El proceso electoral rumbo a las elecciones generales de 2026 avanza en una etapa clave y altamente exigente para el sistema electoral peruano. Así lo señaló a Expresión Willy Ramírez Chávarry, integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones - JNE, al detallar el estado actual del cronograma electoral, los cambios estructurales que trae el retorno a la bicameralidad, los mecanismos de fiscalización de candidatos y el compromiso institucional para garantizar comicios transparentes y confiables en un año marcado por la simultaneidad de procesos electorales.
Ramírez Chávarry explicó que el proceso ha superado ya la fase de inscripción de fórmulas presidenciales. Estas están conformadas por un candidato a la Presidencia de la República y dos vicepresidentes. Paralelamente, se ha cumplido también con la inscripción de las listas al Parlamento, que en el próximo período volverá a ser bicameral, luego de casi cuatro décadas.
El retorno del Senado
Uno de los principales cambios del proceso electoral en curso es el retorno del Senado, que estará conformado por 60 senadores. De este total, 30 serán elegidos por distrito múltiple, correspondiéndole un senador a cada región, incluidos los peruanos en el exterior, que constituyen un distrito electoral adicional. A estos se suman cuatro senadores por Lima Metropolitana, asignados en función de su densidad demográfica, considerando que Lima concentra cerca de un tercio de la población nacional.
Los otros 30 senadores serán elegidos por Distrito Único Nacional, bajo un esquema similar al utilizado anteriormente. Este nuevo modelo, según explicó Ramírez Chávarry, introduce una elección más compleja y competitiva, especialmente para una ciudadanía que no ha tenido experiencia previa con este tipo de sistema mixto.
“El hecho de que en cada región solo un partido obtenga la curul al Senado hace que la contienda sea mucho más reñida y selectiva”, indicó. No obstante, destacó que este diseño busca fortalecer la representación regional, garantizando que todas las regiones del país cuenten con un senador propio.
En paralelo, la Cámara de Diputados mantendrá el número de 130 representantes, elegidos bajo un esquema similar al anterior, asegurando un mínimo de dos diputados por región, de acuerdo con criterios demográficos. Como ejemplo, Ramírez mencionó el caso de Madre de Dios, que actualmente cuenta con un solo congresista y que en el próximo período tendrá un senador y dos diputados, corrigiendo una situación de subrepresentación histórica.
Respecto al Parlamento Andino, el proceso se mantiene sin modificaciones: se elegirán cinco representantes titulares y dos suplentes, como en anteriores elecciones.
Padrón electoral y fiscalización de candidaturas
De acuerdo con el miembro del Pleno del JNE, el padrón electoral ha quedado cerrado con 27 millones 350 mil electores aproximadamente, cifra que refleja el universo de ciudadanos habilitados para sufragar. A diferencia de procesos anteriores, el cierre del padrón se realizó seis meses antes de la elección, cuando antes se hacía con un año de anticipación.
Uno de los mayores retos del proceso, reconoció Ramírez Chávarry, es la revisión exhaustiva de las hojas de vida y de toda la documentación presentada por los candidatos, considerando la gran cantidad de postulantes inscritos. En ese contexto, resaltó el rol de los Jurados Electorales Especiales -JEE, que actúan como primera instancia.
Para este proceso, el JNE ha implementado 60 Jurados Electorales Especiales, con el objetivo de acercar la justicia electoral tanto a los electores como a las organizaciones políticas. Estos órganos vienen cumpliendo funciones de fiscalización desde el inicio del proceso, especialmente en lo referido al principio de neutralidad y a la verificación de la información consignada por los candidatos.
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de revisión de la documentación, que luego será puesta en conocimiento público. Posteriormente, se abrirá la fase de impugnaciones, que incluye dos mecanismos claramente diferenciados: las exclusiones, que se realizan de oficio por parte del JEE a partir de informes de fiscalización, y las tachas, que pueden ser presentadas por cualquier ciudadano de la república. Dicho proceso concluye el 13 de marzo.
El criterio constitucional
Ramírez Chávarry precisó que las tachas deben ajustarse estrictamente a las causales previstas en la ley, al igual que las exclusiones. Entre los ejemplos más claros de causal de tacha se encuentra el caso de candidatos que ocultan información relevante, como una sentencia condenatoria en primera instancia.
Al respecto, explicó que la Constitución incorpora el artículo 34-A, que establece una prohibición de carácter cautelar. Esta disposición impide postular a quienes cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia, aun cuando esta no esté firme. “Se trata de una medida de cautela en aras de la idoneidad del candidato”, señaló, precisando que no vulnera derechos constitucionales, ya que forma parte de la propia Carta Magna.
En esa línea, indicó que un ciudadano puede presentar una tacha si toma conocimiento de que un candidato no ha consignado una sentencia en su hoja de vida. Será el Jurado Electoral Especial el encargado de evaluar el caso conforme a derecho.
Respecto a la rehabilitación de candidatos con sentencias cumplidas, Willy Ramírez informó que el JNE ha emitido recientemente una resolución —próxima a publicarse— sobre el tema de la llamada “muerte civil”, interpretación que se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta decisión marca un nuevo criterio en el ámbito electoral, alineado con los pronunciamientos del máximo intérprete de la Constitución.
Asimismo, anunció que, una vez concluido el proceso electoral, el JNE remitirá un proyecto de ley para ordenar y armonizar la legislación electoral, exhortando a las organizaciones políticas a ejercer mayor responsabilidad en la selección de sus candidatos.
Casos sonados
El integrante del Pleno del JNE se refirió también a las apelaciones presentadas por las organizaciones políticas, confirmando que aún existen algunas pendientes de resolver. En el caso de Primero la Gente, explicó que la controversia estuvo relacionada con fallas del proveedor de firma digital en la plataforma correspondiente, situación que motivó la habilitación de un horario excepcional para culminar el registro de candidatos.
En cuanto a Renovación Popular, el cuestionamiento estuvo vinculado a la adecuación de su estatuto partidario y al tipo de elecciones internas realizadas. Según detalló, la responsabilidad en este caso recayó en la administración electoral y no en la organización política, razón por la cual se permitió su continuidad en la contienda.
Sobre casos de improcedencia de candidaturas, como el de magistrados que no renunciaron oportunamente a sus cargos, recordó que la norma es clara: no basta solicitar licencia, sino que se exige la renuncia efectiva, disposición que viene siendo aplicada por los Jurados Electorales Especiales.
En relación con las elecciones regionales y municipales, Ramírez Chávarry indicó que se han inscrito 23 alianzas electorales y recordó que este proceso ya se encuentra en marcha. Destacó que el 2026 será un año especialmente complejo, debido a la superposición de elecciones generales y subnacionales, estas últimas consideradas las más complejas por la multiplicidad de circunscripciones: regiones, provincias y distritos.
Presupuesto y llamado a la ciudadanía
Respecto al presupuesto asignado al JNE, Ramírez Chávarry señaló que se ha aprobado aproximadamente el 50 % del monto solicitado, quedando pendiente el financiamiento del resto mediante créditos suplementarios o ampliaciones presupuestales, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Finalmente, el miembro del JNE dirigió un mensaje a la ciudadanía, garantizando que la institución actuará con estricto respeto a la Constitución y a la legislación electoral, y exhortó a los electores a informarse de manera responsable.
Pidió a la población revisar cuidadosamente las hojas de vida, las propuestas y los planes de gobierno de los candidatos, y evitar caer en la desinformación y las noticias falsas, fenómeno que, advirtió, ya ha generado consecuencias negativas en procesos anteriores. “Compartir información falsa solo fortalece a los poderes ocultos y debilita nuestra democracia”, enfatizó.
Ramírez concluyó haciendo un llamado a confiar en las instituciones del sistema electoral peruano —JNE, ONPE y Reniec— “como pilares fundamentales para la transparencia, la legitimidad y la consolidación de la democracia en el país”.
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