El exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones le han aflorado las ganas de llegar a la presidencia de la república y, en ese afán, anunció ha anunciado la formación de su propio partido político, al que ha denominado “Justicia Perú”, el mismo que busca inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, de cara a los comicios del 2026.

Si bien las intenciones de Carrasco Millones de ser presidente del Perú son manifiestamente nuevas, no lo es su interés por la política y lo mediático.

Como operador del Ministerio Público tuvo siempre un apego especial por la exposición en los medios de comunicación nacional exponiendo sobre avances y resultados que – irónicamente – sus investigaciones no tenían en lo real.

Siendo fiscal aceptó ser ministro del gobierno de Pedro Castillo Terrones y luego postuló al Gobierno Regional de Lambayeque, aunque su candidatura no maduró porque presentó una inscripción incorrecta por parte de la organización política en la que militó hasta septiembre del año pasado: Juntos por el Perú.

ACTUACIÓN FISCAL

Carrasco Millones estudió Derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ejerció como abogado libre hasta el 2004 y allí pasó a trabajar en la Intendencia de la SUNAT en Lambayeque, para luego ingresar en el 2010 al Ministerio Público como fiscal adjunto provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.

Uno de los primeros casos sonados que tuvo como fiscal fue el de José Luis Torres Saavedra, alias “Burro”, líder de una banda dedicada a las extorsiones, principalmente en el sector transportes. A éste y los otros coinvestigados les imputó los delitos de extorsión, asociación ilícita para delinquir, robo agravado y lavado de activos. Si bien el caso empezó en el 2010, la condena contra Torres Saavedra se logró recién en el 2019, siendo otro el fiscal a cargo.

En septiembre del 2014, Carrasco Millones se convirtió en el centro de la noticia como supuesto artífice de la caída de la presunta organización liderada por el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales. Siendo adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal suscribió el requerimiento de captura contra Torres Gonzales y sus colaboradores, el mismo que amparado por el Poder Judicial, específicamente por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

Tiempo después se conoció que uno de los documentos incluido por Carrasco Millones como elemento de su requerimiento había sido supuestamente emitido por la unidad de inteligencia de la Policía Nacional en Lambayeque, empero las firmas no correspondían al responsable, sino a otros dos agentes que no pertenecían a dicha dependencia.

También se probó que en la fiscalía no recibió informes de la SUNARP, Inteligencia Financiera y la CONABI para respaldar su requerimiento, tal como el fiscal Carrasco informó al juzgado.

Dicho caso, denominado “Los limpios de la corrupción” cumplirá 10 años en septiembre de este año y hasta el momento no se ha formulado acusación sobre los delitos que Carrasco Millones señaló como móviles para su operativo de captura: asociación ilícita y lavado de activos.

Otro caso impulsado por Carrasco Millones como fiscal fue el de “Wachiturros de Tumán”, actualmente en proceso de juzgamiento en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y sobre el cual se ha declarado absolución y sobreseimiento sobre parte de las imputaciones ante la falta de carga probatoria.

El fiscal también habría interferido en el caso “Hermandad del norte”, concretamente en la gestión de un beneficio premial como colaborador eficaz a favor de David Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, quien en audiencia judicial señaló a Carrasco Millones de haberlo presionado para incriminar a los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.

CONTROVERSIAS

En junio del 2016 asumió la coordinación de la recientemente creada Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, ellos tras su amplia exposición mediática, varias veces de la mano del jefe de la organización Pro Justicia, Fernando O”phelan Pérez, que después pasó a investigado por la fiscalía.

No es un hecho menor que en algunas de las entrevistas en medios nacionales en la que participó junto a O”Phelan Pérez, este señaló que el operativo para el caso “Limpios de la corrupción” se hizo gracias al apoyo de la cooperación internacional. Sin embargo, el Ministerio Público negó la exigencia de algún convenio de cooperación o apoyo dado por ente extranjero alguno para dicho caso. El fiscal Carrasco Millones nunca negó ni aclaró sobre el particular.

En 2016, Expresión denunció que el fiscal había plagiado un recurso de nulidad de la defensa de dos procesados por el caso Úcupe, hecho que fue asumido por la Fiscalía de Control Interno, pero que prescribió por la actuación de la fiscal responsable Mariana Vásquez Zagaceta, quien, según la Fiscalía Suprema de Control Interno, en la Resolución 346-2018, dilató de manera injustificada la actuación contra Carrasco Millones.

Otro hecho vinculado al exfiscal es la intención que tuvo un personaje cercano a él, el primo de su esposa, identificado como Frank Guevara Díaz, quien fue designado como administrador judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán por un juzgado de Utcubamba, gracias al amparo que firmó como abogado el cuñado de Carrasco Millones, identificado Franklin Díaz Idrogo. Guevara Díaz fue sentenciado en agosto del 2021 por un caso de organización criminal en proceso de terminación anticipada.

SALTO A LA POLÍTICA

Siendo fiscal de crimen organizado, en julio del 2021 Juan Manuel Carrasco pretendió dar un salto político y al mismo tiempo mantener su puesto en el Ministerio Público.

Inaugurado el gobierno de Pedro Castillo, el fiscal aceptó ser ministro del Interior en su primer gabinete, para lo cual solicitó convenientemente licencia “por motivos personales” por 90 días.

Carrasco Millones tuvo que renunciar a la carrera fiscal ante incompatibilidad entre su cargo político y la permanencia en el Ministerio Público. Resultado de ello fue denunciado constitucionalmente.

Su paso como ministro tampoco estuvo libre de controversias. Visitó la casa del jirón Sarratea, donde despachaba asuntos de gobierno Pedro Castillo. Cuando fue abordado por la prensa dijo que acudió para hablar temas de Estado con el presidente, pero luego afirmó que lo hizo por asuntos personales.

Fue ministro del Interior hasta el 6 de octubre del 2021, luego viceministro de Justicia y el 17 de noviembre juró como ministro de Defensa.

CANDIDATO TRUNCO

El 1 de febrero del 2022, Juan Manuel Carrasco renunció al portafolio de Defensa, pues como actor político daría otro paso en su carrera: postular al gobierno regional de Lambayeque.

Se aupó como candidato de Juntos por el Perú, con el aval de su colega ministro Roberto Sánchez Palomino, a la sazón presidente del partido que antes lideró Yehude Simon Munaro.

Empero, las aspiraciones de Carrasco Millones no prosperaron, pues la personería del partido cometió un grave error en la interpretación del principio de paridad de la ley electoral.

Carrasco Millones no logró su inscripción como candidato, pero hasta horas antes de las votaciones de octubre del 2022 difundió mensajes asegurando que seguía en carrera. Para la segunda vuelta apoyó al candidato de Somos Perú, el hoy gobernador Jorge Pérez Flores.

La presencia de Carrasco Millones no fue de total agrado en Juntos por el Perú. Militantes fundadores de dicho partido, antes Partido Humanista Peruano, renunciaron en señal de protesta. Así, en septiembre del año pasado el exfiscal y exministro abandonó la organización política en busca de nuevos vientos.

Nuevos vientos han significado la búsqueda de un partido propio, cuya recolección de firmas ha iniciado para presentarse ante el Jurado Nacional de Elecciones.

“Aquí no importan las ideologías, las ideologías de izquierda o de derecha. Las ideologías le hicieron mucho daño a nuestro país”, declaró a inicios de marzo.

En junio del 2023, el Congreso archivó la acusación constitucional contra Carrasco Millones, iniciada a partir de su aceptación al cargo de ministro siendo fiscal. Sin embargo, mediante la Resolución N° 021-2022-2023-CR, se declaró haber lugar a la formación de causa penal por la presunta comisión de los delitos de aceptación ilegal de cargo público y falsedad genérica, tipificados en los artículos 381 y 438 del Código Penal, en agravio del Estado. El procesamiento está en manos del Ministerio Público.

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