Durante más de una década, el Proyecto Olmos ha sido presentado como uno de los principales ejemplos de asociación público-privada (APP) en el país. Sin embargo, más allá de los discursos oficiales, su evaluación exige revisar cifras, decisiones estratégicas y, sobre todo, las responsabilidades asumidas tanto por el concesionario como por el Estado. Alfonso Pinillos Moncloa, exgerente de las concesionarias H2Olmos y Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), ofrece un balance que combina resultados concretos, advertencias técnicas y una crítica implícita a la limitada capacidad estatal para sostener proyectos de esta magnitud.
Pinillos estuvo al frente del proyecto durante 15 años, desde el 2010, periodo en el que Olmos pasó de ser una promesa largamente postergada a convertirse en uno de los principales polos agroexportadores del país. Su gestión atravesó etapas clave: la estructuración de la subasta de tierras, la financiación de la infraestructura, la operación del sistema de irrigación y la relación con inversionistas, agricultores y el Estado.
“Tuve la oportunidad de gerenciar las concesionarias H2Olmos y CTO del Proyecto Olmos durante 15 años, desde el 2010. Inicialmente como Gerente Comercial estructuramos la subasta de tierras logrando vender 38 mil hectáreas con un ticket de 180 millones de dólares, atrayendo inversionistas de primer nivel a Lambayeque. A partir del 2012 tuve la responsabilidad, como Gerente General, de financiar, construir y operar el proyecto con activos totales superiores a los 500 millones de dólares”, rememora.
Ese proceso marcó un punto de quiebre para la región Lambayeque. La venta de tierras no solo permitió recuperar parte de la inversión inicial, sino que consolidó un nuevo modelo productivo basado en agroindustria intensiva, tecnología y acceso permanente al agua. Según Pinillos, el impacto no fue inmediato, pero sí sostenido, al punto de reposicionar a Lambayeque en el mapa agroexportador nacional.
El exgerente sostiene que el proyecto demostró que la infraestructura, cuando es correctamente gestionada, puede convertirse en un motor de desarrollo regional. No obstante, subraya que los resultados no fueron automáticos ni exentos de dificultades, y que el éxito dependió de una gestión integral alineada con múltiples actores.
“Fue un reto inmenso que se logró con un equipo muy profesional y motivado, que supimos navegar dificultades muy grandes, pero finalmente los resultados del proyecto son indiscutibles, una inversión público-privada en infraestructura que permitió el desarrollo de una agroindustria de primer nivel, llevando a Lambayeque a ocupar la cuarta posición como región agroexportadora, en tan solo 10 años”, destaca.
Uno de los indicadores más relevantes del Proyecto Olmos es la expansión de la frontera agrícola. Desde la conclusión de las obras de irrigación, se han desarrollado aproximadamente 25 mil hectáreas altamente productivas, destinadas a cultivos de alto valor como arándanos, palto, uva de mesa y caña de azúcar. Este crecimiento transformó radicalmente una zona históricamente limitada por la escasez hídrica.
A ello se suma la implementación de un sistema de irrigación tecnológicamente avanzado. Pinillos Moncloa detalla que se instalaron alrededor de 65 kilómetros de tuberías de GRP, conformando una red de distribución completamente automatizada. Este componente fue clave para garantizar eficiencia en el uso del agua y sostenibilidad del proyecto, especialmente en un contexto de estrés hídrico creciente.
El Valle Viejo
El impacto del proyecto no se limitó al llamado “Valle Nuevo”. En el Valle Viejo de Olmos, tradicionalmente dependiente de las lluvias estacionales del río Olmos, la llegada del agua trasvasada permitió un cambio estructural en las prácticas agrícolas. Por primera vez, los agricultores contaron con dotación hídrica durante todo el año, lo que incentivó inversiones en cultivos permanentes y de mayor valor comercial.
Sin embargo, reconoce que el desarrollo en el Valle Viejo sigue siendo incompleto. La ausencia de infraestructura menor de riego a nivel parcelario limita la distribución equitativa del recurso hídrico, un problema que, según señala, debería ser atendido con urgencia mediante mecanismos como Obras por Impuestos.
En términos económicos, los resultados son contundentes. En 2025, Lambayeque alcanzó exportaciones agroindustriales cercanas a los 1400 millones de dólares, registrando un crecimiento de aproximadamente 40 % respecto al año anterior. De ese total, Olmos concentró cerca del 70 %, es decir, alrededor de 1000 millones de dólares en envíos al exterior.
Este dinamismo tuvo un efecto directo en el empleo. La agroindustria se consolidó como uno de los principales generadores de trabajo formal en el país, contribuyendo de manera significativa a la reducción de la pobreza. Solo en Olmos, durante 2025, se generaron más de 70 mil puestos de trabajo directos, una cifra que refleja la magnitud del proyecto en términos sociales.
Confianza y gestión
La confianza del sector privado también se expresó en los niveles de inversión comprometida. Desde el inicio de la operación del sistema de irrigación, a fines de 2014, las empresas asentadas en el Valle Nuevo han invertido más de 3 mil millones de dólares. Para Pinillos, esta cifra evidencia no solo la viabilidad del proyecto, sino también la predictibilidad del marco contractual y regulatorio.
El Estado, por su parte, ha recibido beneficios fiscales significativos. Las empresas ubicadas en Olmos generan aproximadamente 700 millones de soles anuales por concepto de IGV, además de unos 150 millones de soles en aportes a EsSalud. Estos recursos, subraya el exgerente, forman parte de un sistema integral de retornos que muchas veces es subestimado en el debate público.
Sostenibilidad
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la gestión del recurso hídrico a largo plazo. Alfonso Pinillos advierte que la presa Limón fue diseñada originalmente para una altura de 85 metros, pero que el proyecto ejecutado solo alcanzó el 50 % de esa capacidad. Recrecer la presa permitiría aumentar el almacenamiento hasta 190 millones de metros cúbicos, asegurando la disponibilidad de agua incluso en escenarios de estiaje extremo.
Este contexto explica la propuesta de CTO para una adenda al contrato de concesión de las obras de trasvase. La iniciativa buscaba garantizar la operación del sistema en un escenario de colmatación acelerada de la presa, mientras el Estado convocaba a un concurso internacional para ejecutar el recrecimiento.
Defiende la lógica de esta propuesta y plantea una pregunta de fondo: si el Estado realmente está en capacidad de asumir directamente la operación de una infraestructura de esta complejidad. En su opinión, la experiencia demuestra que el rol óptimo del Estado no es operar activos, sino planificar, regular y supervisar, dejando la ejecución a operadores especializados.
“El Estado peruano desde más de 20 años ha establecido una política de concesiones, en donde a través de contratos de APP entrega a privados el financiamiento, construcción y operación de activos para proveer un servicio público. El rol óptimo del Estado no es operar infraestructura, sino planificar, regular, supervisar y alinear incentivos de largo plazo”, señala.
Mirando hacia el futuro, Alfonso Pinillos sostiene que el desafío de Olmos ya no es demostrar su viabilidad económica, sino consolidar lo avanzado e integrar el proyecto con el desarrollo urbano y social de la ciudad. Advierte que el crecimiento productivo debe ir acompañado de servicios básicos adecuados, como agua potable, energía, educación y salud, para evitar brechas sociales en la zona de influencia.
“El Proyecto Olmos demuestra que cuando el Estado define una visión clara y establece reglas estables, el mecanismo de APP lleva a resultados extraordinarios. La infraestructura no es un fin en sí mismo, es el mecanismo para generar desarrollo, empleo formal y bienestar a la población”, enfatiza.
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