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  • Presidente de la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, la más grande del país, señala que préstamos ofrecidos por Agro Banco no serán suficientes para la presente campaña agrícola.

 

El valle Chancay Lambayeque es el más grande en el país por la cantidad de tierras irrigadas. En el mantenimiento de su infraestructura hidráulica trabajan dos entidades: el PEOT, responsable de la operación del sistema mayor de Tinajones, y la Junta de Usuarios, que se encarga de la infraestructura menor de riego. En este último aspecto, la junta ha logrado importantes avances en el mejoramiento de canales y limpieza de drenes, lo que ha permitido que en la actualidad se tenga un mejor escenario para el desarrollo de las actividades agrícolas y productivas.

 

Jorge Figueroa Roque, presidente de la Junta de Usuarios Chancay – Lambayeque, institución que tiene 47 años de labor, menciona que con las condiciones de infraestructura que ahora se tienen en el valle lo importante es que los agricultores accedan a créditos para financiar sus campañas, teniendo en cuenta que en la campaña anterior gran parte de estos trabajaron a pérdida.

“Lo más urgente por atender es el crédito para los agricultores, para que puedan aprovechar esta nueva campaña con el cultivo de algodón, maíz y arroz, que es lo más fuerte. Agro Banco ha aceptado otorgar créditos para unas cuatro mil hectáreas de arroz y algodón, pero no es suficiente. Lamentablemente los usuarios vienen de una campaña de pérdida por las plagas, que han originado que quiebren y hoy no tengan dinero”, menciona.

 

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA

El dirigente agrario asevera que hay disponibilidad de recurso hídrico para el inicio de la campaña agrícola, pues los volúmenes del reservorio Tinajones garantizan el aprovisionamiento de agua hasta fines de enero, aproximadamente, época en la que se espera el inicio de las avenidas.

“En cuanto a infraestructura estamos mejorando. Hemos trabajado en tres canales: el revestimiento de 5 kilómetros del canal Eten; de 5 kilómetros del canal Garbanzal, en Lambayeque, y 5 kilómetros 200 en el canal El Padre de Muy Finca, obra que ha licitado la Gerencia Regional de Agricultura. Estamos avanzando, otra obra que también quedará como resultado del impulso que hemos dado como es el canal Chiclayo, que ejecuta el gobierno regional”, señala.

Figueroa Roque sostiene que la preocupación se centra también en los drenes, cuyas labores de limpieza y mantenimiento deben continuar.

“Cuando fui presidente de la comisión de Muy Finca trabajamos 8 kilómetros de drenes y desde esa fecha no se ha realizado otra labor similar. Estamos evaluando un convenio con el PEOT para orientarnos un poco a lo que es drenes, porque nos faltan, sobre todo en la zona de Mórrope y Sasape, para la recuperación de hectáreas salinizadas y porque es necesario que esas zonas cuenten con drenes porque allí se siembra arroz”, manifiesta.

En lo que va del año, la junta ha invertido aproximadamente tres millones de soles en la limpieza de drenes y mejoramiento de canales. Respecto a maquinaria, cuenta con dos excavadoras y se gestiona la compra de una nueva unidad.

Se están realizando labores en los canales principales Jarrín, Chucupe, Túcume, Mórrope y Monsefú.

El presidente de la junta de usuarios comenta que lo que se espera de la administración del gobernador Anselmo Lozano Centurión es que dé atención a las necesidades de los agricultores.

“Necesitamos que haya mayor apoyo del que ya se tiene para el sector agrario. Nosotros, además de seguir gestionando el revestimiento de canales, estamos trabajando en la construcción de algunos puentes pequeños, limpieza de canales y drenes, todo lo que comprende el sistema menor. Lamentablemente la gestión anterior fue pésima y nos ha complicado para avanzar como quisiéramos. Hemos tenido que ordenar la casa”, indica Jorge Figueroa.

 

DEUDAS

Actualmente, una de las principales limitaciones que tiene la Junta de Usuarios Chancay – Lambayeque es la elevada deuda de las empresas agroindustriales por el suministro de recurso hídrico.

Por ejemplo, la Empresa Agroindustrial Pomalca mantiene una deuda que bordea los 12 millones de soles, sumando intereses, en tanto las azucareras Tumán y Pucalá cuatro millones cada una.

“La recuperación de la deuda es muy lenta porque dos de las tres agroindustriales están en crisis (Tumán y Pucalá). Tumán recién ha empezado a pagar y ya se le está dotando de agua, en el caso de Pomalca sí se está cumpliendo con los pagos actuales. La deuda es por períodos anteriores”, explica.

Al respecto, el gerente general de la entidad, Víctor Pineda Sampén, precisa que el monto de deuda más alto corresponde al 2015. La razón del incremento de la deuda – señala – es que pese a los incumplimientos que las azucareras tenían seguían recibiendo la dotación de agua. “No ha habido un control adecuado”, asevera el funcionario.

“El problema es que las azucareras han incumplido con los compromisos que asumían. Sin embargo, a partir de este año hemos tratado de ordenar la situación y hemos convenido en condicionarles la venta de agua. Es decir, si una empresa compra mil metros cúbicos de agua, debe pagar, además, mil metros cúbicos de la deuda acumulada, para de esta forma ir amortizándola. Si judicializamos la deuda se volverá impagable y será más complicado recuperar los montos”, precisa Pineda Sampén.

 

CUIDADO DE LOS RECURSOS

“Estamos preocupados porque al sistema mayor de Tinajones antes no se le dio el mantenimiento que corresponde, pero este año ya hemos observado que ha asignado recursos para dichos trabajos. Con el PEOT hay una buena relación para mejorar también en cuanto a la operación. El hecho de que la Junta de Usuarios, en la administración anterior, haya manejado el sistema mayor de Tinajones no solo generó deterioros en la infraestructura, sino también en la gestión de los recursos institucionales”, manifiesta el gerente general.

Pineda Sampén comenta que varios usuarios fueron afectados debido a que los pagos por tarifa de agua que realizaban no ingresaron al sistema contable de la junta de usuarios, lo que los ubica en condición de morosos pese a tener comprobantes de cancelación.

La junta cuenta con 28 mil usuarios, a los que se ha otorgado licencias y permisos. En total, en el valle se irrigan 140 mil hectáreas.

 

EL TAYMI

Entre los problemas que enfrenta a diario tanto el PEOT, como operador del sistema mayor, como la junta, responsable del sistema menor de riego, es el robo de agua de los canales con el uso de motobombas, principalmente en el canal Taymi.

“Hemos presentado una propuesta al Consejo de Recursos Hídricos para que se constituya una comisión de usuarios del Taymi. La opinión pública debe saber que la Autoridad Nacional del Agua – ANA, en el 2005, aprobó la creación del sub sector hidráulico Taymi, pero no se ha conformado la comisión. Esta zona tiene un espacio definido, un volumen de agua asignado que asciende a 26 millones de metros cúbicos, solo falta la organización. En esto estamos trabajando ahora”, detalla Pineda Sampén.

Como parte de las actividades preparatorias para la creación de la comisión de usuarios del Taymi se ha conformado un comité de gestión, con el que se ha convocado para el próximo 27 de octubre a asamblea a fin de elegir el primer consejo directivo. En el sub sector Taymi hay aproximadamente mil usuarios distribuidos en un área de tres mil 500 hectáreas.

Sobre el cuidado de los drenes y canales, donde se vierten aguas residuales cada vez que se presentan colapsos del sistema de alcantarillado que administra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, el gerente general de la junta sostiene que se han presentado las observaciones correspondientes y dado cuenta de estos hechos tanto al Ministerio Público como a la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.

“Como operadores hidráulicos tenemos nuestras competencias muy definidas y cada vez que se han presentado este tipo de situaciones que perjudican el uso de los canales para riego agrícola, se han presentado los reportes a las entidades correspondientes”, comenta.

 

+ NOTICIAS

  • La Junta de Usuarios Chancay Lambayeque tiene 180 procesos judiciales, varios de ellos entablados por trabajadores que buscan ser repuestos.
  • Se ha identificado aproximadamente un millón y medio de soles de perjuicio económico generado en la edición anterior. Solo por dinero por tarifa de agua que no ingresó a las cuentas de la institución se tienen 800 mil soles.
  • La junta cuenta con 16 comisiones de regantes.

JORGE FIGUEROA ROQUE: “ES URGENTE ATENDER CRÉDITOS PARA LOS AGRICULTORES”

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  • Hasta agosto solo se ha dado uso a 79 de los tres mil 125 millones de soles asignados para el departamento.
  • En Piura la ejecución de recursos de la reconstrucción alcanza los 418 millones de soles y en La Libertad los 168 millones.

 

Sin pena ni gloria, así dejó César Calderón Morales la gerencia regional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, cargo al que llegó en septiembre del 2017, y al que renunció en medio de la escandalosa demolición de módulos de vivienda para damnificados de El Niño Costero en Mórrope, debido a que fueron construidos con materiales de inferior calidad, lo que ponía en peligro a las familias beneficiadas.

La renuncia de Calderón Morales se materializo tras permanecer dos años al frente de la ARCC en Lambayeque, con una gestión caracterizada por el hermetismo y la pobreza de sus niveles de coordinación y resultados.

 

DÉBILES AVANCES

De acuerdo al reporte de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios, hasta agosto de este año, se han ejecutado solo 79 de los tres mil 125 millones de soles aprobados para la reconstrucción de Lambayeque, uno de los departamentos más afectados por El Niño Costero 2017, pero donde los resultados son mínimos.

Solo para tener una idea clara de la lentitud con la que avanza el proceso en Lambayeque, en Piura se han ejecutado, también hasta agosto pasado, 418 millones de soles, mientras que en La Libertad el avance es de 168 millones.

Por número de intervenciones, la reconstrucción contabiliza en Lambayeque 175; en tanto en Piura y La Libertad las intervenciones suman 241 y 200, respectivamente.

La ARCC informa que hasta el 31 de agosto se transfirieron a Lambayeque 829 millones de soles, destinados a atender 837 intervenciones. En Piura, lo trasferido suma dos mil 966 millones para dos mil 75 intervenciones, mientras que en la Libertad las transferencias llegan a mil 246 millones de soles, a fin de financiar mil 11 intervenciones.

Con esos indicadores, queda claro que de los departamentos más afectados por El Niño Costero, Lambayeque es el que menos recursos ha recibido hasta el momento y menor ejecución de partidas suma. Esto evidencia la pobreza de la coordinación realizada por la oficina que Calderón Morales tuvo a su cargo durante dos años.

 

¿EN QUÉ SE GASTA?

Algunas de las intervenciones de la Reconstrucción con Cambios en Lambayeque son la rehabilitación y mejoramiento de las principales avenidas y calles en Cayaltí; el mejoramiento y rehabilitación de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles Alfonso Ugarte, Diego Ferré, Mariscal Ureta, Pedro Ruiz Gallo, 28 de Julio, Huáscar, Manuel C. Bonilla y Bolívar, en Eten, así como el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de las calles Chinchaysuyo, Los Incas, la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre y la calle Los Andes, en el distrito de La Victoria.

Se cuenta también el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de las calles Antenor Orrego, Atahualpa, Unión y las avenidas Gran Chimú y Machu Picchu, también en La Victoria; además del mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y conexiones domiciliarias de la urbanización San Lorenzo y el pueblo joven Santa Rosa, en Chiclayo.

 

VIVIENDAS DE TEMER

En el reporte de la ARCC se destaca también la construcción de cinco mil 837 módulos de vivienda para los damnificados de las lluvias e inundaciones. Sin embargo, sobre esto se han encendido las alarmas luego que se conociera que en Mórrope se están demoliendo las construcciones porque se utilizaron materiales no apropiados para las estructuras.

En la Edición 1134, Expresión dio cuenta de lo que sucede en el centro poblado El Romero y el caserío La Ollería, donde la empresa Constructora Figari & Sam S.A.C., hoy Inmobiliaria Sam & Asociados S.A.C., con Registro Único de Contribuyente – RUC N° 20600937112, ganó el sorteo para convertirse en entidad técnica (mayo del año pasado), adjudicándose la construcción de cien módulos de vivienda para los damnificados, obras financiadas con recursos del Bono Habitacional Familiar.

Sin embargo, pese a que algunos de los módulos levantados en jurisdicción de Mórrope ya eran ocupados por las familias beneficiadas, la constructora dispuso su demolición, al corroborarse que se había utilizado en las edificaciones un tipo de cemento no óptimo para estructuras, lo que genera altos niveles de vulnerabilidad.

A ello se suma que como los bonos fueron aplicados bajo la condición de terreno o espacio propio, se han construido viviendas de material noble, en el marco de la reconstrucción, en áreas de alto riesgo; es decir, zonas que entre enero y abril del 2017 se vieron afectadas por desbordes e inundaciones, no habiéndose paliado en absoluto el peligro que corren las familias de presentarse una eventualidad similar a la de El Niño Costero.

 

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?

Mientras en Piura ya se concluyó con el afianzamiento del reservorio Poechos, en el sistema hidráulico Chira – Piura, la rehabilitación del dique izquierdo del río Piura – Bajo Piura, el mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de Catacaos y una serie de caminos vecinales; en Lambayeque se trabaja en el mejoramiento del colegio San Pedro, en El Romero, Mórrope, obra sobre la que Contraloría General de la República y este medio han emitido sendos informes por las irregularidades contenidas en las actividades previas y el proceso de licitación. El proyecto está presupuestado en más de 13 millones de soles.

Reconstrucción señala como avances la rehabilitación del sifón bajo del río Motupe y en el canal sin revestir, que conduce agua para riego, en el Huaca Bandera, Pacora; el mejoramiento de pistas y veredas en Ferreñafe (obra también observada por la Contraloría), y la recuperación de cuatro avenidas en Santa Rosa.

Asimismo se muestra como trabajos en ejecución el mejoramiento de camino vecinal en la carretera Fernando Belaunde – Puente Bereche, Pómac III, Huaca Rivera, Cerro Escute – Puente Machuca, Pacora.

En agosto se transfirieron, como parte de la reconstrucción, 113 millones de soles para 137 intervenciones.

 

EL REEMPLAZANTE

Después de más de dos años en el cargo, César Calderón Morales renunció a la coordinación de la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios en Lambayeque, por lo que el Ejecutivo ha designado en su reemplazo, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00097-2019RCC/DE, a Ángel Pérez Santa Cruz.

Pérez Santa Cruz se desempeñó como gerente de Obras del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña y gerente general del Proyecto Integral Bayóvar. También se trabajó como analista en ejecución de proyectos de reconstrucción en el Programa Sub Sectorial de Irrigaciones - PSI, entre julio y diciembre del 2017.

Justamente en ese período, Contraloría advirtió de una serie de irregularidades en las actividades contratadas por el PSI para la limpieza de cauces, descolmatación y defensas ribereñas en los valles de Lambayeque. En 13 procedimientos adjudicados, Contraloría resaltó que se puso en riesgo más de 89 millones de soles del Plan de Reconstrucción, se detectaron pagos por trabajos no realizados y expedientes deficientes.

De la hoja de vida de Pérez Santa Cruz se tiene que entre diciembre del 2014 y junio del 2017 fue coordinador del Equipo de Ingeniería de Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, coordinador de proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones, coordinador de obras de la Gerencia Central de Infraestructura del Ministerio Público, consultor del Gobierno Regional de Lambayeque entre diciembre del 2009 y abril del 2010, consultor de proyectos del Gobierno Regional de Amazonas.

El flamante funcionario es arquitecto por la Universidad Nacional de Piura e ingeniero civil por la Universidad César Vallejo; magíster en Dirección de Proyectos Internacionales por la Universidad a Distancia de Madrid, tiene un diplomado en Gestión de la Construcción en ESAN y siguió el curso de Gestión de Proyectos con MS Project de ISIL.

DIFERENCIA ES ABISMAL: PIURA Y LA LIBERTAD HAN EJECUTADO MÁS DEL DOBLE QUE LAMBAYEQUE EN LA RECONSTRUCCIÓN

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  • Los maestros jubilados y cesantes dan ultimátum a la gestión de Lozano Centurión para el pago de los compromisos adeudados.
  • Pensionistas exigen el abono por gastos de luto y sepelio, además del pago sin judicializare del Decreto de Urgencia 105-2001.

 

Sigue creciendo. Según el Informe Nº 029-2019-LAMB/PPR.EPGT, del 11 de octubre del 2019, enviado a la procuradora del Gobierno Regional de Lambayeque, Patricia Huamán Novoa, la deuda social con los maestros activos, cesantes y jubilados por las diversas sentencias en calidad de cosa juzgada asciende a 290 millones tres mil 71.62 soles.

 

En cuanto a la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, el número de demandantes es de seis mil 642, a quienes se les ha pagado a cuenta 25 millones 116 mil 201 soles, quedando por pagar un saldo de 205 millones 824 mil 482.46 soles.

Respecto a la UGEL Lambayeque, la cifra de demandantes es de mil 648, a quienes se les adeuda un saldo de 49 millones 932 mil 559.92 soles, toda vez que solo se les ha pagado a cuenta ocho millones 485 mil 448.96 soles.

En tanto, la UGEL Ferreñafe registra 760 demandantes con un saldo por pagar de 35 millones 246 mil 29.24 soles, cuyo pago a cuenta ha sido de siete millones 756 mil 885.04 soles.

Al respecto, el presidente del Frente de Defensa de los Derechos Pensionarios del Sector Educación en Lambayeque, Miguel Delgado Leyva, refiere que este año a nivel nacional solo se atendió al 8 % de profesores, destinándose para dicho fin 200 millones de soles, de los cuales a Lambayeque se asignaron solo 15 millones.

“Conforme pasa el tiempo los intereses legales también aumentan, pero al Estado parece no interesarle. Solamente en 60 docentes de Lambayeque los intereses legales alcanzan el millón 200 mil soles por concepto de luto, sepelio y el 30 % por preparación de clase”, asevera.

 

PLANTEAMIENTOS

En ese sentido, alrededor de 40 docentes pensionistas se reunieron con los representantes del gobierno regional para hacerles llegar – una vez más - su pliego de reclamos, toda vez que desde marzo han presentado diversos expedientes a la Gerencia Regional de Educación – GRED Lambayeque y las tres UGEL.

Según explica Delgado Leyva, una de las propuestas es que Anselmo Lozano Centurión, en su calidad de gobernador regional, coordine por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, Mesías Guevara Amasifuén, para gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, un incremento de 500 millones de soles para el pago de la deuda social en el 2020, pues ya se demostró que con los 200 millones a nivel nacional solo se pudo atender a dos mil docentes en Lambayeque, cuando la cifra total de demandantes son nueve mil 50.

Al respecto, señala que el 27 de septiembre último fue admitida a trámite una solicitud que dirigieron como gremio pensionario al gobernador regional de Cajamarca y  presidente de la ANGR, Mesías Guevara, en la que daban cuenta de dicha propuesta.

Asimismo, refiere que otra de sus propuestas es solicitar ante el MEF un crédito suplementario para incrementar el crédito presupuestario que permita cubrir la demanda de la deuda social de los maestros cesantes y jubilados.

No obstante, señala que su intención era presentar todas estas propuestas ante el gobernador regional o, en su defecto, ante la gerente regional, María Castro Grosso, tal como habían acordado en un inicio. Sin embargo, ninguna de las dos autoridades se hizo presente.

“Al final fuimos atendidos por la procuradora regional, Patricia Huamán Novoa; el asesor del gobierno regional, Víctor Díaz Burga; y el administrador de la Gerencia Regional de Educación, Pavel Padilla Mera. En dicha reunión intervino la consejera Gisella Fernández Muro, quien les llamó la atención a los funcionarios por la ausencia de la gerente, quien había aceptado atendernos en ausencia del gobernador”, sostiene.

 

RECLAMOS

Además del pago de la deuda social, Delgado Leyva señala que solicitan el pago sin judicializarse del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, que incluye a los pensionistas pertenecientes al régimen del Decreto Legislativo Nº  20530 y a los de la Ley Nº 19990.

Afirma que gracias a la presión impuesta por los pensionistas se logró que la GRED declare fundados muchos de estos pedidos, pero al ser derivados a las UGEL, estas los declaran infundados, lo cual genera que solo algunos docentes, principalmente de las UGEL Chiclayo y Lambayeque, reciban este beneficio por vía administrativa.

“Cuando elevamos los expedientes a las UGEL, estas demoran cuatro o cinco meses para denegarlo, por lo cual tenemos que apelar ante la GRED que demora otros cuatro meses más en declararlos fundados, pero al volver a la UGEL este ente se demora alrededor de cuatro meses en hacer el cálculo de los montos, con lo que se termina perdiendo al final un año entero en trámites burocráticos. Lo más lamentable es que muchas veces no hay siquiera presupuesto para atender estos pagos”, sostiene.

Además, menciona que exigen la ejecución de las resoluciones del pago mensualizado por preparación de clase y evaluación que cuenten con sentencias judiciales o resoluciones administrativas de cualquiera de las tres UGEL que beneficien a los docentes que cesaron después del 2013, quienes pertenecen al régimen pensionario del Decreto Legislativo Nº 20530.

Asimismo, solicitan el pago del 10 % del Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI, correspondiente a la Ley Nº 25981 que data de 1992, en la que se dispuso que los trabajadores cuyas remuneraciones estén afectas a la contribución al FONAVI tendrían derecho a percibir un aumento equivalente al 10 % de su haber mensual a partir del 1 de enero de 1993.

 

LUTO Y SEPELIO

Respecto al abono del subsidio por gastos de luto y sepelio, revela que el 12 de marzo de este año el director de la UGEL Chiclayo, Darío Balcázar Quintana, solicitó a la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial un importe de 11 millones 114 mil 893 soles para atender dicha demanda, pero recién el 12 de agosto, cinco meses después, fue elevado ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, ente que hasta la fecha no ha dado respuesta.

Explica que este monto varía entre mil 500 soles y tres mil para los docentes de la Ley de la Reforma Magisterial, y alcanza a los cónyuges, padres e hijos.

“Este pago se puede hacer por vía administrativa (la UGEL) o por vía judicial (directamente el MEF), pero por ambos lados no recibimos nada. Hay docentes, cuyos padres fallecieron hace 20 años y hasta ahora no reciben su dinero. Estamos pidiendo que por lo menos lo abonen en dos partes, pues somos más de 120 maestros solo en Chiclayo a los que se nos adeuda luto y sepelio. En mi caso, mi madre murió en 1998 y hasta ahora me deben mil 700 soles”, afirma.

 

SALDOS PRESUPUESTALES

Además, afirma que otro de los puntos de su pliego de reclamos es el concerniente a los saldos presupuestales, los cuales siempre se reparten a fin de año, pero benefician solamente al personal administrativo del sector Educación, más no a los docentes cesantes y jubilados.

No obstante, comenta que en mayo de este año se adelantó un pago de 809 mil soles por concepto de saldos presupuestales que beneficiaron al personal administrativo de la GRED, así como un grupo de docentes y empleados de la UGEL Chiclayo y Lambayeque.

“Ellos son prácticamente juez y parte, lo que estamos pidiendo es que ese reparto sea equitativo, los administrativos tienen derecho a recibir este pago, desde luego, pero no pueden olvidarse de los cesantes y jubilados”, menciona.

 

MALTRATO

Finalmente, Delgado Leyva cuestiona la actitud del gerente regional de Educación, Daniel Suárez Becerra, pues menciona que se han reunido hasta en tres oportunidades con él para solucionar sus demandas, pero cuando traslada sus reclamos a las diferentes UGEL, estas no le hacen caso.

Refiere que actualmente a nivel de Chiclayo hay mil 600 cesantes y jubilados, cuya pensión para quienes se encuentran en el régimen del Decreto Legislativo Nº 20530 oscila entre 800 y mil 500 soles (en el caso de haber ostentado un cargo de directivo), mientras que los de la Ley Nº 19990 perciben menos, llegando incluso algunos a ganar 400 soles.

Además, menciona que no existe un personal idóneo en la Oficina de Pensiones de la UGEL Chiclayo, pues muchas veces son tratados de forma irrespetuosa, llegando en ocasiones incluso a gritarles a jubilados que buscan orientación con sus reclamos.

Apunta que son pocas las personas dentro de la UGEL y la GRED que están capacitadas y tienen sobre todo la sensibilidad para tratar con los adultos mayores.

“Somos maltratados desde hace muchos años, creemos que nuestros derechos no solamente han sido desentendidos en forma casual, sino a propósito para beneficio de quienes están en el nivel administrativo, pero nos hemos propuesto que ese trato inhumano para los maestros cesantes y jubilados se termine”, finaliza.

 

+ NOTICIAS:

  • El jueves 17 de este mes a las 3:30 de la tarde los pensionistas sostendrán una nueva reunión, esta vez con la gerente regional, María Castro Grosso.

EN LAMBAYEQUE: DEUDA SOCIAL DEL SECTOR EDUCACIÓN BORDEA LOS 300 MILLONES DE SOLES

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Más de cuatro millones de soles están en juego en Oyotún, debido a las deficiencias encontradas en los actos preparatorios para la contratación, ejecución y supervisión de la obra de mejoramiento del colegio primario N° 10045 ‘Inca Garcilaso de la Vega’.

 

El Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, competente para la fiscalización de las actividades en la comuna distrital de Oyotún, ha emitido el Informe N° 018-2019-OCI/0425-SCC, en el que da cuenta de los hallazgos en la revisión de los actos preparatorios, procedimientos de selección, ejecución contractual y supervisión de la obra: ‘Ampliación y mejoramiento del servicio académico de la Institución Educativa Primaria N° 10045 Inca Garcilaso de la Vega’, valorizada en cuatro millones 641 mil 152.95 soles.

La convocatoria del proceso fue lanzada a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 9 de septiembre pasado y el 20 del mismo mes se otorgó la buena pro, resultando adjudicatario el Consorcio Zaña, integrado por Corporación Emanuel & LS SAC y Capulí Contratistas Generales SAC. En segundo lugar, de acuerdo al orden de prelación, quedó el Consorcio Iván Eloy, el mismo que ha presentado recurso de apelación.

El comité encargado del procedimiento tuvo como presidente a Luis Arévalo del Castillo y estuvo integrado por Jesús Salinas Burgos y Luis Alvarado Torres.

Del mismo modo, el 30 de septiembre, el comité adjudicó la supervisión de la obra, con un valor referencial de 161 mil 946.79 soles.

La supervisión fue ganada por el Consorcio Virgen de la Puerta, integrado por AVC Infraestructuras EIRL y Biarking Proyectos y Construcciones SAC.

 

EL PROYECTO

La obra, financiada con recursos de la Reconstrucción con Cambios, se regula por las disposiciones extraordinarias de la Ley N° 30556 y el Reglamento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado en julio del 2018.

Así, la Municipalidad Distrital de Oyotún lanzó el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 3-2019-MDOOYOTUN-1, bajo el sistema de contratación de ‘suma alzada’, estableciendo un plazo de 180 días calendarios para la ejecución de la obra educativa. En el proceso participaron la Unidad de Abastecimiento, Control Patrimonial y Maquinaria, así como la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.

 

ACTOS PREPARATORIOS

OCI Chiclayo detectó tres situaciones adversas en los actos preparatorios para la realización del proceso de contratación.

Por ejemplo, el expediente técnico fue aprobado con deficiencias e incompatibilidades, y publicado en el SEACE para la difusión de la expresión de intereses de manera incompleta, afectando la transparencia y la finalidad pública.

El expediente técnico fue aprobado con Resolución de Alcaldía N° 067-2019-MDO, el 26 de abril de este año.

Tras la revisión se encontró que el valor referencial establecido en la memoria descriptiva no se concilia con el valor establecido en el presupuesto ‘resumen’; que existen inexactitudes respecto al plazo de ejecución de obra y equipamiento; que las especificaciones técnicas de las partidas de mobiliario no contienen descripciones objetivas y precisas de lo que se requiere adquirir, situación que se repite respecto al equipamiento.

Se encontró también deficiencias en los planos de la obra a ejecutar, los metros, presupuesto de obra, el calendario de avance de obra valorizado, las fórmulas polinómicas y ausencia del Estudio de Mecánica de Suelos (no fue publicado en expresiones de interés).

 

ESTUDIO SIN FIRMAS

Respecto al Estudio de Mecánica de Suelos, contenido entre los folios 287 y 329 del expediente técnico de obra, se encuentra en copia simple y no contiene la firma de los consultores encargados de elaborar el expediente técnico, que para este caso fue Consultora Global L&D SAC.

“Se observa que el numeral 2.3 del mencionado estudio de mecánica de suelos señala que con la finalidad de definir el perfil estratigráfico del área de estudio, se realizaron 2 calicatas o pozos de exploración como puntos de investigación del suelo estudiado; no obstante el literal b) del numeral 11.2 de la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones, señala que el número de puntos de investigación nunca será menor de 3, evidenciándose que el estudio de mecánica de suelos del proyecto se realizó sobre la base de una cantidad de puntos de investigación menores a las mínimas establecidas en la normativa”, precisa el informe del OCI.

Se añade que el estudio tampoco contiene lo mínimo requerido de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones, observándose que carece de información previa (plano de ubicación y acceso, plano topográfico con curvas de nivel y la situación legal del terreno), y los planos de ubicación del programa de exploración (ubicación y distribución de los puntos de investigación).

 

¿DIRECCIONAMIENTO?

Otro de los aspectos que arroja el informe elaborado por el Órgano de Control Institucional – OCI es que el área usuaria consideró exigencias desproporcionadas respecto a los profesionales que ocuparían el cargo de Especialista en Topografía, Seguridad y en Instalaciones Eléctricas, hecho que habría limitado e impedido la concurrencia de postores.

Por ejemplo, para el Especialista en Topografía se requirió de un ingeniero topógrafo y agrimensor, con título profesional registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU y con una experiencia efectiva mínima de 12 meses como especialista en topografía o topógrafo en ejecución de obras generales que se computan desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista en Seguridad se pidió un ingeniero de materiales, con título inscrito en SUNEDU y con la experiencia mínima de 36 meses como especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o especialista de seguridad y salud ocupacional y/o especialista en seguridad en ejecución de obras en general, también computada desde la colegiatura. En tanto para el puesto de Especialista en Instalaciones Eléctrica se requirió un ingeniero electro mecánico, con experiencia mínima de 24 meses.

Para el OCI, tales exigencias se pueden considerar como de inobservancia de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 13 del Reglamento de Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

 

OBRA SIN ACCESIBILIDAD

De identificó también que el expediente técnico no contempla la accesibilidad de la infraestructura a construir para personas con discapacidad hacia el segundo nivel, generando el riesgo de afectar su seguridad y limitando el desplazamiento autónomo.

“Al respecto, la normativa aplicable para todas las edificaciones que presten servicios al público establece de manera obligatoria que se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento de personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en general; del mismo modo, establece que todas las edificaciones de uso público deberán ser accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad, por lo que se observa que dichas disposiciones fueron trasgredidas en el diseño del proyecto, conllevando a que se restrinja el desplazamiento autónomo en condiciones de seguridad de las personas con discapacidad y/o adultos mayores”, señala el informe de control concurrente.

 

COMITÉ DE SELECCIÓN

Sobre el comité de selección, el Órgano de Control Institucional – OCI Chiclayo, sostiene que las personas designadas como suplentes no pertenecen al órgano encargado de las contrataciones y que el segundo miembro titular, quien es a su vez jefe de Abastecimiento, no cuenta con certificación otorgada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, generando el riesgo de afectar la eficiencia y eficacia, así como la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública.

Los hechos fueron comunicados al alcalde de Oyotún, Luis Chávez Becerra, con el Oficio N° 1086-2019-OCI/0425, del 4 de octubre pasado.

CONTRALORÍA ADVIERTE IRREGULARIDADES EN OYOTÚN: CONTRATAN CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO CON EXPEDIENTE DEFICIENTE Y COMITÉ MAL CONFORMADO

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