El ingeniero mecánico electricista Martín Perales Saavedra formalizó su candidatura a la gobernación regional de Lambayeque por el partido Somos Perú para los comicios regionales y municipales de octubre próximo. Con una trayectoria de 12 años en el sector de infraestructura y experiencia en el ámbito empresarial, el postulante sostiene que los cambios del departamento requieren un planeamiento que trascienda los periodos gubernamentales y que no se vea interrumpido por discrepancias políticas locales.
"Soy ingeniero de profesión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ingeniero mecánico electricista y he venido desarrollando un trabajo político desde hace algunos años junto a Somos Perú, partido con el cual sentamos las bases de un trabajo a largo plazo para potenciar el desarrollo de Lambayeque. Estoy convencido de la capacidad y solvencia técnica del equipo que me acompaña”, señala a Expresión.
El aspirante al sillón regional enfatiza la necesidad de dar cumplimiento estricto a las etapas de desarrollo planificadas para evitar el estancamiento de los proyectos públicos. Según manifiesta, los virajes institucionales que ocurren con cada cambio de gestión responden a la falta de una visión unificada entre los distintos líderes de la región.
"Los grandes cambios de una región no se realizan en uno o dos años, sino se realizan mediante una planificación programada y creo yo que tiene que ser cumplida etapa por etapa. A veces por mezquindades, algunos políticos que no tienen la misma visión o no tienen la misma línea de trabajo, cambian la ruta y truncan el camino del desarrollo. En nuestro caso, queremos seguir las líneas de desarrollo trazadas para que Lambayeque sea la región más productiva y progresista del norte del Perú”, indica.
Ejes económicos y conectividad internacional
Perales Saavedra define a su propuesta como promotora de la inversión privada y defensora de la articulación entre el sector público y las empresas para dinamizar los ingresos en todas las familias, a través de la generación de empleo. Desde esta perspectiva, se plantea consolidar a Lambayeque como el principal núcleo de intercambio comercial en la zona norte del país mediante la continuidad de los lineamientos estratégicos trazados en la última década.
"Nosotros conocemos y entendemos que el rol del empresariado es muy importante para que pueda llegar la economía a cada una de las familias. Entonces, en esa línea nosotros entendemos que la empresa es el motor dinámico del Perú”, sostiene.
Dentro del portafolio de proyectos, el Terminal Portuario de Eten se perfila como la obra central de la infraestructura logística debido a su capacidad para conectar la producción agrícola de las 38 000 hectáreas del proyecto Olmos y los corredores del nororiente peruano con el mercado del Asia-Pacífico. La propuesta contempla que esta infraestructura sirva también de salida para el comercio procedente de Brasil a través de las vías de conexión existentes.
"El terminal portuario no es uno de los proyectos bandera, es el proyecto más importante que tendremos como gestión. Es el proyecto que va a articular al resto de proyectos y todo lo que nosotros tengamos a futuro dentro de la región Lambayeque para que, de aquí en los próximos años, toda la empresa local se pueda conectar con el mundo”, menciona.
Como complemento al terminal marítimo, se contempla la habilitación del Parque Industrial de Lambayeque para promover la incorporación de tecnología, investigación y la inserción de mano de obra técnica calificada de instituciones locales. Respecto a la administración de las 3000 hectáreas destinadas para este fin, el postulante se mostró abierto a la conformación de espacios de diálogo que otorguen un rol preferente a los empresarios, debido a los resultados deficientes observados en complejos gestionados en su totalidad por el Estado.
"Se tiene que implementar una mesa de trabajo y realmente acá, zapatero a sus zapatos. Los que conocen el tema empresarial son los que tienen que liderar el tema empresarial. Los empresarios lambayecanos definitivamente van a tener un espacio muy importante ahí. Inclusive hay empresarios, por ejemplo, de Brasil que tienen que venir a invertir también acá”, manifiesta.
Criterios de gestión y equipos técnicos
Al evaluar la actual administración regional, Perales Saavedra deslindó de la inestabilidad en los cuadros directivos y aclaró que su postulación representa una secuencia de carácter técnico sobre los proyectos de inversión, desmarcándose de los perfiles profesionales de gestiones previas. Para garantizar la ejecución presupuestal, plantea incorporar asesores con experiencia internacional que brinden soporte a las decisiones de gobierno.
"Definitivamente, yo no vengo a decir que todo se ha hecho bien o que esto es una continuidad a ciegas. Hay que entender algo, el doctor Jorge Pérez es médico, yo soy ingeniero. Son dos cosas totalmente diferentes y son dos visiones totalmente diferentes. Pero la línea de trabajo es la misma, vengo a defender es una continuidad técnica pues Los proyectos regionales deben continuar con capacidad técnica y honestidad”, asevera Martín Perales.
En el plano político, Somos Perú cuenta con candidaturas en los 38 municipios de la región, que incluyen las tres listas provinciales correspondientes. La fórmula regional está integrada por la doctora en educación Katherine Serquén Olano, quien postula a la vicegobernación, complementada por listas al Consejo Regional, donde figuran autoridades actuales y dirigentes partidarios orgánicos del departamento.
"Me acompaña la doctora Katherine Serquén, que es una profesional que conoce mucho de gestión pública, pero también se ha dedicado al sector privado; trabaja en el sector educación, es catedrática y conoce mucho de la realidad regional", destaca.
Cierre de brechas y atención a distritales
La estrategia en el ámbito social se orienta a contrarrestar la falta de liquidez que sufren los gobiernos locales al inicio de sus mandatos debido a las deudas institucionales heredadas. Perales Saavedra argumentó que los recursos asignados mediante fondos suplementarios y centralizados resultan insuficientes, por lo que las municipalidades gestionan financiamiento de forma directa ante los ministerios en la capital de la república.
"Cuando van a Lima, el común denominador es que no existe presupuesto para financiar proyectos que incluso ya están en la Ley de Presupuesto aprobada y promulgada el año anterior. Siempre existen esas limitantes para los alcaldes. Muchas veces los alcaldes regresan sin presupuesto y sin ver al final consolidadas las acciones que ellos necesitan para sus distritos”, comenta.
Para resolver esta situación, postular el mecanismo de descentralización de fondos regionales aplicado para la ejecución de proyectos de agua potable, alcantarillado y pavimentación urbana en la totalidad de las jurisdicciones, condicionado al cumplimiento estricto de la presentación de expedientes técnicos validados por la normativa vigente.
"Los 850 millones para inversión que actualmente tiene el gobierno regional se han descentralizado a todos los distritos, sin mirar camisetas políticas, sin mirar si el alcalde pertenece a un partido o pertenece a otro partido. Cada alcalde que ha llegado con su expediente técnico ha recibido presupuesto, porque hay que ser claros en este sentido: no se puede solicitar solamente porque soy alcalde o soy tu amigo. Acá se tiene que trabajar mediante expedientes técnicos, como que exige la ley”, precisa.
Proyecciones para Chiclayo
De obtener el respaldo electoral, el candidato ratificó que mantendrá la política de financiamiento conjunto con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, donde se postula a Elber Requejo Sánchez. El plan gubernamental contempla priorizar obras de saneamiento básico e infraestructura vial con mayor intensidad para mitigar los efectos perjudiciales derivados de fenómenos climáticos recurrentes en la capital regional.
"Chiclayo es una ciudad que necesita una inversión muchísimo mayor. Estamos convencidos que, de llegar el ingeniero Elber Requejo a la provincia de Chiclayo, la inversión se va a dar de la misma manera como se ha estado trabajando, pero con mucho mayor intensidad, porque Chiclayo sí necesita una inversión importante tanto en saneamiento, tanto en pistas y veredas, porque, por ejemplo, con el Fenómeno El Niño que va a ocurrir, las necesidades aumentarán", señala.
Perales Saavedra asegura que la designación de los puestos de confianza se efectuará bajo la estricta supervisión del gobernador, descartando la inclusión de exfuncionarios cuestionados dentro del equipo de trabajo.
"Nosotros tenemos un equipo de trabajo. Dentro de nuestro equipo de trabajo no hay personajes cuestionados. Si bien es cierto los cargos son cargos de confianza y son netamente designación directa del gobernador, nuestro compromiso es convocar a los mejores cuadros y darle a Lambayeque la gestión eficiente, transparente y honesta que merece”, remarca.
Juan Manuel Carrasco Millones, siendo fiscal contra el crimen organizado, dejó su despacho en 2021 para jurar como ministro del Interior del hoy sentenciado y encarcelado expresidente Pedro Castillo Terrones. Ahora aspira a la gobernación regional de Lambayeque. Nada en la Ley Orgánica de Elecciones se lo impide. En el Perú, no haber sido condenado en última instancia basta para inscribir una candidatura. Pero la letra de la ley y el estándar ético que exige administrar el presupuesto, las obras y los contratos de una región entera no son lo mismo. En el sistema de justicia existen cuatro expedientes contra Carrasco Millones, uno de ellos ya en juicio oral, con una fiscalía pidiendo cuatro años de cárcel efectiva, que retratan a un exfiscal y exministro del Interior que ha pasado buena parte del último quinquenio respondiendo, en sede judicial o fiscal, por su propia conducta como funcionario. La legalidad de su postulación no está en discusión. Su idoneidad, sí.
La presunción de inocencia es un principio constitucional, no un favor: nadie puede ser tratado como culpable mientras no exista sentencia firme, y ese principio protege a cualquier ciudadano, incluido un candidato. La legislación electoral peruana traduce ese principio en una regla simple: solo inhabilita para postular a quien tiene condena consentida o ejecutoriada por delito doloso. Tener procesos abiertos, incluso con acusación fiscal formulada, no es causal de exclusión.
Ese diseño legal, sin embargo, fue pensado para proteger al ciudadano común frente al uso político de la denuncia penal. La pregunta que debe hacerse el elector de Lambayeque es distinta: ¿el estándar mínimo para no ir preso es el mismo estándar que debería exigirse para administrar miles de millones de soles en obra pública, contratación y personal? La ciudadanía puede —y probablemente deba— exigir más que eso de un candidato.
Caso 1: La aceptación ilegal
El Expediente Judicial 00025-2023 es el que concentra el mayor riesgo penal para Juan Manuel Carrasco Millones. El 29 de julio de 2021 juró como ministro del Interior del entonces presidente Pedro Castillo sin haber cumplido un requisito que la propia Ley de la Carrera Fiscal le exigía como fiscal provincial titular: renunciar al cargo fiscal y que el Ministerio Público aceptara esa renuncia antes de asumir la cartera ministerial. No lo hizo. Juró primero y renunció después.
La Fiscalía Suprema además le imputa haber alterado la fecha de su carta de renuncia —presentada el 2 de agosto de 2021, pero consignada como si hubiera sido elaborada el 28 de julio— presuntamente para simular que el trámite de desvinculación fiscal ya estaba en curso antes de asumir el ministerio y así evitar la incompatibilidad de cargos.
Tras idas y vueltas por excepciones planteadas por la defensa, en agosto de 2024, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó en definitiva que la conducta de aceptación ilegal de cargo es típica, es decir, que los hechos que se le atribuyen sí encajan en la descripción legal del delito. En febrero de 2025 la Fiscalía Suprema formalizó acusación solicitando 4 años de pena privativa de libertad efectiva, 2 años y 4 meses de inhabilitación, una multa de más de 9300 soles y 100 mil soles de reparación civil al Estado. En agosto de 2025,el Auto de Enjuiciamiento declaró procedente el juicio oral.
El juicio oral se encuentra instalándose ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. La instalación estaba prevista para el 2 de julio de 2026 y se reprogramó al 13 de julio de 2026 por una licencia médica del abogado defensor. En este proceso, Carrasco Millones mantiene comparecencia simple, es decir, afronta el proceso en libertad y, le han sido embargados dos terrenos de su propiedad en Puerto Eten.
Caso 2: El encubrimiento
Este caso tiene su origen en la organización criminal "Los Temerarios del Crimen", liderada por el exalcalde David Cornejo Chinguel. Se le atribuyó a Carrasco Millones —como fiscal contra la criminalidad organizada— haber evitado derivar a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios las actuaciones vinculadas a un comandante de la PNP señalado en esa organización, generando en su lugar una carpeta fiscal nueva que concluyó que los hechos contra el comandante habían sido "desvirtuados". El denunciante, además, cuestionó que esa carpeta tuviera actuaciones fechadas antes de la fecha en que, según el sistema informático del Ministerio Público, la propia carpeta fue creada. Los delitos tramitados en la Carpeta Fiscal 23-2022 fueron: Encubrimiento personal, fraude procesal y prevaricato.
En mayo de 2022, el fiscal adjunto provincial Víctor Antonio Meléndez Arrascue, archivó liminarmente el caso; sin embargo, en marzo de 2025, el denunciante, presentó una solicitud de Reexamen de Actuados adjuntando nuevas pruebas, ante lo cual, el fiscal superior Jorge Juan Arteaga Vera reabrió una investigación preliminar por esos mismos delitos más falsificación de documentos. El extremo de falsedad genérica se declaró prescrito —es decir, cerrado no porque se descartó el hecho, sino porque venció el plazo legal para perseguirlo.
El 27 de abril de 2026, la Tercera Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque dispuso no formalizar investigación preparatoria contra Carrasco Millones por ninguno de los delitos restantes; sin embargo, esa misma disposición reconoce una contradicción que el denunciante, en su recurso de elevación de actuados del 8 de mayo de 2026, señaló como posible fabricación retroactiva de actos procesales: la Carpeta Fiscal N° 8-2019 fue creada en el Sistema de Gestión Fiscal el 6 de febrero de 2019, pero contiene diligencias —declaraciones, disposiciones, imputaciones— fechadas el 28 de enero, más de una semana antes de que la carpeta existiera administrativamente. Una disposición anterior del mismo despacho (N° Tres, mayo de 2025) ya había calificado esa cronología de "materialmente imposible" sin que el archivo final la explicara. Con ese argumento, el recurso pidió reabrir la investigación por encubrimiento personal, fraude procesal, prevaricato y falsificación de documentos.
El 19 de mayo de 2026, mediante Disposición N° Siete, la misma fiscalía concedió el recurso —tras verificar que se presentó dentro del plazo legal— y elevó el expediente a la Fiscalía Suprema, que ahora deberá decidir si confirma el archivo o dispone la formalización de la investigación preparatoria contra ambos fiscales.
Caso 3: Enriquecimiento y lavado de activos
Este es el caso que se investiga en la Carpeta Fiscal 60-2024, a cargo de la fiscal superior Giovana del Río Carreño, donde se revisa el crecimiento patrimonial declarado entre 2010 y 2021 por Carrasco Millones, años en que se desempeñó como fiscal en Lambayeque. Según la denuncia, el valor de sus bienes pasó de 174 mil soles en 2010 a más de un millón de soles en 2021, con saltos concentrados en 2014-2015 y 2019-2021 (coincidentemente fechas en que se produjeron los casos Limpios de la Corrupción y Los Temerarios, respectivamente) que no se sustentarían por sus ingresos declarados como fiscal (cercanos a 150 mil soles anuales). También se cuestiona la compra y venta de un inmueble con una ganancia de 64 mil soles en 21 días, y el uso de gastos operativos fiscales —cerca de 800 mil soles rendidos solo con declaración jurada, sin sustento documentario— en un periodo que coincide con la construcción de una vivienda de tres pisos.
Este caso, sobre el crecimiento patrimonial de Carrasco Millones entre 2010 y 2021, fue archivado el 9 de febrero de 2026 mediante Disposición N° 09, que descartó enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación y declaró prescrito el tramo 2010-2013. La decisión se apeló el 15 de febrero, sosteniendo que la fiscalía exigió certeza plena en vez del estándar de "sospecha reveladora" propia de esta etapa, y que la explicación de "revalorización inmobiliaria" ignora una discrepancia documentada: mientras Carrasco Millones declaró ante el SAT de Chiclayo, entre 2015 y 2025, un área construida de solo 199.40 m² —lo que reduciría su Impuesto Predial—, la propia fiscalía reconoce que el inmueble ya tenía 379.70 m² hacia diciembre de 2020, discrepancia que se plantea como indicio de defraudación tributaria conectada al lavado de activos. También se cuestiona que se calificaran los gastos operativos como "de libre disponibilidad" pese al régimen que exige rendición y uso estrictamente funcional. El recurso fue concedido mediante Disposición N° 10 (20 de febrero de 2026) y la carpeta se elevó a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
El 4 de julio de 2026, ya ante esa instancia, se presentó una segunda solicitud de reexamen enfocada en la prescripción: se argumentó que el enriquecimiento ilícito es un delito permanente cuyo plazo debe correr recién desde el cese de Carrasco Millones como fiscal (2 de agosto de 2021), no fraccionado año por año, e invocó como precedente vinculante una disposición del 30 de junio de 2026 de esa misma Fiscalía Suprema, que había anulado por idéntica razón el archivo parcial de otro fiscal lambayecano. Ambos recursos siguen pendientes de resolución.
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Este 30 de junio se llevó a cabo un hecho sin precedentes: un presidente en ejercicio fue sentado en el banquillo de los acusados por primera vez. El protagonista fue José María Balcázar Zelada, quien se presentó a la audiencia de juicio oral de reparación civil por una supuesta apropiación ilícita, que fue archivada por prescripción y que se originó en presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) entre 2019 y 2020.
Al respecto, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque - ICAL, Enrique Rodas Ramírez, cuestionó que el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, se haya amparado en la Ley 31751, conocida como “Ley Soto”, para lograr la prescripción de su proceso penal por presunta apropiación ilícita en agravio de la orden profesional.
Esto en alusión a que en junio del 2025 un juez de investigación preparatoria declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal, con lo cual solo quedó pendiente determinar si era responsable civilmente, a fin de que haga el pago de la reparación sobre estas presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como titular del Colegio de Abogados de Lambayeque.
“Ley Soto”
La Ley 31751, conocida como “Ley Soto”, fue declarada como constitucional por el máximo intérprete de la Constitución. La norma reduce a un año el plazo de suspensión de la prescripción y permite que los delitos prescriban en menos tiempo. Esta ley ha sido utilizada por figuras políticas, como el expresidente del Congreso Alejandro Soto y el expresidente Martín Vizcarra, para que se archivaran sus procesos penales
"José María Balcázar hizo uso de la Ley Soto, una ley que gira en el contorno de la corrupción a nivel nacional, una ley con nombre propia. Espero que los magistrados del Poder Judicial, así como pregunta su presidenta la lucha contra la corrupción, tomen una decisión que sea ejemplo de que existe independencia de poderes. Está en manos de ellos y del Ministerio Público que sea perseverante en la acusación", sostiene Enrique Rodas.
Reparación civil
Aún más, cuestionó que en el proceso que tiene pendiente en la vía civil para determinar si le corresponde pagar una reparación al Ilustre Colegio de Abogados esté haciendo uso de argucias legales para lograr la excepción de prescripción, alegando que al ser mayor de 65 años se debe reducir a la mitad (un año) el plazo de prescripción para solicitar una reparación civil.
"Él no quiere ir a juzgamiento, y no solo no quiere, sino que quiere desterrar la reparación civil, no quiere devolver lo que ilegítimamente ha cogido", señaló Enrique Rodas, quien recordó que cuando Balcázar Zelada fue decano de la orden profesional abrió una cuenta personal en una caja de ahorro y crédito, donde manejó a discreción los fondos del colegio, de los cuales -según auditoría- no se sustentó alrededor de 900 mil soles.
Durante la audiencia, el abogado de Balcázar, Víctor Raúl Pariona Lozano, sustentó la excepción de prescripción de la acción civil alegando que, debido a que el mandatario es mayor de 65, el plazo debe reducirse a la mitad. Indicó que, de acuerdo a reciente jurisprudencia, el plazo para solicitar una reparación civil prescribe a los dos años de haberse archivado la acción penal.
Así, la defensa del mandatario recordó que el 12 de junio de 2025 se declaró prescrita la acción penal y el proceso fue archivado de forma definitiva. Según la defensa, el plazo de prescripción civil de dos años tiene que reducirse a la mitad. Bajo esa interpretación, la acción civil, dice, habría vencido el 12 de junio de 2026.
En diálogo con Expresión, los dirigentes de los jubilados de la Empresa Agroindustrial Tumán recordaron que el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, asumió en su momento la defensa legal de la administración judicial liderada por Marcelino Llontop Suyón, una de las sindicadas de haber desfalcado a la empresa y contra la cual está vigente a la fecha un proceso penal.
“El proceso judicial que nosotros iniciamos fue dividido en dos. Uno de estos fue el de la administración de Marcelino Llontop, en el que estuvo comprometido el actual presidente José María Balcázar, quien fue parte legal en Tumán. Fue abogado de Marcelino. A diario salían 80 mil, 90 mil, 120 mil soles que él pedía para hacer su trabajo legal, documentos que jamás presentó. Había toda una organización para ir descapitalizando a Tumán”, indicó Miguel Delgado Salazar, dirigente de los jubilados.
Desfalco millonario
Según cifras de la Asociación de Defensa y Asesoría de Accionistas y Trabajadores Activos, Jubilados, Viudas y Herederos de la Empresa Agroindustrial de Tumán, S.A.A., durante la gestión de Marcelino Llontop Suyón habría ocasionado un daño de cuatro millones 358 mil 858 soles.
Al respecto, Gilberto Carrasco, asesor legal de los trabajadores tumaneños, recordó que la empresa Tumán se encuentra sin dirección como consecuencia de las administraciones judiciales instaladas desde el 2015, fecha desde la cual quedó quebrada la institucionalidad, instalándose una administración tras otra con el auxilio del Poder Judicial.
“Esas supuestas acreencias y obligaciones derivadas de pago de servicios o compra de bienes que nunca ingresaron a la empresa han sido evidenciadas, por lo que los trabajadores se organizaron para defender su patrimonio. Fue así que se decidió desde el 2021 interponer denuncias ante el Ministerio Público para que se confirmen los delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos, usurpación y otros”, indicó.
Refirió que desde el año 2015, que instalaron la administración judicial encabezada por Marcelino Llontop y las sucesivas administraciones judiciales, se ha llegado a una pérdida que superaría los 200 millones de soles.
“El caos empezó cuando se instaló la administración judicial del 2015 antes indicada, que sin ninguna previsión ni planificación inició un gasto y fuga de dinero que se ha evidenciado con una pericia contable, que ha permitido sustentar las denuncias ante el Ministerio Público”, anotó.
Presuntas irregularidades
Por su parte, Miguel Delgado añadió que el proceso que se sigue contra Marcelino Llontop llegó inicialmente a manos del fiscal Javier Ricardo Idrogo Rodríguez, el mismo que determinó que no debía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria porque no había pruebas.
No obstante, los jubilados de Tumán apelaron y lograron que el proceso se reabriera. Este caso estuvo hasta hace poco en manos de otro fiscal, pero recientemente ha regresado a manos de Javier Idrogo, hecho que ellos consideran irregular.
“Hemos hablado con la doctora Carmen Vidaurre, la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, y ella nos ha dicho que nuestro abogado debe reclamar para que este expediente no sea visto por el mismo fiscal que ya inicialmente lo mandó al archivo”, señaló.
