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El martes 29 de agosto, un equipo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, intervino las oficinas de Administración del Gobierno Regional de Lambayeque, a fin de recabar documentación relacionada al proceso de contratación para la compra de 123 patrulleros que serán entregados a la Policía Nacional del Perú – PNP, y sobre el cual este medio ha evidenciado indicios de presunto direccionamiento para favorecer a un postor que no cumpliría con la experiencia exigida en las bases.
“Se ha estado propalando información sobre direccionamiento en la adquisición de vehículos patrulleros por parte del Gobierno Regional de Lambayeque, ante lo cual mi despacho ha procedido a apersonarse a la Administración a efectos de recabar información”, mencionó la fiscal.
Se trata de dos procesos. El primero, por 27 unidades, que ya fueron entregadas al Gobierno Regional de Lambayeque y, el segundo, de 123 patrulleros, sobre el cual en nuestra Edición 1315 expusimos de manera clara y documentada la manera en la que el comité especial habría evaluado de manera incorrecta al postor ganador, a fin de beneficiarlo con la adjudicación de la compra.
“La información que tenemos es que respecto a los 27 patrulleros, compra derivada de la Licitación Pública n.° 7-2023, la empresa los ha entregado, pero la comisión de recepción del gobierno regional los ha observado pues conforme a las bases debieron entregarse vehículos de diversos colores, no solo blancos. Por lo tanto, se ha dado un plazo al proveedor para que levante esas observaciones. Vamos ha analizar las especificaciones técnicas y si se ha cumplido o no con los términos y condiciones establecidas en las bases, así como lo señalado en el contrato”, indicó Ninaquispe Gil.
Respecto al proceso para la compra de los 123 patrulleros, informó que los funcionarios de Administración han entregado la documentación del proceso, en tanto de la compra de las 27 unidades la documentación ha sido recabada por el Órgano de Control Institucional – OCI.
“OCI está evaluando la compra de los 27 patrulleros. En relación a los 123 patrulleros, que corresponden a la Adjudicación Simplificada n.° 10-2023, se nos ha informado que están en la etapa de perfeccionamiento del contrato. Quiere decir que el postor que ha obtenido la buena pro ha alcanzado la documentación que será evaluada por el órgano de contrataciones para determinar si se suscribe o no el contrato. Como Ministerio Público estamos llevando la documentación que será evaluada junto al perito contable y el personal policial que estará a cargo del caso. Lo que queremos determinar es si ha existido o no direccionamiento en estos dos casos, lo que es parte de la investigación. Los indicios que tenemos es lo publicado en el Semanario Expresión y la entrevista del consejero Juan Pablo Horna, quien ha hablado de presunta sobrevaloración. Eso también será materia de investigación”, señaló la representante de la fiscalía.
Las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público son, por el momento, por el delito de negociación incompatible contra los que resulten responsables. El plazo de investigación es por 120 días.
El proceso
El comité de selección encargado de llevar a cabo el proceso convocado por el Gobierno Regional de Lambayeque para adquirir 123 camionetas para mejorar los servicios policiales de las diversas comisarias en la región, no habría advertido los documentos irregulares presentados por la empresa Autoespar S.A., a quien le adjudicó la buena pro, pese a que no habría cumplido con acreditar formalmente la experiencia requerida en la actividad.
La empresa Autoespar S.A., que ofertó el precio de 16 millones 119 mil 642 soles, la misma que rebajó su oferta en tres millones 500 mil soles comparativamente con el valor referencial establecido para la compra de los 123 patrulleros, que en este caso correspondió a 19 millones 764 mil 851.00 soles.
Las bases integradas del proceso habían requerido que los postores acreditasen experiencia en la venta de bienes similares un monto igual o mayor al valor referencial del proceso (19 millones 764 mil 851.00 soles), para lo cual debían incluir en su oferta tanto el contrato, que permita demostrar las condiciones de la venta y, adicionalmente, la respectiva conformidad de recepción emitida por el área respectiva de cada una de las entidades adquirientes.
Sin embargo, en el caso del adjudicatario de la buena pro no fue así, ya que las constancias de recepción no fueron suscritas por el responsable de rubricarlas de acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de cada uno de los contratos presentados, por lo que bajo ese contexto dichas constancias no debieron ser validadas como conformidad de la venta realizada.
Las constancias irregulares
De acuerdo a la oferta presentada por Autoespar S.A., ganador de la buena pro, publicada en el SEACE, obra el Anexo N° 8 en el cual se muestran en detalle cuatro contrataciones realizadas por el adjudicatario con el mismo número de empresas del sector público, cuyo monto total supera los 30 millones de soles.
El primer contrato detallado en el referido Anexo corresponde al suscrito con la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, el 29 de marzo de 2016, por el importe de dos millones un mil soles, cuya constancia de prestación otorgada el 23 de junio de 2016 fue emitida por el Sub Gerente de Control Patrimonial y Servicios Generales, Rubén Cayanchi Ramos, a pesar que, según la Cláusula Novena de dicho contrato, no estaba facultado para suscribirla, por cuanto según la referida cláusula esta debió ser otorgada por la “Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra”. En razón de ello, la constancia de conformidad no resultaría ser válida y, por lo tanto, el importe del contrato no debió ser convalidado.
El segundo contrato detallado en el Anexo N° 8 obrante en la oferta del ganador de la buena pro, corresponde al celebrado entre Autoespar S.A. y la Policía Nacional del Perú por el importe de 10 millones 337 mil soles y una Adenda por el monto de dos millones 584 mil soles, a los cuales – según la oferta – se le adjuntó dos constancias de prestación suscritas por el Mayor PNP Ángel Nicolás Maurtua Lorenzo, jefe de la Sejcom-Depaba-Divlog-PNP, cuando según la Cláusula Undécima del contrato principal y la Adenda referidas a la recepción y conformidad de la prestación, ambas debieron ser otorgadas por el jefe de la DIREICAJ PNP y jefe de OFAD-DIREICAJ, mas no por el que las suscribió, por lo tanto ambos importes acreditados no debieron ser convalidados por el comité de selección.
Respecto al tercer contrato que en detalle se muestra en el anexo prescrito, se puede advertir que este fue suscrito por Autoespar S.A. e INGEMMET por el importe de dos millones 182 mil soles, al cual se le adjuntó la Constancia de Cumplimiento suscrita el 27 de mayo de 2022 por el Jorge Ronald Tafur Arana, jefe encargado de la Unidad de Logística, concordante con lo establecido en la Cláusula Novena del contrato suscrito, por lo que bajo esta condición, dicha contratación sí resulta ser válida.
Asimismo, en la oferta del adjudicatario obra el Contrato N° 002-2022-MP-FN-GG, celebrado por Autoespar S.A. y el Ministerio Público, cuyo importe asciende a 10 millones 708 mil 488 soles y una Adenda por el importe dos millones 549 mil 640 soles, a los cuales el postor adjuntó en su oferta el Formato 7 referido a la Constancia de Cumplimiento de Prestación, Bienes, Servicios en General y Consultoría en General suscrita digitalmente por la Gerente de Abastecimiento, Sandra María Jennifer Diestra Montoya, cuando la Cláusula Decima del contrato respecto a la recepción y conformidad de la prestación estableció que esta debió ser otorgada por la Sub Gerencia de Transportes, lo que en razón de lo previsto el monto acreditado mediante el contrato y la adenda suscrita no debió ser convalidada.
“El desarrollo agroexportador de Olmos es un éxito de los lambayecanos. La agroexportación es el segundo sector en importancia en el Perú, después de la minería, siendo el segundo en la generación de empleos. Lo que se ha demostrado en los últimos años no son solo las potencialidades que tiene Lambayeque para desarrollar agricultura, sino además que tiene un sector económico muy potente, cuyas bondades recién están empezando”, señala Gabriel Amaro Alzamora, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú – AGAP.
Durante su visita al departamento, el dirigente de AGAP refirió que el Proyecto Olmos no solo tiene impactos positivos únicamente en las zonas circundantes a la irrigación, sino que se extienden en toda la región.
“Lambayeque ha empezado su desarrollo agroexportador trayendo conocimiento de otras regiones, pero el avance que se ha tenido en el sector es exponencial. Imaginémonos lo que sería esta región si ya se estuviera construyendo la segunda etapa de la presa Limón y si es que hubiese un marco jurídico que fomente al sector, que sea promotor de la agroexportación. Si eso se diera, a Lambayeque no lo pararía nadie”, acota.
Política agraria
Amaro Alzamora añade que es necesario seguir promoviendo el sector agroexportador, puesto que el mercado está en el exterior y es ahí donde debe competir con otros países productores.
“Lo que necesitamos es que se mejore la política pública agraria, que sea incluyente, que sea promotora y nos trate como agricultores, que es lo que somos. Todos los países del mundo promueven la agricultura, que es un sector particular. Durante la pandemia de los pocos sectores que no pararon está toda la cadena productora agrícola. Lamentablemente no se los ve como un sector estratégico”, cuestiona.
El presidente de AGAP afirma que la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, conocida como Ley Chlimper, durante el gobierno de Francisco Sagasti, afectó gravemente al país al dejar sin marco normativo específico a un sector económico, restándole posibilidades de competitividad.
Asegura que con la vigencia de dicha norma fue posible atraer inversión privada al sector y generar empleo. “El Estado Peruano tomó malas decisiones, cegadas por el tema político e ideológico, presionado por marchas que utilizaron a los trabajadores. Los trabajadores se quejaban de que no se les cumplía con sus derechos laborales, pero quienes no cumplían eran los informales o semi informales, no quienes estaban en la Ley de Promoción Agraria, porque aquel empresario que no cumplía con el marco quedaba fuera del régimen de manera automática”, explica.
Enfatiza en que los beneficios de la ley solo alcanzaban a quienes cumplían con toda la normativa, principalmente en el aspecto laboral.
“El presidente Sagasti y la presidenta del Congreso, que en ese momento era la señora Mirtha Vásquez, no vieron otra solución a un conflicto promovido por temas ideológicos, que la derogatoria de la ley. Esos conflictos, da la casualidad, eran muy parecidos a los que hemos visto en diciembre del año pasado y enero de este año, pues mezclaron las necesidades de ciertos grupos de trabajadores con asuntos políticos, azuzados por intereses particulares. Con eso derogaron una ley que no era la culpable del problema, sino la ausencia del Estado al no promover el aspecto regulatorio para que los informales se ordenaran”, señala.
Reactivación del sector
Gabriel Amaro remarca la urgencia de implementar un plan para reactivar económicamente al sector.
“El sector que genera empleo en la agricultura es el empresarial, el moderno. El gobierno ha sacado un plan interesante, que es Conpunche Perú, donde hay un capítulo interesante orientado a la pequeña agricultura, pero es insuficiente y se ha olvidado de la agricultura que genera empleo y da trabajo a las personas, esa agricultura no se ha reactivado”, sostiene.
Ante ello, AGAP ha presentado su propuesta a los ministerios de Economía y Finanzas, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior y Turismo y Trabajo y Promoción del Empleo.
“Lo que necesitamos es que se hagan reformas importantes para darle sostenibilidad al sector”, asegura.
La Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú está conformada por siete asociaciones, que a la vez agrupan a 400 empresas, siendo parte de ellas las principales exportadoras y abastecedoras del mercado nacional.
El 26 de septiembre, el amauta Guillermo Baca Aguinaga cumpliría 100 años de vida. La existencia de este admirable ciudadano estuvo colmada de servicio a la comunidad, en especial a los jóvenes, a cuya atención dedicó su mayor esfuerzo, convencido en que en ellos radica la reserva moral del país.
Guillermo Baca puede es considerado uno de los más ilustres lambayecanos del siglo XX. Su trayectoria política, profesional y social fue coronada con los más altos galardones de la patria, no perdiendo por ello la sencillez y el trato amable que siempre lo caracterizó.
Vida admirable
Nació el 26 de septiembre de 1923 en Chongoyape, en el seno de una familia acaudalada. Su padre fue el hacendado Víctor Francisco Baca Burga, quien llegó a ser senador de la República, y su madre fue María Agustina Aguinaga Bazán.
Estudió en la escuela “Juana Alarco de Dammert” de las Hermanas Bulnes y en el Colegio Nacional de San José, para posteriormente llegar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde siguió la formación profesional en las facultades de Derecho y Letras y Educación.
En su juventud llegó a ser presidente de la Federación de Estudiantes del Perú - FEP, electo en el Congreso Nacional realizado en el Cusco, el mismo cargo que décadas antes había ocupado Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder al que siguió toda su vida.
“Fue elegido igual que Haya, también en el Cusco. Baca Aguinaga apostó por una vida de justicia social, luchó por las ideas apristas, siguió a Haya como su discípulo y lo concibió como su maestro y, cómo es la vida, siendo hijo de hacendado prefirió la lucha por la justicia social antes que las comodidades que le ofrecía su familia”, rememora Guillermo Pérez Sialer, quien durante 35 años acompañó al amauta en su trajinar diario.
Maestro y político
Fue profesor del Colegio de San José y docente fundador de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la que cesó tras 36 años de servicios académicos. La Organización de Estados Americanos – OEA lo becó a Colombia y Puerto Rico, recorrió diversos países de América y Europa y siempre mostró admiración por el desarrollo cultural de Alemania, país del que importó el modelo para su obra más importante: La Casa Comunal de la Juventud, que hoy con justicia lleva su nombre.
Por su militancia aprista sufrió persecución y cárcel. El recordado líder Armando Villanueva del Campo escribió en sus memorias que en una oportunidad vio salir esposado del penal El Sexto a Baca Aguinaga, a quien pidió que notificara a su familia de su situación.
También fue presidente de la Federación Departamental de Educadores de Lambayeque.
En 1963 fue electo diputado por Lambayeque y dedicó su labor al servicio del departamento, siendo impulsor de iniciativas como la ley del Proyecto Tinajones para la irrigación del valle Chancay – Lambayeque.
Su obra
Años más tarde, por Ley Nº 16736, del 30 de noviembre de 1967, publicada en el cuadernillo de normas legales del Diario Oficial el Peruano el 11 de diciembre de ese año, logró la creación de la ‘Casa Comunal de la Juventud’ de Chiclayo, con la que el Estado inició la transferencia de recursos a un fondo exclusivo para la ejecución del anhelado proyecto, aunque dichos recursos nunca se desembolsaron en favor de la obra.
En 1978 fue elegido como integrante de la Asamblea Constituyente formando parte de la Comisión de Educación.
“La Casa Comunal es la obra de mi vida, porque es tan grandiosa y su extensión no es únicamente para el presente, sino también para el futuro. Una vida es poco para sostener una obra de este tipo, por ello lo que siempre trato es que hayan más personas que trabajen por este anhelo hecho realidad, porque uno no vive para siempre”, declaró en su última entrevista a Expresión, en septiembre del 2010, el amauta.
El proyecto de la casa debió esperar muchos años para hacerse realidad, debido a que el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado incumplió la ejecución de la ley del 67. A los 61 años de edad, en 1984, Guillermo Baca Aguinaga fue elegido alcalde de Chiclayo, emprendiendo una serie de obras de modernización urbana al tocarle la celebración del sesquicentenario de la creación de la provincia.
En 1985 el Concejo de Chiclayo aprobó, a través de su Acuerdo Municipal Nº 015-85 CPCH/A, del 6 de septiembre de ese año, asignar al proyecto de la Casa Comunal los terrenos contiguos al Centro Cívico, área que actualmente ocupa.
“Los creadores, los genios, los pro hombres no ven su obra. Por ejemplo Bolívar soñó con América unida y murió sin ver su sueño hecho realidad. Haya de la Torre, soñador de todo Indoamérica, murió sin ver realizado su proyecto. Yo, sin ánimo de compararme con ambos hombres, expresión de grandeza, puedo decir que tengo la satisfacción de ver día a día cómo miles de jóvenes disfrutan de lo que hace muchos años deseé para ellos: un espacio donde todos son iguales y tienen los mismos derechos”, dijo en vida Guillermo Baca.
El 30 % de lo ejecutado en el proyecto de la Casa Comunal de la Juventud fue gracias a los fondos administrados por la Corporación de Desarrollo de Lambayeque – CORDELAM, de la cual Baca Aguinaga fue presidente.
Desde su fundación, hasta ahora, la Casa Comunal nunca ha aceptado ningún tipo de subvención del Estado o fuentes cooperantes. “Esto por dos razones: porque no han existido y porque de haberlas aceptado se hubiese creado una dependencia innecesaria. La Casa Comunal de la Juventud es autónoma y soberana”, señaló el amauta a nuestro medio.
Señor de señores
“La Casa Comunal es la obra de su vida y en verdad yo no tengo memoria para recordar a otro político que haya hecho algo igual por su tierra. Guillermo Baca siempre pensaba en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, como los políticos en general. Cuando le preguntaban cómo le gustaba que lo llamen, él no decía ni político, ni doctor, siempre decía: ‘considérenme como un educador, como un servidor’”, rememora Pérez Sialer.
En 1990 fue elegido senador de la República y en 2006, a los 83 años, el gobierno nacional lo designó Prefecto del Departamento.
En el 2003, los representantes de las instituciones centenarias de Chiclayo, como la Sociedad Obreros Primero de Mayo, la Sociedad de Tiro Elías Aguirre, la Sociedad Obreros de la Unión, la Sociedad Amantes de la Artes y la Sociedad de Artesanos del Santo Sepulcro, aprobaron por unanimidad que la Casa Comunal lleve el nombre de Guillermo Baca Aguinaga, al conmemorarse sus 80 años de vida.
Sin embargo, por decisión del amauta el acuerdo no fue implementado, sino hasta el 2007, cuando se sumaron a la iniciativa el Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, el Instituto Nacional de Cultura, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, los clubes rotarios y de leones y la Asociación de Scout del Perú.
“Guillermo Baca tiene dentro de su historia vital muchos galardones. Recuerdo que el presidente Alan García bromeaba con él y le decía: ‘Tú eres prefecto a perpetuidad’ y él respondía que era prefecto honorífico, porque honorario sonaba a dinero y él nunca cobró un sol al ocupar dicho cargo. Él apostaba por el honor”, refiere Pérez Sialer.
En el 2006, tras el incendio del Palacio Municipal y la pugna por el poder de los exalcaldes José Barrueto Sánchez y Arturo Castillo Chirinos, Baca Aguinaga asumió el gobierno transitorio de la ciudad, tocándole la difícil tarea de devolver la calma institucional al municipio de Chiclayo.
“Fue alcalde de Chiclayo y ese cargo él lo exaltaba, le significaba mucho. Decía Guillermo Baca que el alcalde está muy cerca de la gente porque es uno, a diferencia de los congresistas que son 130 y, a veces, pasan desapercibidos. Cuando fue electo senador de la República dio lección de lo que significaba una campaña austera, cercana al pueblo, resultando elegido entre los 16 senadores que tuvo el APRA en el año 90”, comenta Guillermo Pérez.
Añade que en muchas ocasiones le preguntó si sus gestos de humildad no eran exagerados, a lo que siempre respondió con la frase: “En la sencillez está lo extraordinario”.
Amauta de la Nación
Guillermo Baca Aguinaga recibió las máximas condecoraciones del país. El Estado le confirió la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Oficial y Comendador; la Medalla del Congreso de la República y, en el 2009, las Palmas Magisteriales.
Chiclayo lo reconoció como su Hijo Predilecto, al igual que su natal Chongoyape y cientos de instituciones de toda índole le ofrecieron en vida diversos homenajes por su aporte al desarrollo de Lambayeque y el país.
El corazón del amauta dejó de latir el viernes 15 de mayo víctima de un paro cardiaco, sumando hasta ese día 92 años de vida.
“Se fue Guillermo Baca con su erudición, con su inmensa entrega a la Nación. Una lágrima y una flor para este gran luchador. Guillermo Baca merece todos los homenajes en la mente y el espíritu de todos los lambayecanos, porque ilustró en su honestidad, en su intelectualidad. Fue grande como persona humana y siempre admiró lo que significaba el trato”, menciona Pérez Sialer.
La Fanfarria
Para el último adiós al maestro Baca Aguinaga, cuyos restos fueron velados en el Gran Salón de la Casa Comunal, volvieron a sonar los acordes de la emblemática Fanfarria Aprista de Lambayeque, la legión de músicos y gallardos jóvenes que fundó el 7 de julio de 1963 y que se convirtió en el más vistoso agrupamiento del APRA en el Perú.
Fue el mismo Víctor Raúl Haya de la Torre quien apadrinó a la Fanfarria, cuyos instrumentos fueron traídos desde Alemania. La dirección de la banda de músicos, compuesta por 100 jóvenes, fue encargada a Victorino Amaya Paiva.
La Fanfarria tuvo participaciones apoteósicas, una de ellas en 1967 en Trujillo, para el Día de Fraternidad Aprista. Estuvo conformada por la banda de músicos, las insignias del partido, el estandarte de Haya de la Torre, el escalón femenino de banderas Indoamericanas y los escalones femenino y masculino de banderas peruanas, banderas de los departamentos, estandartes y banderas de diversos países del mundo.
El 12 de julio de 1979, minutos después que Haya de la Torre firmara la Constitución que había elaborado la Asamblea que presidió, la Fanfarria de Lambayeque hizo sonar sus cornetas y clarines en las puertas de Villa Mercedes, donde se encontraba el líder aprista en su lecho de agonía, por iniciativa de Baca Aguinaga. Días después los jóvenes lambayecanos volvieron al encuentro de Haya, pero esta vez en Trujillo, para sus exequias.
Esos mismos jóvenes volvieron a juntarse más de 35 años después para despedir a su maestro y acompañarlo en su último recorrido de la Casa Comunal de la Juventud a la Plazuela Elías Aguirre, donde se ubica el local del APRA, cuya compra se debió también a su esfuerzo.
En la Municipalidad Distrital de Motupe el comité de selección habría incurrido en irregularidades al no admitir la oferta de uno de los postores, pese a que el presidente del mismo se opuso a la decisión tomada por parte de los dos miembros restantes.
El 8 de septiembre se realizaron los actos de admisión, calificación y evaluación de ofertas del Procedimiento de Contratación Pública Especial N°001-2023.MDM, convocado por la Municipalidad Distrital de Motupe, cuyo objeto consiste en la contratación de la ejecución de la obra “Reconstrucción del servicio de transitabilidad vehicular peatonal de la Av. Ricardo Bentin Mujica, Av. Micaela Bastidas y Rehabilitación de la calle El Carmen (entre calle Zarumilla y Federico Villarreal) en el distrito Motupe” cuyo presupuesto para su ejecución supera los nueve millones de soles.
No admisión
De acuerdo al acta del proceso, se advierte que en el comité de selección, luego de verificar las ofertas presentadas por los postores Consorcio Bentín y Fedeco Contratistas Generales SAC, dos de sus miembros, en este caso William Adolfo Sobrino Nole y Yolanda Guerrero Santos, decidieron no admitir la oferta del primer postor, arguyendo que el Contrato de Consorcio contenido en la oferta no cumplía con la formalidad legal que debería corresponder.
Sin embargo, para el presidente del comité, Luis Gustavo Vela Requejo – según la referencia contenida en el acta del proceso -, el contrato de Consorcio Bentín cumple con la formalidad legal, en cuanto está sujeto a lo normado por la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD respecto a la participación de proveedores en consorcio, por lo que bajo esa condición dejó constancia de su oposición a la descalificación del postor, considerando que esta debía ser admitida, ya que “cumple con todos los lineamientos legales”.
Denuncia
Mediante Carta S/N dirigida a la Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, con Registro N° 2023-00164371, el Consorcio Bentín hace de conocimiento del ente supervisor la irregular decisión que por mayoría habría tomado el comité de selección al no admitir su oferta, haciendo hincapié en que esta sí con la formalidad legal respectiva.
Según la denuncia, la oferta del postor Fedeco Contratistas Generales SAC contendría errores de cálculo en su propuesta económica, los que no habrían sido advertidos por el comité de selección.
Asimismo, con fecha 12 de setiembre, el Consorcio Bentín ha cursado la Carta N°002-2023 al alcalde del ayuntamiento de Motupe, Carlos Falla Castillo, con la finalidad de que la autoridad tome conocimiento y actué de acuerdo a sus atribuciones al respecto.
Koplast, empresa 100 % peruana con 21 años en el mercado, es hoy la responsable de cubrir cerca del 12 % del mercado nacional de tuberías, principalmente para saneamiento básico, y con la instalación de su moderna planta en Chiclayo, la primera que habilita fuera de Lima, apunta a expandirse a otros sectores como el agroindustrial y el minero.
La compañía cuenta con diversas certificaciones como el ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, así como el certificado de categoría “A” Sello SEDAPAL.
“Hemos elegido instalar nuestra primera planta descentralizada en Lambayeque porque es un hub logístico del nororiente del país, con una ubicación geográfica muy estratégica y porque es muy comercial. Sin embargo, la región carece de industria manufacturera, que escasamente llega al 1.8 % del PBI manufactura nacional. Estas condiciones representan una gran oportunidad para nosotros como empresa”, comenta Rodolfo Salazar Días, gerente general de Koplast.
Refiere que, en la primera etapa de su incursión en Lambayeque, la empresa ha invertido ocho millones de soles en maquinaria, tecnologías e infraestructura.
“Creemos que esto va a necesitar muy pronto una segunda inversión, porque estamos viendo que la respuesta de los contratistas y clientes distribuidores de la zona es muy buena. Estamos iniciando con tres líneas de producción y es muy probable que el próximo año traigamos tres más”, explica.
Capacidad de producción
La capacidad de producción actual de la empresa es de 500 toneladas al mes, entre piezas de PBC y polietileno, que es algo muy importante. La empresa ha traído a Chiclayo no sólo producción de PBC, que es el producto más conocido, el estándar, sino también líneas de producción en polietileno, que hoy en día está marcando tendencia en las obras de saneamiento y los servicios básicos.
Asimismo, se ha instalado un laboratorio de alta tecnología, con la misma capacidad y calidad en equipos a los que tiene la compañía en su fábrica de Lima.
“Nosotros no hemos traído a Lambayeque los equipos que nos quedaron en Lima y mucho menos de segunda mano, aquí hay maquinaria de la misma tecnología que tenemos en la planta central, lo que nos garantiza calidad y competitividad”, manifiesta Salazar Días.
Nuevos sectores
Hasta el 2022, el principal nicho de negocio para la empresa fueron las obras de infraestructura pública en saneamiento básico (agua y desagüe) y riego.
“Ahora, hemos tomado la decisión acertada de abrirnos a nuevos mercados, esta vez en el sector privado, y ahí entra la agroindustria y la minería, y eso explica nuestra presencia en Chiclayo, porque hay en Lambayeque una expansión muy interesante del sector agroindustrial y agroexportador, y porque está muy próximo a Cajamarca y La Libertad, regiones que tienen desarrollo minero”, explica.
Acota que otra de las razones de la instalación de la fábrica en Chiclayo es la reducción de costos logísticos, pues el traslado de las tuberías desde Lima al interior del país puede representar entre un 10 y 15 % del costo final, porcentaje que se reducirá de manera considerable para todo el norte y oriente con los despachos desde Lambayeque.
“Somos la empresa nacional líder en el mercado de tuberías y tenemos muchas expectativas del inicio de nuestras operaciones en Chiclayo. Estamos beneficiando directamente a 50 familias con empleos directos, todos ellos cubiertos por trabajadores 100 % de la zona, y buscamos seguir expandiendo nuestra inversión y generando desarrollo”, anota.
Chiclayo fue sede del Simposio de Actualización en Radioterapia y Oncología, organizado por la Clínica Auna, reuniendo a especialistas nacionales y extranjeros, quienes analizaron los avances en el tratamiento de pacientes con cáncer y sus resultados. Expresión conversó con el médico Cleysser Custodio Polar, especialista en radioterapia sobre la situación de la enfermedad en el país y los retos que se enfrentan en las regiones.
La tecnología ha avanzado y la ciencia médica sigue innovando en los tratamientos oncológicos, prueba de ello es que la radioterapia se ha modernizado y es un procedimiento cada vez menos invasivo. ¿Qué es lo más destable de estos avances?
El tratamiento con radioterapia es uno de los más antiguos contra el cáncer. Sin embargo, la radioterapia desde sus inicios hasta la actualidad ha sufrido una serie de cambios, todos directamente relacionados con la tecnología.
Y es que a lo largo de la historia la tecnología ha permitido controlar la dosificación de radioterapia que se da a un individuo y, por ende, también controlar los efectos adversos. Hoy por hoy tenemos estándares de altísima calidad que nos permiten que los pacientes que son sometidos a radioterapia tengan una estancia menor en las clínicas u hospitales y gozar de menores efectos adversos, dependiendo la zona de la tumoración y del campo a irradiar.
Hace 20 años, dependiendo del tipo de cáncer, un paciente podía recibir entre 20 y 25 sesiones de radioterapia, y hoy se ha reducido a 15 o siete días.
Los pacientes oncológicos que han recibido radioterapia han referido sentir en algún momento dolor muscular, esquelético, problemas estomacales o neuropatías. ¿Se han reducido estos efectos secundarios?
Claro que sí, la tecnología nos ha permitido que antes de irradiar tomemos tomografías previas y eso nos da como ventaja saber cuáles son los órganos que se ubican alrededor de la zona tumorada, de tal manera que la irradiación que le llega a los órganos sea mínima y la máxima concentración sea en el tumor. Hoy es posible dosificar cuánta radiación le llega a cada parte del cuerpo.
¿Cómo está el Perú respecto a los avances tecnológicos para el tratamiento del cáncer? ¿Es mucha la diferencia con otros países de la región?
En nuestro país el gran problema que tenemos es la cantidad de equipos. Más o menos hace unos cinco o seis años, aproximadamente, empezó el cambio con equipos modernos y técnicas sofisticadas. Sin embargo, para 33 millones de peruanos, los equipos con tecnología top son insuficientes.
De ahí la importancia de que como clínica hemos puesto esa tecnología al alcalde de los pacientes de toda la macro región norte con nuestra sede en Chiclayo, evitando que tengan que desplazarse hasta Lima.
¿Qué temas son los que se han tratado en el simposio realizado en Chiclayo?
Debo recalcar que este uno de los encuentros más importantes de toda la macro región norte, no solamente por la implicancia y la calidad de los temas, sino también por los ponentes. No solamente tuvimos ponentes nacionales, sino también procedentes de Panamá, Colombia y Chile.
Esto nos permitió consolidar una serie de temáticas basadas no solo en la radioterapia, sino también en oncología y cirugía, las tres grandes ramas para el tratamiento de pacientes oncológicos, haciendo posible la especialización de los profesionales. No solo la radioterapia ha evolucionado, también las otras ramas.
Lo que buscamos es generar las capacidades para beneficiar al paciente con menos efectos adversos y cuidado para que este pueda pasar la enfermedad de una mejor manera. Sabemos que todos los pacientes oncológicos tienen una dificultad en el proceso de asimilación del diagnóstico y carga con ese peso, que resulta siendo familiar y muy fuerte.
Al actualizarnos podemos ofrecer opciones terapéuticas para que el camino del paciente sea más llevadero.
¿Todo paciente diagnosticado con cáncer debe recibir quimioterapia y radioterapia, o no necesariamente?
No necesariamente, todo depende del tumor y de la etapa en la que está. Podemos tener un tratamiento con sólo cirugía o solo radio o solo quimioterapia y las combinaciones, pero como indico todo eso estará relacionado a la etapa en la que se realiza el diagnóstico y el tipo de tumor que se va a tratar.
En las cirugías, por ejemplo, el mayor avance es que actualmente se procura la conservación. Antes, hace 40 o 30 años, se decía que ante la aparición de un tumor había que ser lo más radical posible y aplicar la mutilación. Hoy la tendencia ya no es mutilar, sino asegurar la conservación del órgano sin que ello repercuta en el pronóstico de la enfermedad.
¿Cuáles son los tipos de cáncer con mayor incidencia en el Perú? ¿Siguen liderando la estadística mama y cérvix?
En Lambayeque no somos muy ajenos a la realidad promedio nacional. Hoy por hoy los tres cánceres a nivel global son: cérvix y mama, como los causantes de mayor morbimortalidad en la mujer, y de estómago y próstata en el caso de los varones. Para el caso de Lambayeque se puede agregar la incidencia del cáncer de piel, lo que obedece a situaciones geográficas o que pacientes de regiones vecinas son referidos aquí.
La tendencia de esos tipos de cánceres en Lambayeque obedece a la misma que existe a nivel nacional.
Se ha dicho siempre que el diagnóstico del cáncer de páncreas o de estómago es muy tardío. ¿Se ha logrado revertir esta situación?
Desde hace unos años existe una política nacional que es el Plan Esperanza, cuya intención fue instaurar sistemas y sobre todo la descentralización de los servicios oncológicos en el país.
Bajo ese concepto lo que se ha logrado es que se aumente la accesibilidad a los servicios de salud de la población. Sin embargo, esto aún es insuficiente.
Para 33 millones de peruanos los esfuerzos del Estado todavía son insuficientes. En la parte preventiva y promotora hay mejoras, pero esto todavía es deficiente al interior del país y eso ocasiona que los casos que se reciben en los hospitales ya sean avanzados.
Refirió que una de las deficiencias que tiene el Perú es el equipamiento, pero también hay carencia de especialistas y los pocos que existen se concentran en las grandes ciudades, sobre todo de la costa. ¿Cómo mejorar este problema?
Este es un problema, sobre todo, de oportunidad laboral, que es una de las principales tentativas que tiene el médico especialista recién egresado para quedarse en la capital. Esto obedece a que los servicios y la centralización todavía es muy alta.
Lo otro que es necesario es avanzar en la formación de los médicos especialistas, aspecto que tiene que ser evaluado por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina y el Comité Nacional de Residentado Médico, que deberían orientar las plazas a las necesidades regionales, porque no es la misma demanda la que presenta Lambayeque que la que existe en Apurímac o Ucayali.
Si bien hay mayor cantidad de plazas para residentado, faltaría compatibilizar ésta con las necesidades de cada región.
Al suroeste de Chiclayo, en las faldas del cerro Cruz del Perdón, se ubica la UPIS José Carlos Mariátegui, creada hace 42 años a iniciativa de familias lideradas por el vecino Rafael Hidalgo Salazar. Con el tiempo los servicios básicos fueron habilitados, pero aún son muchas las necesidades que enfrenta dicha población, sobre todo en seguridad y limpieza.
Óscar Paz Solano, presidente de la UPIS, rememora que fueron 25 las familias promotoras del asentamiento, quienes impulsaron una serie de gestiones para lograr la formalización y su reconocimiento ante el gobierno local.
La Urbanización Popular de Interés Social fue creada el 18 de septiembre de 1981.
“Tenemos servicios como agua, desagüe, energía eléctrica e incluso en algunas viviendas instalaciones de gas a domicilio. Contamos con un parque central, un polideportivo, un local del PRONOEI y algunas pistas y veredas. No obstante, tenemos problemas aún porque ya es necesario el cambio de redes de saneamiento, así como la pavimentación de calles y la inseguridad ciudadana por falta de presencia policial”, comenta.
En UPIS José Carlos Mariátegui tiene – a decir de su dirigente – elementos importantes para seguir mejorando, sobre todo porque entre sus moradores hay servidores públicos y privados en diferentes campos y profesiones, lo que genera esperanza de cambio y desarrollo.
“Aquí hay 250 lotes y más de 320 familias. La mayoría de los lotes tiene 160 metros cuadrados, porque en la época en la que se creó la urbanización se consideraba que ese era el espacio adecuado para el desarrollo de una familia”, resalta.
Servicios básicos
Conseguir los servicios básicos ha significado un proceso de arduo trabajo vecinal, sobre todo para sensibilizar a las autoridades locales de la necesidad de habilitar las obras necesarias para mejorar la calidad de vida de las familias.
“Después que se fundó el barrio, el 16 de noviembre de 1984 el alcalde Guillermo Baca Aguinaga tuvo a bien reconocernos como pueblo joven y en abril de 1986 se formó el Comité de Electrificación, tiempo en el cual los vecinos empezaron a gestionar sus títulos de propiedad. Así, en abril de 1990 se logró la energía eléctrica domiciliaria y pública de manera legal y formal”, narra.
En tanto, en 1996 se empezó a gestionar la instalación de las redes de agua y alcantarillado, concretándose a fines de ese mismo año. Dicho logro fue posible por el trabajo organizado con otros pueblos jóvenes colindantes como Ampliación Cruz del Perdón, Cerro Pololo, Virgen de la Paz y Los Olivos.
“Desde el año 96 contamos con el servicio de agua y desagüe y posteriormente se fueron gestionando las obras anexas, como el parque, el polideportivo, el local del PRONOEI y el local comunal, que aún está inconcluso. Las pistas y veredas las tenemos desde el 2015, pero solo en nuestra vía principal, que es la avenida La Cruz y el perímetro del parque central”, detalla.
La dotación de agua potable en la zona es por horarios: de 6:00 a 8:00 de la mañana; de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 4:30 de la tarde a 11:00 de la noche. Por otro lado, al ser una zona de pendiente no hay problemas de atoro del alcantarillado, lo que sí ocurre en los pueblos jóvenes colindantes.
Esperan apoyo
Paz Solano señala que se ha elaborado el expediente técnico para la construcción de pistas y veredas ha sido aprobado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Sin embargo, aún no tiene financiamiento.
“Lo que esperamos es que la autoridad municipal pueda poner impulso a la gestión de los recursos ante el Ministerio de Economía y Fianzas, la obra cuesta aproximadamente dos millones 500 soles, que es un presupuesto menor en comparación a otras asignaciones. Creemos que a veces la falta de visión y sagacidad de las autoridades impide que este tipo de proyectos se puedan ejecutar de manera rápida, a fin de ayudar al mejoramiento urbanístico de los sectores populares”, enfatiza.
El dirigente vecinal refiere que no han recibido la visita de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, pero confía en que sabrá acoger la demanda de la población y ayudar a la cristalización del proyecto.
“Necesitamos que los funcionarios de la municipalidad sean más ágiles, más eficientes, más eficaces; que vengan a recorrer los asentamientos humanos y cinturones periféricos de la ciudad. Creo que ese ahí donde radica el problema, no conocen los pueblos jóvenes y al no conocerlos creen que todo es uniforme, tal y como se tiene en el centro. Hay problemas de saneamiento básico, de saneamiento físico, falta de espacios públicos y, sobre todo, limpieza”, indica.
El camión recolector de la basura no circula todos los días en la zona, por lo que a través de la Agencia Municipal creada recientemente se ha pedido mejorar el servicio de limpieza.
Inseguridad
Hubo un momento en el que la delincuencia ganó espacios en la UPIS, al punto de ocupar de plano el local comunal.
“Hemos tenido ronda urbana y en reiteradas veces hemos solicitado la implementación de un Puesto de Respuesta Inmediata – PRI, de la Policía Nacional, para lo cual hemos acordado ceder 200 metros de nuestro local comunal. Sin embargo, se nos ha negado la solicitud y el PRI que había en Cruz del Perdón fue desactivado. Esto significa que en la parte alta del cerro sigue habiendo delincuencia”, indica.
Los vecinos esperan que la policía dé apoyo a la zona y programe el patrullaje continúo, labor que también demandan al serenazgo de la municipalidad provincial.
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