al Jurado Nacional de Elecciones, pero fue una ejecución procesal muy emblemática y mediática ya que el juez constitucional dictó dos cautelares para que suspenda dicha medida, y con los apercibimientos de que si no lo hacía me denunciaría ante el CNM y OCMA y otros; medida de amparo que no la cumplí, porque entonces cambiaría la legislación procesal penal y daría puerta abierta y salida para que en adelante todas las condenas presentaran su amparo y no se ejecutaran las sentencias penales consentidas, es decir la figura procesal de cosa juzgada quedaría en el limbo judicial.

En agosto del 2016 dicté prisión preventiva contra dos policías por muerte de un obrero, quienes en estado de ebriedad, le dispararon, siendo este caso muy mediático por tratarse de funcionarios que deben resguardar el orden. Hubo muchas injerencias externas que, por supuesto, no dieron resultados en desequilibrar la balanza de la justicia.

En setiembre de ese año tuvo lugar la audiencia de control de acusación  en el caso  ‘Clan Caycay’, sobre diversos delitos: cohecho, tráfico de drogas y otros, acusándose a más de 22 policías, entre ellos dos generales, oficiales de alto rango y otros. Como comprenderán, las interferencias eran abrumadoras y permanentes, habiendo estímulos de Becas Internacionales, compensaciones económicas, etc.

Siendo jueza del Segundo Juzgado Penal de Chiclayo, fui recusada por unos médicos que eran procesados por lesiones graves, en agravio de dos jóvenes que perdieron la vida y dos bebés que quedaron ciegos y sordos por las operaciones a las que fueron sometidos. El caso que causó mucha indignación y hubo procesos dilatorios y difamatorios en mi contra.

“La fraternidad” de algunos médicos buscó interferir y esto me dio razón y motivo para sustentar mi tesis de maestra en Derecho, denominada: “La prueba y la responsabilidad médica en los delitos de homicidio y lesiones culposas”.

Como jueza del Décimo Juzgado Penal tenía la investigación penal contra una empresa de lácteos por el delito contra la salud pública. Sin embargo, estos insumos no eran aptos para el consumo humano. Fue otro caso donde quisieron presionarme a toda costa por diversas fuentes: superiores, familiares, económicas, etc.

 

¿Qué experiencia desagradable recuerda de su labor como jueza?

Con diez años fuera de mi labor fui reincorporada el 21 de septiembre del 2001 por el CNM previa evaluación.

Regresé decidida a cumplir mis funciones de juez a tiempo y modo normal, pero más pudo, si se puede decir, mi adicción al trabajo y continúe mi ritmo laboral, pero hubo una pausa de ocho meses, pues el 2 de noviembre del 2015 el jefe de la ODECMA de aquel momento solicitó a la OCMA mi suspensión, porque terceras personas estaban usufructuando mi cargo de juez en un caso. Este señor, con la rapidez, facilidad y sin estudiar el caso, me atribuyó hechos falsos y comprobables fácilmente, pero la presión mediática imperó más. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial me absolvió por unanimidad. Sin embargo, hasta ahora no he sido desagraviada por dicho juez ni por el representante del Poder Judicial.

Fue una injusticia dentro de la justicia misma y el poder de tal justicia no significa arbitrariedad, ni abuso del cargo, porque se debe obrar y juzgar respetando el derecho a la verdad.

 

¿Satisfecha de su contribución en la administración de justicia?  

Por supuesto, mi conciencia y subconsciencia se sienten felices porque siempre trabajé en lo que me gusta, me apasiona, me enamora; claro que hay baches, por interferencia de terceros, pero eso es superable cuando en uno prevalece el amor hacia su trabajo, y si alguna vez me equivoqué es porque no soy infalible como ser humano, pero tengo la enorme satisfacción de decir: “Dios, tú me elegiste para hacer justicia en la tierra” y lo hice, y nunca tuve miedo a las interferencias, sino a mi propia ignorancia.

 

¿Por qué cree que será recordada en la corte Lambayeque?

Me parece que eso debe ser respondido por jueces, trabajadores e integrantes de la corte, pero me atrevería a decir que habrá menos eco, más silencio, menos ruidos, más temperancia, más aquiescencia.

 

¿Qué mensaje ofrece a sus pares, personal y comunidad jurídica?

Bueno a mis pares, entendiéndose hasta el 5 de enero, no les puedo decir nada. Ellos saben, conocen qué es trabajar en justicia y, en todo caso, internalizan en su propio yo, que acá en la tierra somos delegados y representantes de Dios, porque él hace justicia en otra dimensión y ahí nos preguntará: “¿Hiciste justicia en la tierra? Porque ahora me toca hacerte justicia a ti”.

 

+ NOTICIAS:

  • Yolanda Gil Ludeña representó a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en el IV y el V Congreso Nacional de Jueces, realizados en el 2010 y 2013, respectivamente, así como en el Congreso Nacional para Administrar Justicia con Enfoque de Género realizado en el 2017.
  • Fue reconocida en el 2012 por haber superado el Ranking de Productividad en el Poder Judicial y en el 2014 por haber superado el Estándar de Procesos Resueltos.

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EN AL MENOS SIETE ESPECIALIDADES: SE NECESITA EL TRIPLE DE PROFESIONALES EN SALUD PARA CUBRIR DEMANDA SOCIAL

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1149

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  • Cada año egresan tres mil 200 médicos de las universidades.
  • Presupuesto del SIS debe cuadruplicarse para atender a los nuevos asegurados.

 

El 2020 es el ‘Año de la Universalización de la Salud’, aunque en recientes declaraciones el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud manifestó que la meta para el 2021 es llegar al 100 % de cobertura. Sin embargo, lo ambicioso del nombre y de la meta parece no concordar con la realidad del sector. Según Miguel Palacios Celis, decano del Colegio Médico del Perú, cada año se presentan entre siete mil u ocho mil galenos para plazas de especialidad, pero el Estado solo pone a disposición dos mil 200, pese a la carencia de especialistas a lo largo del país.

 

“El Estado no abre plazas para que los médicos generales se conviertan en especialistas. Sin embargo, en diferentes parte del país carecemos de ellos. Por ejemplo, en Tumbes no hay neonatología y en Puno no hay el servicio de nefrología porque simplemente no hay médicos con esa especialidad”, sostiene.

Palacios Celis revela que hay 88 mil médicos colegiados a nivel nacional, de los cuales 60 mil son hábiles (la diferencia o ya falleció, dejó de ejercer o está en el extranjero). De estos, 36 mil son especialistas y 24 mil médicos generales. Además, en Lambayeque hay un promedio de dos mil 200 galenos.

 

Especialidades

Apunta que las especialidades de las que más adolece el país son oncología pediátrica, oncohematología, nefrología, neonatología, psiquiatría, genética médica y anestesiología.

“Hay muchos anestesiólogos que están en el extranjero, principalmente en España, donde son bien remunerados. Además de la falta de plazas, el otro problema es que en el Perú la remuneración está anclada al pasado, no dignifica todo el esfuerzo que hace el médico. No es que queramos diferenciarnos de las demás profesiones, pero la nuestra es la única que no solo cura personas, sino a la misma sociedad. Merecemos un trato más digno”, asevera.  

Asimismo, indica que en Lambayeque uno de los problemas que han encontrado es que los anestesiólogos trabajan en diferentes lugares, por lo que no hay dichos especialistas de guardia en los nosocomios, situación que ha obligado a que estén de retén, lo cual genera un peligro porque el tiempo que demoran en llegar al lugar donde los llaman puede ser crucial para la salud del paciente.

Añade que se han hecho algunos esfuerzos para cubrir la demanda de ciertas especialidades como psiquiatría, para la cual el número de centros de salud comunitarios ha aumentado a 140. Sin embargo, sigue siendo insuficiente.  

“Antes se le destinaba unos cuantos soles a la salud mental, hoy se le da alrededor de cien millones, pero todavía falta. ¿Cuántas plazas para médicos especialistas hay? No más de 20. En el Perú, el número de psiquiatras no pasa los 500 y si hablamos de subespecialidades como psiquiatría infantil o especialistas en adicciones, pues hay muy pocos”, manifiesta.

 

Infraestructura

Por otro lado, Palacios Celis refiere que también existe brecha de infraestructura en el sector salud. Explica que en el Perú hay alrededor de 500 hospitales, de los cuales el 5 % tiene más de cien años y el 25 % entre cincuenta y cien, los cuales denotan las consecuencias del paso del tiempo.

Hay alrededor de 50 mil camas hospitalarias, incluyendo las de las clínicas privadas, lo cual representa el 1.6 % de camas por mil habitantes, cifra menor al promedio en América Latina que bordea las tres por cada mil habitantes.

“Se necesitan por lo menos el doble de establecimientos de salud para cubrir la demanda de camas hospitalarias, pero de nada sirve construir e inaugurar, si luego no van a poder funcionar por falta de médicos especialistas, tal como ha sucedido en Moquegua”, asevera.

De los 500 hospitales, 375 pertenecen al Ministerio de Salud y 50 a EsSalud. Sin embargo, 14 de estos últimos han sido declarados no aptos para desempeñar la labor asistencial, debido a la vejez de su infraestructura o al colapso de las redes de agua y alcantarillado.

 

Presupuesto

El promedio de dinero destinado al sector salud en América Latina es del 15 % del presupuesto general de un país. Sin embargo, en el Perú este año es el 10.4 %, 0.4 % menos que el 2019. El porcentaje del Producto Bruto Interno – PBI, que se destina a la salud en los países vecinos es el 3.5 %, mientras que en el Perú es el 2.2 %.

Si bien este año al Seguro Integral de Salud – SIS, se le han asignado mil 845 millones de soles, lo cual representa un aumento del 6.5 %, respecto al 2019, también es cierto que han ingresado cuatro millones de afiliados nuevos, lo cual hace un total de 21 millones que reciben las prestaciones en los hospitales del MINSA.

“El año pasado el dinero distribuido para el SIS era un promedio de 90 soles por afiliado, pero ahora con este ingreso de cuatro millones más de asegurados ha disminuido a 60 soles por cada uno. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud – OMS, es que sean 60 dólares como mínimo lo destinado a cada paciente, lo que al cambio es aproximadamente 200 soles. Es decir, se debería cuadriplicar el presupuesto y de eso estamos muy lejos”, expresa.   

 

Deudas

En el Perú, del total de galenos que trabajan para el Estado, la mitad lo hacen en calidad de nombrados y la otra mitad como contratados, de los cuales hay alrededor de tres mil laborando bajo la modalidad de recibo por honorarios, quienes trabajan en las zonas más alejadas del país, sobre todo en postas, y se encuentran impagos.

“El 8 de enero le hicimos un pedido formal al viceministro de Salud para que solucione este pedido de nuestros colegas médicos y el 17 lo hemos reiterado, pero hasta ahora no hay solución”, resalta.

Además, manifiesta su preocupación por la falta de garantías que da el Estado a los médicos que forman parte del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud – SERUMS, a raíz de la médico que falleció el 13 de enero en Madre de Dios, tratando de cruzar el río Caychihue.

 

Intrusismo

Por otra parte, Palacios Celis señala que mensualmente el gremio que preside recibe entre cien a 200 denuncias por intrusismo, es decir, contra personas que ejercen la profesión médica sin tenerla.

Estos casos se dan en dos modalidades: la de los empíricos, que sin haber estudiado algo relacionado a la salud ejercen como médicos, y la de los profesionales en alguna materia de salud que se hacen pasar por médicos.

“Uno puede ser un técnico muy bueno leyendo placas de rayos x, pero no puede prescribir por más sencillo que parezca. Es perverso y dañino mimetizarse con la función de un médico, porque para que este prescriba pone en juego toda su sabiduría acumulada a través del tiempo y sabe qué es lo que receta, pues un medicamento mal administrado puede costarle la vida al paciente”, indica. 

Informa que actualmente trabajan con la División de Seguridad del Estado de la Policía para realizar intervenciones en los emporios de Lima y las distintas ciudades del Perú para intervenir lugares en los que se venden medicamentos fraudulentos, así como consultorios despachados por personas ajenas a la profesión médica.

 

Facultades

Actualmente hay 54 facultades de medicina en el Perú (49 sedes y cinco filiales), de las cuales cada año egresan tres mil 200 médicos y diariamente son entre nueve y diez de estos los que se reciben.

Afirma que dicha realidad es la que como gremio profesional les hizo exigir en el 2016 que se conforme una comisión integrada por el Colegio Médico y varias universidades de prestigio para pedir la intervención de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, en las facultades de medicina, a fin de supervisar si cumplían con los requisitos mínimos de formación que requiere un médico.

“La época de Alberto Fujimori dio pase a la creación de universidades y con estas a las facultades de medicina. El Colegio Médico planteó una moratoria para su creación, esta se venció y se amplió un año más, pero ahora nuevamente ya no aplica. Tenemos que estar siempre vigilantes de que la fuerzas fácticas del mercado no traigan abajo la intervención de la SUNEDU, porque afecta al tipo de médico que sale de las universidades”, subraya.

Indica que el perfil de médico en el Perú debe cambiar, de modo tal que no solo se encuentre calificado cognoscitivamente, sino que esté preparado ética y moralmente para ejercer la profesión, además de cohesionado con la realidad sanitaria del país.

“No basta con que las universidades tengan un bonito local, lo mejor que pueden ofrecer es su plana docente. Nos preocupa si los catedráticos trabajan a tiempo completo o lo hacen en diferentes lugares, porque eso va en desmedro de la formación del médico”, asegura.

 

Propuesta   

Por otro lado, señala que debe implementarse el sistema nacional único de salud, de modo que se integren funcionalmente las sanidades militares, el seguro social y el Ministerio de Salud, pues considera que actualmente existe una fragmentación que conlleva a un mal uso del presupuesto.

“Nos quejamos de que a una doctora la agredan en un hospital que queda en el centro de la capital, pero cómo estarán los profesionales de la salud en los lugares alejados del país donde no pueden denunciar. Creo que el Estado está abandonando la salud. Es necesario recuperar su presencia en el sector, porque este modelo ya ha fracasado. Hay que mirar otras realidades y pensar ya en el sistema nacional único de salud como una forma de integrar a todos los subsectores y hacer más eficientes los presupuestos”, asevera. 

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