A pesar de haber realizado más de 50 marchas exigiendo justicia, el fiscal de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – Fecor, Luis Jaramillo Cubas, presentó un requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación contra las ex administraciones judiciales de Tumán. Esto, sin embargo, no ha pasado por alto en el Poder Judicial, cuyos magistrados han devuelto el expediente para subsanación de fallas.
En diálogo con Expresión, Segundo Ordinola Zapata, administrador de la empresa azucarera Tumán, cuestiona que el fiscal Jaramillo Cubas haya acusado en su requerimiento a Alejandro Zevallos Gonzales y a Leoncio Egúsquiza Sánchez, mientras que solicita el sobreseimiento contra César Sandoval Lozada, pese a que todos pertenecen a una misma administración judicial.
“Los tres han tenido la misma responsabilidad, los tres han ejercido funciones de manera coordinada. O sobreseía a los tres o acusaba a los tres. Para nosotros esto es una jugada, porque en el proceso primero se verán los sobreseimientos y si archivan el caso para Sandoval, harán lo mismo con los otros dos”, asevera.
Desfalco millonario
Ordinola Zapata señala que se le pidió en reiteradas ocasiones al fiscal Jaramillo Cubas que congele la cuenta bancaria de César Sandoval, donde habría 32 millones de soles de la venta del azúcar y la melaza, pero su pedido siempre cayó en saco roto.
“Eso nos hace suponer que sigue disponiendo del dinero para otros fines como comprar las consciencias de algunas personas. Cada gestión que nosotros hemos denunciado tiene un examen especial de ingresos y egresos que ha sido certificado por el contador Humberto Piscoya Bances, que es un experto auditor. Ese dinero está en la cuenta de César Sandoval”, asegura.
Señala que los otros favorecidos con el sobreseimiento judicial son Daniel Riojas Sánchez y Martín Martínez Valdiviezo, quienes tuvieron dos administraciones judiciales. Ellos -manifiesta- reconocieron una deuda de tres millones 500 mil soles, pagando un monto de interés mensual equivalente al 10 %.
“Ellos luego firmaron un pagaré a favor de Salatiel Marrufo, quien era gerente de Recursos Humanos. Él estaba ligado al grupo de Egúsquiza, de Zevallos, a grupos de izquierda. Él llega como gerente de Recursos Humanos y Riojas y Martínez le dan poderes para que pueda cobrar una deuda inexistente de un millón 800 mil soles con lo cual obtuvieron una nueva administración judicial. Esa es la tercera que está sobreseyendo el fiscal”, explica.
Agrega el cuestionamiento sobre una administración judicial más, la de Eric Benavides Timaná y Santos Flores Vílchez. Señala que con ellos hubo ingresos por 28 millones de soles y nunca se dio cuenta de a dónde fue a parar ese dinero.
“Es una característica de todos ellos no haber elaborado los estados financieros para que así no se conozca el destino de esos fondos. Por eso en las auditorias se ha demostrado que el perjuicio causado a Tumán por las administraciones es de 220 millones de soles. A nosotros nos resulta inaceptable que el fiscal, con todas las evidencias, con las pericias que se han presentado, termine sobreseyéndolos a todos ellos”, expresa.
Influencia e intereses
Para Segundo Ordinola, existe un poder político y económico detrás del fiscal Luis Jaramillo que ha impedido que se sancione a César Sandoval al punto de no congelarle las cuentas ni incluirlo tanto en la acusación de la primera y segunda administración.
Consultado sobre si el exfiscal Juan Carrasco Millones tendría influencia aún en el Ministerio Público, refiere lo siguiente: “no lo puedo afirmar, pero supongo que sí, porque el fiscal Luis Jaramillo ha trabajado con él (…) fueron los fiscales los que hicieron una persecución implacable contra nosotros. Nos acusaron de cinco homicidios y 23 delitos. Nos acusaron en octubre del 2013 de haber mandado a Los Wachiturros a que quemen y hagan explotar las viviendas de ocho dirigentes”.
Resalta que los tribunales de justicia de La Libertad han demostrado fehacientemente que la persecución fiscal liderada por Carrasco Millones habría sido orquestada para quitarle la libertad a Edwin Oviedo y tomar el control de la empresa. “Que no le confisquen los 32 millones que tiene Sandoval en su cuenta me hace suponer que de allí se están financiando incluso algunas campañas políticas”, señala.
Nuevas medidas
Ordinola relata que en Tumán la gente se encuentra desesperada, pues pensaron que por fin se les había hecho justicia con el requerimiento mixto acusatorio, pero al enterarse de que a prácticamente nadie ha sido acusado la desilusión es muy grande.
“El Poder Judicial le ha devuelto el requerimiento para que lo sustente y alcance todos los elementos de convicción. Pero ya prácticamente la mayoría de delitos prescribieron, solo queda el de lavado de activos y organización criminal, que está mal sustentado por el fiscal, a pesar que cada denuncia está justificada con auditoria. Acá no hay odio enfermizo ni rencor contra ellos. Ellos han cometido delitos y deben ser tratados conforme a la justicia”, manifiesta.
Ante esta situación, anuncia que el consejo del asesor legal de los trabajadores, extrabajadores y jubilados de la Empresa Azucarera Tumán es que acudan ante el fiscal de la nación y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a fin de solicitar la destitución de Jaramillo Cubas y la intervención de la Fecor en Lambayeque.
“Si es necesario acudir ante la Presidencia de la República, lo vamos a hacer, porque vemos que no hay intención de hacerle justicia a Tumán. Vemos que nuestros esfuerzos de ocho años son estériles. Tenemos la otra carpeta también en la que se investiga a Marcelino Llontop, esa está a cargo de Javier Idrogo Rodríguez. Inicialmente, este fiscal había determinado no formalizar ni continuar la investigación preparatoria porque no encontraba elementos de convicción para continuar con la investigación, algo insólito. Tuvimos que apelar y nuevamente este fiscal la tiene a cargo, pero hasta ahora no resuelve”, apunta.
Canibalización de Tumán
De otro lado, Segundo Ordinola relata que hoy 6000 de las 7600 hectáreas de Tumán han sido invadidas. Y la fábrica, que era considerada en su momento la mejor de Lambayeque y una de las mejores de la industria peruana, ha sido prácticamente desmantelada. Del servicentro donde estaba la maquinaria agrícola tampoco hay casi nada y han desparecido los 110 pozos tubulares que proveían de agua a los campos.
Refiere que actualmente hay una administración de hecho a cargo de Alejandro Zevallos Gonzales, quien carece de representatividad. Indica que a él lo secunda un grupo minúsculo de entre 50 a 60 personas que le permiten mantenerse en la gerencia y dar declaraciones a nombre de la administración de la empresa.
Ordinola estima que para reflotar y poner en operatividad a Tumán se requerirían de unos 250 millones de soles: un promedio de 100 millones para la siembra de los campos, si se tuviesen disponibles las 7600 hectáreas; otros 100 millones de soles para equipar nuevamente la fábrica; y 50 millones más de otros gastos operativos de reactivación.
A su juicio, solamente el Grupo Oviedo cuenta con la experiencia, capacidad y solvencia financiera para sacar a flote nuevamente a Tumán, tal como ya lo hizo hasta mediados del 2015, donde incluso los trabajadores lograron cobrar utilidades tras treinta años de pérdidas consecutivas y se pagó 54 millones de soles en deuda. El escollo está, sin embargo, en que no existen garantías para tamaña inversión.
“No solamente está de por medio la voluntad del grupo de decir voy a regresar, se necesitaría que el Estado intervenga para recuperar las tierras invadidas, ya que son propiedad de la empresa Tumán. Eso solamente se va a recuperar con la participación estatal. Necesitamos que el Estado de un marco de garantía constitucional para que la inversión que ellos realicen no corra peligro”, enfatiza.
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