La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Lambayeque, pidió que el Hospital Regional de Lambayeque informe las condiciones en las que se presta atención a los recién nacidos en el establecimiento, luego que a fines de enero Expresión hiciera una primera denuncia de las serias limitaciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos que existen en el Servicio de Neonatología.
El documento, dirigido el 15 de febrero al director del hospital, Ernesto D”Angelo Ramos, establece un plazo de 10 días, que venció el miércoles, para que se emita un informe detallado de la situación.
“Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme a la denuncia pública efectuada el 27 de enero de 2026 en el medio de comunicación Expresión de Lambayeque, mediante la cual se dio a conocer la problemática de hacinamiento en el área de neonatología del Hospital Regional de Lambayeque. Esta situación estaría generando una grave afectación al adecuado acceso al servicio de salud, comprometiendo la calidad de la atención y el bienestar de los recién nacidos, así como el cumplimiento de los estándares mínimos de infraestructura y capacidad operativa exigidos para este tipo de servicio especializado”, señala el documento suscrito por el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Carlos Rodas Quintana.
El representante de la entidad expuso que – de acuerdo a lo informado por Expresión - más de 15 recién nacidos se encontraban hospitalizados en espacios no habilitados, sin condiciones adecuadas ni personal médico y asistencial suficiente. Los bebés reciben oxígeno puro, con el alto riesgo de ceguera y daño cerebral.
“Este escenario se debe a que la UCI–NEO solo cuenta con 16 puntos de oxígeno y 6 incubadoras con ventilador, lo que dificulta la oportuna atención especializada de los neonatos. El panorama se agrava con el uso de pasillos para su ubicación, exponiéndolos a ambientes que no reúnen las condiciones de bioseguridad ni desinfección requeridas para su atención médica. Al respecto, cabe recordar lo establecido en los artículos 4° y 7° de la Constitución Política del Perú, que reconocen la especial protección del niño por parte del Estado y el derecho de toda persona a la protección de su salud. Asimismo, la Ley N.° 26842, Ley General de Salud, dispone que la prestación de los servicios de salud debe realizarse en condiciones adecuadas de calidad y seguridad”, indicó.
Bebés fallecidos
El martes de esta semana, Expresión denunció que el 6, 10 y 16 de febrero, tres recién nacidos fallecieron en el Hospital Regional de Lambayeque, donde las condiciones para la atención de neonatos siguen siendo limitadas. Actualmente, el nosocomio tiene 15 bebés hospitalizados, cinco de los cuales requieren de atención en la Unidad de Cuidados Intensivos - UCI, y otros en una Unidad de Cuidados Intermedios - UCIN, pero el hospital no cuenta con esta última.
Este medio conoció que los bebés, de 27, 28 y 32 semanas, fallecieron debido a su prematuridad, ya que querían de ventilación mecánica, incubadoras y nutrición parenteral, que es especial para recién nacidos prematuros extremos.
A la falta de incubadoras y espacios adecuados para la atención de los recién nacidos, quienes han sido ubicados en pasillos, se suma que hay balones de oxígeno que no están anclados, lo que representa riesgo de caída y accidentes.
El Hospital Regional de Lambayeque cuenta con 6 ventiladores mecánicos y hay otros 3 que no podrían usar por falta de espacio y materiales. Asimismo, hay 20 incubadoras de las cuales 15 están operativas.
Las acciones
En respuesta, el nosocomio publicó en sus redes sociales que se encuentran gestionando la UCIN para neonatos y también la construcción de una torre materno infantil. Sin embargo, dicho proyecto data de hace más de 10 años.
Defensoría ha exhortado a la dirección del hospital que adopte de manera inmediata medidas urgentes que permitan garantizar condiciones adecuadas de atención para los recién nacidos hospitalizados en el nosocomio de III nivel de atención a su cargo, evitando el uso de espacios no habilitados, tales como pasillos u otras áreas que no cumplan con los estándares sanitarios y de bioseguridad, asegurando el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad y seguridad en la prestación del servicio.
Asimismo, a implementar un plan de contingencia que contemple la ampliación provisional de la capacidad operativa de la UCI–NEO, incluyendo la gestión y provisión urgente de puntos adicionales de oxígeno, incubadoras con ventilador, equipamiento biomédico indispensable, así como la asignación o contratación de personal de salud idóneo y suficiente que garantice una cobertura adecuada y oportuna.
Aunque su ocurrencia no es fortuita, sino que se sabe de su venida estacional cada año, Lambayeque sigue sufriendo los estragos de las lluvias. En lo que va de este año, las precipitaciones han dejado un total de 3562 personas perjudicadas, entre afectadas y damnificadas, y 1347 viviendas con reporte de daños entre destruidas, inhabitables y afectadas. Pero lo más grave es que estas lluvias -o su falta de previsión- ya cobraron la primera vida. Se trata de Isidoro Juan Barahona Díaz, de 67 años, un heladero que intentó cruzar con su moto furgoneta el badén Juana Ríos, en Chongoyape.
“Hemos trasladado ayuda humanitaria y no humanitaria a los 15 almacenes adelantados, a fin de que estos estén abastecidos. El pronóstico de lluvias continúa, se pueden venir lluvias más fuertes, por eso es necesario que la población esté al tanto de las noticias y escuche a la voz oficial de las autoridades para saber qué acciones tomar y cómo actuar. Por ejemplo, si se encuentran en las laderas de los ríos deben evacuar lo más rápido posible a lo que se les conoce como albergues temporales o refugios que han instalado los gobiernos locales. La limpieza de los techos también es sumamente importante para evitar afectaciones posteriores como la presencia de mosquitos y zancudos”, sostiene María Cristina Huamanchumo Leyton, jefa del Centro de Operación Emergencia Regional - COER.
Afectados
Según el consolidado de evaluación de daños por lluvias intensas, del 18 de enero al 25 de febrero se reportan un total de 3125 personas afectadas que corresponden a 378 familias. Se trata de habitantes que sufren daños considerados menores a consecuencia de un desastre y que podrían requerir ayuda humanitaria.
De estas, 1351 se reportan en la provincia de Chiclayo: Nueva Arica (864), Tumán (186), Zaña (183), Pimentel (44), Chongoyape (40), Pucalá (30) y Reque (4). Cabe resaltar que esto no significa que en otros distritos no existan afectados o que en Chongoyape solo hayan 40, sino que depende de la diligencia con la que los jefes de Defensa Civil ingresan la información al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.
En Lambayeque, la cifra de afectados asciende a 1260, de los cuales 980 son de Olmos, 94 de Salas, 91 de Mórrope, 56 de Lambayeque distrito y 36 de Jayanca. En tanto, en Ferreñafe se reportan 514 afectados entre Cañaris (319), Pítipo (149) e Incahuasi (46).
“En Mórrope, el desborde del río ha afectado a los caseríos Cucufana, La Colorada y Angolo I. Esos caseríos se encuentran afectados en sus medios de vida. En Zaña, por el colapso del puente que une a Zaña con La Otra Banda, se han visto afectados siete caseríos que han quedado aislados. Estamos llevando agua en cisternas a la población y dos unidades del Ejército están apoyando para sacar a la gente y que pueda hacer sus compras en Cayaltí”, señala la jefa del COER.
Damnificados
Preocupante también es la cifra de personas damnificadas, es decir, de aquellas que sí han sufrido daños severos y que requieren la inmediata ayuda humanitaria. En total se reportan 437, de las cuales la mayor cantidad está en la provincia de Lambayeque con 291: Mochumí (175), Olmos (62), Mórrope (24), Motupe (15), Salas (10) y Jayanca (5).
Le sigue en número de damnificados Ferreñafe con 144, provenientes de Cañaris (113), Pítipo (19) e Incahuasi (12). En el caso de Chiclayo, solo se ha reportado dos damnificados de Tumán.
Presupuesto
Por su parte, la directora de la Oficina Desconcentrada Lambayeque del Instituto Nacional de Defensa Civil – Indeci, Jennifer Harvey Recharte, señaló que, de acuerdo al reporte oficial de Transparencia Económica, hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad Provincial de Chiclayo había ejecutado el 4.1 % del presupuesto para la prevención de desastres, mientras que municipalidades distritales como la de Chongoyape ha logrado el 98 %. Otros municipios como el de Puerto Eten tiene 0 % de ejecución.
“El presupuesto es para que se invierta en el año y los municipios deben tener claro cuáles son las acciones a realizar para la mitigación de desastres. Sin embargo, ya se declaró la emergencia y eso permite que se habiliten los mecanismos para acelerar el gasto”, explicó.
Harvey Recharte señaló que los almacenes del Indeci están bien abastecidos para complementar en las acciones de apoyo a damnificados tan pronto se agoten las capacidades de municipios distritales, provinciales y el gobierno regional. Mencionó, por ejemplo, que se cuenta con 16 mil colchones y 7 mil carpas.
Abordar un auto colectivo en un paradero de servicio público puede convertirse en una acción riesgosa si no se hace en un lugar formal. Esto lo advierte Wilson Míñope Carbajal, presidente de la Coordinadora Regional de Transportes, quien señala que solo en Chiclayo hay alrededor de 70 paraderos informales, de los cuales alrededor de 30 estarían siendo custodiados por hampones, quienes generan zozobra entre los mismos transportistas y los usuarios.
“Nosotros tenemos un trabajo sobre paraderos informales desde hace dos años y podemos afirmar que, si bien la informalidad siempre ha existido en nuestro sector, hoy está tan recalcitrante que en las mesas de trabajo sobre seguridad ciudadana se han identificado paraderos que están chalequeados o protegidos por la delincuencia organizada”, refiere Wilson Míñope, quien agrega ese tema preocupa al sector, pues ahora los ciudadanos no están seguros al abordar uno de estos vehículos”, manifiesta.
Inseguridad
Míñope señala que ya los fiscalizadores han sido amedrentados por las personas que custodian estos paraderos, por lo que en una reciente mesa de trabajo pidieron a la Policía que actúe para apoyar a la municipalidad y evitar la expansión de estos paraderos.
“Tenemos más de 70 paraderos informales, pero los puntos rojos son de 25 a 30 que, bajo la facha de empresas de taxis o de empresas en proceso de formalización para obtener nuevas autorizaciones, son chalequeado por esta gente al margen de la ley”, revela Míñope Carbajal.
Señala que estas empresas usan vehículos que no reúnen las condiciones para hacer el servicio de auto colectivo. Como gremio han recibido reportes de pasajeros que han sufrido el robo de sus pertenencias, pero también de los mismos choferes que han sido asaltados bajo la modalidad de pasajero a bordo.
“En algunos casos, incluso hemos tenido reportes de tocamientos indebidos o hasta violaciones a las pasajeras. Esto ocurre porque no hay un filtro en los paraderos informales. Al no existir autorización, no se identifica a los choferes de los vehículos. Muchos de ellos utilizan también aplicativos de servicio de taxi y actúan al margen de la ley. No son todos, pero al ser informales, es difícil identificarlos”, explica.
Fiscalización
Asimismo, señala que la labor de fiscalización que cumple la Municipalidad Provincial de Chiclayo es deficiente, dado que no cuentan con el número suficiente de personal, además de que este tampoco está debidamente capacitado.
“Tenemos más de 7000 vehículos informales en Chiclayo que hacen servicio de taxi o de auto colectivo en la región e irrumpen en todas las rutas. No solamente hablamos en el servicio urbano, sino del servicio distrital e interdistrital que afecta directamente a las empresas que sí han obtenido su autorización. Estos grupos informales generan el desorden y la tugurización que se ve en pleno centro de Chiclayo”, precisa.
Indica que hay un grupo reducido de estos transportistas informales que sí buscan su formalización, pero la municipalidad no ha tenido la capacidad de gestionar una ordenanza municipal para el empadronamiento de los vehículos que cumplen con los criterios de peso y cilindrada para el servicio de taxi.
“Este es un tema pendiente que le venimos pidiendo a la municipalidad desde el año pasado. Incluso acompañamos a los funcionarios a una consulta que se hizo ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero tenemos tres meses desde que se hizo la consulta y no se ha aprobado la ordenanza para formalizar el servicio de taxi”, lamenta.
Mientras que en otras ciudades la llegada del verano se espera con expectativa carnavalesca, en Zaña el verano representa una temporada realmente de terror, sobre todo para los habitantes del caserío La Otra Banda, quienes todos los años se quedan incomunicados a causa de la crecida del río, cuyas aguas caudalosas se llevan el puente colgante que los une con la ciudad. Recientemente, el río se llevó también el puente de alcantarillas instalado por la municipalidad local.
Marco Antonio Rodríguez Chero tiene 79 años. Es un agricultor natural de La Otra Banda y cuenta que desde que tiene uso de razón el río se lleva el puente que los conecta con Zaña. Él tiene su chacra en la ribera del río y recuerda haber visto pasar por allí a presidentes, ministros y alcaldes, todos ellos prometiendo la construcción de un puente definitivo. Hoy, a sus casi 80 años, ya no cree en promesas y solo espera que cesen las lluvias para que baje el caudal del río y pueda cruzar hacia Zaña para hacer sus compras básicas, dado que en La Otra Banda no existe un mercado, solo pequeñas bodegas.
“Nosotros hemos nacido en el río. Desde que tengo uso de razón, desde que el río era una acequia, siempre nos vimos afectados por su crecida. Antes el río era más hondo, pero con los años se hizo como un plato, lo que hace que se desborde fácilmente. Encima está todo lleno de desmonte. Todos los alcaldes nos han prometido el puente, pero eso depende del gobierno central”, relata Marco Antonio Rodríguez, quien espera que su hijo llegue en la noche para que le provea de alimentos.
Tras la caída del puente, los pobladores estuvieron cruzando el río a bordo de botes inflables, pero el último domingo uno de estos botes se volteó por la fuerza del agua y su tripulante, también un adulto mayor, se salvó de milagro. Desde entonces, la Policía ha prohibido el traslado en estos inflables y solo permite que la población cruce el río a bordo de lanchas a motor. Irónicamente, en la zona nadie tiene una.
“Antes yo cruzaba el río en cámaras, pero a la edad que tengo ya qué voy a cruzarlo, me dan calambres”, refiere el septuagenario agricultor, quien cuestiona que se haya prohibido el traslado en los botes inflables. A su parecer, el bote se volteó porque era operado por un joven sin experiencia. Lo cierto es que el río Zaña ya ha cobrado vidas otros años por personas que intentaron cruzarlo en estos vehículos improvisados.
Bolsillos mojados
Los moradores de la zona recuerdan que alguna vez llegó una autoridad del gobierno central y les dijo que su puente no era prioridad, pues su ausencia no los dejaba incomunicados, ya que pueden llegar a Zaña a través del Puente Fierro en Cayaltí. Eso -señala Karina Quesquén Chambergo, pobladora de La Otra Banda- evidencia un tremendo desconocimiento de la situación económica de los habitantes del caserío, pues llegar a Zaña por el Puente Fierro les cuesta entre S/ 30 a S/ 40, que es lo que cobran los mototaxis, a diferencia de los S/ 3 que gastan para cruzar por el puente de La Otra Banda cuando este se encuentra operativo. A eso se suma el tiempo. Cruzar el puente de La Otra Banda a Zaña tarda un minuto. Ir a Zaña a través del puente Fierro les toma en promedio 50 minutos.
“Es una preocupación para nosotros porque no tenemos pase para ir a hacer las compras. Ayer quise cruzar con los botes inflables, pero me dijeron que uno se había volteado. Preferí no arriesgarme. De aquí empiezan las clases y no nos va a quedar otra que pagar S/ 30 de ida y S/ 30 de venida para llevar a Zaña a estudiar a nuestros hijos. Pero algunos tienen y otros no”, señala la pobladora.
Razón no le falta. La gran mayoría de habitantes de La Otra Banda son agricultores para quienes gastar como mínimo S/ 300 a la semana solo en movilidad supone un reto imposible. El año pasado, la Municipalidad Distrital de Zaña dispuso un ómnibus para trasladar a los niños al colegio. Eran tantos que los pequeños hacían cola con sus padres desde las 5:00 de la mañana para intentar conseguir un espacio. Los más afortunados iban sentados, los medianamente afortunados parados y los desafortunados simplemente ya no iban porque no alcanzaban.
“Prácticamente está olvidada La Otra Banda. No se esfuerzan en ponernos siquiera un puente colgante. El señor casi se ahoga por cruzar en el bote, pero si hubieran sido más personas, niños, ¿quién los auxiliaba?”, se pregunta la moradora preocupada por cómo hará para trasladar el próximo 2 de marzo a sus hijos al colegio.
Esta preocupación la comparte Tito Ordóñez, poblador también de La Otra Banda, quien cuenta que él ya no vive en el caserío, pero le apena venir de visita en el verano y notar que la situación no ha cambiado en nada respecto al puente.
“Yo tuve que ir hoy al hospital y he gastado S/ 60 entre ida y vuelta para hacerme atender. El trabajo está un poco escaso y tenemos que hacer este esfuerzo económico. Yo vengo de visita y veo que no hay ninguna obra. No solo hablo del puente, sino en general, miren cómo está el parque, todo descuidado”, cuenta.
Pueblo olvidado
Pero esta situación afecta no solo a los habitantes de La Otra Banda, sino también a quienes viven en Zaña, pero tienen sus parcelas en los caseríos que están cruzando el puente. Este es el caso de Isabel Cabrera Campos, quien tiene un terreno en la parte alta, al lado de donde estaba el puente colgante. Ella cuenta que el agua ha ingresado a sus sembríos de maíz, echándolos a perder. Aunque lo que más le preocupa son sus animales, pues hace dos semanas no puede ver a su ganado y teme que se lo roben o que mueran por la falta de comida.
“Aquí todo el mundo viene, mira, promete y al final no hace nada. De dónde vamos a tener S/ 60 para movilizarnos al día si vivimos del campo. Mi esposo es una persona que tiene 80 años, él ya no tiene trabajo fijo. Allá yo tengo mi ganado, crío mis animalitos para vivir de ellos. Yo le pido al gobierno que no se olvide de nosotros”, clama.
Ese clamor lo hace propia la teniente gobernadora de La Otra Banda, Erika Cisneros, quien indica que la caída del puente también afecta a los caseríos de San Rafael, Palomino, Tres Compuertas, Nueva Esperanza, El Limón, Mata Indio y Barrio Nuevo, todos los cuales se comunican con Zaña a través del puente de La Otra Banda.
Gracias a las gestiones que se ha hecho con la municipalidad han logrado que una unidad del Ejército traslade a los habitantes hacia Cayaltí para que puedan hacer sus compras, pero reconoce que esto es insuficiente.
“Yo no le echo la culpa tampoco a quienes usan su movilidad (mototaxi) para trasladar a la gente y cobran hasta S/ 40 porque el camino está en muy mal estado. Sé que se arriesgan y luego tienen que reparar sus unidades. Yo le pido a las autoridades que vengan a La Otra Banda, al resto de caseríos y que vean la necesidad que tenemos del puente y de una carretera para llegar al Puente Fierro”, indica la teniente gobernadora a quien no le falta razón, pues el camino que lleva al Puente Fierro es de trocha y cuando llueve se vuelve casi intransitable, al menos en estos vehículos menores.
Ella no se explica por qué el puente de La Otra Banda no ha podido concretarse, mientras que los proyectos de puentes en otras localidades sí se han cristalizado. La explicación a esto la ensaya el alcalde de Zaña, Aladino Mori Centurión, quien refiere que recién este año se ha dado la buena pro para el inicio del proyecto, debido a un conflicto entre la Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC.
“Cuando ANIN coge esta obra del encauzamiento del río Zaña, ellos hicieron un expediente para un puente provisional. Ellos reunieron al pueblo y les proyectaron incluso un video de cómo quedaría el puente. Todos estábamos muy contentos. Era una obra de siete millones y medio de soles. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas la observó y dijo que no le podía dar el dinero al ANIN porque la competencia de hacer puentes es de Provías”, explica Mori Centurión.
Consultado sobre el puente colgante, señala que el río tiene un ancho de 210 metros y conseguir esa cantidad de metros de cable escapa de las posibilidades de la comuna. Sin embargo, señala que se está gestionando con el gobierno regional el financiamiento de este puente.
“Acá hubo un proyecto en su momento para hacer un puente definitivo. Ganó una empresa china, pero por razones que desconozco la obra no se concretó y se fue a arbitraje. La población es la que sufre las consecuencias. Yo le pido al presidente José María Balcázar, quien conoce la problemática de este río porque es natural de Nánchoc y fue elegido congresista por Lambayeque, que agilice esto y haga un puente provisional, aunque sea, o al menos un puente colgante. Sé que él como máxima autoridad lo puede hacer”, señala casi en tono de súplica.
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Periodista (*)
