En abril del 2009 se implementó el Nuevo Código Procesal Penal en Lambayeque, cuyo objetivo principal es mejorar la justicia a través de la reducción de la carga procesal e impulsar la inmediatez de las soluciones. A siete años de su entrada en vigencia, la Corte Superior de Lambayeque hace un balance de los delitos con mayor incidencia, ocupando los primeros lugares los de omisión a la asistencia familiar, contra el patrimonio y la seguridad pública.
La magistrada Ana Salés del Castillo, presidenta de la Corte de Lambayeque, refiere que gracias a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal – NCPP, se ha dado un avance positivo en función a los objetivos de este, evidenciado en los balances de las cuatro instituciones que trabajan articuladamente por la justicia: la Policía Nacional del Perú – PNP, la Defensoría Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Estamos dando una eficiente respuesta a todos los casos que se presentan dentro de la posibilidades, tanto para el órgano jurisdiccional como para las entidades que trabajan conjuntamente. Tenemos un alto nivel de producción por parte de los órganos integrantes que, incluso, comparado con los estándares de producción a nivel nacional los supera en 150 %”, expone.
La carga procesal actual es de 13 mil 892 expedientes, habiendo siete mil 906 casos en trámite, equivalentes al 57 %. El 38 % representa cinco mil 237 expedientes en ejecución, mientras que el 5 % restante corresponde a 749 expedientes en reserva. Por ende, Ana Salés menciona que las únicas limitaciones se deben a la falta de un mayor número de órganos jurisdiccionales y de personal, lo que dificulta generar dinamismo y mayor productividad.
No obstante, el balance del Poder Judicial registra un positivo nivel de desempeño entre las audiencias programadas y las audiencias realizadas en las salas penales de apelaciones en la sede central de Chiclayo, llegando a ocho mil 49 audiencias realizadas, evidenciando un nivel de desempeño del 95 %.
Asimismo, el desempeño de audiencias en los juzgados penales unipersonales y colegiados llegan a un 85 % de efectividad, y un 72 % en los juzgados de investigación preparatoria, con un total de 94 mil 227 casos.
“Lo relevante de las programaciones de audiencias es que, con el trascurso del tiempo, el nivel de programación de estas aumentó. En el 2009 iniciamos en los juzgados de investigación preparatoria con un registro de 778 audiencias, no obstante, para el año 2015 la cifra ascendió a 13 mil 150 audiencias programadas de las cuales se realizaron 11 mil 97”, indica.
Por otro lado, el balance revela la incidencia delictiva, a nivel del Poder Judicial, siendo los casos de omisión a la asistencia familiar, contra el patrimonio y la seguridad pública, los delitos con mayor frecuencia en Lambayeque.
“El 47 % representa los delitos por omisión a la asistencia familiar equivalentes a 11 mil 82 casos, el 14 % se refiere a los delitos contra el patrimonio con la existencia de tres mil 367 casos, y el 10 % indica dos mil 350 delitos contra la seguridad pública”, señala.
Además, el 7 % abarca los delitos contra la fe pública, el 6 % los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; el 3 % equivale a los delitos contra la libertad sexual y administración pública, y el 2 % equivale a los delitos contra las personas que padecen de trastornos de identidad disociativo, a nivel de todo el distrito judicial.
Salés del Castillo resalta los avances logrados en los procesos inmediatos, técnica vigente desde el 29 de noviembre del 2015 por el Decreto Legislativo N° 1194, la cual establece las medidas indicadas para la resolución de los procesos de manera rápida en los casos de flagrancia, omisión a la asistencia familiar y la conducción de vehículos en estado de ebriedad.
“El proceso inmediato refiere que se resuelve el caso en horas o a lo mucho en semanas. No en el tiempo que demora el proceso común. Nosotros, al 13 de marzo del presente año, hemos tenido un ingreso en la sede central de 921 procesos y en la subsede de 425, de los cuales 168 corresponden a flagrancia delictiva, 304 a conducción vehicular en estado de ebriedad, y 874 a omisión a la asistencia familiar, siendo este el mayor indicador, representando un 65 %”, explica.
De los mil 346 procesos inmediatos ingresados, tanto en la sede central como en la subsede, se han concluido 129 casos de flagrancia, mientras que los casos restantes se encuentran en trámite. Asimismo, la magistrada menciona que la mayoría ha terminado con resolución anticipada, es decir “en un acuerdo que llega el fiscal y el acusado, el cual es aprobado por el juez y en el que existe una aceptación y reparación de la víctima de forma inmediata”.
El registro de las formas de conclusión de procesos inmediatos por flagrancia delictiva es por terminación anticipada con un 56 %, juicio oral con un 18 %, conclusión anticipada con un 19 %, proceso común con 6 % y principio de oportunidad con 5 %.
“Queremos lograr la satisfacción tanto en la persona que ha sido dañada en el delito, como por el acusado que lo ha cometido. Estas formas de conclusión de procesos inmediatos son saludables para efectos de lograr una justicia célere e inmediata, conforme requiere la población en estos últimos tiempos. De los procesos el 15 % se resolvió con conclusión anticipada y el 18
% llegó a la etapa de juicio oral”, detalla.
Desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, el nivel de ingresos y producción del distrito judicial de Lambayeque, separado a lo que corresponde a Chiclayo, ha ido en aumento en el período de siete años, advirtiendo que en los dos últimos años tanto el nivel de ingreso como resolución de procesos ha sido casi similar, registrándose 31 mil 269 y 30 mil 865 procesos respectivamente.
AVANCE EN LAS FISCALÍAS
Ana Salés menciona que desde la implementación del NCPP se han registrado 213 mil 65 casos delictivos, de los cuales se han concluido 174 mil 713, equivalentes al 82 %, cifra que pone al Ministerio Público - MP de Lambayeque en “uno de los primeros distritos fiscales con mayor carga a nivel de efectividad en resolución de procesos”, presentando solamente 38 mil 352 casos en materia de trámite.
El nivel de incidencia delictiva registrado desde el 2010 hasta el 2015, a nivel del MP, son los delitos contra el patrimonio, registrado en un 44,3 %; contra la familia con un 12 %; contra la vida, el cuerpo y la salud representando un 11,5 %, y, por último, el delito contra la seguridad pública, referido a un 9,3 %.
“Los tipos de delitos con mayor incidencia contra el patrimonio son: hurto, con 30 mil 863 denuncias; robo, con 27 mil 448 denuncias, y daños contra el mismo patrimonio, con 20 mil 483 denuncias registradas. En cambio, los delitos con mayor frecuencia contra la familia son: omisión de asistencia familiar, con 26 mil 273 denuncias, y atentados contra la patria potestad, con 698 denuncias registradas”, expone.
En la misma línea, las formas en cómo se han concluido los casos fueron a través de acuerdo reparatorios y la aplicación del principio de oportunidad, que son las vías externas, y de procesos de terminación anticipada en dos mil 338 casos.
“Existe un alto nivel de resolución, porque uno de los objetivos del Código Procesal Penal es el seguimiento de casos que tengan relevancia penal, es decir que se puedan concluir con sentencia condenatoria. En el 94 % de casos, que equivalen a 18 mil 524 expedientes, se ha logrado condenas, frente a un 6 % que se han resuelto con sentencias absolutorias, reflejando así la efectividad alcanzada”, señala.
De las 18 mil 524 sentencias condenatorias obtenidas durante la vigencia del NCPP, la magistrada indica que nueve mil 810 condenas se realizaron por incumplimiento de obligación alimentaria y dos mil cinco por imprudencia de conducción vehicular en estado de ebriedad. Asimismo, 691 condenas por fabricación, suministro y posesión de explosivos, siendo estos los casos de mayor incidencia. Se registran también 645 condenas de falsificación documentaria, y 558 por lesión.
El nivel de la calidad de las sentencias obtenidas considera 307 penas que corresponden a sentencias mayores a 15 años, así como 55 condenas a cadena perpetua. Asimismo, las prisiones preventivas que se han solicitado han sido de dos mil 111, de las cuales el 84,41 % fueron concedidas y el 15,59 % denegadas, es decir que mil 782 condenas preventivas.
“En el año 2015 el Ministerio Público registró el ingreso de 35 mil 684 denuncias, de las cuales 28 mil 768 han sido concluidas, siendo llevados a juicio cuatro mil 967 procesos comunes, obteniendo sentencias condenatorias de cuatro mil 647 y 320 sentencias absolutorias. Además, se han obtenido 50 sentencias con penas mayores a 15 años y diez cadenas perpetuas”, puntualiza.
La presidenta de la Corte Superior de Justicia señala que las fiscalías aplicaron mecanismos de solución temprana en dos mil 614 casos, de los cuales el 79 % corresponde a principios de oportunidad, el 13 % a acuerdos reparatorios, y el 8 % a terminaciones anticipadas.
Policía y Defensoría Pública
Salás del Castillo expone que la mayor incidencia delictiva registrada desde el 2010 hasta el 2015 en la región policial de Lambayeque es en delitos contra el patrimonio, evidenciada en 23 mil 257 denuncias por hurto simple y hurto agravado, seguidas de las de robo simple y robo agravado, que suman 21 mil 606. Hay también, 12 mil 566 denuncias contra la seguridad pública, siete mil 702 por lesiones y dos mil 714 por usurpación, receptación, extorsión y otros.
Asimismo, el registro de consultas y patrocinios en la dirección distrital de Lambayeque de la Defensoría Pública tiene un total de 34 mil 424 consultas realizadas, 19 mil 750 nuevos patrocinios y siete mil 40 casos cerrados. Se han ventilados casos penales, de familia y otros.
“Los defensores públicos son la principal herramienta que tenemos para garantizar la defensa del Poder Judicial, de las víctimas y de los asuntos de familia. El total de salidas alternativas de la dirección distrital de Lambayeque es de dos mil 36, referidas a las materias de terminación anticipada, el principio de oportunidad, la conclusión anticipada y el acuerdo reparatorio”, concluye.
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