En el Perú, el ejercicio del poder no siempre ocurre en los espacios oficiales ni bajo los principios de transparencia que exige la democracia. Decisiones clave se adoptan lejos del escrutinio público, entre interferencias políticas, blindajes y redes informales de influencia que debilitan la integridad de las instituciones. Esta práctica, cada vez más recurrente, ha profundizado la crisis de confianza ciudadana y evidencia una grave crisis de integridad pública en el país.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, la casa de Sarratea operó como un espacio informal de poder. Bajo la apariencia de una vivienda privada, se habrían coordinado nombramientos de altos funcionarios, tráfico de influencias y reparto de contratos al margen de los canales institucionales. De acuerdo con el Ministerio Público, en este lugar se acordaron transferencias millonarias a gobiernos subnacionales y se articuló lo que se conoció como el “gabinete en la sombra”, vulnerando abiertamente los principios de integridad y transparencia en la gestión pública.

La gestión de Dina Boluarte también enfrentó serios cuestionamientos éticos tras revelarse prácticas contrarias a la transparencia. Un informe de Ojo Público identificó al menos 18 reuniones no registradas en la agenda oficial con gobernadores regionales entre 2022 y 2024. Entre ellos figuraron Wilfredo Oscorima, Zósimo Cárdenas y César Acuña, cuyas regiones recibieron posteriormente asignaciones extraordinarias que superaron los 82 millones y los 548 millones de soles.

A ello se suma el caso Jerí-Yang, junto con el denominado chifagate, que ha intensificado las denuncias sobre una grave vulneración de la integridad pública. Investigaciones periodísticas revelan la existencia de reuniones no registradas en Palacio de Gobierno, así como encuentros informales fuera de los canales oficiales, que coincidieron con decisiones estatales de alto impacto. Yang habría ingresado al menos tres veces entre diciembre y enero, periodo en el que se discutían proyectos para exonerar impuestos a importaciones tecnológicas y avanzaba una licitación de videovigilancia superior a los 112 millones de soles, en la que sus empresas contaban con antecedentes de contratación con el Estado.

Los casos de Castillo, Boluarte y Jerí evidencian una vulneración persistente de los principios de integridad pública que deberían regir el ejercicio del poder. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica recurrente en la que la transparencia y la rendición de cuentas quedan relegadas. Reuniones privadas sin sustento institucional, registros oficiales ausentes o manipulados y rectificaciones tardías ante la presión pública revelan una brecha constante entre el discurso y la conducta de las autoridades.

Blindajes e interferencias: la integridad en crisis

La falta de integridad pública se manifiesta con mayor crudeza cuando las instituciones llamadas a fiscalizar y sancionar al poder terminan sometidas a él. Las constantes denuncias de interferencias políticas, presiones internas y blindajes a funcionarios investigados revelan un sistema en el que la ética pública cede ante intereses particulares.

El Congreso de la República ha ejercido un control político desigual, guiado más por intereses partidarios que por un compromiso con el interés general. Esta conducta ha sido especialmente evidente en su relación con el Ejecutivo. Mientras que durante el gobierno de Castillo se desplegó una ofensiva constante para debilitar y finalmente derribar su gestión impulsada principalmente por el fujimorismo y sus aliados, el trato hacia Boluarte fue marcadamente distinto. El blindaje político resultó evidente: acusaciones minimizadas, investigaciones desacreditadas y un control ejercido con notable indulgencia.

Este patrón parece repetirse hoy en el caso de Jerí, donde el Congreso recurre al mismo libreto aplicado con Boluarte: dilación, relativización de los hechos y protección desde mayorías circunstanciales. Así, el Parlamento se ha convertido en un escenario recurrente de blindajes políticos, bloqueando acusaciones constitucionales o neutralizando investigaciones incómodas cuando estas afectan a figuras cercanas a determinados sectores de poder. Estas prácticas no solo protegen a personajes cuestionados, sino que envían un mensaje alarmante: en la política peruana, la cercanía al poder puede pesar más que la ley y la integridad pública.

La integridad como demanda social, no solo legal

En el Perú, la integridad pública ha dejado de ser una exigencia meramente legal para convertirse en un requisito ineludible del ejercicio del poder. Frente a la reiteración de escándalos de corrupción, reuniones ocultas y blindajes políticos, se demanda una actuación íntegra y coherente en todas las decisiones de gobierno. No bastan sanciones: se requieren señales claras de rendición de cuentas, decisiones transparentes y un compromiso real con el interés público. Cuando la legalidad se aplica de manera selectiva, persiguiendo a unos y protegiendo a otros, pierde legitimidad y vacía de contenido al Estado de derecho. Entonces, la integridad se convierte en un límite ético que debe guiar a las instituciones donde han fallado los mecanismos formales. Ignorar esta exigencia profundiza la desconfianza y erosiona las bases mismas de la democracia.

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(*) Politólogo.

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El Congreso de la República ha ejercido un control político desigual, guiado más por intereses partidarios que por un compromiso con el interés general.

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