Como claro ejemplo de la falta de renovación de cuadros en los partidos, rostros conocidos vuelven a la escena política con el objetivo de alcanzar algún escaño en el próximo Congreso e incluso tentar la Presidencia de la República. Sin embargo, su paso por la gestión pública como autoridades o funcionarios no quedó fuera de cuestionamientos, al contrario, varios de ellos fueron procesados por el Poder Judicial o aparecen en informes de la Contraloría donde se les señala responsabilidad penal y administrativa. En la revisión de precandidatos de cara a las elecciones generales del 2026, esto es lo que Expresión encontró en Lambayeque.
La más reciente actualización del Padrón Electoral arroja que Lambayeque tiene un millón 35 mil 940 electores, quienes en abril del próximo año irán a las urnas para elegir, además de la fórmula presidencial y representantes al Parlamento Andino, a los cinco diputados y al senador representante de este distrito electoral.
En las elecciones del 2021, el nivel de participación de los lambayecanos fue del 71.38 %, siendo Chiclayo y José Leonardo Ortiz los distritos que concentraron la mayor cantidad de votantes.
De acuerdo al cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, el 31 de octubre fue el último día en que fue posible la inscripción de precandidaturas para participar de las elecciones primarias al interior de las organizaciones. Para entonces, varios nombres ya eran visibles en Lambayeque, en tanto otros aparecieron de sorpresa, moviendo el tablero local.
El único presidenciable
Javier Velásquez Quesquén es el único político lambayecano que salta a la contienda presidencial, aunque no será la única. Si bien había anunciado su precandidatura a la Presidencia de la República en las internas del Partido Aprista Peruano, el excongresista y ex presidente del Consejo de Ministros del segundo gobierno de Alan García Pérez tuvo una decisión de último minuto: inscribirse como precandidato al Senado por el cupo regional de Lambayeque, siendo, además, el único varón de la nómina, por lo que su postulación está confirmada.
Velásquez Quesquén negó tener interés en postular al Senado, conforme lo señaló a Expresión en junio pasado. Empero, la existencia de 15 precandidaturas presidenciales en el APRA lo forzaron a asegurar un espacio de cara al 2026.
Javier Velásquez fue señalado en su momento por presuntas vinculaciones a sonados casos en Lambayeque: “Temerarios del crimen”, organización liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, investigación que fue rechazada por el Congreso y la imputación contra el exlegislador archivada; “Wachiturros de Tumán”, también archivado respecto a él y “Lava Jato”. Sobre este último, una investigación de IDL Reporteros reveló en el 2021 que el exejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, había consignado el seudónimo “Sipán”, que de acuerdo a sus declaraciones hacía alusión a Velásquez Quesquén, quien habría recibido 310 mil dólares americanos de la constructora brasilera. El pago habría estado vinculado a un adicional en la ejecución de la IIRSA, en el período en el que el lambayecano fue titular de la PCM.
Existe, además, una investigación contra Velásquez Quesquén por presunto lavado de activos agravado y asociación ilícita para delinquir por aportes de Odebrecht a la campaña del Partido Aprista Peruano. En mayo del 2024 la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Lava Jato solicitó a la fiscalía que Javier Velásquez Quesquén, junto a otros lideres apristas, paguen una reparación civil ascendente a más de 69 millones de soles y un millón 435 mil dólares por los supuestos aportes de Odebrecht a la campaña aprista de 2006.
Otras estrellas
Óscar Guerrero Samamé es un militante aprista que se ha desempeñado como regidor provincial de Chiclayo por el partido de la estrella en el período comprendido entre el 2003 y el 2006. Previamente, postuló sin fortuna a la alcaldía distrital de La Victoria en 1998. Actualmente, es precandidato a diputado por el Partido Aprista Peruano por Lambayeque.
Abogado de profesión, Guerrero fue director de la Unidad Ejecutora N.° 005 Naylamp Lambayeque y resultó vacado del cargo de regidor de Chiclayo por nepotismo.
Según consta en la Resolución n.° 340-2006-JNE, Expediente n.° 297-2005, del 22 de marzo del 2006, David Guerrero Saavedra, hijo del entonces regidor provincial, fue contratado como jefe de Licencias del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, cargo que ocupó entre febrero y junio del 2005, pese a que la entidad es dependiente de la comuna local.
Por este hecho, Guerrero Samamé fue vacado con el Acuerdo Municipal n.° 074-2005GPCH/A, el mismo que fue confirmado por el JNE.
En la lista de precandidatos con antecedentes resalta también el nombre de la médica Sonia Valverde Mejía, aspirante a diputada por el APRA. El 30 de diciembre del 2021, Valverde Mejía fue consignada en el Informe n.° 096-2021-2-0251, elaborado por el Órgano de Control Institucional – OCI, del Seguro Social de Salud – EsSalud, relacionado a la contratación del servicio de mantenimiento de áreas verdes en el Hospital Clínico Especializado en Medicina Interna II – Tumán, valorizada en S/390 mil.
Contraloría detectó que se había pagado a la empresa contratista de los trabajos pese a que no los concluyó y señaló responsabilidad penal y administrativa ante la entidad contra Sonia Valverde, directora del hospital de Tumán, y otros funcionarios, recomendando a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales correspondientes. El caso no ha llegado al Ministerio Público.
El arquitecto Carlos Zenelli Pérez es otro precandidato a diputado por el partido de la estrella y su nombre aparece, con responsabilidad administrativa, en el Informe n.° 044-2024-2-5343, publicado en junio del año pasado por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque.
Según el ente de control, Zanelli Pérez, en su condición de gerente regional de Infraestructura, cargo que ocupó entre diciembre del 2021 y febrero del 2022, tuvo participación en actos irregulares (pagos no considerados en el objetivo del contrato) en la obra “Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Mamagpampa, distrito de Cañaris, Ferreñafe”.
Con sentencias anuladas
El dos veces gobernador regional de Lambayeque y dirigente nacional de Alianza Para el Progreso – APP, Humberto Acuña Peralta, es otro de los que a último momento se animó a participar de las internas de su partido para alcanzar la candidatura como senador, en el cupo regional.
Humberto Acuña, quien tenía pensado reservar su postulación para un tercer mandato regional en octubre del 2026, decidió inscribirse tras el conflicto interno producido en APP.
La exautoridad fue condenada a tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo genérico, decisión que fue confirmada por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al establecer que este participó en el soborno a un policía anticorrupción. Sin embargo, la sentencia fue anulada vía el Tribunal Constitucional, bajo el criterio que para el proceso se utilizó prueba prohibida (audios producto de escuchas telefónicas por otro caso).
Humberto Acuña también fue condenado a dos años de prisión suspendida por falsa declaración al consignar estudios de maestría inexistentes en su Hoja de Vida para el proceso electoral 2010. En este caso intervino la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones como actor civil y el Ministerio Público fue responsable de la acusación. Actualmente, es investigado por el caso Lava Jato, en lo relacionado al Proyecto Olmos. Contraloría se pronunció sobre esto en el Informe n.° 5658-2019-CG/APP-AC, de diciembre del 2019, y señaló responsabilidad penal y administrativa en su contra.
Otro personaje que en su momento enfrentó la acción de la justicia es Javier Castro Cruz, precandidato a diputado por Fuerza Popular. En septiembre del 2013, fue condenado en su actuación como exalcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, a diez años de cárcel por el delito de colusión en agravio de la comuna, por irregularidades en la ejecución de la pavimentación de dos avenidas. Dicha sentencia fue reformada y la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque elevó la pena a 10 años de cárcel, por lo que se mantuvo en la clandestinidad hasta que la Corte Suprema anuló el fallo en su contra.
Javier Castro, quien ha ocupado dos veces el cargo de alcalde leonardino, tiene, además, tres sentenias por alimentos y una por calumnia.
Repetir el plato
La actual congresista Hilda Portero López busca repetir el plato y está inscrita como precandidata a diputada por Acción Popular, partido que ha renegado de su representación en el Congreso.
Son diversos los cuestionamientos que pesan sobre ella, siendo el más notorio su presunta vinculación con el denominado grupo de “Los Niños”, congresistas accionpopulistas que eran funcionales (con sus votos), al gobierno de Pedro Castillo Terrones.
En marzo del 2023 la fiscalía allanó la vivienda de Portero López, quien también fue denunciada por supuestamente haber presionado a los trabajadores de su despacho para la compra de donativos con sus remuneraciones. Asimismo, se le señaló de haber ejercido influencia en la designación de funcionarios en el Ministerio de la Producción.
En julio de este año, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra del expresidente Pedro Castillo, ante el Congreso de la República, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. El recurso también alcanza a 24 congresistas de distintos grupos parlamentarios. Uno de esos congresistas es Portero López.
Responsabilidad de los partidos
A decir de José Carlos Sánchez Manayay, politólogo y ex secretario técnico de la Red Integridad Lambayeque, las precandidaturas con antecedentes negativos en la función pública evidencian el serio problema que tienen los partidos políticos para la formación de cuadros, cuyas trayectorias sean intachables.
“Los partidos no tienen escuelas de formación política y ello impide que surjan nuevos liderazgos y estos asuman la representación. Además, hay otro problema que es la imposición de candidaturas y el factor económico. Si bien se realizarán internas, en casi todos los partidos serán procesos prácticamente ya resueltos, donde se impondrá la voluntad de los líderes o los dueños de los partidos. Si hay este nivel de precandidatos es responsabilidad de los partidos”, señala.
La afirmación coincide con la de Jorge Alarcón Gasco, coordinador de la Asamblea de Delegados de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque – ADOSCIL, quien añade que la oferta electoral que se ofrece desde los partidos es pobre en cuanto a la idoneidad de los postulantes.
“Este problema lo arrastramos hace años y lo vemos en todo tipo de procesos, desde las elecciones municipales y regionales hasta las nacionales. Fallan los filtros, no se revisan los antecedentes y si se hace, se pasa por agua tibia la conducta que han tenido los políticos con experiencia en la función pública. Parece que el mensaje es que no importa si fueron buenos o malos, sino cuánto pueden invertir en la campaña y cuántos votos pueden asegurar”, enfatiza.
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(*) Coordinador periodístico de Expresión y becario del Curso de Especialización en Periodismo y Política: Cobertura en la coyuntura electoral organizado por la Fundación Gustavo Mohme Llona, Idea Internacional y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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