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DE ENERO A JUNIO: Defensoría del Pueblo atendió más de 1400 casos

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1456

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  • El 43 % de los casos correspondió a quejas, siendo las municipalidades las entidades más quejadas.
  • Los temas más quejados son servicios de salud, servicios públicos y trámites y procedimientos.

Un total de 1421 casos ha atendido la Defensoría del Pueblo en lo que va de este año en Lambayeque, según dio a conocer el jefe de la Oficina Defensorial en la región, Carlos Rodas Quintana. De estos, 611 corresponden a quejas, 748 a consultas y 62 a petitorios. La cifra dista de lo reportado el año pasado que cerró con 3082 casos en total.

De los 1421 casos atendidos este año hasta el corte del 22 de junio, 1124 tienen la condición de concluido: queja (339), consulta (738) y petitorio (47). Mientras que 297 se encuentran en trámite: queja (272), consulta (10) y petitorio (15).

“Nuestro propósito es proteger los derechos fundamentales de las personas, estar pendientes de cualquier problema que tiene la población. También nos encargamos de supervisar las funciones administrativas públicas para salvaguardar la tranquilidad de nuestra región”, explica Rodas Quintana.

Entidades más quejadas

El reporte de la Defensoría del Pueblo destaca que entre las entidades más quejadas se encuentran las municipalidades con un total de 165 quejas, de las cuales 80 ya se han concluido y 85 se encuentran en trámite. En total, las quejas hacia las gestiones ediles representan el 27 % del total.

A estas les sigue el sector salud con 129 quejas, lo que constituye el 21.1 % del total. Aquí 84 quejas ya tienen el estado de concluidas y 45 siguen en trámite. los principales establecimientos quejados son el Hospital Regional de Lambayeque, Hospital Regional Docente Las Mercedes, Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo y el Hospital Luis Heysen Incháustegui.

Entre los hechos reportados como vulnerados a los pacientes se encuentra el acceso al servicio, la calidad de atención al usuario, la calidad de prestación del servicio de salud, la derivación inadecuada a una clínica, la infraestructura en mal estado, negligencia, falta de disponibilidad de medicamentos básicos u oncológicos, atención en ambientes inadecuados, la interrupción en la atención o tratamiento de pacientes y problemas de cobertura o alcance del servicio.

“A la semana recibimos un promedio de 10 a 15 casos del sector salud. La mayoría corresponden a quejas y son por falta de atención, por falta de medicamentos, porque no existen los especialistas adecuados y la deficiente infraestructura. Tratamos de buscar la salida siempre en coordinación con las autoridades de turno para que la población esté tranquila. Es un tema que ocurre día a día y estamos pendientes para buscar una salida”, afirma el jefe de la oficina defensorial.

Le siguen en quejas las empresas públicas o privadas de servicios públicos con 85 (13.4 %), el sector educación con 55 (9 %), gobiernos regionales con 50 (8.2 %), sector justicia y derechos humanos con 39 (6.4 %), sector interior con 15 (2.5 %), Poder Judicial con 14 (2.3 %) sector mujer y poblaciones vulnerables con 10 (1.6 %) y organismos constitucionales autónomos también con 10 (1.6 %).

Logística y personal

Rodas Quintana señala que actualmente la Oficina Defensorial de Lambayeque cuenta con ocho comisionados, incluyéndolo, quienes ven diferentes problemáticas de acuerdo a sus especialidades. Además, cuentan con dos servidores administrativos, tres practicantes y dos voluntarias. No obstante, la debilidad subyace en el recurso logístico, pues -por ejemplo- cuentan con una sola unidad móvil para recorrer territorialmente toda la región.

“Estamos tratando de estar las 24 horas del día en los 38 distritos de la región. Trabajamos de lunes a domingo en tres turnos. Damos la cara al 100 %, pero a veces los temas logísticos no nos permiten estar presentes en todas las localidades. Sin embargo, nos esforzamos por ello”, señala.

Agrega que el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, ha aprobado una resolución defensorial para crear el módulo defensorial de Ferreñafe. En virtud de ello, se está buscando un local donde pueda instalarse y la población de dicha provincia tenga un mayor acercamiento con la Defensoría del Pueblo.

“También estamos trabajando para crear un módulo defensorial en Lambayeque y ver qué más se necesita en lo logístico para intervenir. La idea es coordinar con las autoridades para que busquemos la salida a los problemas de los ciudadanos”, asevera.

Casos relevantes

Rodas Quintana señala que la acción de la Defensoría del Pueblo ha permitido ampliar la atención y reducir las colas en los hospitales de EsSalud en Chiclayo, consiguiendo más citas y mejores condiciones para los usuarios y el personal de salud.

Asimismo, señala que los comisionados recorrieron los principales hospitales y centros de salud de la región para adoptar medidas inmediatas ante las fuertes lluvias. Así, se verificó la infraestructura, los servicios y el abastecimiento; se coordinó con las autoridades para la adopción de medidas urgentes y se continúa en el monitorio de zonas vulnerables ante la venida de nuevas precipitaciones.

En línea con las lluvias, se hizo un recorrido conjunto con diversas instituciones públicas por la ribera del río Mórrope, a fin de constatar que las obras de los muros de contención no habían sido culminadas. Lo mismo se hizo en el badén Juana Ríos, en Chongoyape. En ambos casos, la supervisión de campo permitió la identificación de riesgos y exhortar el compromiso a las autoridades locales para la ejecución de las obras de protección y la adopción de medidas preventivas inmediatas.

En cuanto a la urbe, destaca que la Defensoría del Pueblo convocó a las autoridades de Chiclayo y distritos cercanos para abordar la problemática de contaminación acústica por ruidos excesivos en bares y discotecas. El encuentro permitió analizar la situación, compartir experiencias y acordar acciones conjuntas en beneficio de la ciudadanía.

De igual forma, se realizó una reunión para promover el cumplimiento de la norma sobre retiro del cableado en desuso en la región. De esta forma, se coordinó con las empresas operadoras de telecomunicaciones el impulso de entornos urbanos más seguros y ordenados, así como un plan de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los compromisos adoptados.

Agrega que la Defensoría advirtió que la ocupación indebida de vías públicas por vehículos y motocicletas afecta la movilidad, seguridad y calidad de vida de la ciudadanía. De igual forma, se alertaron deficiencias en colegios antes del inicio del año escolar y -con motivo de elecciones- se supervisó 427 locales de votación en la región en coordinación con la ONPE y las autoridades electorales.

Feminicidios

De otro lado, el informe ‘¿Qué pasó con ellas?’, elaborado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señala que a abril del 2026 se han reportado 267 mujeres adultas desaparecidas, de las cuales 13 corresponden a Lambayeque, lo que ocupa a esta región en el cuarto lugar a nivel nacional.

“Esta es una alarma para nosotros. La población piensa que se puede reportar a una persona desaparecida después de 24 horas, pero la nueva ley señala que se le considera como desaparecida cuando no se ubica a una persona en su domicilio habitual. Si alguien sale de su domicilio a su centro de labores y no llega en un plazo, supongamos, de dos horas, uno puede denunciar su desaparición a la Policía. Si esta se niega, como Defensoría intervenimos de manera inmediata. Los casos de desaparición están ligados a trata de personas, violencia y feminicidio”, señala Mariella Carrillo Aguilar, comisionada de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque.

De igual forma, destaca que en lo que va del año se han reportado tres feminicidios, lo cual ubica a Lambayeque también como la cuarta región a nivel nacional con más casos. En ese marco, la Defensoría del Pueblo impulsa el programa ‘Rompiendo Cadenas’, el cual protege a niñas, niños, adolescentes y jóvenes priorizados: aquellas víctimas indirectas de feminicidio, violencia sexual, criminalidad, hijos de población penitenciaria, de fallecidos por Covid-19, con discapacidad o adicciones.

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