Cuarenta y tres años después, Uchuraccay no es una efeméride ni un recuerdo lejano. Es una herida abierta que atraviesa al periodismo peruano y desnuda una deuda histórica del Estado con la verdad, la justicia y la libertad de expresión. Así lo sostiene Andrés Zúñiga Pimentel, decano del Colegio de Periodistas del Perú, quien advierte que el asesinato de ocho periodistas en Ayacucho, en enero de 1983, sigue siendo un símbolo incómodo de un país que nunca terminó de esclarecer uno de los crímenes más graves contra la prensa en América Latina.
Para Zúñiga Pimentel, hablar de Uchuraccay no es un acto ceremonial ni una conmemoración nostálgica. Es, por el contrario, volver a una escena de violencia extrema que marcó un quiebre profundo entre el Estado, las comunidades andinas y el derecho ciudadano a estar informado. En su análisis, el caso no solo permanece impune, sino que continúa proyectando sus efectos sobre el ejercicio periodístico actual, en un contexto donde la violencia, la estigmatización y la desprotección institucional siguen presentes.
“A veces la palabra aniversario suena a fiesta, a bonito recuerdo. No, es lo contrario: es una herida que durante 43 años continúa abierta. Cuatro décadas, más de cuatro décadas, en que a un grupo de periodistas se les asesinó de la manera más cobarde, a machetazos, a pedradas, como si hubiéramos vuelto a la época del salvajismo, y fue en su propia tierra aquí en el Perú, en Ayacucho”, señaló en diálogo con Expresión.
El decano subraya que los periodistas asesinados no se encontraban en Uchuraccay por curiosidad ni por aventura. Estaban cumpliendo su labor profesional: investigar una información de alto interés público relacionada con la muerte de presuntos miembros de Sendero Luminoso en una zona rural cercana. La misión periodística fue interrumpida de forma brutal, en medio de un clima de violencia política, desinformación y manipulación de las comunidades.
Diversas versiones
Zúñiga Pimentel recuerda que, con el paso del tiempo, se construyeron versiones oficiales que intentaron reducir el crimen a un “malentendido cultural”, una explicación que —sostiene— resulta infantil y ofensiva para la memoria de las víctimas y para la inteligencia del país. Según esas versiones, los comuneros habrían confundido a los periodistas con terroristas debido a un objeto rojo que uno de ellos llevaba para limpiar su cámara fotográfica.
“Se inventaron muchas cosas. Se dijo incluso que cuando uno de ellos sacó una franela de color rojo para limpiar la lente de la cámara, los pobladores pensaron que era una bandera terrorista y que por eso los mataron. Eso es una cuestión muy infantil, absolutamente inverosímil”, precisa.
El decano del Colegio de Periodistas del Perú insiste en que esta narrativa sirvió para desviar responsabilidades mayores y cerrar el caso de manera apresurada. A su juicio, nunca existió una investigación exhaustiva e independiente que permitiera esclarecer completamente los hechos ni identificar a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales.
Uno de los aspectos más perturbadores del caso, según Zúñiga, es el ensañamiento con el que fueron asesinados los periodistas. La violencia desmedida, aplicada contra personas desarmadas que habían acudido a dialogar con la comunidad, plantea interrogantes que siguen sin respuesta más de cuatro décadas después.
“¿Por qué ese tipo de ensañamiento contra ocho o nueve personas que no tenían absolutamente ningún armamento y entraron a conversar de manera natural con los comuneros? Fueron asesinados de la peor forma, y eso hay que decirlo así, porque así fue”, sostuvo.
El decano del Colegio de Periodistas del Perú revela que nuevas investigaciones independientes, desarrolladas por colegas durante décadas, están aportando información clave que nunca fue tomada en cuenta por las autoridades. En ese marco, el colegió realizó un webinar institucional en el que se presentaron hallazgos que podrían reconfigurar la comprensión del crimen de Uchuraccay.
Andrés Zúñiga rememora su vínculo personal con las víctimas. Recuerda que uno de los periodistas asesinados, Jorge Luis Mendívil, era de su misma promoción universitaria. Para él, esa cercanía refuerza la obligación ética de no permitir que el caso quede sepultado por el olvido o la indiferencia institucional.
Peligros actuales
Más allá de Uchuraccay, el decano advierte que la violencia contra periodistas no es un fenómeno del pasado. Solo en el último año, cuatro comunicadores fueron asesinados en distintas regiones del país, sin que hasta la fecha se haya esclarecido ninguno de esos crímenes. Para Zúñiga Pimentel, esta impunidad confirma que el Estado peruano sigue fallando en su deber de proteger la libertad de prensa.
“El año pasado hemos tenido cuatro asesinatos de colegas en el país y no se ha resuelto absolutamente ninguno. Ni la policía ni la fiscalía han logrado esclarecerlos. Y eso no puede ser así”, señaló.
El decano enumera los casos: periodistas asesinados en Ica, Iquitos, La Libertad y Ucayali, todos en circunstancias vinculadas a su labor informativa. En su análisis, existe un patrón preocupante: cuando la víctima no pertenece al poder político o económico, la respuesta del sistema de justicia es lenta o inexistente.
“Cuando hay un político o un familiar de alguien influyente, inmediatamente se resuelve el caso. Pero en estos cuatro casos de periodistas se han olvidado totalmente. Vamos a ir a exigir cuentas, porque un crimen no puede quedar impune”, advirtió.
Desde el Colegio de Periodistas del Perú anunció también la conformación de una comisión nacional que recorrerá las regiones donde ocurrieron estos asesinatos para exigir avances concretos en las investigaciones. Remarcó que no se trata de un acto simbólico, sino de una acción institucional en defensa de derechos fundamentales.
Ataques a la prensa
En paralelo, el decano cuestionó el trato hostil que algunos actores políticos mantienen hacia la prensa. Recientemente, denunció públicamente un incidente protagonizado por el candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien, durante una conferencia de prensa, faltó el respeto a una periodista en Huancayo.
“Ningún candidato, ninguna persona tiene derecho a insultar a la prensa, mucho menos a faltarle el respeto a una dama. Los políticos no pueden olvidar que no somos sus enemigos; somos intermediarios del derecho ciudadano a estar informado”, precisó.
Para Zúñiga Pimentel, el periodismo cumple una función incómoda pero indispensable en democracia. Precisamente por ello, advierte que cuanto más incómodas sean las preguntas al poder, más saludable será el sistema democrático.
En el cierre de su reflexión, el decano abordó otro tema crítico: la situación de los periodistas adultos mayores, muchos de ellos abandonados por el sistema previsional tras décadas de trabajo en medios que desaparecieron sin cumplir sus obligaciones laborales. Asegura que esta problemática será una prioridad de su gestión.
“Nunca vamos a desamparar a los colegas de la tercera edad. Muchos trabajaron toda su vida, les descontaron para una pensión y hoy no reciben nada. Los derechos no se mendigan: se reclaman y se tienen que cumplir”, manifestó.
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