Al igual que en una empresa, el proceso educativo requiere que cada uno de sus integrantes desarrolle sus funciones de la mejor manera; sin embargo, existe un sector que en los últimos años ha sido discriminado social y laboralmente. En Lambayeque se cuenta con más de mil cien trabajadores administrativos que laboran en los diferentes centros de enseñanza de la región, quienes tienen que desarrollar tareas a pesar de los bajos sueldos que reciben.
Ulises Díaz Ruíz, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de Centros Educativos - SUTACE, señala que actualmente la agremiación cuenta con aproximadamente 680 afiliados, quienes se dividen en dos niveles.
“Por un lado tenemos a los servidores administrativos auxiliares y los servidores auxiliares, quienes desempeñan labores de guardianía, de servicios de limpieza o de jardinería. En este grupo se encuentran también los oficinistas y quienes trabajan en las bibliotecas de las diferentes instituciones educativas de la región”, explica Díaz Ruiz.
En segundo lugar se encuentra el nivel técnico, el cual comprende a los secretarios de sub directores, directores, auxiliares de bibliotecas y laboratorios.
Existe cerca de 400 trabajadores que se encuentran afiliados a otros sindicatos, así como una minoría que no pertenece a ninguna agremiación. En total, son mil 150 trabajadores que pertenecen al Régimen Laboral 276 (público), conformado por personal nombrado, con contratos indefinidos.
FALTA DE APOYO
Ulises Díaz lamenta que la región cuente con gobernantes que no ven al trabajador como una persona que puede contribuir al desarrollo de la sociedad, denotándose en pequeños detalles como la indumentaria, por ejemplo.
“Las autoridades deberían ser quienes nos provean del equipamiento y del uniforme respectivo para desarrollar nuestras labores a través de la Gerencia Regional de Educación – GRED, las diferentes unidades de gestión educativa y el mismo gobierno regional. Sin embargo, hacia los servidores administrativos de las instituciones educativas hay una especie de discriminación abierta, porque a ningún servidor de los colegios se le brinda el uniforme requerido para el desarrollo de sus actividades”, manifiesta el representante de los trabajadores.
Señala que los trabajadores encargados de realizar la limpieza de las oficinas desarrollan sus labores con la misma ropa con la que llegan a la institución, convirtiéndose en una práctica recurrente año tras año.
“A los servidores del gobierno regional y de las distintas UGEL les guardamos una envidia sana, porque quisiéramos que nos traten de la misma forma. A ellos sí se les entrega sus uniformes hasta por mil 500 o dos mil soles, con zapatos incluidos y carteras para las mujeres”, refiere.
Es por esta razón que Ulises Díaz señala que debería de existir una política inclusiva y que a todos los trabajadores del régimen 276 se les otorguen las mismas condiciones laborales.
“No estamos al nivel de los trabajadores de salud o de agricultura, quienes cuentan con una indumentaria que los identifica”, lamenta el secretario general del SUTACE.
PAGOS PENDIENTES
Entre los diferentes reclamos que ha desarrollado el SUTACE en el 2015, el más significativo corresponde a la remuneración por incentivo laboral, la cual no se cumple de la forma más adecuada.
“Hemos realizado constantes reclamos por una igualdad de oportunidades y remuneraciones, tal como lo dice la ley. La Resolución Directoral N° 190 – 2014 – EF/53.01, que se aplica desde el año pasado, dispone que el incentivo laboral para todos los servidores técnicos y auxiliares en la región debe de ser de mil 830 soles”, explica.
El mismo gobierno regional por medio del Decreto 063, aprobado por la Directiva 022, firmada por el gobernador Humberto Acuña Peralta, detalla que los servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, tanto técnicos como auxiliares, deben recibir mil 830 soles.
“Todo esto se encuentra aprobado con la Resolución Directoral 190 – 2014, la cual señala los lineamientos para el pago de incentivos a los trabajadores del sector educación”, arguye Ulises Díaz.
Agrega que desde el sindicato ayudarán a sus afiliados a realizar las demandas judiciales por sus incentivos laborales, en razón que estos no superan los 450 soles y que en ocasiones pueden verse reducidos a 190, dependiendo del caso.
“Contamos con un horario de ocho horas, todos trabajamos lo mismo. En el caso de la UGEL, el incentivo para administrativos es de mil 830 soles y en el caso de los profesionales la cifra bordea los cinco mil soles. Estamos buscando al gobernador regional para que nos conceda una audiencia que finalice con estos actos de discriminación que se presentan en el sector educativo”, expone.
Reclama por la desazón que genera recurrir a acciones judiciales para exigir sus derechos, cuando la ley ha determinado el monto que deberían recibir los trabajadores, quienes ahora se ven obligados a contratar a abogados, suponiendo gastos que no están a su alcance.
“Una vez finalizado todo el proceso judicial ya no cuentan con los fondos para pagar el mismo”, lamenta el representante del SUTACE.
Agrega que este es un sistema perverso que lamentablemente impera en el Gobierno Regional de Lambayeque – GRL, propiciado por las mismas autoridades. “No hay nada que se oponga al beneficio, los trabajadores de Contrato por Administración de Servicios – CAS, quienes se encuentran en la sede de la UGEL Chiclayo, presentan mejores condiciones que aquellos contratados por muchos años bajo el régimen 276”, anota.
El sueldo de un trabajador administrativo escolar asciende a 740 soles. “¿Con cuánto vive el trabajador administrativo de un colegio? Mensualmente presenta un ingreso neto de 170 soles. Esta es nuestra realidad, si bien es cierto esto es producto de descuentos por los préstamos que realizamos a una cooperativa para poder sobrevivir, mensualmente los montos que recibimos son bajos. Si le agregamos los 250 soles de incentivo, tenemos un promedio de 420 soles de saldo mensual”, indica Ulises Díaz.
El secretario general aspira a que todos, miembros o no del SUTACE, reclamen sus incentivos laborales en base a lo que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, por lo que se tendrían mil 150 procesos judiciales agregándose al órgano jurisdiccional.
RECLAMOS PARA MEJORAR
“Tenemos juicios ganados por intereses del régimen 037, los cuales señalan que se le debe 16 mil soles a cada trabajador, y en este año solo en algunos casos nos han entregado de mil a dos mil soles, dependiendo de cada caso; tenemos también juicios ganados por el Acuerdo Regional 022, debiéndose dos mil soles a cada trabajador, pero sin realizarse el pago hasta la fecha; hemos ganado también juicios por el incremento del 10 % de intereses y no se dignan a sacar las resoluciones que permitan este aumento a todos los trabajadores del sector Educación”, manifiesta Díaz Ruiz.
La Ley de Presupuesto ha dispuesto que en este año se devuelva a los trabajadores lo que se les ha descontado indebidamente por el régimen 037 por su afiliación a la Oficina de Normalización Previsional – ONP, “y ni si quieran convocan a una reunión para determinar cuánto le corresponde a cada uno de los trabajadores y solicitar la devolución al MEF para que nuestros afiliados no continúen perjudicándose”.
Menciona que existen casos cuestionables como lo que sucede en el colegio Elvira García, donde se responsabiliza a docentes y administrativos de la pérdida de alumnado, por lo que los están declarando excedentes.
“¿Cómo le pides al padre de familia a que matricule a su hijo en una institución que cuenta con su infraestructura deteriorada?, ¿Qué padre se va a arriesgar a que su hijo estudie en un colegio que puede venirse abajo en cualquier momento? El símbolo de esto es el colegio Labarthe, ubicado en el centro de la ciudad y que se encuentra destruido (señalado como un monumento cultural). Sin embargo, los funcionarios realizan pasantías a otras regiones para determinar cómo es que estos departamentos cuentan con una calidad educativa superior a la de Lambayeque”, expone el representante del SUTACE.
Manifiesta que la región se encuentra en uno de los niveles más bajos en el aspecto educativo, por lo que se debe realizar esfuerzos no solo de parte de los trabajadores, sino también de los padres de familia, maestros y alumnos, y, principalmente, las autoridades que tienen a cargo la gestión del sector.
“Tiene que existir competencia con la educación privada, para ello contamos con los presupuestos participativos del gobierno regional y de los gobiernos locales”, agrega.
La cantidad de personal administrativo es insuficiente, tal como menciona Ulises Díaz, dado que “hay instituciones que presentan un déficit tanto en el área de servicios como de guardianía; colegios donde solo una persona desarrolla las diferentes labores”.
Según el Ministerio de Educación, en el país hay 60 mil locales educativos y solo 47 mil trabajadores administrativos.
Agrega que los directores, que en la mayoría de los casos son nuevos, obligan a los trabajadores a que desarrollen labores de limpieza, guardianía, encerado y baldeado; aun cuando no les corresponden.
“Creen que el trabajador es una máquina y que no cuenta con una dignidad. Recientemente ha fallecido una de nuestras compañeras a causa de una penosa enfermedad”, narra el secretario general de la SUTACE.
Explica que si bien no puede culpar al exceso de trabajo como la causa principal del fallecimiento de la trabajadora, es una cuestión que podría complicar su estado de salud.
REUBICACIÓN DEL PERSONAL
Asimismo, refiere que este personal carente en las escuelas lambayecanas muchas veces se encuentra distribuido en las diferentes Unidades de Gestión Educativa – UGEL, de las diferentes provincias.
“Si uno visita cualquiera de las UGEL, e inclusive la GRED, puede ver cómo estas instituciones se encuentran atosigadas de funcionarios y trabajadores que debería desempeñar un cargo en los colegios. Estos son favores políticos que lamentablemente otorga el actual gobernador a quienes le han hecho campaña, llenando la administración pública en el sector educación y seguramente en otros sectores”, asume Díaz Ruiz.
Considera que un 50 % del personal ubicado en las unidades de gestión educativa debería disponerse en las instituciones de la región, representando aproximadamente unos 500 trabajadores.
“Hoy en día se capacita al docente, más no al trabajador administrativo. Brindamos capacitación a nuestros afiliados por nuestra propia cuenta, por lo que en varias ocasiones los trabajadores deben sacrificar su sueldo para mantenerse actualizados en las normativas y cambios que existen en la política educativa”, describe Ulises Díaz.
Culmina afirmado que en el quehacer educativo cada uno de los miembros cumple un rol de vital importancia, incluyendo al personal administrativo. “Hay que fortalecer las instituciones educativas, si queremos mejores ciudadanos tenemos que ofrecer un mejor servicio. Pareciera que a las autoridades no les interesa el avance en tecnología, ni la mejora en infraestructura o que los padres de familia paguen altos montos de matrícula. Se debe contar con un servicio integral que incluya a cada uno de los miembros del proceso educativo (padres, alumnos, maestros, administrativos y sociedad)”, enfatiza.
respuesta de José el 2019-05-08.
Es una verdad que las Autoridades hacen oidos sordos, todo hay que hacerlo vÃÂa judicial. No hay sanción para funcionarios que no cumplen con los pagos de acuerdo a ley. No unifican los 17 conceptos que tiene nuestra boleta de Remuneraciones. Pero los trabajadores de la Región y de las sedes, incluyendo UGEL s si se pagan todo, hasta prestamos se dan y pagan la MaestrÃÂa. Razón por la que todos quieren estar en la sedes. Cuando sancioinan a un docente o administrativo lo dejan en la sede sin hacer nada. Deben ir a los colegios e Institutos que si lo necesitan. Pero no se hace.
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