La alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Janet Cubas, anunció que el Otass dejaría la empresa de agua a pedido del municipio. La norma no contempla esa salida, la próxima evaluación llegará en 2027 y, pese a las cuentas en azul, el servicio de saneamiento no mejora. Recordemos que las municipalidades a cargo de la empresa dejaron más de 200 millones en pérdidas.
El 19 de setiembre, durante una ceremonia en Santa Elena, la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, declaró a la prensa que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) se retiraría de Epsel S.A. tras sus gestiones ante el Ejecutivo. Según lo declarado, el proceso podría concretarse en el último trimestre del año o a inicios de 2027; los municipios retomarían la gestión y ya se habría propuesto al ingeniero Aníbal Cáceres Narrea como representante de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, dueña del 76.94 % de las acciones.
El anuncio contraviene lo establecido en el Decreto Legislativo 1280 que aprueba la Ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en nuestro país.
¿Qué es el RAT?
Epsel está en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) desde el 2017 cuando fue intervenida. El Consejo Directivo del Otass declaró su inicio el 22 de junio de ese año y el Ministerio de Vivienda lo ratificó con la Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, publicada el 11 de julio de 2017.
Según el artículo 94 del Decreto Legislativo 1280, el RAT busca mejorar la eficiencia de la empresa y las condiciones del servicio mediante su reflotamiento en tres frentes: sostenibilidad económico-financiera, de la gestión empresarial y de la prestación. Lo dirige el Otass. Mientras dure, la junta de accionistas queda suspendida, cesan el directorio y el gerente general, y el Otass asume sus funciones (artículo 98). Las acciones siguen siendo de los municipios, pero estos ya no participan de la administración de la empresa.
¿Cuáles son las causales de intervención?
El artículo 89 fija tres grupos de causales: económico-financieras (la posible insolvencia); de gestión empresarial (incumplir normas de directorio, gerencia y buen gobierno, actos lesivos o de corrupción, no adecuar estatutos o desacatar medidas correctivas de la Sunass); y de prestación del servicio (ineficiencia medida por los indicadores de cobertura, continuidad y calidad aprobados por la Sunass, o incumplimiento de obligaciones legales y técnicas). Epsel entró por insolvencia económico-financiera y por causales críticas en la prestación de los servicios.
El artículo 95 fija una duración máxima de 15 años, salvo que se firmen contratos con operadores de gestión o asociaciones público-privadas. Para Epsel, el plazo vence en 2032.
No se sale del RAT a pedido de parte
La conclusión está reglada en el artículo 102 del Decreto Legislativo 1280, que establece que cada tres años, la Sunass evalúa a la empresa con los criterios del artículo 89; su Consejo Directivo determina si las causales se revirtieron y recomienda al Otass continuar o concluir el régimen; el Otass aprueba la conclusión por acuerdo de su Consejo Directivo y el Ministerio de Vivienda la ratifica por resolución ministerial. Ninguna disposición permite terminar el RAT porque lo pida un municipio accionista.
Los resultados de la intervención de la Otass en Epsel ya fueron evaluados hasta en dos oportunidades. La primera, con datos al cierre de 2020, se aprobó en diciembre de 2021 y concluyó que los problemas de insolvencia y calidad del servicio no habían sido superados y, por tanto, debía seguir en el régimen. La segunda, con datos al cierre de 2023 (Informe N° 015-2025-SUNASS-DF), concluyó que, si bien los problemas de solvencia se estaban superando, la intervención de la Otass debía continuar. La próxima se hará en 2027 con los indicadores al 31 de diciembre de 2026, cuando Cubas Carranza ya no será alcaldesa de Chiclayo.
La respuesta del Otass
El 21 de setiembre, el Otass emitió un comunicado aclaratorio señalando que, la conclusión del RAT sigue un procedimiento establecido por ley, que involucra a la Sunass, al Otass y al Ministerio de Vivienda, y «no a una decisión unilateral». Los municipios, añadió, participan conforme al marco legal.
Dos días después, su Consejo Directivo designó seis cargos de confianza en Epsel, publicados en El Peruano el 24 de septiembre: las gerencias de Asesoría Jurídica; Desarrollo y Presupuesto; Ingeniería, Proyectos y Obras, y Operaciones, y las subgerencias de Logística y de Producción de Agua Potable. La Gerencia de Operaciones pasó a Miguel Nicolás Fanzo Niquén (servidor de Epsel); la ocupaba desde julio de 2022 Enrique Rentería Campos, también servidor de planta de Epsel.
Superando la insolvencia con ayuda
Para medir la solvencia, la Sunass y el Otass usan tres indicadores. La liquidez (40 % del puntaje) mide si la empresa puede pagar sus deudas de corto plazo; la liquidez corriente divide el activo corriente entre el pasivo corriente, y la prueba ácida hace lo mismo sin inventarios. La solvencia y generación (40 %) mira el endeudamiento frente al patrimonio, la cobertura del servicio de deuda (flujo de caja libre frente a obligaciones financieras), la generación comprometida y la pérdida patrimonial. La rentabilidad (20 %) evalúa los márgenes operativo, neto y EBITDA, el peso de los gastos operativos y el retorno sobre activos (ROA). Con menos de 25 puntos en estos tres indicadores, la empresa es insolvente.
En 2017, Epsel tenía apenas S/ 0.23 de activo corriente por cada sol de deuda de corto plazo y perdió dinero todos los años hasta 2021 (S/ 4.7 millones en 2017 y otros S/ 4.7 millones en 2021). Desde 2022 reporta utilidades: S/ 6.4 millones en 2022, S/ 3.3 millones en 2023, S/ 4.6 millones en 2024 y S/ 3.7 millones en 2025. Con datos de 2023, la Sunass le dio 40.90 puntos y concluyó que superó la insolvencia, aunque con solvencia «baja».
En 2023, el margen operativo fue de −13.75 % y el ROA de −13.50 %; el negocio de vender agua sigue en pérdida. La utilidad llega por «otros ingresos». En 2024, Epsel perdió S/ 22.9 millones en su operación y cerró en azul gracias a S/ 29.4 millones de otros ingresos, por infraestructura transferida y subvenciones del Estado. En 2025 ese rubro sumó S/ 29.5 millones, con subsidios gubernamentales y donaciones. A ello se suman las transferencias del Ministerio de Vivienda y del Otass para obras; al cierre de 2024, la empresa tenía S/ 72.5 millones disponibles en donaciones y transferencias, de ellos S/ 49.2 millones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y S/ 13.9 millones del Otass. La insolvencia se revirtió con inyecciones de recursos públicos, no con una gestión eficiente.
El servicio no mejora
Los indicadores que importan al usuario son otros: la cobertura (qué parte de la población tiene agua y alcantarillado), la continuidad (cuántas horas al día llega el agua) y la calidad (presión, cloro residual y cumplimiento de metas). Allí no hay mejora.
La continuidad cayó de 16.75 horas al día en 2017 a 12.95 en 2025, por debajo de la meta de 14. La propia empresa lo atribuye a la mala distribución y al clandestinaje. La cobertura de agua pasó de 85.7 % a 86.8 % entre 2017 y 2023, y la de alcantarillado bajó de 80.6 % a 79.4 %. La Memoria de Gestión de Epsel de 2025, utilizando otra metodología, reporta 80 % en agua y 72.4 % en alcantarillado. La presión fue de 6.43 m.c.a. en 2025, bajo la meta de 7. El agua no facturada llegó a 46.7 %: casi la mitad del agua producida no se cobra. En 2023 hubo 215 reclamos por cada mil conexiones. Solo el cloro residual está dentro de los estándares requeridos.
La Sunass midió el cumplimiento de las metas de gestión del año regulatorio 2022-2023 en 36.32 %, muy lejos del umbral de 85 %. No pudo cerrar el análisis porque se suspendieron las evaluaciones de los años previos.
Nueve años después de la intervención, Epsel tiene balances más sanos y el mismo servicio deficiente. La salida del RAT no depende de un anuncio en una ceremonia, sino de que esas cifras cambien. Y eso se sabrá recién a finales del 2027.
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