Abordar un auto colectivo en un paradero de servicio público puede convertirse en una acción riesgosa si no se hace en un lugar formal. Esto lo advierte Wilson Míñope Carbajal, presidente de la Coordinadora Regional de Transportes, quien señala que solo en Chiclayo hay alrededor de 70 paraderos informales, de los cuales alrededor de 30 estarían siendo custodiados por hampones, quienes generan zozobra entre los mismos transportistas y los usuarios.
“Nosotros tenemos un trabajo sobre paraderos informales desde hace dos años y podemos afirmar que, si bien la informalidad siempre ha existido en nuestro sector, hoy está tan recalcitrante que en las mesas de trabajo sobre seguridad ciudadana se han identificado paraderos que están chalequeados o protegidos por la delincuencia organizada”, refiere Wilson Míñope, quien agrega ese tema preocupa al sector, pues ahora los ciudadanos no están seguros al abordar uno de estos vehículos”, manifiesta.
Inseguridad
Míñope señala que ya los fiscalizadores han sido amedrentados por las personas que custodian estos paraderos, por lo que en una reciente mesa de trabajo pidieron a la Policía que actúe para apoyar a la municipalidad y evitar la expansión de estos paraderos.
“Tenemos más de 70 paraderos informales, pero los puntos rojos son de 25 a 30 que, bajo la facha de empresas de taxis o de empresas en proceso de formalización para obtener nuevas autorizaciones, son chalequeado por esta gente al margen de la ley”, revela Míñope Carbajal.
Señala que estas empresas usan vehículos que no reúnen las condiciones para hacer el servicio de auto colectivo. Como gremio han recibido reportes de pasajeros que han sufrido el robo de sus pertenencias, pero también de los mismos choferes que han sido asaltados bajo la modalidad de pasajero a bordo.
“En algunos casos, incluso hemos tenido reportes de tocamientos indebidos o hasta violaciones a las pasajeras. Esto ocurre porque no hay un filtro en los paraderos informales. Al no existir autorización, no se identifica a los choferes de los vehículos. Muchos de ellos utilizan también aplicativos de servicio de taxi y actúan al margen de la ley. No son todos, pero al ser informales, es difícil identificarlos”, explica.
Fiscalización
Asimismo, señala que la labor de fiscalización que cumple la Municipalidad Provincial de Chiclayo es deficiente, dado que no cuentan con el número suficiente de personal, además de que este tampoco está debidamente capacitado.
“Tenemos más de 7000 vehículos informales en Chiclayo que hacen servicio de taxi o de auto colectivo en la región e irrumpen en todas las rutas. No solamente hablamos en el servicio urbano, sino del servicio distrital e interdistrital que afecta directamente a las empresas que sí han obtenido su autorización. Estos grupos informales generan el desorden y la tugurización que se ve en pleno centro de Chiclayo”, precisa.
Indica que hay un grupo reducido de estos transportistas informales que sí buscan su formalización, pero la municipalidad no ha tenido la capacidad de gestionar una ordenanza municipal para el empadronamiento de los vehículos que cumplen con los criterios de peso y cilindrada para el servicio de taxi.
“Este es un tema pendiente que le venimos pidiendo a la municipalidad desde el año pasado. Incluso acompañamos a los funcionarios a una consulta que se hizo ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero tenemos tres meses desde que se hizo la consulta y no se ha aprobado la ordenanza para formalizar el servicio de taxi”, lamenta.
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